El saldo de muertos, heridos y detenidos con motivo de las manifestaciones que se han producido en Venezuela alcanza proporciones alarmantes. Más de 20 estudiantes muertos, cinco guardias nacionales fallecidos y otros tantos ciudadanos también han perdido la vida. Entre los muertos llama la atención quienes han sido ultimados con tiros en la cabeza.
Conviene recordar que todo comenzó el 12 de febrero cuando, según un trabajo bien documentado de Últimas Noticias, agentes del Sebin, en particular un subordinado del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, mataron a Bassil Da Costa y a Juan Montoya, conocido como Juancho, líder de un colectivo del 23 de Enero en Parque Carabobo.
Las muertes se han venido produciendo a diario, destacándose las propiciadas por grupos armados que actúan al margen de la ley pero con el aparente consentimiento del alto Gobierno. El día 19 de marzo un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCV que realizaban una asamblea estudiantil fue atacado por bandas armadas, con pistolas 9 milímetros, bates y cabillas, con el saldo de diez estudiantes heridos. Y así pueden referirse cientos de casos diarios de agresiones a jóvenes por parte de los cuerpos policiales. Conviene destacar el caso de una joven de 18 años, detenida en Puerto Ordaz, a quien literalmente la obligaron a comer excremento y amenazaron con violarla, según su propio relato.
Uno entiende que los cuerpos policiales están para asegurar el orden público. Eso no se discute. Lo que resulta cuestionable es la desproporción con que actúan algunos funcionarios contra los estudiantes que protestan, que en muchos casos han implicado una clara violación de los derechos humanos.
En el primer gobierno de Rafael Caldera murieron aproximadamente 32 estudiantes en cinco años de represión contra los jóvenes. En solo un mes bajo la administración de Maduro, entre el 12 de febrero y el 20 de marzo de 2014, han muerto aproximadamente veinte estudiantes. Nunca se había visto en la historia de Venezuela que haya habido más de mil quinientos estudiantes detenidos en mes y medio, mucho de los cuales salen con medidas cautelares que limitan sus libertades.
Quien esto escribe fue detenido por la antigua Policía Metropolitana durante 20 días en una protesta estudiantil en 1980, y al salir lo hice con libertad plena. Ahora no, otorgan libertad condicional y deben presentarse los imputados ante un tribunal todas las semanas. Es hora de parar el sacrificio de más jóvenes y de venezolanos. Para ello el Gobierno debe detener la represión y respetar los derechos humanos.
@JoseAGuerra
Por José Guerra
