En el primer semestre de este año 2021 Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades durante todo el semestre.
Contrastando con el primer semestre de 2020 cuando se pudo constatar 1611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48.6%.
La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención que el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
La disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7180 personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos.
Del monitoreo realizado a nivel nacional pudimos constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Desde esa fecha se produjo en varios estados del país una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares.
Por primera vez en el monitoreo realizado por Lupa por la Vida, se puedo registrar estados donde en un mes no se produjo ningún asesinato ni de militares ni de policías.
La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones.
Poder de letalidad de los cuerpos de seguridad
Una de las novedades que se registran en este primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales.
La mayor evidencia es que en este período solo intervinieron, de acuerdo a este monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.
Vale resaltar que el gobierno emprendió un paulatino proceso al interior de FAES que pareciera indicar se avanza hacia su disolución. Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO. En el primer semestre esta DCDO fue responsable de 4 casos de presuntas ejecuciones.
Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
En este renglón del comportamiento de los cuerpos policiales y militares hubo un cambio en el manejo del poder de letalidad. En los 6 meses analizados destaca con el mayor número de casos adjudicados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, con 180, lo que representa el 21.74% de los 825.
Las policías estadales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En el conjunto las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas en los 6 meses, reflejando que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente. Contrastando con el primer semestre de 2020 hubo una importante baja en la policía del estado Zulia si consideramos que fueron responsables en los primeros seis meses de 2020 de 122 asesinatos, a diferencia de la policía del estado Carabobo que incrementó la letalidad en línea contraria al contexto nacional. Mientras en el primer semestre de 2020 la policía del estado Carabobo fue responsable de 54 asesinatos, en 2021 se le atribuyen 75.
Llama significativamente la atención que, produciéndose una baja de los asesinatos perpetrados por policías y militares en el país, en el estado Carabobo por el contrario se afianzó la política de mano dura.
