Dice el Diccionario de la Real Academia que la corrupción en las organizaciones, especialmente las públicas, es “la utilización de las funciones y medios en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. El asunto está claro: si usas tu posición para obtener beneficio de cualquier tipo, eres corrupto.

Una legislación que busque castigar a los corruptos debe aplicarse igual en todos los estratos de una organización o institución pública. Debemos aplaudir acciones como la publicada en la web de El Nacional que informa sobre la detención de un funcionario menor de Pdval por estar presuntamente involucrado en hechos de corrupción. Pero a los jerarcas de Pudreval no se les toca con el pétalo de una rosa, y si se les toca la pobre rosa se marchita por el hedor de podredumbre.

La Fiscalía debe probar que este funcionario cometió el delito de peculado doloso propio, que no es otra cosa que la apropiación del dinero de la institución para la cual trabaja. Según la gerencia de Pdval alguien descubrió que había desaparecido un dinero de las ventas diarias. Al revisar el carro del sospechoso, consiguieron los 14.700 bolívares que faltaban de la caja. Lo pequeño de la cifra no justifica ningún delito, y la ley debe aplicarse, si se comprueban las responsabilidades.

Pero esos 14.700 bolívares no alcanzan ni para una modesta propina de las que dejan los jerarcas rojitos en los lujosos restaurantes del este de Caracas, ni mucho menos en los de París donde un comensal venezolano ligado a Pdvsa fue sacado a hombros (como si fuera un torero de fama y postín) por los mesoneros del lugar debido a la millonaria propina que dejó sobre la mesa. Se nota que el contralor cuando investiga a un corrupto rojo rojito le duele la cabeza y se queda miope.

El ejercicio contralor que aplica el gobierno está inspirado en la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo angosto para todos los demás. El cinismo es tal que el contralor general informó, a través de Radio Nacional, que ese despacho emitió unos carteles en los que se les notifica a Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado y Julio Borges que deben comparecer ante su despacho para explicar “ciertas irregularidades” en su declaración jurada de bienes.

La justificación para abrir estos procedimientos, según el contralor, es afianzar la “cultura anticorrupción” del gobierno, lo que desde luego es deseable. Pero debería empezar por los rollizos generales que se han escapado al exterior forrados de dólares. Parece que nadie se preocupó de “meterle la lupa” al tren de vida lujosa que llevaban públicamente estos milicos chavistas.

Y si se hace a un lado la miopía del contralor, al menos este debería hacer un esfuercito para que se entere de lo que dijo el gobernador de Aragua sobre su antecesor, el exviceministro Isea y sus trapisondas en ese estado. El gobernador actual dijo con su cara muy lavada ante la prensa que Chávez sabía lo que pasaba y le pidió ¡que no lo denunciara! ¿Cómo se tipifica ese delito? ¿Encubrimiento?