Cualquier observador que se aproxime a la política nacional no tendría que devanarse los sesos para concluir que Maduro no sabe gobernar al contado y se decanta por la mandonería a plazos y el ultimátum a crédito, incluyendo amenazas como cuota inicial y constantes abonos de insultos.

Es un estilo de maltratar la administración pública que no deja espacios para el control, la supervisión y, mucho menos, el veto ni el voto. “Se harán las cosas como yo quiero, digo y mando y tienen hasta tal día para ver si corren porque, de lo contrario, tendrán que encaramarse”, es lo que suele declarar cuando quiere imponer decisiones sin que le asistan razones. Repasemos sus coercitivas bravatas y a dónde fueron a parar las intimidaciones.

El 8 de marzo del pasado año, Maduro dio plazo de tres días a sus ministros “para presentar plan de distribución de pañales y toallas sanitarias”. Pasaron, semanas, meses y, después de año y medio, esos productos siguen esquivos al consumidor. Los ministros, quienes quiera que fuesen, habrán rotado en algún enroque de gabinete y aquí no ha pasado nada.

El 10 de mayo de 2016, los medios informaban: “Maduro da plazo de 72 horas a grupos violentos que quieran pacificarse”. El perentorio anuncio antecedía a la puesta a punto de una de las muchas, sangrientas e inútiles fases de la Operación para la Liberación del Pueblo, pero, como guerra avisada no mata soldados y sí inocentes mirones, quienes pagaron por las fanfarronadas del jefe fueron los humildes habitantes de las barriadas.

Similar comportamiento se registró el 23 de agosto de este año cuando, en el cenit de la intolerancia y violentado el derecho ciudadano al disenso, fijó un término de 48 horas para que su gabinete procediera a despedir de sus cargos a quienes lo habrían traicionado por haber firmado el revocatorio. Un gesto que duplica la insensatez de Chávez cuando descapitalizó de recursos humanos a Pdvsa que, todavía hoy, sigue pagando las consecuencias.

Ahora Nicolás, dueño del tesoro nacional, por apropiación indebidamente autorizada por el TSJ, recurre al más rastrero de los chantajes y amenaza a gobernadores y alcaldes con despojarlos de los ingresos que les confieren la Constitución y las leyes de ordenamiento territorial.

No sabemos hasta dónde puede llegar esta grosera extorsión que podrá dejar en la calle a millares de venezolanos al servicio de las administraciones locales y regionales. Sí sabemos que esa coacción, propia del gangsterismo político, es además de inaceptable, delictual.

Por tal motivo, debería ser destituido y enjuiciado porque hay que ponerle un parao´ a su bravuconería de matón de esquina. ¿Creerá este señor que habrá de mandar para siempre y que los plazos no tienen fin?

El jueves lo hizo de nuevo: tras bastidores giró instrucciones al CNE para que acatara las insensatas sentencias de cinco tribunales estadales y, en consecuencia, postergara la recolección del 20%  que estaba anunciado con suficiente antelación. No contento con ello, pidió y logró prohibición de salida para una decena de líderes políticos de la oposición.

Cumplida la fechoría, pues, se montó en un avión y salió en estampida fingiendo una gira “petrolera” sacada, como un conejo de un sombrero, por un mago de pueblo.

Editorial de El Nacional