Funcionario del Seniat, Javier Marco Martínez, fue despedido por asistir a la marcha opositora / Foto: Archivo
En Venezuela protestar pacíficamente tiene un costo. Dirigentes sindicales y políticos denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro despidió a los 15 trabajadores de la oficina comercial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ubicada en El Tigre, en el estado Anzoátegui, dos días después de participar en una manifestación convocada por el presidente encargado   y líder de la Asamblea Nacional (AN),   diputado Juan Guaidó.

El miércoles 30 de enero, los empleados de la empresa estatal acudieron a la convocatoria que hizo el mandatario interino de manifestar pacíficamente en la calle, desde “donde estén, en sus casas, oficinas o en sus lugares de trabajo”, entre el mediodía y las 2:00  de la tarde para “pedir que permitan abrir el canal humanitario y exigirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ponga del lado del país”.

El diputado José Brito dijo que en horas no laborables, desde el mediodía hasta la 1:00 pm,   los trabajadores participaron en la jornada con cacerolas “no sólo para pedir un cambio, sino también para denunciar las condiciones deplorables en las que se encuentran”.

Indicó que dos días después funcionarios de la empresa acudieron a la oficina comercial y les entregaron las cartas de despido a los 15 trabajadores, entre cajeros, personal de atención al público y de mantenimiento. “Esto es un amedrentamiento. Ellos sólo expresaron su descontento por la desastrosa situación que atraviesa Venezuela”, añadió el parlamentario.

Alexis Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), dijo que con estas acciones es evidente que el Gobierno siente miedo, “pues sabe que tiene las horas contadas, y por eso está tratando de ejercer toda la presión posible sobre los trabajadores para que no se manifiesten a favor de la presidencia interina de Venezuela”. Afirmó que rechazan esos despidos y que seguirán exigiendo el cumplimiento de las contrataciones colectivas y las garantías laborales, así como también de la inamovilidad laboral.

Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato Unitario Nacional de Empleados del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques), manifestó su solidaridad con los trabajadores que fueron despedidos “injustamente” por ejercer el derecho a protestar pacíficamente, tal y como lo contempla la Constitución. “Los compañeros hicieron la protesta en su hora de almuerzo, también protestaron por las condiciones insalubres.

A los trabajadores de toda la administración pública les están violando sus derechos contractuales, ni siquiera reciben implementos de trabajo. Hay un compañero que prestó muchos años de servicio en Corpoelec que fue despedido simplemente por manifestar y alzar su voz. No hay respeto a la disidencia de los trabajadores de la administración pública. A pesar del acoso permanente que hay, los trabajadores están decididos a seguir alzando su voz de manera pacífica y con mucha fuerza y contundencia porque la situación que está viviendo el país no la aguanta nadie”, añadió.

Y la lista se extiende

El caso de los empleados de la empresa eléctrica nacional se suma a la lista de los trabajadores de la administración pública que han sido despedidos por participar en protestas de la oposición y por defender y exigir sus derechos laborales.

El 1° de febrero el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, despidió al supervisor de Servicios Especiales, Javier Marco Martínez, por asistir a la marcha convocada por la oposición el 23 de enero.

En una carta el funcionario alega que la medida “se fundamenta de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 79 de la Ley Orgánica del Trabajo”. El primero refiere que “se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras”.

Ni siquiera la ley de inamovilidad laboral –que en 2015 el presidente Nicolás Maduro aprobó hasta 2018 y en diciembre ordenó extender hasta 2020– ampara a los trabajadores del sector público. Carlos Larrazábal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), ha referido que ese texto legal, que califica como “totalmente perjudicial y contraproducente para el desarrollo económico del país”, el Gobierno  no sólo lo aplica en el sector privado, pues han visto casos de trabajadores de la administración pública que son botados “indiscriminadamente” cuando protestan o manifiestan una opinión contraria a la  gestión de Maduro.

Otro caso es el de Carlos Alberto Dávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión, quien fue despedido del canal del Estado a principios de enero por exigirle a la directiva que cumpla con los pagos acordados con los empleados. Y el 21 de diciembre, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) le dictó calificación de despido a Noel Hernández, miembro de Sunep-CVG.

Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG), afirma que “es un amedrentamiento y una persecución contra los dirigentes que nos atrevemos a hacerle frente a este Gobierno, el cual no reconoce la autonomía sindical de los organismos del Estado”.

el tiempo.com.ve