El Observatorio de Derechos de Propiedad destacó que, luego de que no se pudiera intimidar a la prensa libre a través de amenazas y coerción, se optó por medidas económicas, como el monopolio del papel prensa, que ocasionó la salida de circulación de uno de los diarios más antiguos del país

El intento oficial por imponer la hegemonía comunicacional ha fallado, motivo por el cual el gobierno se ha visto obligado a ejercer la violencia y a silenciar a los medios de comunicación. Esta es la conclusión que se deriva del estudio El zarpazo a El Carabobeño, elaborado por la socióloga Isabel Pereira, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

 
El estudio fue realizado a propósito de la salida de circulación del periódico, que luego de haber sido diario por más de 80 años pasó a semanario, en marzo de 2016, ante la escasez de papel prensa motivado por el monopolio de este insumo por el gobierno a través de la Corporación Alfredo Maneiro. Finalmente, la semana pasada, se anunció la salida de circulación del semanario.

 
Este proceso fue calificado por Pereira en su estudio como otro paso para alcanzar la “hegemonía comunicacional” inherente a todos los sistemas socialistas y que en 2007 fue enunciado abiertamente por el entonces ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra.

 
La socióloga detalla otras medidas tomadas por el gobierno nacional en la última década para lograr esta hegemonía. Entre ellas destacan un marco legal que incluye la Ley de Comunicación Popular, la reforma a la Ley Resorte y al Código Penal; la ampliación de la plataforma de medios gubernamentales y, por último, la utilización con fines de censura, del comercio de las bobinas de papel prensa.

 
“La comprensión de esta categoría gramsciana (la ‘hegemonía comunicacional’) impone la necesidad de actuar en consecuencia y luchar por la libertad de expresión, la diversidad cultural, la posibilidad de diálogo y confrontación como una necesidad primaria para consolidar un régimen democrático de libertades”, concluye Pereira en su estudio, en el que resalta que “defender la libertad de expresión es un objetivo de vanguardia”.

NP