Catalogó de «Barbaridad jurídica» lo que el Ejecutivo Nacional hizo los últimos días con la Ley Habilitante

Este lunes, el abogado José Gregorio Correa, miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia y Presidente de la Comisión de Contraloría y Hacienda Pública del Concejo Municipal de El Hatillo, exhortó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarar la inconstitucionalidad del «paquete» de leyes aprobadas por el Ejecutivo Nacional en el marco de la culminación de los poderes Habilitantes.

Correa explicó que el Poder Judicial debe actuar con responsabilidad para corregir lo que catalogó como «barbaridad jurídica» a fin de evitar el daño y zanja producida al pueblo venezolano. «Una ley habilitante es aquella sancionada por el Poder Legislativo, en este caso de manera exclusiva en la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de los diputados que la integran, debe ser a solicitud del Presidente, es una facultad  Constitucional, para que este pueda dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley. ¿Dónde radica la inconstitucionalidad e ilegalidad actual? La AN sólo debe actuar de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela.

Estas leyes derivadas de esta delegación Constitucional, serán sobre materias de trascendencia nacional, salud, seguridad, militar, política internacional, agricultura, asuntos sociales, infraestructura, vivienda, educación entre otras materias, situaciones naturales de catástrofe, lluvias, derrumbes, inundaciones, guerras o conflictos, pero jamás en materia tributaria o penal», aseveró.

Asimismo, el edil por la tolda aurinegra, profundizó indicando que al borde de finalizar el lapso para legislar «un grupo de asesores hacedores de retazos, le prepararon al Presidente de la República, un paquete de leyes, revestidos en su mayoría de una capa de improvisación y desconocimiento de cualquier tipo de técnica legislativa. Muchos de los ministros, funcionarios del Ejecutivo y del resto de los Poderes Públicos, previstos en el artículo 136, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  referente a la distribución y división del Poder Público, a la hora de anunciar el saco, envoltorio o fardo legislativo, no sabían del contenido, lo cual hace cada día más ineficiente el Estado de Derecho. Con esto Venezuela, pasa a ser ejemplo de los parlamentos a nivel mundial y de las distintas facultades de Derecho, en cuanto a lo que no se debe hacer».

Por último, el concejal de Primero Justicia José Gregorio Correa, hizo un llamado a los magistrados de la Sala Constitucional a rectificar la barbarie jurídica que llevaron a cabo y que quisieron tapar con unas elecciones internas que a todas luces buscaba desviar la atención del malestar del pueblo venezolano.

Nota de Prensa