Diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN.
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, en la sesión de este martes, aprobó Acuerdo de “nulidad absoluta” del decreto N° 4.391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar De Desarrollo Forestal (Zeemdef) por el dictador usurpador Nicolás Maduro, el pasado el 22 de diciembre de 2020 publicado en Gaceta Oficial 42.034.
Dicha zona está ubicada en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre el municipio Sifontes del estado Bolívar y el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una superficie cercana al territorio Esequibo, que abarca el Arco Minero.
Acuerdo
El texto legal acuerda: “Oficiar a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Amazónico, al Grupo de Lima, a la Comunidad Europea, sobre la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro representa para el patrimonio ambiental de los venezolanos”.
En ese sentido, La diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, rechazó que esta zona este bajo la rectoría del Ministerio de Defensa para el aprovechamiento de los recursos forestales y desarrollo industrial y comercialización de los recursos naturales maderables, “con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
Decreto 4.391 aniquila el ambiente
Advirtió que el Decreto N° 4.391 aprobado por la dictadura, ocasiona aniquilación del ecosistema, proliferación de la minería ilegal; contaminaciones de sus aguas; uso indiscriminado de los recursos naturales y forestales para el aprovechamiento de sus intereses económicos que atenta contra la flora y fauna de la nación.
Hernández, aprovechó para recordar que en el año 2018 los militares venezolanos se asociaron con Turquía para formar Madetur, empresa que ocasionó “el cierre total de los aserraderos en el estado Monagas, desmantelamiento de las plantas de pulpa de papel; y reducción de 70 mil hectáreas de bosque; además de la expropiación del puerto del Río Orinoco.
Violación a las leyes ambientales
Por parte, el diputado Orlando Ávila, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, denunció la violación flagrante de la Ley de Bosques y la Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva de Agua Dulce, Biodiversidad y Potencial Energético Hidroeléctrico del Orinoco y de la Amazonia, aprobado por la Asamblea Nacional legítima, el pasado 27 de noviembre del año 2018.
Reveló que en esa región que abarca una parte del Arco Minero, se concentra el 22% de puntos ilegales de minería en el país, siendo el tercer país mayor afectado de Latinoamérica, por la deforestación que ha provocado la pérdida de 4 mil bosques amazónicos desde el año 2010 hasta el 2018.
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