Miguel Uribe Turbay, el candidato asesinado en Colombia
La muerte de Miguel Uribe Turbay, quien fue uno de los precandidatos de la derecha para las presidenciales de 2026 en Colombia, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990. Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal y Álvaro Gómez Hurtado cayeron víctimas de las balas cuando aspiraban a regir los destinos de esa nación.
Uribe Turbay quedó huérfano tres días antes de cumplir cinco años de edad cuando su madre, Diana Turbay, fue asesinada el 25 de enero de 1991, durante un operativo de rescate, tras haber sido secuestrada en agosto de 1990 por orden de Pablo Escobar. Era un fuerte crítico de la política de paz del presidente izquierdista Gustavo Petro; creía en la democracia, en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como en la recuperación de la seguridad enfrentando con mano dura el narcotráfico y a los grupos armados ilegales. También fue uno de los principales críticos de las reformas sociales promovidas por el actual mandatario colombiano.
El atentado del que fue víctima Uribe es un hecho de una gravedad superlativa, que debe llevar a una reflexión profunda para evitar que Colombia padezca un nuevo ciclo de violencia. Su asesinato ha sido también consecuencia de la radicalización política, de un clima de hostilidad, en el que el lenguaje había perdido toda moderación, abonando el terreno para que algún fanático se sintiera empoderado para pasar de las palabras a los hechos. La paz no pasa solo por el silencio de los fusiles; es también la armonía de las palabras.
Las investigaciones han avanzado con varias capturas, incluido el presunto cerebro logístico del ataque. La fiscalía lo investiga como un crimen político e imputará nuevos cargos a los detenidos por el delito de homicidio agravado. Falta aún esclarecer con celeridad quién dio la orden, quién financió el magnicidio y por qué. No se trata de un caso cualquiera; detrás de este asesinato está alguien que, al atacar a una figura clave de la oposición, pretende dañar el proceso democrático.
Los candidatos a la presidencia, sean o no de la oposición, como el resto de la población, deben contar con todas las garantías del Estado para elegir y ser elegidos. Colombia no puede regresar a la violencia del pasado ni resignarse a vivir en la tragedia del presente.
Editorial de La Nación.ar
