Pedro J. Ramírez advierte en un reciente editorial de El Español que la educación debe ser un espacio de neutralidad y aprendizaje libre, y no un campo de batalla ideológica donde los alumnos se conviertan en rehenes de intereses partidistas.
Su llamado a que “la escuela enseñe a pensar, no qué pensar” subraya que la verdadera garantía democrática radica en proteger a los estudiantes del adoctrinamiento y en formar ciudadanos críticos y libres. Esa reflexión, aunque dirigida al contexto español, adquiere una resonancia especial en Venezuela.
En nuestro país, la politización ha invadido todos los espacios de la vida nacional: la administración pública, los gremios, los medios de comunicación y, de manera particularmente grave, la educación. Lo que debería ser un ámbito de formación integral y de cultivo de la libertad intelectual se ha convertido en un terreno de adoctrinamiento, donde se confunde enseñar con repetir consignas y se sustituye la búsqueda de la verdad por la imposición de un relato ideológico.
Las consecuencias de esta distorsión son doblemente perniciosas. Por un lado, se priva a los estudiantes del derecho a aprender a pensar con autonomía. Por el otro, se desnaturaliza la escuela como lugar de encuentro plural, donde el conocimiento y la ciencia deberían prevalecer sobre la propaganda. El resultado es una generación expuesta a un discurso uniforme, incapaz de contrastar fuentes, debatir con argumentos o cuestionar con espíritu crítico.
Ante este panorama, conviene mirar hacia modelos que han intentado, con mayor éxito, preservar la neutralidad escolar. El ejemplo a seguir no está en los experimentos pedagógicos de Cuba ni en los intentos de instrumentalización educativa que ensaya el socialismo español. La referencia válida se encuentra en Francia, donde las políticas públicas han procurado —con luces y sombras— garantizar que la escuela enseñe a pensar, no qué pensar. Allí, el énfasis está puesto en formar ciudadanos capaces de discernir por sí mismos, no en moldearlos como militantes al servicio de una causa política.
A ello se suma una crítica creciente a la manera en que se enseña la historia de Venezuela en nuestro sistema educativo. Manipular la verdad histórica no solo desvirtúa el conocimiento, sino que socava la tarea esencial de preparar ciudadanos para la vida republicana. La enseñanza de la historia, más que cualquier otra disciplina, exige seriedad y rigor, y no puede estar contaminada por visiones ideológicas ni por intereses políticos circunstanciales.
Por estas razones, Venezuela necesita un consenso mínimo en torno a la educación: rescatarla de la ideologización, blindarla frente a los vaivenes partidistas y devolverle su carácter universal. La escuela debe ser un territorio libre de propaganda, donde los niños y jóvenes aprendan a valorar la democracia, la ciencia, el arte y la ética, y no a repetir el catecismo político de turno.
Porque, como señala el artículo 102 de la Constitución: “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto de todas las corrientes del pensamiento”.
Editorial de El Nacional
