Celebramos que la SIC haga valer la protección de datos, pero la discusión no puede terminar ahí, estos debates se deben llevar a cabo en el Congreso de la República.
Cuando el Estado colombiano despierta a la necesidad de regular nuevas tecnologías, tiene la mala costumbre de llegar tarde, hacerlo de manera torpe e incluso incurrir en actos de hipocresía. El anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó el cierre inmediato de World Foundation y Tools for Humanity Corporation, antes conocida como Worldcoin, muestra una importante preocupación por la protección de los datos personales de los colombianos. Sin embargo, es evidente cómo estos debates no se están llevando a cabo, como se debe, en el Congreso de la República.
El aterrizaje de World Foundation y Tools for Humanity Corporation en Colombia fue con bombos y platillos. Las empresas, con lazos directos con Sam Altman, el fundador de OpenAI y una de las voces más importantes y más problemáticas en el debate sobre inteligencia artificial, llegaron a nuestro territorio con un propósito: pagarle a la gente a cambio de poder capturar la información del iris de sus ojos. En la mejor interpretación posible, el objetivo de la iniciativa es crear un sistema de verificación de “humanidad” en el mundo digital. No tenemos espacio para discutir la paradoja de que las empresas que lideran la revolución de la IA también nos estén buscando vender soluciones para los problemas que crea el uso indiscriminado de la IA, pues el objetivo de este texto es otro: la protección de los datos.
Mauricio Lizcano, hoy precandidato presidencial y por entonces ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anunció en mayo la llegada del proyecto que buscaba “diferenciar entre humanos e inteligencia artificial, protegiendo datos y evitando fraudes en entornos digitales”. Si suena a utopía es porque, en efecto, lo es, y ese tipo de declaraciones, llenas de ingenuidad, han caracterizado la actitud de los gobiernos colombianos con los desarrollos tecnológicos. ¿Por qué el Ministerio no se preguntó, por ejemplo, por el problema de permitir captar información del iris de las personas? La SIC sí lo hizo, anunció una investigación y luego tardó más de un año en llegar a una conclusión: las empresas no estaban siendo claras ni transparentes sobre el manejo que le darían a la información.
En esencia, la SIC dice que el proyecto no informa adecuadamente a las personas, no provee mecanismos de seguridad para datos sensibles y tampoco permite herramientas efectivas de quejas y consultas. Esto último, por cierto, es lo que tantas otras empresas han hecho para saltarse decisiones judiciales, como lo que ocurrió recientemente con una decisión de la Corte Constitucional en contra de Meta. En diálogo con El Espectador, la compañía a cargo del proyecto World ID dijo que la SIC está aplicando una normativa anacrónica. En eso tienen razón: nuestras leyes siguen creyendo que el mundo no cambia a pasos agigantados.
Celebramos, entonces, que la SIC haga valer la protección de datos. Pero la discusión no puede terminar ahí. La columnista de El Espectador, Carolina Botero, lleva tiempo haciéndose eco de denuncias sobre cómo el proyecto de cédula digital de la Registraduría entrega datos sensibles a terceros sin que haya conversación pública al respecto. Hace más de un año, a propósito de la llegada de Worldcoin al país, Botero escribió: “Creo que regular la inteligencia artificial como un todo es una aventura arriesgada, pero eso no significa que no haya que regular nada”. Sigue teniendo razón, pero, ¿el liderazgo político del país escuchará?
Editorial de El Espectador
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