La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acaba de presentar un informe demoledor sobre la situación de precariedad institucional que vive Venezuela. Se trata de un documento bien articulado que se basa en dos visitas al país, la primera del 11 al 22 de mayo de 2019, por parte de una delegación que pudo constatar la gravedad de la situación social, en particular la de la salud y la segunda la de la propia Michelle Bachelet, quien tuvo la oportunidad de ver ella misma el drama venezolano.
En primer lugar, el informe señala que la crisis económica, reflejada en la contracción de la economía, la hiperinflación y la caída del poder adquisitivo de los salarios, comenzó mucho antes de las sanciones aplicadas al régimen. Efectivamente, ya desde mediados de 2014 fue visible y evidente que ya el modelo no daba para más y la economía entró en una senda de caída sistemática. Con ello se desmonta la fábula de la guerra económica como excusa de la ruina que experimenta Venezuela.
En segundo lugar, refiere el informe que el salario mínimo alcanza apenas a US$ 7, absolutamente insuficiente para que una familia o persona pueda vivir decentemente. Ello constituye una negación del derecho a la alimentación que deben tener los venezolanos que a su vez se ha traducido en la imposibilidad de acceder a los alimentos fundamentales.
En tercer lugar, el informe denuncia el uso político y de control social que ejerce el gobierno y el Psuv sobre la distribución de las bolsas CLAP. Bachelet le dijo al mundo lo que todos sabemos en Venezuela.
En cuarto lugar, es demoledor el documento de Bachelet sobre la violación de los derechos humanos. No hay lugar a dobles interpretaciones. Habla de tortura sistemática en las instalaciones policiales y militares, ejecuciones extrajudiciales por parte del FAES, violación del debido proceso, cierre de medios de comunicación, entre tantos otros elementos. Es de relevancia, el caso de la tortura cuya prueba más fehaciente acaba de suceder con el asesinato en la DGCIM del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue sometido a un suplicio que terminó en su muerte. Entró sano a la DGCIM y en seis días era un cadáver y pretenden ahora culpar a dos subalternos y exculpar a quienes dieron la orden de torturarlo.
Este informe debe llamar a la reflexión, si ello es posible, a los jefes militares y policiales quienes se ven colocados en el dilema de seguir apoyando a la dictadura o dar un paso al frente y salvar su honor y facilitar una salida constitucional a esta crisis terminal en la cual Maduro ha sumergido a Venezuela. Mientras pasa el tiempo la condena nacional e internacional al régimen se hace mayor y con ella a quienes hoy son su único sustento. Están a tiempo.
José Guerra
