KHAN YUNIS, GAZA – APRIL 7: People inspect damage and remove items from their homes following Israeli airstrikes on April 07, 2024 in Khan Yunis, Gaza. The Israeli military reported today that it has scaled back ground troops in the southern Gaza Strip, leaving only one brigade. April 7th marks six months since Hamas led an attack on Israel, killing 1,200 people and taking around 250 people hostage. In response, Israel launched a retaliatory war in Gaza that has killed more than 33,000 people, according to the Gazan health ministry. As the latest round of ceasefire negotiations have stalled, the humanitarian crisis worsens in Gaza, while more than 100 Israeli hostages remain in captivity. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Desde el ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, hace casi dos años, en la Franja de Gaza se ha producido lo que todo el mundo ha visto a través de las fotografías e imágenes televisivas que los reporteros de diferentes medios transmiten desde el lugar de los acontecimientos: más de 66.000 muertos –la mayoría niños, mujeres y ancianos–, la destrucción de la inmensa mayoría de la infraestructura –incluidos hospitales, escuelas y edificios residenciales–, el asesinato de personal de salud que trabajaba para organismos internacionales de asistencia humanitaria, y de periodistas y reporteros gráficos que cubrían la fuente. Los crímenes y la ruina han alcanzado tal nivel de horror, que un organismo usualmente tan pasivo y lento como Naciones Unidas, califica de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza.

El estremecimiento internacional frente al horror de los que sucede en la Franja en presencia de todo el planeta condujo a que el presidente Donald Trump emprendiera una iniciativa dirigida a que Benjamín Netanyahu, su protegido y aliado incondicional, aceptara, en principio, un acuerdo a través del cual podría alcanzarse la paz en Gaza. El acuerdo no constituye, como dice el periodista Tom Bateman de BBC News, un camino seguro para lograr la paz, pero sí un marco global que podría terminar con la saña con la que actúa el ejército israelí bajo las órdenes de Netanyahu. Podría detener la limpieza étnica y el desplazamiento a los cuales está siendo sometida la población gazatí. Abriría la oportunidad para que, en un plazo no muy lejano, los palestinos renazcan de los escombros bajo los que se encuentran en la actualidad.

El proyecto presentado por Trump incluye, entre sus aspectos fundamentales:  la liberación en menos de 72 horas, luego de suscrito el compromiso, de los rehenes que aún están en poder de Hamás y la entrega de los cadáveres de los retenidos fallecidos durante el cautiverio; el desarme y desmovilización del grupo yihadista; el cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino; la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel; la entrada inmediata de ayuda humanitaria en Gaza; la eliminación de túneles e infraestructura de combate en la Franja.

Otro punto importante se relaciona con el establecimiento de una junta de paz, encabezada por el presidente norteamericano, que supervisaría la instrumentación de los acuerdos. A ese órgano podría incorporarse Tony Blair, el ex primer ministro británico, quien, al parecer, ha mostrado su interés en contribuir con el organismo. Más adelante, los gazatíes votarían por una autoridad de “transición” en la que los políticos y líderes afiliados a Hamás no podrían participar.

Hamás aún no se ha pronunciado oficialmente. Se sabe, sin embargo, que formula un conjunto de objeciones importantes que bloquean la posibilidad de suscribirlo. Esa agrupación islamista piensa que estaría firmando su condena de muerte. Quedaría fuera de la posibilidad de participar en un futuro gobierno y de concurrir a los procesos electorales que se convoquen. Además, como la proposición contempla su desmovilización y desarme, quedaría amputada para emprender acciones militares que comprometan la estabilidad de la Franja y la región. La milicia, ya se sabe, considera que debe incluirse un calendario con fechas claras del repliegue del ejército israelí de la Franja y las garantías de que la ofensiva de Israel acabará realmente, y no se reanudarán, como ha sucedido en otras oportunidades. Allí encontraron la excusa.

El hachazo a Hamás resulta inevitable y favorable. Sus dirigentes, que habían perdido legitimidad y popularidad en Gaza por todos los años de descomposición e ineficacia, cometieron la masacre del 7 de octubre con plena conciencia de las graves consecuencias que provocaría sobre la población civil de su país. Tenían que ser conscientes de que Netanyahu –al frente de un gobierno de ultraderecha nacionalista, en medio de una situación personal comprometida, debido a las acusaciones de corrupción en su contra y por pretender controlar el Poder Judicial– utilizaría el ataque contra esos ciudadanos indefensos para iniciar una ofensiva que lo fortaleciera ante sus adversarios, sedimentara su impopular gobierno y cohesionara a importantes sectores de la ciudadanía por la agresión de la que el país había sido objeto. El comportamiento de Hamás fue criminal e imperdonable. Ahora tiene que pagar las consecuencias de su insensatez.  Quien ha cargado con las culpas es fundamentalmente el sufrido pueblo palestino, además víctima durante casi dos décadas de los desmanes de la facción yihadista.

Ahora es el momento de que Hamás, aparte de padecer la presión del gobierno israelí, sienta el peso de los sectores que, aunque han condenado la desmesura de Israel, reprueban sin atenuantes el comportamiento de esos terroristas.

Todos las organizaciones y foros mundiales que promueven la convivencia pacífica, las negociaciones, los acuerdos de paz entre las naciones y los pueblos, deben pronunciarse a favor de que se alcance la paz en la Franja. La Internacional Socialista, la Internacional Demócrata de Centro, la Internacional Liberal, la Unión Europea, la Unión Africana, los países árabes, la ONU, la OEA. Todos aquellos que quieran expresarse para aislar a los guerreristas, donde también se encuentra Benjamín Netanyahu y la ultraderecha israelí, deben hacerlo.

El acuerdo representa una oportunidad para la paz. No debe desperdiciarse.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Nuevamente las familias y los maestros asumen el compromiso de comenzar un nuevo año escolar. Lo que en el pasado era una experiencia no exenta de dificultades, marcada por el regreso a la rutina, el reencuentro con los amigos, compañeros de trabajo y la renovación del compromiso entre los chamos, padres y docentes por hacer de la educación una experiencia de responsabilidades compartidas, hoy es vivida por muchos como un reto que pone al límite las fuerzas de las familias y que somete a prueba la vocación de trabajo de un gremio abandonado por el Estado.

En medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, muchas familias tienen que hacer frente a la decisión de costear una educación privada (expuesta también a grandes presiones) o recurrir al sistema público dirigido por un ministerio que asume sus responsabilidades como un compendio de consignas ideológicas que no tienen nada que ver con lo que ocurre dentro de las aulas de clase.

Planteles educativos en mal estado, con servicios  colapsados (hablamos de los más elementales como el agua, la luz, las letrinas y el aseo) con una falta significativa de personal docente para ocupar las vacantes de miles de profesionales que huyeron empujados por las condiciones laborales y sus malos salarios, con un pensum de estudio influenciado por la ideología de la dictadura y de espaldas a las necesidades académicas de las futuras generaciones de estudiantes universitarios y profesionales, son algunos de los síntomas de una educación pública que se ha convertido en una  impresora de títulos académicos que no garantizan la transmisión de habilidades académicas a nuestros chamos ni los ayuda a formarse para tomar las decisiones tan importantes que tienen que asumir en los primeros años de su vida.

En medio de esta situación de colapso, el alto mando del régimen volvió a usar el regreso a clases como una bandera que celebra la «normalidad» en el país, evidencia una supuesta calidad en el sistema educativo y evidencia la gloria de sus líderes, afirmaciones que repiten mientras el ministro de Educación da la espalda a la exigencia de discutir otro convenio colectivo, intenta imponer un calendario que desconoce los derechos de los trabajadores e invierte recursos en la construcción e imposición de un nuevo movimiento sindical que sea políticamente leal al régimen. El año escolar inicia con un compendio de consignas políticas disfrazadas de planes de gestión, tal como la escolarización masiva de niños por fuera del sistema escolar, el debate sobre la utilidad de las tareas y la controversia sobre los efectos de las redes sociales en la infancia.

Estos temas merecen ser analizados para la elaboración de políticas públicas construidas con el aporte de los profesores, familias y especialistas. Sin embargo, la propuesta se arroja pasando por encima de las opiniones de expertos y la experiencia de los docentes, usando además el tema de la reinserción educativa, con la que estamos todos de acuerdo, como lema de  propaganda que omite las condiciones reales de los planteles, el déficit de maestros y desconoce las necesidades de los niños y jóvenes por fuera del sistema, una población que necesita programas especiales de formación académica para recuperar el tiempo fuera del sistema escolar. Los colegios merecen ser mucho más que albergues de chamos dentro del horario escolar y los niños y jóvenes fuera del sistema necesitan y merecen una atención más cuidadosa.

Debatir sobre la utilidad de las tareas escolares es otro asunto abierto a debate que requeriría un ministro dispuesto a informarse y reconocer la verdadera calidad de la educación que se está impartiendo en las aulas y la importancia que tienen las familias en el esfuerzo por mejorar y profundizar, por medio de las tareas, los contenidos que logran transmitirse con mucho esfuerzo en el salón de clases. Sobre el efecto de las redes en nuestros chamos, un tema verdaderamente importante en Venezuela y en el mundo entero, poco se puede hacer mientras el régimen lo use como coartada para justificar una mayor censura en los medios y como un aliciente para incentivar el trabajo de sus propagandistas.

Venezuela está hipotecando su futuro con el colapso de la educación pública y enfrentar esta crisis requiere más que un compendio de consignas y eslóganes políticos, las ideas son bienvenidas siempre y cuando se escuchen a los involucrados, el gremio docente, sus verdaderos sindicatos, la comunidad de padres y los profesionales comprometidos con la recuperación del sistema educativo venezolano.

La educación y Venezuela necesita con urgencia un cambio.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta La Solidaridad y Mi Convive.

www.rpatino.com