El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un decreto legislativo que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una medida similar que afecta a los fiscales, pese a protestas en el país y en el extranjero.

“El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo”, consigna el decreto legislativo.

También despide a los jueces que tengan más de 30 años de servicio.

Esta norma fue aprobada el 31 de agosto por la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente.

El decreto legislativo fue publicado en el Diario Oficial el 14 de septiembre y entrará en vigencia una semana después.

Según comentó en conferencia de prensa el viernes el juez Juan Antonio Durán, quien lidera un movimiento opositor a la medida, se trata de una “purga”.

“No es una depuración, es una purga contra los jueces independientes”, subrayó Durán, de 53 años de edad y 23 de servicio.

Indignación

La jueza Marta Lilian Villatoro, con 26 años de servicio y con 62 años de edad, lamentó la forma en que los pretenden cesar.

“No me preocupa tanto el factor económico que me afecta a mí como ser humano, como persona, sino que me afecta la forma indigna en que nos están queriendo separar de nuestras funciones en atención a motivaciones de orden político”, dijo.

“No es que nos arraiguemos a la función, sino que no es justo que nos desvinculen de una forma tan indigna, adicionándole al hecho que tenemos más de 60 años, a que somos corruptos (…) eso no es ni justo ni correcto” sin el debido proceso, aseguró Villatoro.

Los jueces rechazaron el ofrecimiento que la Corte les hizo este viernes de proporcionar un bono equivalente a 24 meses de salario para que presenten la renuncia antes que entre en vigencia el decreto.

“Para mí eso es un chantaje”, exclamó el juez Durán.

“Consideraría que es una forma de presión o chantaje, yo particularmente no lo aceptaría”, reflexionó Villatoro.

El último miércoles, miles de salvadoreños se manifestaron para reclamar a Bukele el respeto a la separación de poderes.

El presidente acusó a la comunidad internacional -que también ha criticado sus medidas- de financiar a los opositores.

“La carrera fiscal finalizará, de manera obligatoria, cuando las personas comprendidas en ella cumplan sesenta años de edad, lo cual implica el cese de la relación laboral del agente auxiliar o empleado administrativo con el Fiscal General de la República”, precisa el decreto oficializado por el mandatario.

Denuncia ante sistema interamericano

Los administradores de justicia consideran que con base a jurisprudencia de la CorteIDH, “se han agotado los recursos y vías procesales internas”, dado a que la Sala de lo Constitucional de la Corte local, presuntamente “responde de manera directa a las órdenes del presidente Bukele”.

Ante tal situación acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, a “denunciar al Estado salvadoreño, por la violación a los derechos humanos, derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial”.

Las autoridades denunciadas son la Asamblea Legislativa y el presidente Bukele por las acciones que “violentan una serie de derechos humanos” de los funcionarios judiciales afectados y el “derecho de la población sujeta a juicio a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial”.

“Dada la extrema gravedad y urgencia que provocan violaciones de difícil reparación, se ha solicitado que se adopten las medidas provisionales por parte de la CorteIDH o medidas cautelares por la Comisión Interamericana, a fin de que solicite al Estado Salvadoreño la suspensión de la vigencia de las reformas”, enfatiza el comunicado.

A pesar del escenario de incertidumbre, la joven jueza de la Cámara Ambiental, Cecia Romero, que no le afecta el decreto de retiro, advirtió que seguirán haciendo su trabajo “con la misma valentía, con la misma responsabilidad, con la misma independencia”.

Apenas asumió sus funciones, el 1 de mayo pasado, el Congreso destituyó y sustituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, que habían tenido abiertas discrepancias con el gobernante.

Los nuevos magistrados de la Sala Constitucional interpretaron a inicios de septiembre un artículo de la Constitución para permitir que Bukele pueda presentarse a una reelección inmediata en 2024 si así lo desea.

Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, goza de un amplio respaldo popular y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos que gobernaron en las últimas tres décadas.

Radio France Internationale