En una situación pre-bélica como la que vive actualmente Venezuela, la conducta profesional de los medios de comunicación y periodistas debe guiarse por principios éticos que prioricen la veracidad, imparcialidad y responsabilidad social de la información. Los despachos anónimos difundidos sin filtros en redes sociales y versiones interesadas que exaltan un bando militar sobre otro, deben ser vistos con mucha cautela crítica, ya que pueden desinformar, generar miedo injustificado o alimentar mayores conflictos. Como medida de garantía y sobrevivencia, se insiste en la necesidad de verificar las fuentes y contrastar la información antes de su difusión, para evitar de est forma contribuir a la manipulación o la escalada de tensiones.

Existe un código deontológico para los periodistas venezolanos, recogido en el Código de Ética del Periodista Venezolano, que destaca que el periodista debe servir fundamentalmente al pueblo, garantizando información veraz, oportuna e imparcial. Se debe buscar la verdad a través de comprobación rigurosa de datos con fuentes fiables. La información debe respetar la seguridad del Estado, la salud pública y el orden público, sin entorpecer investigaciones policiales legítimas.

El periodista tiene el deber de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, oponiéndose a cualquier campaña que atente contra el interés nacional, la paz y la amistad entre pueblos. Se debe rechazar cualquier presión de gobiernos o grupos que intente manipular, censurar o distorsionar la información. En situaciones de censura, persecución y arresto contra periodistas, el ejercicio ético se vuelve aún más crucial para proteger tanto la libertad de expresión como la vida y dignidad profesional.

aEn este contexto muy complejo, la labor de los periodistas debe primar sobre la claridad, ética, rigor informativo y compromiso social para evitar contribuir a la polarización o alimentar el conflicto armado. Además, la prensa debe denunciar cualquier intento de censura o hostigamiento para garantizar el derecho del pueblo a una información confiable.

Opciones para no meter la Pata

Para verificar despachos anónimos en redes sociales y evaluar su credibilidad, se recomienda aplicar los siguientes criterios basados en buenas prácticas de análisis de información digital y forense. Empezamos por la útil sugerencia de la verificación de la fuente. Es una obligación moral, ética y profesional consultar si la información proviene de un medio reconocido, confiable, y además determinar si está respaldada por fuentes oficiales o expertos en el tema. Es un hábito sano y garantía de paz emocional el poder descartar las cuentas o perfiles anónimos, esos que no tienen antecedentes verificables o registros claros. Lo procedente en estos casos, es contrastar con fuentes oficiales, comparar la información con comunicados oficiales, informes gubernamentales o acreditados y medios de comunicación de alta credibilidad. Estar atento a la falta de respuesta o negación de las instituciones o actores relevantes, es un detalle que ayuda a confirmar la carencia de veracidad que el bulo contiene en sí mismo.

Otra opción es el análisis técnico de los datos que contiene la información que estamos cotejando. Revise los encabezados, metadatos, dirección IP y otros datos técnicos de los archivos digitales o enlaces. Con ayuda de la IA, se puede determinar el origen del reporte, fecha de emisión, inclusive si fue publicado con anterioridad y la manera en que fue desmentido. A los perversos digitales les encanta reciclar cada cierto tiempo la basura que distribuyen en RRSS, gracias al anonimato e impunidad que las mismas permiten. Utilice las herramientas forenses digitales para corroborar la autenticidad y origen de la información por ejemplo, el análisis de firmas digitales, verificación de la integridad de los archivos, análisis de rastros digitales.

Utilicemos nuestra inteligencia y sano criterio para disponernos a evaluar el contenido del puesto bulo. No perdamos de vista la deliberada actuación de los algoritmos que controlan la agenda informativa de las RRSS. El algoritmo tiene como función fundamental; brindar prioridad a todo aquello que nos engancha,

inclusive sobre aquel otro reporte que informe mejor sobre un aspecto determinado. A partir de allí, gracias a ese “enganche emocional” se genera un ecosistema informativo pobre, menos fiable y altamente fragmentado. Una mala noticia o falso reporte, tiene siete veces más posibilidades de ser creído y difundido, sobre una noticia falsa.

Los bulos falsos o distorsionados tienen más posibilidades de ser difundidos en redes sociales que las noticias verdaderas por varias razones psicológicas, tecnológicas y sociales, Una razón es su impacto emocional; los bulos suelen apelar a emociones fuertes como el miedo, la ira o la sorpresa, lo que motiva que las personas los compartan rápidamente para alertar o influir a otros. Las noticias verdaderas tienden a ser menos sensacionalistas y generan menos respuestas emocionales inmediatas.

Los titulares más llamativos y contenidos más atractivos. Los bulos se presentan frecuentemente con títulos cebo, información exagerada o imágenes impactantes que captan la atención más que las noticias equilibradas y medidas. Esto facilita su viralización. Hay por lo general, una amplificación artificial. Existen redes de bots, perfiles falsos y granjas de trolls que amplifican y viralizan contenidos falsos para influir en la opinión pública o agendas políticas, propagando bulos mucho más rápido que una noticia auténtica.

Nos abruma la falta de filtros efectivos. Las redes sociales priorizan el contenido que genera más interacción (compartidos, likes, comentarios), y no garantizan mecanismos consistentes para verificar la veracidad antes de difundir. Además, se incrementa la difusión orgánica al compartir por parte de usuarios reales que no verifican antes de republicar. Hay entre nosotros personas que “no aguantan dos pedías, un susurro en la patica de la oreja, y un ramo de flores, para difundir en sus redes cualquier cosa que les llegue. Su excusa: Como me llegó te lo reenvío.

Los algoritmos de las redes, son los nuevo editores y fiscalizadore de nuestra agenda informtiva. Las plataformas usan algoritmos que favorecen la difusión rápida y masiva de contenidos novedosos y polémicos, que suelen ser bulos, para maximizar la retención de usuarios y tiempo de conexión. Algo que se me complementado con la muy escasa alfabetización mediática: Muchas personas carecen de habilidades para detectar la desinformación o la manipulación, lo que contribuye a la difusión masiva sin crítica ni filtros.

Se debe revisar la coherencia interna del mensaje, allí se pueden detectar errores gramaticales, de contexto o mensajes sensacionalistas, que suelen acompañar contenido manipulado o de baja credibilidad. Buscar indicios de manipulación o edición, como cambios repentinos en el estilo o la calidad del contenido es un buen recurso. Consultas de verificación o “fact checking”, tocar la puerta a las plataformas de verificación de hechos, que verifican y desmienten

información falsa o engañosa. Se deben respetar los estándares éticos y de la organización de la información, evitando divulgar rumores sin corroborar.

Contextualización y análisis del entorno, eso significa entender el contexto en que se difunde la información, observando si coincide con otras noticias, antecedentes históricos o eventos recientes. Evaluar si la fuente tiene posibles intereses políticos, económicos o ideológicos que puedan influir en la difusión de ciertos mensajes. No olvidemos que el periodismo no toma partido, no eleva banderas o se salpica de ideologías o confesiones religiosas. Este oficio posee sus propios valores y compromisos, todos ellos limítrofes y cercanos con la verdad.

Precaución ante el alarmismo y las noticias sensacionalistas: No difundir datos sin corroborar y evitar dar por sentado lo que circula en perfiles no verificados. Priorizar la prudencia y la ética profesional, sobre todo en contextos de alta tensión social y política. Estos criterios ayudan a reducir la propagación de desinformación y contribuyen a mantener la calidad del periodismo y la información verificada en escenarios de alta conflictividad.

Retos y tareas

La sentencia que refiere que «la primera baja en una guerra es la verdad» implica que en contextos de conflicto bélico o político la verdad suele ser la primera víctima debido a la manipulación de la información, la censura, la propaganda y las campañas de desinformación. Esta frase refleja que los gobiernos y actores en conflicto utilizan la información como un arma para controlar narrativas, proteger intereses y desacreditar a los adversarios.

En un contexto como el venezolano, donde la mayor parte de los medios son controlados o censurados por el régimen, y donde el periodismo independiente enfrenta persecución, represión y la “presión de periodistas afines que difunden versiones oficiales sesgadas”, esta sentencia cobra una relevancia crítica y alarmante. La distorsión mediática no solo reduce la calidad del derecho a la información, sino que también divide a la sociedad, genera desconfianza y puede contribuir a la polarización y violencia.

Ante esta realidad, el modelo ético de periodismo profesional debe fundamentarse en la búsqueda incansable de la verdad, basada en la rigurosa verificación y contraste de fuentes, aun frente a la coerción y censura. La independencia de criterio y la autonomía respecto a intereses políticos, económicos o de cualquier otro tipo. Debe primar la defensa del derecho del público a recibir información completa, veraz y plural, sin manipulación ni sesgos. No soslayar el compromiso con la responsabilidad social, especialmente en situaciones de crisis, evitando alimentar el conflicto o la desinformación.

La transparencia en sus métodos y fuentes, cuando la confidencialidad no comprometa la seguridad, para mantener la confianza pública. La denuncia de abusos, censura y violencia contra periodistas, como parte de la defensa de la libertad de expresión un aspecto que no debe dejarse de lado. La resistencia ética a ser instrumento de propaganda o de desinformación, entendiendo que su labor es esencial para la democracia y la justicia social. Este modelo de periodismo ético, aunque difícil en entornos autoritarios, es necesario para salvaguardar el derecho a la verdad, la integridad profesional y el papel crítico que la prensa debe cumplir en una sociedad justa y democráticamente gobernada.

Alfredo Alvarez. CNP 5289.

En el año 2021, la presidencia de Joe Biden, concedió el beneficio del TPS por primera vez a los venezolanos (Cortesía)

La diáspora venezolana en EEUU sufre momentos de incertidumbre en los últimos días ante la decisión del viernes 03/10/2025 de la Corte Suprema de Justicia al suspender el beneficio del TPS (Temporary Protected Status), cuya traducción en español es Estatus de Protección Temporal, medida que desde 1990 ha permitido a migrantes de países con condiciones inseguras residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El impacto de esta decisión es significativo al registrar los 2 grupos diferentes asociaciones de migrantes, como Veppex o la Alianza Nacional del TPS una población en el exilio de aproximadamente 1.100.000 venezolanos, de los cuales 600.000 estaban amparados en su permanencia en el país norteamericano con este beneficio migratorio, distribuidos en dos grupos, el primero referido al grupo que ingresó antes del 8 de marzo de  2021 y un segundo grupo al que ingresó antes del 31 de julio 2023.

Como bien sabemos el Estatus de Protección Temporal de EEUU, es una provisión humanitaria que permite a las personas de ciertos países permanecer en Estados Unidos porque sus países de origen no son seguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos, así también esta medida humanitaria no proviene de una orden ejecutiva presidencial, sino como parte del cuerpo legislativo migratorio del país.

La permanencia de esta política de carácter temporal refleja la falta de definición de un estatus integral que aborde la situación de aproximadamente 20 millones de solicitantes que aspiran a una permanencia legal en los EEUU, que abarca a solicitantes de asilo, ingresos por parole humanitario, a los integrantes del programa Soñadores o Dreamers agrupados en el DACA, los beneficiarios del TPS donde los venezolanos son el grupo mas voluminoso.

En lo que respecta a nuestros connacionales tepesianos en USA sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, esta se desarrolla en medio del agravamiento de la situación económica, política y social que haya vivido nuestro país en toda nuestra historia republicana, lo cual ratifica la vulnerabilidad de cualquier ciudadano venezolano de retornar a un país en ruinas y gobernado por una dictadura.

Al observar las Naciones Unidas a través de su Comisión de DDHH la política del terror y de persecución que mantiene en cárceles a mas de 800 presos políticos, en materia económica la caída del 75% del PIB y la extensión de la pobreza general a un 80% de la población, la destrucción del salario y el poder adquisitivo con remuneraciones de un salario mínimo menor a 1 $ mensual y bonificaciones miseria sin ninguna incidencia salarial. Entre tantos etcéteras que han determinado el éxodo de mas de 10 millones de personas a nivel planetario.

Por tanto, resulta difícil y doloroso digerir el debate lamentable que presenciamos en las RRSS, donde se argumenta que defender al TPS para los venezolanos en EEUU es apoyar directamente al gobierno de Nicolás Maduro, al pretender supuestamente su permanencia en el poder, como justificación de este beneficio humanitario.

Hemos visto como se ha agredido a comunicadores, académicos que han mostrado su solidaridad con la comunidad venezolana en USA, quienes han asumido el exilio como una vía para recuperar la condición de vida digna, para verse hoy señalados y descalificados por sus propios connacionales, quienes desconocen las tribulaciones de decenas de miles que han sido injustamente deportados e injustamente acusados de pertenecer a bandas delictivas como el Tren de Aragua cuando en realidad una gran mayoría de venezolanos son profesionales universitarios .

Felizmente en otras latitudes citamos algunos ejemplos, como ha sido el caso de Colombia, donde los 3 millones de venezolanos pueden acceder a beneficios migratorios como el Permiso por Protección Temporal (PPT), que permite la regularización y el acceso a servicios de salud, educación y empleo, en el caso del Perú donde 2 millones de connacionales pueden beneficiarse de vías de regularización como el Permiso Temporal de Permanencia (CPP) para trabajar y vivir legalmente, y la posibilidad de solicitar un carné de extranjería o la residencia permanente tras un tiempo de residencia legal,  o en el caso de España pueden beneficiarse de la validez de pasaportes caducados para trámites de extranjería, la facilidad para acceder a permisos de trabajo y arraigo para personas cualificadas, ayudas económicas para vulnerables como la Renta Mínima de Inserción (RMI), apoyo social de emergencia, y la posibilidad de obtener permisos de residencia por razones humanitarias.

En definitiva, ante la tragedia que vive el país tanto los venezolanos que permanecen dentro del territorio nacional y los que se ubican en la diáspora, se requiere la más amplia solidaridad, y de procura de unidad nacional en lugar de alimentar divisiones entre una población agobiada, cuya tradición no era la emigración, pero por circunstancias hoy registra la diáspora mas alta a nivel global.

Froilán Alejandro Barrio

Los problemas económicos de América Latina son estructurales y no desaparecerán por sí solos. Una análisis reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas lo deja claro, mostrando que ni las reformas de mercado de la década de 1980 ni las agendas progresistas de los gobiernos de izquierda que han liderado gran parte de la región en las últimas décadas han generado un crecimiento sostenido. La conclusión es ineludible: los países latinoamericanos deben adoptar un nuevo modelo de desarrollo.

Los datos respaldan esta conclusión. Desde 1990, el crecimiento anual ha alcanzado tan solo 2,5%  en promedio, menos de la mitad del 5,5% registrado entre 1950 y 1980, una época marcada por la industrialización dirigida por el Estado. La desaceleración ha afectado a casi todos los países de la región, incluidas sus dos mayores economías, Brasil y México. Ha sido especialmente grave en Venezuela, donde la producción económica ha caído a menos de 60% de su nivel de 1990.

Los períodos de rápido crecimiento han sido escasos. El episodio más notable, ocurrido entre 2004 y 2008, se debió principalmente al auge de los precios de las materias primas más que a reformas internas. En cambio, las crisis han sido frecuentes y graves, incluyendo las consecuencias de la crisis asiática de 1997 y lo que he denominado la «nueva década perdida» de América Latina entre 2014 y 2024, cuando el crecimiento anual cayó a tan solo 0,9%, incluso por debajo del 1,4 % registrado en la década de 1980, la década perdida original de la región.

La recuperación posterior también ha sido débil. La región creció 2,2% en 2024, según la Cepal. Se proyecta un ritmo similar para 2025 y 2026. El Fondo Monetario Internacional coincide con esta perspectiva , pronosticando un crecimiento de 2,2% en 2025 y de 2,4% el próximo año. A pesar del ligero repunte, se espera que América Latina siga siendo la región con el crecimiento más lento del mundo en desarrollo, por detrás de Oriente Medio, las economías emergentes y en desarrollo de Asia, y el África subsahariana.

El débil desempeño económico ha tenido profundas consecuencias sociales. Tras disminuir entre 2002 y 2014, la pobreza se ha mantenido estable en poco menos de 30%, mientras que la pobreza extrema se mantiene cerca de 10%. La fragilidad fiscal agrava el problema: la elevada deuda pública, combinada con las elevadas tasas de interés globales, ha obligado a los gobiernos a destinar una parte importante de sus recursos al pago del servicio de la deuda, dejando un margen limitado para el gasto social o la inversión pública.

Los factores estructurales que subyacen al malestar económico de la región son fácilmente identificables. La mayoría de las economías latinoamericanas han experimentado una desindustrialización prematura desde las reformas de mercado de la década de 1980, lo que las ha dejado en una fuerte dependencia de las materias primas en Suramérica y de manufactura de baja calificación en los países del norte de la región. Con las políticas industriales abandonadas o debilitadas, y un nivel de inversión en investigación y desarrollo sorprendentemente bajo, apenas 0,6% del PIB, en comparación con el 2,6% en China y 2,7% en las economías de altos ingresos, el crecimiento de la productividad se ha estancado.

A esto se suman los efectos previsibles de las políticas económicas del presidente estadounidense Donald Trump. El principal de ellos es el endurecimiento de las restricciones migratorias, que podría reducir drásticamente las remesas, especialmente a las economías del norte de la región.

La agenda arancelaria proteccionista de Trump representa otra amenaza importante. Si bien América Latina se ve algo menos afectada que otras regiones, ya que la mayoría de los países solo enfrentan el arancel mínimo de 10%, se destacan algunas excepciones: Brasil, la industria automotriz de México y varios países centroamericanos.

La tercera preocupación es el impacto financiero de la política monetaria estadounidense. Dado que los bonos del Tesoro estadounidense sirven como referencia para el endeudamiento en América Latina, el aumento de sus rendimientos ya ha incrementado los costos de financiamiento en toda la región. La presión podría aliviarse si la Reserva Federal continúa recortando las tasas, pero mucho dependerá de cuándo y con qué rapidez actúe.

La economía china representa tanto una oportunidad como un riesgo. Si bien el comercio con China sigue creciendo, sigue un patrón del siglo XIX: América Latina exporta materias primas e importa productos manufacturados. Además, el acceso reducido de China al mercado estadounidense podría impulsarla a vender sus excesos de producción a otros países.

Por último, la integración económica regional, que en su día fue fuente de gran optimismo, se ha debilitado, socavado por las crecientes tensiones políticas regionales. Sin embargo, las políticas arancelarias de Trump podrían impulsar a México a fortalecer los lazos comerciales con sus vecinos del sur, abriendo potencialmente nuevas vías para el comercio intralatinoamericano.

Como señala el informe de la Cepal, la agenda económica de la región debe experimentar una profunda transformación, comenzando con políticas industriales eficaces respaldadas por una mayor inversión en investigación y desarrollo. Estas medidas permitirían a los países latinoamericanos aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos en curso. Fundamentalmente, esto no implica abandonar las exportaciones de materias primas, sino centrarse en los productos alimenticios y los minerales estratégicos que impulsan la transición hacia las energías limpias, en particular el cobre y el litio.

Impulsar la integración económica regional es igualmente vital, incluso en nuevas áreas como la cooperación tecnológica y el financiamiento intrarregional. Y, lo más importante, la transformación económica requiere políticas sociales ambiciosas que fomenten la creación de empleo, apoyen a las pequeñas empresas y amplíen las oportunidades productivas para los trabajadores independientes.

Al actuar con decisión, América Latina puede finalmente romper su ciclo de crecimiento lento y crisis recurrentes, y construir una economía que genere prosperidad duradera. De lo contrario, la región corre el riesgo de sufrir otra década perdida.

José Antonio Ocampo, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, es profesor de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es autor de Hacia la reforma del (no) sistema monetario internacional (Fondo de Cultura Económica y Banco de la Repúbica, 2021) y coautor (con Luis Bértola) de El desarrollo económico de América Latina desde la independencia  (Fondo de Cultura Económica, 2013).

José Antonio Ocampo

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