Tres de los principales medios españoles dedicaron su editorial del viernes a la decisión del Tribunal Constitucional a favor de la amnistía para líderes del fallido proceso independentista catalán, ratificando de esa forma la voluntad del Congreso de los Diputados donde el partido de gobierno, el histórico PSOE, completa su mayoría precisamente con los beneficiarios directos de la medida de gracia.
“Por primera vez en nuestra democracia, no podemos asegurar que todos los poderes públicos estén sujetos a la Constitución”, dice tajante el diario El Mundo, que añade que la “duda supone en sí misma una dolorosa derrota del Estado de derecho, consumada, para mayor fracaso moral, por el órgano de garantías, cuya politización ha segado cualquier atisbo de independencia y neutralidad en su seno.”
El Español de Pedro J. Ramírez, quien acaba de cumplir 45 años como director (primero en Diario 16, luego en El Mundo y ahora en El Español) indica que el “Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía con una sentencia que no sólo legitima una norma profundamente controvertida, sino que redefine los límites del Poder Judicial en España”. El diario se permite expresar directamente “su más firme oposición a esta decisión, que convierte al Alto Tribunal en un poder constituyente de facto, usurpando la soberanía nacional que reside exclusivamente en el pueblo español!
El País, periódico que nació a la par de la democracia española, para expresar el nuevo país que surgía después de la terrible, larga y dolorosa dictadura franquista, mira ahora sin embargo desde otro ángulo al señalar que lo que “socava los fundamentos del Estado de derecho” es poner “en duda” la licitud del tribunal de garantías.
El diario madrileño minimiza el alcance de la decisión adoptada cuando apunta que “solo extingue responsabilidades penales sobre delitos cometidos en el pasado”. Claro, todavía no se han inventado amnistías sobre lo que ocurra en el futuro. El País, para compensar, advierte que “si los líderes independentistas se embarcan de nuevo en un proceso secesionista, sus conductas volverán a ser castigadas.”
Los líderes independentistas han gritado a los cuatro vientos que lo volverán a intentar. Y tienen prisa. Pedro Sánchez sigue en el poder, aunque no se sabe si por un mes o un año, como admitió Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana Catalana (ERC) en el Congreso e integrante de la plataforma que apoya la independencia catalana.
El País no pasa por alto, sin embargo, que la amnistía es el resultado de “una transacción parlamentaria que hizo posible la ley a cambio del apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, que en el pasado había negado categóricamente la posibilidad de promover tal norma.”
Si bien es cierto que el asunto de la independencia de Cataluña ha bajado en intensidad política en la propia comunidad desde la aprobación de la ley en el Congreso, tan bien lo es que a cambio ha agriado la contienda política en el conjunto de la sociedad española, por lo que se considera un trato desigual entre los ciudadanos.
Los propios separatistas, encabezados entre otros por Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, metieron la mano en la redacción de la ley. Una autoamnistía, dicen los críticos tanto en España como en el gobierno comunitario europeo que esgrime dos razones para tal apreciación: los votos de sus beneficiarios fueron fundamentales para su aprobación en el Congreso y, dos, el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Es decir, de Pedro Sánchez.
Editorial de El Nacional
