Cualquiera que sea la contradicción actual entre Venezuela y Estados Unidos, ya sea pasible de diálogo –hay hasta quienes lo suponen en curso– o de un enfrentamiento armado –que muchos temen y otros añoran con fervor– yo coloco un principio abstracto y universal, el pacifismo, el no a la violencia armada. Así el bien y el mal estén claramente delimitados y hacer justicia aparezca como un mandato.

No creo que valga mucho la pena hacer un discurso prolijo sobre la posición pacifista. Fíjense que la distingo de la posición dialogal, el diálogo es una opción política, un cálculo, una línea política. El pacifismo es una posición moral, una apuesta que hay que llevar hasta un extremo lindante con el absurdo. Por supuesto, en determinadas situaciones históricas resulta una utopía: la guerra puede o debe ser más viable y sensata que una paz que puede ser una entrega sin honor, una derrota obvia, una masacre sufrida, y viceversa, la opción por la guerra puede ser entrar a las puertas del infierno, del horror.

Soy consciente de que el pacifismo tiene topes ciertos y muy a menudo es inviable en un mundo pleno de conflictos, seguro que sí. Y confieso que no puede llevarse a su definitiva asunción, salvo en casos individuales. No podemos, por ejemplo, sino repeler la violencia del otro, que nos obliga a la autodefensa. Digamos entonces que, si lo razonamos, solo puede ser un punto de partida que debemos extender hasta donde sea posible, pero seriamente, como una suerte de ideal imposible y deseable.

Debe haber algo psicológico, por ejemplo, muy fuerte en mí que repele la guerra y que no voy a  someter a introspección. Pero es un verdadero temor y temblor que se materializa, por ejemplo, viendo en los noticiarios de cada día los horrores de Gaza o Ucrania. O tantas otras imágenes, inagotables, que forman parte de nuestro alijo de seres de la modernidad. Y que nos hace considerar, con Freud, animales violentos, repulsivos.

Por ello, ante la incógnita de lo que va a suceder en esta enigmática y algo surrealista situación a que estamos sometidos hoy los venezolanos y sobre la cual nadie parece tener alguna certeza, yo al menos tengo un propósito, muy frágil, no a la guerra, no a la guerra hasta que podamos, hasta el último límite. Es posible que seamos obligados a escoger la sangre o la palabra compartida o quién sabe qué. Pero no estamos condenados al horror, a la bestia que mata.

Fernando Rodríguez

Se podrán financiar o no con fondos públicos acciones sanitarias, artísticas, educativas…, pero sin exclusiones subjetivas: el premio a quien gusta, el castigo a quien disgusta

A Donal Trump no le gusta Harvard y está en su derecho, pero lo que no puede hacer es llevar su preferencia legítima al punto de adoptar decisiones personalistas y discriminatorias que vulneran el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica de los centros. Esto es lo que Allison D. Burroughs, juez del Tribunal Federal de Boston, declara que está detrás de las órdenes de congelación de 2,2 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos con la Universidad de Harvard; y por eso, su sentencia de 3 de septiembre, las anula.

En este conflicto, la decisión de retirar los fondos públicos se basaba formalmente en la tolerancia de la Universidad con comportamientos de odio antisemita. La sentencia no niega que esto se produjera, pero lo contextualiza: «Los demandados y el presidente tienen razón al combatir el antisemitismo y utilizar todos los medios legales para hacerlo. Harvard se equivocó al tolerar comportamientos de odio durante todo el tiempo que lo hizo. Sin embargo, el expediente no refleja que la lucha contra el antisemitismo fuera el verdadero objetivo de los demandados al actuar contra Harvard y, aunque lo fuera, la lucha contra el antisemitismo no puede llevarse a cabo a espaldas de la Primera Enmienda. Debemos luchar contra el antisemitismo, pero igualmente necesitamos proteger nuestros derechos, incluido nuestro derecho a la libertad de expresión, y ninguno de los dos objetivos debe ni necesita ser sacrificado en el altar del otro».

La sentencia destaca que el reprobable antisemitismo no es la verdadera causa de la decisión jurídica adoptada, basándose en algunos mensajes del presidente en Truth Social y señalando que Harvard es «una burla» que «no debería recibir fondos federales (…) contrata a casi todos progresistas, izquierdistas radicales, idiotas y cabezas huecas que sólo son capaces de enseñar el fracaso a los estudiantes», incluidos «dos de los peores y más incompetentes alcaldes de la historia de nuestro país» (en referencia a los demócratas Bill de Blasio y Lori Lightfoot). Para el presidente, Harvard «empuja a la enfermedad política, ideológica y de inspiración/apoyo terrorista»; es una «institución de extrema izquierda (…), un lío liberal que permite a cierto grupo de lunáticos enloquecidos entrar y salir de las aulas y vomitar falsa ira y odio».

Con diferentes matices se dan entre nosotros situaciones similares en diferentes ámbitos de la acción administrativa, olvidando que el reparto de los fondos públicos puede ser discrecional –de hecho lo es–, pero nunca arbitrario. Tal vez sin las explosivas manifestaciones de un presidentes en redes sociales, pero el hecho real subyacente es, esencialmente, el mismo.El poder público puede elegir las acciones o fines que desea promover, pero siempre respetando los límites del principio de legalidad para los particulares –todo lo que no está expresamente prohibido debe entenderse permitido–, sin introducir tratos diferenciales discriminatorios, ni incurrir en desviación de poder. Financiación universitaria, conciertos educativos, concesiones de suelo para iniciativas sociales educativas o sanitarias, distribución de publicidad institucional, etcétera, son ámbitos donde la primacía de los criterios jurídicos desplaza absolutamente a los políticos. En muchos casos se trata de ámbitos en los que despliegan su eficacia otras libertades fundamentales que no es lícito sacrificar en ningún altar. La libertad de enseñanza –incluidas la de cátedra o la de creación de centros docentes–, empresa, expresión, información o creación artística están sometidas a los caprichos, veleidades o simpatías más o menos declaradas de los titulares del poder público. Muy al contrario, la libertad precede y justifica al poder público, pues «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» (artículo 1 DUDH).

El principio básico de libertad –el primer valor de nuestro ordenamiento– exige que el Estado respete y tutele todo lo que es legal en su origen y se desarrolla legalmente. Se podrán financiar o no con fondos públicos acciones sanitarias, artísticas, educativas…, pero jurídicamente deben rechazarse las preferencias o exclusiones subjetivas del poder público: el premio a quien gusta, el castigo a quien disgusta. Nuestro Tribunal Supremo lo ha afirmado reiteradamente, señalando que una vez anunciada la subvención «termina la discrecionalidad y comienza la regla, y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo».

En materia de subvenciones y ayudas públicas la suma de libertad e igualdad se llama neutralidad y es una exigencia jurídica básica del ejercicio del poder en un Estado de derecho. Lo mejor de la libertad es que nos protege a todos, no sólo a algunos. Tal vez por eso hay muchos que desconfían de ella y pretenden limitarla y controlarla.

ABC.es

Es doloroso, profundamente doloroso, ver que el asesinato de Charlie Kirk —figura polarizadora, sin duda— haya sido recibido por algunos con júbilo. Celebrar la muerte de alguien, de izquierda, derecha o del centro, habla no solo de quién fue la víctima, sino de quiénes somos como sociedad cuando permitimos que el odio nos gane.

La base de la democracia occidental —ese sistema que muchos defienden con pasión— descansa sobre el derecho a opinar, a disentir, sin temor a ser silenciado, sin miedo al asesinato. Esa libertad no es un ideal abstracto; es el tejido que sostiene el espacio público donde se cruzan las ideas, donde la diferencia no obliga al exterminio, sino al diálogo.

No sirve de nada contabilizar «cuántos muertos hay de cada bando». Ninguna estadística puede justificar que se festeje una vida arrancada. Porque la vida humana no tiene afiliación política que la haga prescindible. Nadie —sea del partido que sea, de la ideología que sea— tiene derecho a matar a nadie. Celebrar una muerte es una sombra que le quitamos a nuestra propia dignidad.

He visto en mi vida luchas feroces por causas justas, debates encendidos por ideales profundos, y he aprendido que lo que genera cambio no es la rabia que busca venganza, sino la reflexión que busca justicia. Si un líder o ciudadano celebra esta muerte, el otro día podría celebrar otra. En ese juego de retribución, la cuenta se convierte en espiral sin fin.

Seremos mejores si nos detenemos a preguntarnos: ¿cómo hablamos del otro cuando ya no puede defenderse ni replicar? ¿Cómo tratamos al diferente cuando no está presente para escuchar nuestro juicio? Esa interrogación exige de nosotros ternura, integridad, coherencia. Porque la democracia no es solo el derecho a hablar, sino también el deber ético de escuchar, de respetar, aunque no se esté de acuerdo.

Hoy más que nunca, necesitamos líderes y ciudadanos dispuestos a elevar el debate, a exigir responsabilidad inclusive ante la muerte; que definan su compromiso no por la intensidad de su enojo, sino por la altura de su humanidad.

Que este episodio nos sirva para reafirmar lo que de verdad somos o queremos ser: una sociedad que opta por la compasión sobre el miedo; por la paz sobre la ira; por la vida, siempre. Porque solo así construiremos un legado civilizador que trascienda los mortales errores del odio.

Ismael Cala

X: @cala

Imaginar que todos los países de América Latina sean regidos por un orden republicano respetuoso de la libertad y la democracia parece una utopía. Puede no serlo. La vida de los pueblos no se mide en años sino en décadas, y a veces en siglos. A golpes de experiencia, muchas veces terribles, finalmente aprenden de sus errores.

Es el caso de los venezolanos. En 1998 entregaron todo el poder a un falso salvador que usó la democracia para acabar con ella (y con las instituciones y la ejemplar empresa pública Pdvsa), todo bajo la guía de Castro, su padre espiritual. Ungido por Chávez, llegó Maduro, un tirano sangriento que junto con su camarilla ha llevado al país a la mayor implosión de la historia iberoamericana. Pero como el populismo no mata a los pueblos, sino que lentamente los asfixia, el efecto fue sintiéndose paulatinamente hasta convertirse en la toma nacional de conciencia que ha ocurrido en estos años.

Para que nuestra América construya esa nueva realidad democrática, Venezuela debe retornar a la democracia con la investidura de Edmundo González, su presidente legítimo, y el triunfo histórico de María Corina Machado, heroica líder de esta gesta liberadora. El mecanismo parece estar en marcha. La autocracia criminal que oprime al país podría verse pronto obligada a abandonar el poder debido a la presión interna y externa. Cuando suceda, el impacto asombrará al mundo. Venezuela, un país rico en petróleo, es aún más rica en la valentía y la resistencia de su gente, decidida ya a librarse de los capos. Millones de expatriados regresarán a su país para reconstruirlo. Las familias se reunificarán. Los venezolanos valoran como nunca antes el significado de la libertad.

Una América libre de dictaduras sería una vuelta al origen. Ese fue el verdadero sueño de Simón Bolívar. Y el de José Martí. Con variaciones, todos nuestros países se constituyeron desde su nacimiento con los elementos esenciales de cualquier república (separación de poderes, Estado de derecho, libertades civiles, libertad de prensa, elecciones regulares). Esos ideales persistieron siempre. Hubo casos más exitosos y duraderos (Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y, durante largos períodos, Argentina) pero la fragilidad e inestabilidad de las repúblicas no se debieron a la renuncia de los ideales sino a la influencia adversa de tres factores: los caudillos, dictadores y militares que en el siglo XX adquirieron un perfil fascista; la revolución marxista que en Cuba instauró la primera dictadura que nunca se avergonzó de serlo y reverberó en las guerrillas de toda la región; y Estados Unidos que, traicionando a los liberales del continente, prefirió apoyar a los dictadores, porque eran “sus dictadores”.

En este siglo, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y México contrajeron el virus populista, que es una mezcla maligna de los dos primeros factores. Pero ahora, las redes sociales han evidenciado la realidad de Venezuela (no se diga la de Cuba y Nicaragua) y el mal ha comenzado a revertirse en Ecuador, Perú y Bolivia. Este repliegue –importa señalar– no implica un desprestigio de la izquierda democrática que gobierna legítimamente (y quizá seguirá gobernando) en Brasil y Chile, dos países cuyos regímenes no tienen un carácter populista porque sigue rigiendo en ellos el Estado de derecho y hay libertades políticas. Y con todas sus estridencias, lo mismo cabe decir, en el extremo ideológico opuesto, de Argentina.

¿Ha cambiado el factor externo? A Trump no le preocupa la democracia en nuestros países. De hecho, la está desmantelando en el propio y no oculta sus simpatías por los autócratas asiáticos. Pero esos autócratas tienen su propio juego, incompatible con el suyo. Por otro lado, ha decidido enfrentar al narco como una amenaza terrorista en todo el hemisferio. Por ello, la simbiosis del régimen de Maduro con el narco, sumada a su historial asesino, está llevando a Estados Unidos a incidir en la liberación del pueblo venezolano, cuya voluntad soberana ha sido desconocida por Maduro. Es deseable que esta presión derive en una remoción pacífica del régimen y un tránsito ordenado a la tan anhelada etapa de reconstrucción. Las demás vías de cambio ya han sido intentadas sin resultado.

La libertad debe volver a Venezuela. Su ejemplo alentará el eventual cambio en Nicaragua y Cuba, e impedirá que los regímenes de izquierda y derecha que han exhibido proclividades autoritarias cesen de pisotear el Estado de derecho, las libertades y la transparencia electoral.

No es una utopía. Es la modesta visión de una sociedad trabajadora, pacífica y decente. La misma que soñaron los fundadores de nuestras repúblicas.

Enrique Krauze