Ahora resulta que hay justicia socialista y justicia capitalista. También hay, por lo tanto, justicia de izquierdas y justicia de derechas, justicia burguesa y justicia proletaria, entre otras que pueda inventar Nicolás Maduro cuando inventa “misiones” a través de las cuales pretende mantenerse en el poder a toda costa. Algunas de esas misiones son risibles, porque no pasan de la retórica dirigida a los clientes de las consignas habituales, o porque refieren a una propaganda de cuño groseramente populista, pero otras, como la que nos ocupa hoy, deben convocar a temores y repulsas serias y profundas.

El decreto 20718 del señor Maduro ordena la creación de la Gran Misión Justicia Socialista, es decir, de un hecho que puede parangonarse, si se compara con otras iniciativas “misionales”, con los designios para buscar medicinas en el extranjero, o para fabricar viviendas, o para cocinar arepas. Es evidente que la justicia no se puede comparar con la arepa, ni con los edificios de orientación social ni con la pesca de fármacos, ni siquiera por la falta que hace. Es una de las funciones más delicadas de la sociedad, para cuya administración existe, o debe existir, un poder autónomo que se ocupe de encauzarla dentro de límites indiscutibles de equidad.

No importa si usted es burgués o proletario, reaccionario o revolucionario. Lo que importa es que el Estado haga valer sus derechos y proteja sus reclamos a través de procedimientos codificados que garanticen la inexistencia de sorpresas desagradables, que aseguren unas sentencias alejadas del capricho de los gobernantes, de los intereses políticos, de las ideas que a usted le gusten, de la plata que usted tenga o que usted deje de tener. Para eso existe un Poder Judicial, de cuyos miembros se requiere una autonomía indispensable que no permita el imperio de la arbitrariedad.

Pues no, según la cartilla que ahora escribe el “magistrado” Maduro desde el sillón del Ejecutivo. Él quiere una justicia beligerante, tendenciosa y alevosa, según el modelo de las misiones rojas-rojitas que han existido desde que vivía Chávez. Puede parecerse a la represión desenfrenada de las OLP, otra de las encomiendas “benéficas” que ha fabricado el discípulo del comandante para mantenernos en vilo. Pero el asunto no es competencia del Ejecutivo, si se respetan el Estado de Derecho, el consejo de la lógica y las lecciones de la convivencia que ahora se quiere destruir.

La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales advierte en un comunicado que esta fabricación de Maduro es una aberración. Es una criatura de esencia sublegal, aseguran los académicos, y un desconocimiento virtual de la Constitución Nacional, ese librito que tanto blandía Chávez y al que Nicolás no se cansa de darle patadas para acabar con ella. ¿O con la memoria de Hugo?

Los que todavía sienten que no vivimos en una dictadura sin subterfugios, en una autocracia sin frenos ni contrapesos, deben leer el decreto 20718 que ha desembuchado el docto y compasivo mandatario que ahora se disfraza con la toga para proclamar el imperio de la inconstitucionalidad redonda y gorda.

El Nacional

Por Confirmado: Francys García