Aunque en estos 80 años exhibe ciertos logros socioeconómicos, la organización se ve lastrada por una gran burocracia y por sesgos ideológicos que dificultan la consecución de la paz global
Tras la fachada de su 80º aniversario se esconde una verdad cada vez más difícil de negar: la ONU atraviesa una de las peores crisis de su historia. No solo lo dice Donald Trump; también Emmanuel Macron ha denunciado ante la Asamblea General la «inacción» del organismo y su incapacidad para frenar la «ley del más fuerte». La nueva era geopolítica en la que ha entrado el mundo lo ha convertido en un actor irrelevante. Desde Ucrania hasta Gaza, pasando por Sudán, los llamamientos y resoluciones han resultado inútiles. El Consejo de Seguridad, paralizado por el veto de las potencias, se ha convertido en una caricatura de su función original. Y las agencias socioeconómicas, otrora baluarte de su acción internacional, enfrentan recortes drásticos por la crisis financiera que golpea al organismo.
No todo es negativo en el balance de estos 80 años. En este período no se ha producido la guerra nuclear que se temía a finales de la década de 1940. Y la ONU ha cosechado éxitos notables en la promoción global de la educación, la salud y la lucha contra la miseria, contribuyendo a avances civilizatorios indiscutibles. Pero el discurso de Trump en la tribuna neoyorquina devolvió el foco a los problemas de fondo. Su intervención, provocadora pero directa, denunció lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir: que la ONU, en lugar de resolver conflictos, los perpetúa o incluso los alimenta; que sus fondos se destinan a promover una agenda ideológica en vez de servir a los principios fundacionales; y que su estructura burocrática, sostenida básicamente por contribuyentes occidentales, ha sido colonizada por una élite progresista que antepone los dogmas del alarmismo climático y la inmigración sin barreras a las necesidades reales de los países.
Lejos de ser exageraciones, estas críticas reflejan el desgaste interno de una organización que consume el 70 por ciento de su presupuesto en salarios y alquileres en ciudades carísimas como Nueva York, Viena o Ginebra. António Guterres ha impulsado la iniciativa ‘ONU80’ para racionalizar estructuras, reducir duplicidades y recortar el gasto hasta un 15 por ciento. Pero ni siquiera eso basta para evitar la parálisis: hay agencias sin liquidez, misiones de paz en retirada y oficinas donde la prioridad parece ser proteger el estatus y las jubilaciones de los funcionarios internacionales antes que resolver los desafíos globales.
A la inoperancia se suma la parcialidad. En asuntos como el cambio climático, la migración o los derechos humanos, la ONU ha descuidado su neutralidad sin brindar razones. Ha abrazado una visión ideológica que no solo divide a los Estados miembros, sino que erosiona la legitimidad del sistema multilateral. La defensa de regímenes autoritarios en ciertos foros, el hecho de que dictaduras consolidadas presidan los comités de derechos humanos, el sesgo antinatalista y el discurso complaciente con causas radicales alejan a la ONU de su propósito original: garantizar la paz y el respeto al derecho internacional. Da la impresión de que el organismo se ha resignado a pensar que su misión consiste en evitar guerras a base de pasividad.
Ochenta años después de su fundación, la ONU no necesita celebraciones, sino una refundación. Una que elimine la carga burocrática, devuelva el poder a los Estados miembros y recupere el espíritu de la Carta de San Francisco. De lo contrario, el aniversario será un monumento a su fracaso. Y el multilateralismo, junto al ideal de un mundo regido por reglas, una causa perdida.
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