Las inmensas expectativas que han generado las futuras regulaciones sobre el uso de las motocicletas ha puesto en la agenda de los medios, nacionales e internacionales, lo que es un clamor de la mayoría de los venezolanos, sobre todo de las áreas urbanas de nuestro país donde vive más del 70% de la población.
Hay dos hechos que no necesitan ser probados, pues basta salir a cualquier calle de la Gran Caracas para verlos: el parque de motociclistas ha aumentado exponencialmente en los últimos años y el comportamiento de los conductores de la mayoría de ese parque es totalmente anárquico.
Muchos venezolanos usan la motocicleta para trabajar y mantener a sus familias (mensajeros, mototaxistas) o para trasladarse más rápido a sus lugares de trabajo o estudio (usos privados o no laborales). No debemos generalizar. Sabemos que, en su mayoría, no son delincuentes; pero también hay que reconocer que sí infringen constantemente las normas de tránsito (faltas).
Exceso de velocidad en las vías de circulación, uso de los rayados como su exclusivo canal de circulación (sobre todo en vías rápidas), irrespeto a los pasos peatonales y a la luz roja de los semáforos, circular cuando hay cola por las aceras atropellando a los peatones, llevar más de un pasajero (incluso a niños), cargar encomiendas grandes y pesadas que limitan la visibilidad y las posibilidades de maniobra, no utilización del obligatorio casco y solo colocárselo cuando se entra a algunos municipios, estacionarse en aceras o brocales. Esas son algunas de las faltas cotidianas que se cometen en la anarquía motorizada.
Tal conducta anárquica de la casi totalidad de los motorizados es aprovechada por quienes no usan sus motos para trabajar o trasladarse sino para delinquir. El 80% de los delitos se comete o tiene relación directa con personas abordo de una motocicleta. El uso de este tipo de vehículos y la anarquía existente permite a los delincuentes acceder, delinquir y emprender la huida, aprovechando la anarquía de los demás motociclistas para camuflajearse en el desorden.
El reclamo de quienes usan las motos con fines lícitos es válido. Pero deben ser ellos los primeros en cumplir las normas de tránsito para que, por las faltas que comenten, no sean incluidos en la generalización que de ellos hace la mayoría de la población, metiéndolos en el mismo saco con los delincuentes. Solo se trata de cumplir las normas y que todas las autoridades las hagamos cumplir, tanto en vías rápidas como en urbanas. A cada falta debe corresponder una multa, no una matraca.
Desde 2011 está publicado en Gaceta Oficial un Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito que regula el uso de las motocicletas en todo el país. Allí está todo lo que se puede y no se puede hacer abordo de una moto. Empero, su entrada en vigencia ha sido diferida en 3 ocasiones por el propio gobierno nacional que lo redactó. Motorizados organizados han presentado objeciones y protestado para que no se instrumente. Es hora de analizar cuáles de esas objeciones podrían ser válidas, acogerlas reformando el reglamento, si fuera el caso, y poner en vigencia cuanto antes el instrumento legal.
La restricción horaria no está señalada en ese reglamento. Cada Gobernador y Alcalde tiene competencia de hacerlo en las vías bajo su responsabilidad y el gobierno nacional tiene la misma competencia en las autopistas. En esta regulación deben salvaguardarse los derechos de quienes hacen uso de sus motos en los horarios restringidos.
Algunos alegan que esta restricción violaría el derecho a la libre circulación. Esta afirmación es falsa. No se restringiría la circulación de las personas, quienes pueden trasladarse por cualquier otro medio público o privado. Se restringirá (a ciertas horas) la circulación de un tipo de vehículos, una máquina. El derecho constitucional va dirigido a las personas, no a las cosas. Si ese argumento tuviera base, entonces se llegaría al extremo de permitir que en un canal rápido de circulación circule un tractor o habríamos de eliminar todos los semáforos pues detienen el libre tránsito de los vehículos por un corto tiempo.
Se trata de poner orden y ejercer la autoridad -en el marco de la ley- pero con fuerza, para terminar con la anarquía que en tantas otras áreas rige la conducta del país. No será la única medida, pero ha sido la más comentada y aplaudida por el ciudadano común. Acabar con la anarquía será un muy buen primer paso en la lucha que todos nos hemos planteado para bajar los altísimos índices de inseguridad.
gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde
Por Gerardo Blyde
