A estas alturas, cuando nada es posible hacer por la vida del concejal Carlos García, el fiscal Tarek William Saab se pronuncia sobre esta atrocidad que en ningún régimen respetuoso de los derechos humanos se puede tolerar. ¿Cinismo, impunidad o falta de vergüenza?

El abogado Tarek, a quien tanto ayudaron los periodistas cuando vagaba de redacción en redacción entregando un comunicado a favor de los presos políticos de la “revolución”, a quien nunca se le negó la publicación de sus escritos a favor de los perseguidos por los cuerpos de seguridad de la cuarta república, a quien se le quería y respetaba por su constancia y valentía, hoy muestra la verdadera cara de unos militares golpistas que nunca creyeron en la libertad ni la justicia.

Tarek dijo a la prensa que había ordenado investigar la muerte del concejal opositor, un hombre enfermo al que se le negó el mínimo derecho a la asistencia médica para su salud, es decir, que fue condenado a una agonía que solo podía finalizar el día en que un accidente cerebrovascular llegara puntualmente para llevárselo a la tumba. Nuestro fiscal y defensor olvidó hasta ayer que el concejal Carlos García estaba preso desde diciembre de 2016 sin que mediara  juicio o presunción de inocencia, el debido proceso como lo llaman y que está estipulado en la Constitución.

Desde luego no nos explicamos cómo al susodicho fiscal no le pasó por la cabeza acusar a su predecesora por tal dislate, pues su ocupación fundamental es arremeter contra la antigua jefa del Ministerio Público. Quizás porque era un caso menor ocurrido por allá, en las tierras lejanas de Apure, al cual no se podía sacar muchas acciones vejatorias y títulos de primera página que valoraran su oficio de verdugo.

Lo cierto es que si alguien está preso en condiciones por demás crueles e inhumanas debido no solo a su estado de salud sino a la forma en que se le apresó, con pruebas frágiles o en todo caso sospechosamente sembradas, lo correcto, lo justo, lo valiente hubiera sido concederle un beneficio justo que atendiera los argumentos de la defensa. En ningún caso dejarlo morir como si fuera un perro rabioso.

Si Tarek le llegara a atribuir a la anterior fiscal general esta conducta, no justificaría  en nada su falta de actuación que debió ser enérgica y valiente, haciendo privar la ley y los derechos humanos por encima de las lealtades partidistas que guían hoy a quien, alguna vez, fue partidario de combatir la impunidad de los cuerpos policiales y de los juicios amañados para sacar del juego político a alguien que no le conviene al gobierno.

Que ordene hoy investigar la muerte de Carlos García no le lavará la conciencia porque si algo pesará sobre su actuación como fiscal es no solo la muerte de este concejal sino, a no dudarlo, las decenas de prisioneros que permanecen en condiciones en extremo inhumanas, sin visitas familiares ni apoyo de sus defensores, sin alimentación adecuada ni atención médica, con órdenes de excarcelación repetidamente incumplidas.

Lo menos que puede hacer un abogado que está a cargo de la Fiscalía es revisar con urgencia y valentía todos estos atropellos a los derechos humanos que hoy se cometen impunemente.

 Editorial de El Nacional