Desde la fundación de la República Popular China en 1949, bajo el liderazgo de Mao Zedong, los sucesivos gobiernos de ese gigante asiático han perseguido la meta de devolverle al país la grandeza de los siglos pasados. Mao consolidó la República, pero su régimen estuvo marcado por errores fatales. El Gran Salto Adelante (1958-1962), que buscaba una rápida industrialización mediante la colectivización agrícola, terminó generando la mayor hambruna del siglo XX, con cerca de cuarenta millones de muertos. A ello se sumó la Revolución Cultural (1966-1976), que en nombre de la “purificación ideológica” produjo más de un millón de muertes, además de persecuciones, torturas y campos de reeducación.

Con la llegada de Deng Xiaoping en 1978 comenzó la gran transformación: modernización, apertura y pragmatismo. Deng afirmaba que socialismo y economía de mercado no eran incompatibles, y defendía que “enriquecerse es glorioso”. Cuando inició su gestión, el 90% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. A su muerte, en 1997, la reducción había sido tan significativa que dos décadas después China declaró erradicada la pobreza rural.

El gran salto hacia la China actual llegó con Xi Jinping, presidente desde 2012. Su gobierno ha impulsado la innovación científica y tecnológica, la modernización económica y una férrea campaña anticorrupción destinada a maximizar la eficiencia de la burocracia estatal.

A principios de siglo, Estados Unidos invertía 270 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, la Unión Europea más de 180 mil millones y China apenas 33 mil millones. Hoy, China destina 781 mil millones, casi a la par de Estados Unidos (823 mil millones). Además, el crecimiento anual de esa inversión en China es del 8-9%, frente al 4-5% estadounidense.

Entre 1970 y 2000, Estados Unidos, Japón y Alemania registraban dos tercios de las patentes mundiales, mientras China apenas alcanzaba el 1%. Hoy las solicitudes chinas representan casi la mitad del total mundial. En 2020, el país superó a la Eurozona como la segunda economía mundial, pasando de representar apenas el 3% del PIB global en 2000 a cerca del 20% en la actualidad.

El legado pragmático de Deng y los avances impulsados por Xi han dado sus frutos: según Forbes (2025), de los 3.028 multimillonarios del mundo, 902 son estadounidenses y 516 chinos. Entre los diez mayores bancos globales, cuatro son chinos y ocupan los primeros lugares. Corporaciones como Tencent, Alibaba, Huawei, Lenovo y PetroChina figuran entre las más poderosas del planeta; el país es el primer productor mundial de energía solar y ya ha superado a Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial.

Ese progreso descansa en un sistema meritocrático de selección de funcionarios que premia la eficiencia, la ética y la educación como base de ascenso social. La tradición confuciana sigue privilegiando la familia y la comunidad por encima del individuo.

En el terreno educativo, China ha alcanzado estándares comparables a los de las potencias occidentales. En pruebas internacionales de comprensión lectora, sus alumnos de primaria figuran en los primeros lugares, y en la Olimpiada Internacional de Informática para secundaria acumulan 100 medallas de oro, frente a 65 de Estados Unidos. A nivel universitario, cinco instituciones públicas están entre las 50 mejores del mundo: la Universidad de Hong Kong (puesto 11) y la de Pekín (13), entre otras. Sin embargo, esta excelencia convive con una estricta censura académica y política: no existe libertad plena de pensamiento ni de debate en temas sensibles para el Partido Comunista. Esto ha impulsado el crecimiento de universidades privadas con mayor flexibilidad, aunque son más costosas que las públicas, donde igualmente se cobra matrícula.

China funciona con una economía mixta de fuerte intervención estatal, lo que algunos analistas denominan “economía mixta autoritaria”. En lo político, el Partido Comunista ejerce un unipartidismo centralizado, con ausencia de libertades políticas, control sobre la sociedad civil, censura digital y represión de la disidencia. Xi Jinping lo ha expresado sin rodeos: “Jamás seguiremos el camino del constitucionalismo occidental, ni de su separación de poderes, ni de su independencia judicial.”

En definitiva, China busca consolidarse como potencia mundial bajo un sistema que denomina “socialismo moderno”. Un modelo que hasta ahora ha sido exitoso y que ha convertido al país en el principal prestamista global mediante la llamada “diplomacia de la deuda”, con presencia en más de 150 países y en numerosas organizaciones internacionales. Según Xi, para 2049 —centenario de la República— China deberá haberse convertido en la primera potencia mundial.

Sin embargo, el modelo enfrenta retos enormes: escasez de tierras cultivables (apenas el 8% de las del planeta), limitación de agua y energía, y un acelerado proceso de urbanización que vacía el campo. Por eso, para 2024, China había adquirido más de 19,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas en 61 países, incluidos Argentina y Brasil, para más de 530 proyectos de inversión.

En todo caso, conviene subrayar que el éxito del modelo chino se ha asegurado bajo un régimen autoritario, ajeno a los valores democráticos y a los principios de la tradición occidental y judeocristiana. Frente a estas realidades, la respuesta debe ser el fortalecimiento de la democracia y la defensa de la libertad en nuestros países, a través de profundas reformas en los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y al impulso de universidades comprometidas con esta histórica responsabilidad social y política.

Si China pretende liderar el mundo con un modelo autoritario, la mejor respuesta de Occidente es impulsar planes de largo alcance que fortalezcan la democracia mediante una educación de excelencia, promotora de valores, y sistemas de ciencia y tecnología competitivos. Solo así formaremos ciudadanos libres, capaces de sostener nuestras instituciones democráticas y de respaldar una gestión pública eficiente, sin el lastre de la corrupción.

Quizás la mejor enseñanza venga de un proverbio chino:
“Si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces para diez años, planta árboles. Si lo haces para toda la vida, educa a una persona.”

José Ignacio Moreno León

Analizar el desempeño de la economía venezolana encara una dificultad fundamental: la carencia de estadísticas creíbles que deben publicar los entes del Estado, en particular el BCV, Ministerio de Finanzas, INE, Pdvsa, el Seniat, entre otros. No obstante, ese obstáculo, el uso de fuentes secundarias, tanto nacionales como internacionales permite hacer una aproximación decente sobre el desenvolvimiento de la economía durante los primeros nueve meses de 2025.

Otro desafío que implica el seguimiento de la coyuntura económica es la falta de definiciones de política económica de forma explícita tal como lo establece la Constitución al hacer obligatorio la publicación del Acuerdo Anual de Políticas Económicas, entre el BCV y el Ministerio de Finanzas, referidos a los objetivos de crecimiento económico, inflación, exportaciones petroleras, tipo de cambio y financiamiento. Ello cobra particular relevancia porque desde septiembre de 2024, el BCV realizó un cambio esencial al abandonar el ancla cambiaria y mutó a un sistema de devaluaciones diarias del bolívar. Así, ni el BCV publica su programa monetario ni el gobierno hace lo propio con la Ley de Presupuesto, ambos referentes para la evaluación de la política económica.

Actividad Económica

En términos de actividad económica hay dos sectores claramente diferenciados en lo relativo a su dinamismo. Por una parte, la producción petrolera ha venido aumentando gradual, pero sostenidamente, ayudada por la extracción de Chevron y otras empresas privadas, las cuales totalizan cerca del 30% del volumen de producción. En términos anuales, comparando el promedio de producción del lapso enero-septiembre 2025 respecto a similar período de 2024, se aprecia un incremento de 12%. Por su parte, las exportaciones en septiembre superaron el millón de barriles por día, de acuerdo con la Agencia Reuters, la gran mayoría de las cuales se dirige hacia China y unos 140.000 barriles diarios a EEUU, por cuenta de Chevron.

Para valorar correctamente la incidencia de la actividad petrolera en la economía como un todo hay que tomar en cuenta la ponderación del PIB petrolero en el PIB total y el multiplicador del gasto de la industria petrolera en la demanda agregada total y según la última publicación del BCV correspondiente al primer trimestre de 2019 esa ponderación correspondió a un 13,3 %. Con base a la incidencia directa de la actividad petrolera más el efecto multiplicador, la mayor aportación al crecimiento económico tendría que provenir de la actividad no petrolera.

La información publicada por el BCV sobre el PIB para los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, en tasas de variación, no es posible que se puedan validar por cuanto no se
dieron a conocer los valores del PIB de esos años. Es un hecho verificable estadísticamente que el efecto multiplicador de la producción petrolera ha venido declinando en el tiempo, en vista de la destrucción de capacidades de producción del sector metal mecánico y otros, asociados a la provisión de bienes y servicios a la industria petrolera.

La economía no petrolera, contrariamente a la petrolera, muestra signos evidentes de debilitamiento. Las actividades que desde el punto de vista de la oferta mueven al PIB no petrolero son el comercio y los servicios, la manufactura y la construcción. En el caso del comercio, los reportes de las ventas sugieren un menor nivel de demanda y lo mismo sucede en el sector manufacturero, este último significativamente afectado por las importaciones, en vista de la apreciación del tipo de cambio real. La industria de la construcción no parece mostrar el empuje para encadenar una recuperación notable de la economía. Por tanto, debido a que el peso del PIB no petrolero en el PIB total supera el 80%, es previsible que las cifras reales de actividad económica total durante el lapso analizado hayan mostrado un estancamiento o una contracción de alrededor de 2%.

Esa estimación se corresponde con una demanda agregada interna frágil en concordancia con la caída de las remuneraciones reales totales, en particular las del sector público, el cual emplea aproximadamente a la mitad de los trabajadores. El gasto agregado por ese concepto al tomar en consideración los ocupados en las distintas ramas de la Administración Pública y los pensionados del Seguro Social, acusó una contracción en el lapso bajo consideración. Hay que tomar en cuenta que el consumo privado representa el 64% de la actividad económica y por ello cualquier tendencia de esta variable está relacionada con el comportamiento del PIB en el corto plazo.

Variables que aproximan el comportamiento de la demanda agregada interna tales como la recaudación real y el crédito bancario real, no dan señales de una expansión de la economía no petrolera.

Inflación

En materia de precios, el BCV dejó de publicar los datos en septiembre de 2024. Sin embargo, es evidente que la inflación se ha acelerado considerablemente a partir de esa fecha, al unísono con la depreciación del tipo de cambio. Con un efecto transferencia promedio del alza del tipo de cambio a los precios de los bienes y servicios cercano a uno, es absolutamente plausible que la tasa de inflación anual en septiembre de 2025 se haya situado en el entorno de 370%.

En una economía dolarizada no importa la forma de pago, lo relevante es el proceso de formación de los precios y éstos se fundamentan en la dinámica de la cotización del
dólar, sea cualquiera la modalidad en la cual se materialice la transacción. De esta manera, con la escasez de dólares en efectivo y el menor uso de los tarjetahabientes de sus cuentas en moneda extranjera, el pago en bolívares naturalmente ha aumentado. Pero ello no significa una mayor demanda de moneda nacional porque la cantidad de dinero ajustada por los precios o medida en dólares ha disminuido, todo lo cual constituye un factor que presiona al tipo de cambio, por la menor la preferencia por bolívares, a lo cual se añade la limitada disponibilidad de activos emitidos en moneda nacional que sean atractivos como instrumento de cobertura. Es decir, también ha caído la demanda de bolívares como reserva de valor.

Tipo de cambio y reservas internacionales

En Venezuela ocurre la paradoja que el gobierno no tiene dólares, pero el sector privado mantiene esa moneda en cantidades apreciables. Dicho de otra manera, para efectos de la gestión macroeconómica interna, faltan dólares y sobran bolívares. El uso de cripto activos es una expresión de la carencia de dólares, especialmente para quienes no tienen cuentas bancarias en esa moneda, aunque también el gobierno las está empleando para sus transacciones. De hecho, el BCV ha reducido apreciablemente su intervención en el mercado cambiario usando dólares y euros hasta cifras muy modestas de apenas US$ 12 millones semanales, pero en cambio mediante el Banco de Venezuela ha venido realizando subastas de USDT donde el tipo de cambio resultante refleja una brecha de más de 50% respecto al tipo de cambio oficial. Esto representa un mecanismo para mejorar la menguada posición fiscal del gobierno aunque crea distorsiones muy severas en el mecanismo de fijación de los precios y las formas de pago. En la distribución que hace el Instituto Emisor de las divisas a los bancos, literalmente se asignan solamente a los sectores de alimento y farmacéutico, lo que significa de facto el establecimiento de un control de cambio, lo que obviamente deja una demanda insatisfecha que se expresa en el mercado paralelo y genera presión alcista del tipo de cambio.

Las reservas internacionales en poder del BCV se situaron al cierre de septiembre en US$ 7.964 millones, de las cuales liquidas serían US$ 1.500 millones, correspondiendo el resto a las tenencias de oro. El precio de este metal ha venido aumentado y tal vez ello explica el incremento de las reservas en divisas, en vista del método de valoración de las mismas que emplea el BCV.

En lo relativo a la política monetaria y fiscal, lo relevante es que el gobierno sigue recurriendo con intensidad al financiamiento monetario para cubrir el gasto. Así, el BCV financia a Pdvsa y esta transfiere los recursos al fisco para enjugar el déficit fiscal. Hasta junio de 2025 (última cifra publicada) el monto de ese financiamiento alcanzó a US$ 5.378 millones, lo que equivaldría a un 4% del PIB. Ha sido la emisión de dinero así descrita lo que explica el aumento de la base monetaria por cuanto hasta junio, en términos anualizados, el dinero primario aumentó 231% mientras que el financiamiento a Pdvsa lo hizo en 352%. El gobierno enfrenta entonces el dilema que mientras más gasta, apuntalado el financiamiento monetario, mayor es la depreciación del tipo de cambio como consecuencia de la declinación de la demanda de dinero.

En la situación de precariedad fiscal de Venezuela, ha incidido la merma de recursos recibidos por el gobierno debido a las limitaciones impuestas a Chevron con la nueva licencia emitida por la OFAC en materia de pagos de regalía e impuestos y los elevados descuentos aplicados por los compradores chinos al crudo venezolano. Aunque el ingreso petrolero en 2025 excede al de los años previos, lo recaudado ha debido ser mayor de no haber mediado los dos factores señalados.

Para que Venezuela salga de la trampa del estancamiento y alta inflación es condición sine qua non resolver la crisis política para poder abrir espacio al financiamiento externo y aplicar un programa económico expansivo que mejore las capacidades productivas y el ingreso de los venezolanos.

José Guerra