Han venido a España para estudiar, pero hay una lección que traen ya bien aprendida de su país: «En Venezuela manifestar tu opinión es delito y la condena puede ser pagar con la vida», aseguran. Esa es la enseñanza que de la trágica muerte de Keylorth Roa, el muchacho de 14 años abatido por balas de la Policía el pasado martes en San Cristóbal de Táchira, han extraído los jóvenes integrantes de la delegación española de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior (AEVE). Así lo expresaron el pasado viernes en una rueda de prensa en Madrid, capital europea donde han recalado atraídos por su oferta académica y repelidos por la situación de violencia,desabastecimiento y tensión política de su patria.
En España los arropan instituciones académicas públicas y privadas y también activos miembros de la oposición venezolana. Uno de ellos, Alberto Pérez, miembro de Voluntad Popular, dijo lo que, según ellos no puede decirse libremente en Venezuela: «Es sencillamente atroz ver a un niño de 14 años morir por un disparo en la cabeza de un policía».
La indignación se ha desbordado por la muerte de Roa, una más desde que el pasado mes de febrero estallaron las protestas contra el Gobierno de Nicloás Maduro. Según observadores como la ONG Amnistía Internacional, van al menos 44. Para los jóvenes de AEVE, en nada palia la situación que Javier Mora, el funcionario de 23 años que, presuntamente, disparó a bocajarro al chaval esté formalmente acusado de homicidio intencionado. Tampoco que el presidente Maduro se apresurara tras la noticia a afirmar que «en Venezuela está prohibida la represión armada».
La última víctima mortal de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes ha vuelto a poner el foco sobre la controvertida resolución 08610 del Ministerio de Defensa, que autoriza a los militares el empleo de «fuerza potencialmente mortal» como «último recurso» para mantener el orden en manifestaciones que se tornen violentas. Tan polémica disposición ha sido denunciada por destacados juristas que afirman que choca con el artículo 68 de la Constitución, que prohíbe explícitamente «el uso de armas de fuego y otras sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
«Verdades» como esta, alegan los disidentes, no pueden expresarse sin cortapisas en la República Bolivariana. Así que España se ha convertido para ellos en un santuario donde pueden estudiar y, además, decir sin temor a represalias lo que piensan. Más que eso. Actores españoles se han convertido en el vehículo mediante el que elevar sus demandas hasta altas instancias internacionales. Esta misma semana, los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo demandaron la puesta en libertad del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el fin de la violencia, una iniciativa promovida por los diputados españoles de PP y UPyD. Alberto Pérez, de la opositora Voluntad Popular, agradeció que «España está siendo nuestra puerta de entrada» y enfatizó que la introducción de la problemática venezolana en la agenda comunitaria es fruto de «un trabajo de lobby político de años».
GUILLERMO D. OLMO /
