En la economía global de hoy las corporaciones son más que solo actores de mercado. Deberían ser agentes cívicos si operan en entornos moralmente complejos. La permanencia de Chevron en Venezuela —dividida entre infraestructura física e incertidumbre jurídica—plantea una pregunta fundamental: ¿puede una empresa cumplir con su deber fiduciario sin vulnerar los valores democráticos de los países donde actúa?
Durante la administración Trump se permitió a Chevron conservar oficinas en Venezuela, pero se le prohibió producir petróleo. A primera vista, la medida parece tecnocrática. Fue una jugada estratégica: evitó que Maduro expropiara activos energéticos estadounidenses y, al mismo tiempo, cortó el flujo de petrodólares que sostiene su maquinaria represiva.
No es solo una lección de geopolítica. Es un momento revelador de lo que implica la responsabilidad cívica empresarial. Hacer negocios con Maduro hoy significa asociarse con una estructura criminal transnacional —que incluye el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles— en la que el Estado y el crimen organizado se entrelazan sin control ni transparencia.
Una Venezuela democrática ofrecerá Estado de derecho, apertura económica y legitimidad. Este cambio no es solo normativo, es también estratégico. Un país libre necesitará inversiones masivas, especialmente en el sector energético. La cautela de Chevron la posiciona como líder en esa reconstrucción, no solo como gigante petrolero, sino como actor confiable en un nuevo orden cívico.
La decisión también ilustra una lección más amplia para las empresas globales que operan bajo regímenes autoritarios: la creación de valor a largo plazo está indisolublemente ligada a la integridad institucional. Las empresas deben trascender la lógica de maximización de corto plazo y asumir un rol en la defensa de la resiliencia democrática. Un cometido esquivo pero exigible.
La democracia necesita instituciones que cooperen para asegurar la libertad. Relacionarse con regímenes sancionados conlleva riesgos reputacionales y legales a largo plazo.
Las alianzas deben reflejar principios: las empresas energéticas deben construir marcos de acción alineados con el Estado de derecho.
El caso de Chevron en Venezuela es una parábola de la estrategia empresarial del siglo XXI. Demuestra los límites de la neutralidad frente al autoritarismo y el potencial transformador de alinearse con el futuro democrático.
Editorial de El Nacional
