Los Ángeles (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este jueves un informe que identifica “importantes” vulnerabilidades de seguridad en un programa que ofrece protección y un camino a la residencia permanente a menores inmigrantes que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno de sus padres, conocido como SIJ.

El informe ‘Criminalidad, Pandillas y Preocupaciones de Integridad del Programa de Peticiones de Jóvenes Inmigrantes Especiales’ encontró debilidades en el sistema de evaluación SIJ, lo que supone un reto para la seguridad pública del país.

USCIS analizó más de 300.000 peticiones presentadas entre octubre del 2012 hasta febrero de 2025 por menores que querían ser amparados por la visa para juveniles SIJ, que los protege de la deportación y da un camino a la legalización.

La investigación detalla que 853 solicitudes a ese programa fueron hechas por menores clasificados como conocidos o presuntos pandilleros, y la mayoría fueron aprobadas.

Más de 600 menores vinculados con la pandilla salvadoreña MS-13 presentaron solicitudes de SIJ, y más de 500 fueron aprobadas. Entre estos solicitantes se incluyen al menos 70 acusados de delitos federales de crimen organizado y muchos otros acusados de delitos violentos en Estados Unidos, detalla el informe.

Los investigadores también encontraron que se aprobaron las solicitudes de 100 menores que presuntamente eran miembros o estaban vinculados a la pandilla Calle 18; al menos tres inmigrantes relacionados con el Tren de Aragua; y «docenas» de menores pertenecientes a las pandillas Sureños y Norteños.

Algunos solicitantes de SIJ cometieron fraude al momento de presentar la solicitud sobre su nombre, fecha de nacimiento y país de ciudadanía, entre otros, asegura USCIS.

«Extranjeros delincuentes se están infiltrando en EE.UU. a través de un programa diseñado para proteger a niños extranjeros maltratados, desatendidos o abandonados”, declaró el portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser.

El mes pasado USCIS rescindió un cambio hecho por el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), que otorgaba permisos de trabajo y protección contra la deportación a los solicitantes de este programa ante la falta de visas SIJ aprobadas por el Congreso.

En un comunicado USCIS dijo que la Casa Blanca también está explorando nuevas medidas para «mitigar las vulnerabilidades» en la integridad del programa SIJ y garantizar que la clasificación SIJ siga estando disponible para los menores a los que pretendía proteger.

El Congreso de EE.UU. estableció el programa SIJ en 1990 y lo ha modificado en varias ocasiones para permitir que los menores inmigrantes indocumentados, a quienes un tribunal ha determinado que no pueden reunirse con uno o ambos padres debido a abuso, negligencia o abandono, se acojan al beneficio que otorga la residencia permanente legal, y un eventual camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Por ley, no existen impedimentos penales ni requisitos de buena conducta moral para que un peticionario de SIJ pueda obtener la aprobación de su solicitud. EFE

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Las autoridades aduaneras de Perú confirmaron este jueves que incautaron en el puerto del Callao un contenedor con mercurio de contrabando por un valor aproximado de 1,7 millones de soles (unos 500.000 dólares o 406.000 euros) que había sido enviado desde México con destino a Bolivia.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó en un comunicado que detectó la carga ilegal adherida a un envío de 20 toneladas de «piedra chancada» (gravilla), transportada en bolsas de 25 kilos que, según las estimaciones especializadas, tras ser procesada podría rendir unas 4 toneladas de mercurio líquido.

«Es la primera incautación de este tipo de insumo químico, utilizado por la minería ilegal, que se realiza este año», remarcó el organismo antes de remarcar que el cargamento llegó en tránsito a Perú y se dirigía de México a Bolivia.

Ante esto, informó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público para que se adopten las acciones legales correspondientes y se realizó un intercambio de información con entidades estatales y del sector privado.

El organismo explicó que «el mercurio es utilizado, principalmente, para extraer oro a través de un proceso llamado amalgamación, siendo una técnica empleada por la minería ilegal, que se realiza sin ningún tipo de medida de seguridad».

Una operación internacional
Previamente, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) informó este jueves que una investigación suya permitió realizar una incautación récord de mercurio presuntamente destinado a la minería ilegal en Perú y revelar las redes de logística de grupos criminales, que aparentemente también tienen conexiones desde México hacia Bolivia y Colombia.

De acuerdo con sus hallazgos, entre abril de 2019 y junio de 2025 se han traficado aproximadamente 200 toneladas de mercurio, lo que ha generado, según estimaciones conservadoras, la producción de al menos 8.000 millones de dólares en oro ilegal, al precio actual, que supera los 3.300 dólares por onza (28,3 gramos).

Según ese reporte, con la información proporcionada por EIA, las autoridades de Aduanas de Perú incautaron el mercurio procedente de México en junio pasado, en un cargamento fue transportado por la naviera Ocean Network Express (ONE) en un buque de Hapag Lloyd.

La Sunat agregó, al respecto, que la operación ilegal al parecer comenzó con la extracción de cinabrio (mineral de mercurio) en México, que fue procesado e impregnado en la gravilla y luego sometido a elevadas temperaturas en un proceso conocido como ‘tostación’ en hornos rotativos.

«Con esta incautación se permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de mercurio que se trasladaría y comercializaría, principalmente, en México, Perú, Colombia y Bolivia, incumpliendo con la normatividad de los países donde se distribuye, así como del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», ratificó.

Alberto News

Lima, 24 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) evaluó este jueves un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Betssy Chávez, ex primera ministra durante el mandato presidencial de Pedro Castillo, para que se anule la prisión preventiva en la que permanece desde junio de 2023 y sea liberada de manera inmediata.

La defensa de Chávez, que está acusada de rebelión como presunta participante del fallido golpe de Estado que dio el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre de 2022, considera que la ex primera ministra es parte de una presunta detención arbitraria.

Los abogados sostienen que la prolongación de la prisión preventiva contra Chávez fue emitida una semana después de que se venciera el plazo inicial de 18 meses, y que durante ese tiempo se vulneró su derecho fundamental a la libertad personal y estuvo en una «indefinición jurídica», según expuso el abogado Luis Barranzuela.

«Si bien la Fiscalía presentó el requerimiento de la prolongación un día antes del vencimiento, lejos de disponer la inmediata realización de la audiencia, fue convocada para una semana después», lamentó Barranzuela.

Por su parte, la representante de la Procuraduría (Abogacía del Estado) del Poder Judicial que intervino en la audiencias sostuvo que «lo manifestado por la parte demandante no se ajusta a realidad porque el requerimiento de prolongación de prisión preventiva se ha solicitado antes del vencimiento del plazo».

«Es importante resaltar que la audiencia fue debidamente notificada. La señora contaba con tres abogados. Uno renunció y los otros dos fueron debidamente notificados pero no asistieron. (…) Se pudo observar que se respetó el principio de defensa y de legalidad ya que estuvo debidamente representada (con un abogado de oficio)», añadió.

La procuradora consideró que Chávez no pudo ser liberada porque «subsiste el peligro procesal y la complejidad del caso» y advirtió que «en el proceso penal ordinario se ha recurrido a ese auto y se ha dado respuesta a sus cuestionamientos».

«Actualmente Betssy Chávez cumple una prolongación (de 15 meses) de prisión preventiva que sigue vigente», agregó.

Tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe, que derivó en la destitución del exmandatario, junto a otros exintegrantes del gabinete y afrontan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.

En huelga de hambre

Chávez se declaró la pasada semana en huelga de hambre y decidió no acudir a una audiencia del juicio.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó en un comunicado que Chávez se negó a dejar la cárcel de Mujeres de Chorrillos para ir a la sala penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde se celebra el juicio contra ella y Castillo.

Según el organismo penitenciario, la ex primera ministra manifestó que «desea que las autoridades penitenciarias atiendan sus reclamos, e indicó su decisión de iniciar una huelga de hambre».

Ante esto, el Inpe anunció que ha abierto un procedimiento administrativo disciplinario en su contra e informó, además, que la Junta Médica Penitenciaria determinó que debe ser atendida en la especialidad de gastroenterología, ya que presenta dolencias de ese tipo.

Chávez ya pidió en abril pasado que se le traslade al penal de Barbadillo, donde también está recluido Castillo, y es conocido como «la cárcel de los presidentes» por albergar en exclusiva a ex jefes de Estado.

En esa prisión, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), también están presos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), ambos condenados por casos de corrupción. EFE

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