La imagen muestra al opositor venezolano, Leopoldo López, detras de las rejas de la celda que ocupa desde el pasado 18 de febrero en la carcel militar de Ramo Verde.
El tribunal venezolano que ventila el caso del líder opositor Leopoldo López se empeña en mantenerlo tras las rejas.
El pasado jueves, la jueza Susana Barreiros negó la solicitud de liberación inmediata que emitió el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. El Grupo determinó el 10 de agosto que López debía ser puesto en libertad inmediatamente, pero el tribunal estuvo cerrado desde entonces.
La magistrada dice que en el encarcelamiento del dirigente opositor no hay violación de los derechos humanos, y que el dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU no tiene carácter vinculante. O sea, que el tribunal no se considera obligado a dejar en libertad a López.
Sin embargo, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, dijo que el fallo del tribunal “viola abiertamente la Constitución, las leyes venezolanas y los pactos internacionales en materia de derechos humanos”.
López, dirigente del partido Voluntad Popular, está sometido a juicio por las acusaciones de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Los cargos están relacionados con las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades venezolanas en febrero, reprimidas brutalmente por el régimen. López fue uno de los líderes de las protestas, y desde entonces está en la prisión, sin que se haya dictado sentencia en su contra. Quieren silenciarlo en el calabozo, tener lejos de la calle y de la gente a uno de los políticos más destacados de la oposición venezolana.
Pero el caso de López ha llegado hasta las Naciones Unidas, y el hecho de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo mundial se haya manifestado firmemente a favor de su libertad subraya la arbitrariedad del prolongado encarcelamiento.
Resulta paradójico que mientras Venezuela acaba de ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU, el sistema judicial del país sudamericano haga caso omiso de la determinación de un grupo de las Naciones Unidas. Venezuela se burla de la ONU. La determinación no será vinculante, como dice la jueza Barreiros, pero se le debe prestar la debida atención.
Se espera que el juicio contra López se reanude el 18 de noviembre. La verdad es que no hay razón ni justificación para seguir prolongando el castigo, porque un castigo y no otra cosa es la detención del dirigente. El tribunal venezolano debe responder a la solicitud de la ONU y poner en libertad de una vez a López.
Editorial de El Nuevo Herald
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