Caracas, 26 jul (EFE).- Venezuela se prepara para elegir dentro de unas pocas horas a 335 alcaldes y a los miembros de igual número de concejos municipales, en unos comicios rechazados por la mayor coalición opositora y en los que participa un sector minoritario de la oposición encabezado por aquellos burgomaestres actualmente en ejercicio que pelearán por sus espacios.

El bloque chavista Gran Polo Patriótico, encabezado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), augura una “gran victoria” e insiste en que “llegó la hora” de un alcalde oficialista en municipios como el caraqueño Chacao, bastión de la oposición.

El oficialismo también apuesta por mantener el poder que ostenta desde hace 25 años en el municipio Libertador de Caracas, al postular para la reelección a la almirante y exministra de Interior y de Defensa Carmen Meléndez, y buscará recuperar, de la mano de un exmandatario local, la actualmente opositora ciudad de Maracaibo, capital del petrolero y fronterizo estado Zulia (noroeste).

En estos comicios no se elegirán autoridades locales para la Guayana Esequiba, la región venezolana número 24 que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro creó el año pasado en reclamo del territorio disputado con Guyana, que actualmente lo administra.

De manera simultánea a esta elección, en la que están llamados a votar unos 21,52 millones de ciudadanos, se llevará a cabo una votación para escoger unos proyectos comunitarios destinados a la juventud que serán financiados por el Estado, proceso en el que podrán participar los venezolanos a partir de los 15 años.

Estas votaciones se celebrarán un día antes del primer aniversario de la controvertida segunda reelección de Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, un resultado considerado “fraudulento” por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia, en el exilio desde hace más de 10 meses.

Desde julio pasado, según datos del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, que encabeza la dirigente opositora María Corina Machado, al menos una decena de alcaldes han sido detenidos por diversas causas, entre ellos Rafael Ramírez Colina, de Maracaibo, a quien reemplazó Adrián Romero, actual candidato a la reelección.

Todo “listo”
Está previsto que los 15.731 centros de votación estén abiertos a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este domingo, cuando se elegirán 2.806 cargos -335 alcaldes y 2.471 concejales- y 5.336 proyectos para los jóvenes.

El CNE asegura estar “listo” para lo que prevé será una “gran jornada electoral” que necesitó un “nivel amplio” de planificación y de coordinación, según el vicepresidente del organismo, Carlos Quintero.

Cerca de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de este viernes, el CNE informó que el 99,02 % de las 36.347 mesas de votación ya estaban instaladas en todo el territorio, entre ellas, 20.410 para la elección municipal y 15.937 para la consulta de la juventud, con la participación de más de 90.000 miembros de mesa y testigos de organizaciones políticas.

En este proceso participan 53 partidos nacionales y regionales, así como organizaciones indígenas, que, por su parte, escogerán a su representación en 69 municipios el próximo 3 de agosto.

La logística
Según Quintero, el organismo electoral “tendrá sus mecanismos de contingencia para garantizar la operatividad del sistema automatizado” de votación.

Señaló que se ha capacitado a 60.515 técnicos electorales, entre ellos operadores de máquina, soporte y coordinadores de centros.

Un total de 379.989 funcionarios de distintos organismos, empresas e instituciones del Estado, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las carteras de Interior y de Educación y las compañías de electricidad y telecomunicaciones, estarán desplegados para garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad y custodia del material electoral y de los centros.

Además, unos 1.400 veedores nacionales y extranjeros acompañarán el proceso, de acuerdo con el CNE.

Por otra parte, la Fuerza Armada estableció desde este viernes, y hasta el próximo lunes, un “estricto control del desplazamiento fronterizo” de personas por vía terrestre, aérea y marítima, así como del paso de vehículos, a fin de “prevenir actividades” que “pudiesen representar amenazas a la seguridad” nacional.

La madrugada de este sábado, el Ejecutivo venezolano anunció que los pasos fronterizos del país, vecino de Colombia y Brasil por vía terrestre, estarán cerrados durante 48 horas, hasta las 6.00 hora local (10.00 GMT) del lunes, con el fin de “facilitar el desarrollo de las elecciones”. EFE

csm/lb/sbb

Desde la medianoche de este viernes 25 de julio entró en vigencia la ley seca en todo el territorio nacional, como parte del dispositivo de seguridad del Plan República, de cara a las elecciones municipales y la III Consulta Popular que se celebrarán el domingo 27 de julio de 2025.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.921, prohíbe la venta y distribución de bebidas alcohólicashasta las 11:59 p.m. del lunes 28 de julio. Pero no es la única restricción. El decreto también establece la prohibición del porte de armas de fuego y armas blancas, así como la suspensión de reuniones públicas, concentraciones y manifestaciones durante todo el fin de semana electoral.

Para reforzar el orden, las autoridades han implementado controles en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de suspender temporalmente el traslado y operación de maquinaria pesada en las vías del país, salvo en casos de emergencia. También se restringe la venta de fuegos artificiales, como parte del esfuerzo por evitar alteraciones del orden público.

Estas medidas buscan garantizar un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de los comicios, según lo establecido por el Plan República.

Seis organizaciones internacionales, entre las cuales está Amnistía Internacional (AI), denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «la política sistemática y sostenida de represión» en contra de personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela dos días antes de que el país celebre sus elecciones municipales.

Las organizaciones, que se presentaron ante la Corte en representación de organizaciones nacionales venezolanas, alertaron en un comunicado que el Estado venezolano ejerce «una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión» contra defensores de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización».

De acuerdo con el comunicado, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras y la tendencia se recrudeció tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso que es tachado de fraude por la oposición y que despertó amplias protestas en el país.

En lo que va de 2025, las organizaciones contabilizan 236 ataques más, entre las cuales denuncian desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y acusaciones de terrorismo «sin pruebas».

Otro mecanismo represivo destacado por AI es la anulación arbitraria de pasaportes de las personas defensoras y de sus familiares, sin justificación ni notificación oficial. Según un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que también firma el comunicado, al menos 40 personas perdieron sus pasaportes como medida para «silenciar voces».

Las organizaciones también denunciaron la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, por cerrar el espacio público y establecer «sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir, a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra organizaciones que defienden derechos humanos».

Ante la crisis de Venezuela, Amnistía reafirma y dignifica el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en el documentar, acompañamiento a las víctimas y en la denuncia de las violaciones a sus derechos.

«Su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional», concluye el comunicado.

Además de AI y el CEJIL, también firman la declaración la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).

EFE