Las violaciones al derecho a la vida aumentaron 109% por la adopción de la OLP como política de Estado
Los dos hijos pequeños de Emily León no comprenden por qué tienen que dormir en el suelo de una casa ajena desde hace diez meses. El 24 de julio de 2015, 1.500 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron en el sector La Ensenada de la carretera Panamericana y con maquinaria pesada destruyeron todas las casas. Aquel día León y sus niños se convirtieron en víctimas de la OLP, como está escrito en la franela que lleva puesta la joven de 22 años de edad.
Por defender su derecho a la vivienda estuvo presa 47 días, junto a delincuentes comunes: “Además de mi casa, me destruyeron la vida. Me da mucho miedo que me vuelvan a meter presa, que me maten o que maten a mis hijos –dijo entre sollozos- pero, sobre todo por mis muchachitos, seguiré exigiendo justicia”.
“A través de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, se han cometido excesos sin precedentes: 976 demoliciones de viviendas y 1.490 desahucios a familias beneficiarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La OLP llevó más sufrimiento a las barriadas populares, incrementó las ejecuciones policiales, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales. Lo más grave es que es una política de Estado”, indicó Inti Rodríguez, al presentar el Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2015.
En el documento se precisa que el Ministerio Público reportó 245 muertes a manos de policías durante la ejecución de la OLP, entre julio y diciembre del año pasado. Si se suman los 215 homicidios contabilizados por Provea en contextos distintos al operativo policial militar, las violaciones del derecho a la vida ascienden a 460. Ello constituye un incremento de 109% respecto del año anterior y constituye la cifra más alta desde 1992, cuando se registraron 282 casos.
En cuanto a las violaciones del derecho a la integridad personal, Provea registró un incremento de 902,43%, ya que el año pasado hubo 18.184 casos y el anterior 2.015. Destacan los allanamientos, pues se registraron 17.215 casos, lo cual constituye un aumento de 33.754% respecto de 2014, cuando se registraron 51 casos. Del total de allanamientos, el 99,8% se realizó en el marco de la OLP. Las detenciones arbitrarias también ascendieron a 17.337, 15.946 de las cuales ocurrieron en las razzias policiales-militares. Ello representa un incremento de 496% en comparación con 2014.
Contra los pobres. Rodríguez sostiene que la violencia gubernamental tuvo un giro: “En 2014 fue la oposición, pero en 2015 los más pobres fueron las principales víctimas de la ineficiencia y la represión gubernamental”.
En coordinador del informe insiste: “Las consecuencias negativas del gobierno de Nicolás Maduro han superado la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años de la llamada ofensiva neoliberal. Más que en 1989, cuando se aplicó el llamado paquete de Carlos Andrés Pérez, y que en 1996, con la Agenda Venezuela de Rafael Caldera”
A modo de ejemplo, destacaron el deterioro del derecho a la salud. Provea reporta 3.719 denuncias, 40% más que en 2014. 52% de estas denuncias se refieren al desabastecimiento de medicinas; 47% a las fallas de infraestructura, dotación y personal en centros de salud pública, incluyendo centros de la Misión Barrio Adentro; y 0,7% a desabastecimiento en centros de salud privados.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea se refirió a los desafíos frente a la crisis: “Consideramos que el referéndum revocatorio es la mejor estrategia para dirimir la actual conflictividad política y generar las rectificaciones necesarias a fin de garantizar derechos sociales y combatir la pobreza”.
EDGAR LÓPEZ
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