El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue catalogado por la Fiscalía bajo la figura de lesa humanidad, lo que asegura que la investigación no prescriba y se mantenga activa hasta esclarecer responsabilidades.
Noticias RCN reportó que la Fiscalía de Colombia aboga porque el magnicidio contra el precandidato del Centro Democrático que, falleció este lunes, pone el crimen al mismo nivel de otros grandes magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales han tenido larga duración y siguen demandando esclarecimiento.
Según lo relatado en el informe, la Fiscalía procesó a cuatro de los implicados en el caso por el nuevo delito de homicidio agravado: alias el Costeño, señalado como el determinador material del ataque; alias Claro; alias Andrea o Gabriela, quien habría entregado el arma al menor sicario; y Cristian Camilo González, el conductor de la motocicleta en la que escapó el atacante del senador.
“Este crimen debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad, según los estándares del derecho Internacional Penal. Este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, hay temas políticos y no simplemente terceros que querían afectar a una persona. Querían afectar a un partido político: el Centro Democrático”, declaró el abogado Víctor Mosquera y representante de la familia Uribe Turbay en diálogos con Noticias RCN.
A pesar de la imputación, el término “magnicidio” no existe como tal dentro del marco legal colombiano. Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que esto no disminuye la gravedad del hecho.
Además de los cargos por homicidio agravado, se imputó el delito de concierto para delinquir a dos de los detenidos, por la presunta organización previa con fines delictivos.
Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión. Actualmente, las autoridades siguen trabajando para determinar quién ordenó el ataque contra el precandidato presidencial.
El informe subraya que, hasta el momento, “no hay rastro de quién ordenó el ataque” y resalta la exigencia de la sociedad colombiana: “Las autoridades deberán responderle a Colombia que clama porque se haga justicia”.
