El gobierno ha declarado subversivo al Diccionario de la lengua española. “Ya los espejitos no son transables”, habría declarado la señora cancillera ante esa reiteración de vocación imperial.

Mentar la palabra transición es delito de traición a la patria, rebelión contra la Constitución e incluso lesa humanidad por dictamen unánime e irreversible de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, del Alto Mando Militar, el comando político de la revolución, el poder popular y el presidente de la Asamblea Nacional. Y el Drae define transición, en su primera acepción, como “acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. ¿Cómo se hace? Si la lengua se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.

Pero son muchas las palabras que habrá que declarar en franca conspiración fascista y proceder a inhabilitar. Sinónimos de transición son cambio, mudanza y transformación. Antónimos, o sea, lo contrario, serían permanente, inmutable, eterno. Y los gobiernos no son permanentes, eternos ni inmutables. En Venezuela, según la Constitución, los gobiernos se eligen por un período y pueden cambiarse por elecciones, que para eso se realizan, y los mandatos son revocables, dentro de unas reglas, por supuesto. Aquí lo que es inconstitucional es pretender que un gobierno es eterno e inmutable, o intentar aquello que se intentó el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Eso sí que no se vale.

La cosa es política antes que jurídica y el idioma sirve para entendernos. Lo que se resisten a comprender en los círculos aferrados al poder que heredaron, con legitimidad basada en una proclamada filiación, es que ya ha comenzado una transición. Es el paso de la legitimidad carismática, en la que el difunto concentraba poder de decisión y liderazgo, a la burocrática. Por eso es que Maduro ocupa el lugar constitucional de Chávez, pero no su lugar político, problema real que trata de resolverse invocando la presencia del ausente o con más o menos sórdidos arreglos que remienden pleitos palaciegos. Pero la Constitución es la solución porque es garantía para todos y no guarimba de un grupito. Debe ser.

Por razones de responsabilidad política, no suscribo el documento de la transición, pero me es evidente que ni la palabra ni la idea son pecaminosas o sediciosas. Y nadie puede estar preso por invocarlas, sin que se cometa una grave injusticia.