“Queremos también reiterar al máximo tribunal del país, que solicitamos una audiencia con la presidenta, Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, para que por favor revisen las medidas que están pendientes y se conceda la libertad lo más pronto posible”, declaró Marta Grajales, integrante de la ONG Surgentes
Un grupo de activistas venezolanos realizó este viernes un “acto de desagravio” frente a las oficinas de la ONU en Caracas, exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reciba a los familiares de presos políticos agredidos el martes en la noche mientras mantenían una vigilia para pedir la revisión de sus casos.
“Queremos también reiterar al Tribunal Supremo de Justicia, que solicitamos una audiencia con la presidenta, Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, para que por favor revisen las medidas que están pendientes y se conceda la libertad lo más pronto posible”, declaró Marta Grajales, integrante de la ONG Surgentes, desde las afueras de la ONU.
Bajo los lemas “lucha como una madre” y “ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”, los manifestantes expresaron su apoyo a las familias que, desde hace un año, reclaman la liberación de sus parientes detenidos tras protestar contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.
“Hoy les decimos que no están solas, que las hemos visto durante un año, convirtiendo su dolor en fuerza, movilizando a cientos de personas en torno a la exigencia de justicia y libertad para sus hijos, quienes están injustamente detenidos. Su esfuerzo no ha sido en vano, ustedes son ejemplo de dignidad”, añadió Grajales, leyendo una “declaración de solidaridad” respaldada por 175 firmantes.
El ataque durante la vigilia
La activista denunció que los familiares fueron atacados por un grupo armado, integrado por personas “algunas de ellas encapuchadas” y con “pistolas”, que llegaron en “más de 50 motocicletas” y robaron pertenencias como teléfonos y documentos de identidad, siendo las víctimas en su mayoría mujeres.
En ese momento, los familiares se encontraban frente al TSJ en una vigilia a la espera de una audiencia con la presidenta del tribunal para la revisión de los casos.
“Fue maravilloso constatar que la decisión de esas mujeres sigue intacta, que esas mujeres, a pesar de que, por supuesto, estamos golpeadas, que sentimos miedo, creemos que esta lucha tiene que continuar porque es una demanda justa, porque además lo estamos haciendo desde los canales constitucionales y porque además ustedes están hoy acá diciéndonos que nuestra lucha importa”, enfatizó Grajales.
El jueves, la Defensoría del Pueblo reconoció la agresión cometida por “sujetos aún no identificados” y pidió a las víctimas presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) para “recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones” y permitan ejercer acciones penales.
No obstante, la ONG Surgentes informó que el miércoles los afectados enfrentaron obstáculos para formalizar la denuncia en varias instituciones. Grajales explicó que, al acudir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), “les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia”.
