La existencia en Venezuela de una “atmósfera asfixiante”, producto de la conflictividad social y política, así como la pretensión del Gobierno “de imponer un modelo político totalitario”, “el generalizado militarismo”, la “criminalización de las protestas y la politización de la justicia”, fueron las principales observaciones hechas por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) como conclusión a su CII Asamblea Plenaria Ordinaria, que incluyó un exhorto en el cual se pide “la libertad de los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para quienes han emigrado por razones políticas”.
“No será posible encontrar soluciones satisfactorias a los problemas que aquejan a la gente si se reprime sin investigar las causas por las que surgen las protestas”, leyó Manuel Felipe Díaz, arzobispo de Calabozo, en el exhorto final de la reunión de prelados, que abordó, aparte de los temas pastorales, la más reciente exhortación del Papa Francisco y el panorama social del país.
Entre otros cuestionamientos, el documento final del concilio de la CEV lamentó las denuncias de corrupción “en todas las esferas del Estado” y los problemas “que afectan a la población”.
Clero ciudadano
Antes de hacer estas alusiones de tipo político, el documento emitido por el episcopado aclaró la relación entre la Iglesia venezolana y la política, al rechazar que se les acuse de apoyar a una parcialidad.
“Quienes nos acusan de actuar como actores políticos lo que hacen es desvirtuar el derecho que nos compete como ciudadanos y pastores a cumplir con nuestro deber: Defender y promover la dignidad del ser humano, así como el bien común”, sostiene el escrito.
De igual modo, el texto recuerda las palabras del Sumo Pontífice al respecto: “Los pastores tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte la vida de las personas”,
Asimismo, en el mismo se insiste en la necesidad de cumplir la Constitución, que debe empezar por los propios entes de Gobierno. “No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los derechos humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones no compartidas y más bien rechazadas y denunciadas”, reiteran los prelados.
Panorama social del país
El texto de la CEV señala que: “La situación del país siempre ha reclamado una palabra por parte de esta Conferencia Episcopal. Son ya conocidas las difíciles circunstancias que afectan a la población en general: La violencia, inseguridad y criminalidad crecientes, el drama del desabastecimiento, el alza constante del costo de la vida, unida a las sucesivas devaluaciones de la moneda, la aplicación de controles excesivos a la actividad productiva.
El pueblo se ve sometido a largas colas para obtener el mínimo sustento necesario, o a padecer las fallas de los servicios públicos fundamentales, como el agua y la luz eléctrica. Todo esto afecta el desenvolvimiento y tranquilidad de muchas familias. Quienes tienen en sus manos la solución de los problemas del pueblo parecen dar preferencia a otros intereses. Los pobres y en general los que sufren vienen a ser así simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr otros fines”.
Denuncian “pretensiones de imponer un modelo totalitario”
De igual modo, el documento señala: “Agrava esta situación el panorama político actual: La pretensión de imponer un modelo político totalitario y un sistema educativo fuertemente ideologizado y centralizado, que amenaza su propia viabilidad y calidad; la criminalización de las protestas y la politización del poder judicial, que se manifiesta, entre otras cosas, en la existencia de presos políticos y en la situación de tantos jóvenes privados de libertad por haber participado en manifestaciones.
Los partidos políticos experimentan divisiones internas por apetencias e intereses particulares. Mientras tanto, se siguen arrastrando situaciones problemáticas graves, como la corrupción en todas las esferas del Estado e incluso de la sociedad, la pérdida de control por parte del Estado de las instituciones penitenciarias, el generalizado militarismo y una desproporcionada represión de cualquier disidencia. Una vez más solicitamos la libertad de los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para quienes han emigrado por razones políticas”.
Iglesia dice que existe una “atmósfera social asfixiante”
En el texto del documento también se expresa que la situación antes expuesta “viene a constituir una atmósfera social asfixiante que empuja a algunos a abandonar el país, a muchos les hace perder la esperanza de lograr un cambio real de las condiciones socio-políticas y a otros, en fin, los lleva a asumir actitudes violentas.
La Constitución consagra el derecho a la libertad de pensamiento, y por tanto a la disidencia y a la legítima protesta. En estas circunstancias se hace sumamente actual el llamado que el Santo Padre hace en su Exhortación a poner en primer lugar a la gente, con sus problemas reales, y a privilegiar a los pobres como sujetos sociales”.
Exigen investigar causas de la represión en las protestas
Más adelante, el documento indica: “No será posible encontrar soluciones satisfactorias a los problemas que aquejan a la gente, ni se dará una verdadera reconciliación en nuestra sociedad, si no nos escuchamos, si se reprime sin investigar las causas por las que surgen las protestas. No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los derechos humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones no compartidas y más bien rechazadas y denunciadas”.
Apoyo a la Apep
Los obispos y arzobispos reunidos también leyeron un documento de denuncia acerca del retraso en la entrega de recursos para la Asociación para la Educación Popular (Apep), una institución creada para fomentar la Educación para el Trabajo enseñando oficios a personas de los barrios populares del país.
Fuente: Notitarde
