La Alianza Venezolana por la Salud de la Persona, su Integridad y Dignidad denunció en un comunicado que a los médicos Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado Sequera los torturaron. Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
En el caso de Marulanda señaló que los agentes de inteligencia lo aprehendieron y durante cuatro días estuvo desaparecido. Añadió que luego fue presentado ante los tribunales militares, sin elementos que justifiquen su detención.
Testimonios de familiares, amigos y defensores legales indican que este médico presenta hipoacusia izquierda por traumatismos contusos, parestesia en las manos que podría indicar lesión en los nervios radiales, con marcas visibles de esposas en las muñecas y moretones en los pies, que evidencian agresiones, abusos y torturas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Afirman que esas lesiones “podrían comprometer su posterior desenvolvimiento como persona y su ejercicio como traumatólogo y cirujano especializado”.
En el caso de Aguado Sequera, se le ha diferido la causa, al menos tres veces, y no se le ha permitido recibir tratamiento médico adecuado y oportuno, lo que compromete su integridad física.
La alianza señala que Marulanda Bedoya y Aguado Sequera deben ser juzgados por sus jueces naturales, teniendo conocimiento de los hechos que se le imputan y con todas las garantías procesales a las que ha lugar.
Exhorta al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y demás entes competentes a abrir una investigación sobre lo denunciado.
Es “imperativo sumarnos a las voces de aquellos que han venido denunciado las vejatorias condiciones que hacen nugatorios los derechos de los presos políticos y sus familiares; así como las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren quienes, en justo ejercicio de sus derechos, expresan su disenso con el régimen que ilegítimamente detenta el poder en Venezuela y le reclaman el retorno a los caminos democráticos o, simplemente, el deterioro de sus condiciones de vida y salud o el pago de salarios decentes y suficientes”, indica.
Y añade: “La tortura destruye dignidad, cuerpo y mente; sus efectos y secuelas se prolongan en tiempo y espacio, tanto en el que la sufre como en su familia y comunidad. Constituye una de las más graves violaciones de los derechos fundamentales, de allí que tanto la doctrina como el derecho repudien su aplicación en cualquier contexto, trátese de interrogatorio, castigo, intimidación de detenidos o aprehensión de sospechosos”.
