El país necesita de inmediato medidas de fondo, ejecutivas y legislativas
Es muy importante recordar dos cosas clave para interpretar la significación de aprobar o no una Ley Habilitante para el presidente Maduro. La primera es que esto no es algo novedoso. Parece que lo raro por estos lados es que el país funcione como una democracia normal, basada en la división de poderes y la acción contralora del Poder Legislativo sobre el resto de los poderes públicos nacionales.
Durante la era del presidente Chávez una parte muy importante de su gobierno se desarrolló con poderes especiales que concentraban en él todo el poder. Muchas de las leyes nuevas, hoy vigentes, fueron aprobadas por decreto bajo esa figura, de manera que la entrega de la Habilitante a Maduro sólo vendría a prolongar una figura cotidiana en la política reciente del país.
Lo segundo es que el gobierno que pide esta Habilitante controla la mayoría de la Asamblea Nacional, que de ninguna manera se plantearía rechazar cualquiera de sus solicitudes. Esto nos permite concluir que la aprobación de esta Habilitante no cambia mucho el margen de maniobra del gobierno central. Si Maduro hoy, sin Habilitante, quiere una ley aprobada no tiene más que pedirla y se la dan sin chistar. Y las cosas que no pueden aprobar con la mayoría que hoy poseen, tampoco serían susceptibles a aprobación por vía de esta solicitud.
Pero, entonces, ¿para qué la pide Maduro si de todas formas hoy podría lograr lo mismo sin ella?
Aunque es claro que su margen de maniobra actual es muy elevado, no es menos cierto que la Habilitante podría acelerar las decisiones que el gobierno quiera tomar en materias que considere de emergencia.
Evita además el debate de esos temas en la Asamblea, reduciendo la exposición de sus decisiones polémicas frente a la población y pulverizando los espacios de debate en los que los diputados opositores pueden colocar mensajes a nivel nacional, esterilizando las funciones para las que éstos (y también los chavistas) fueron electos.
Pero adicionalmente le permite al Presidente usar sus poderes especiales para tomar decisiones efectistas que le ayuden a distraer la atención de los problemas centrales que preocupan al venezolano común: inflación, desabastecimiento, devaluación, entre otros. Acciones dirigidas a aplicar medidas ejemplarizantes contra «especuladores y acaparadores».
Medidas para inhabilitar adversarios políticos incómodos, internos o externos, por casos de corrupción. Incremento de las medidas de intervención de algunos sectores económicos. Consolidación de los mecanismos de control sobre la economía. Estos son algunos de los aspectos que podríamos esperar de la Ley Habilitante, en caso de ser aprobada, algo que por cierto parece probable.
No se espera, al menos en el corto plazo, que el gobierno utilice estos poderes para tomar las decisiones económicas clave que se requieren para abordar la crisis que embarga al país. Difícilmente esta ley servirá para ver por decreto la despenalización del mercado cambiario y la creación de las condiciones necesarias para rescatar el equilibrio perdido en este mercado. Tampoco esperamos, producto de esta ley, que se establezcan las bases para una mecanismo de negociación de precios que permita oxigenar la economía, hoy bastante asfixiada.
Ni creemos ver por decreto el desarrollo de un marco jurídico moderno que se preocupe por el estímulo a la inversión privada, nacional y extranjera, o el establecimiento de los lineamientos para fomentar la productividad, la eficiencia y el desarrollo empresarial. Lástima, porque el país necesita de inmediato medidas de fondo, ejecutivas y legislativas, que lo levanten del hueco en el que está. Y es mucho menos importante el cómo lo harán… que el que lo hagan.
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