No existe apelación directa en las cortes federales a la decisión. No hay un plazo inmediato sobre cuándo volvería Martinelli a Panamá, si es que el Departamento de Estado respalda la extradición.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli debe ser extraditado desde Estados Unidos para que enfrente acusaciones de espionaje político y malversación en su país, ordenó el jueves un juez federal de Miami.
Ahora el fallo de 93 páginas emitido por el magistrado federal Edwin Torres pasará al Departamento de Estado, que decidirá en última instancia si Martinelli debe volver a Panamá. La dependencia ha argumentado en documentos de la corte que está a favor de la extradición del exmandatario.
“Tras una cuidadosa revisión de la evidencia en el registro, estamos obligados a encontrar que la solicitud de extradición interpuesta por Panamá satisface todos los requerimientos legales”, escribió Torres. “Existe evidencia suficiente para establecer una causa probable en todas las acusaciones que se le presentaron a Martinelli”.
Martinelli, de 65 años, fue presidente de Panamá de 2009 a 2014. Está acusado de monitorear ilegalmente las llamadas telefónicas y otras comunicaciones de al menos 150 personas a través de un extenso sistema de espionaje. También enfrenta cargos de malversar alrededor de 13 millones de dólares en fondos públicos vinculados al sistema, que estuvo en operaciones de 2012 a 2014.
Los abogados del expresidente alegaron que la actualización del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos no es aplicable al exmandatario, y que existe poca evidencia para respaldar las acusaciones. Afirmaron que esta imputación es una vendetta política orquestada por sus adversarios.
En Panamá, la exdiputada Balbina Herrera, una de las personas que acusa a Martinelli de haberla espiado, dijo que la decisión del juez Torres plantea un “antes y un después” y que demuestra que “nadie puede estar por encima de la ley”.
Asimismo, recalcó que en Panamá es un día histórico. “Hoy este país se pone en las primera planas del mundo diciendo que un expresidente va a regresar (a su país) con grilletes en las manos”, expresó Herrera, quien también fue candidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático en los comicios de 2009 y fue derrotada en la contienda por Martinelli.
Por su parte, el exlíder civil y empresario Aurelio Barría ensalzó la decisión del juez de Miami y cuestionó la justicia panameña. En Estados Unidos “no sucede lo que vemos en Panamá, donde los procesos se caen y los jueces toman decisiones orientadas por otros valores”.
Martinelli ha estado retenido sin derecho a fianza desde que fue arrestado en junio pasado en su residencia del área de Miami debido a la solicitud de extradición del gobierno panameño. Ha intentado obtener asilo político en Estados Unidos.
Sus abogados afirmaron que la solicitud de extradición va en contra de los términos del tratado actualizado de extradición entre ambas naciones en lo referente a crímenes cibernéticos, el cual entró en vigor en julio de 2014, después de que se cometieran las supuestas ofensas. Aseguran que el tratado original de extradición entre Estados Unidos y Panamá, que se remonta a 1905, contiene una cláusula que subraya que no se aplica retroactivamente, y destacaron que dicha cláusula permanece vigente.
Los fiscales estadounidenses insisten que la postura, tanto del gobierno panameño como del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que Martinelli puede ser extraditado dentro de la ley tanto por los cargos de espionaje como de malversación. Señalaron que la cláusula original de retroactividad no es aplicable en su caso.
Torres estuvo de acuerdo con los fiscales, al encontrar que el tratado actualizado abarca las acusaciones de delitos cibernéticos y que existen pruebas suficientes de malversación como para permitir que proceda la iniciativa panameña de enjuiciarlo.
“Encontramos únicamente que existen bases razonables para suponerlo culpable de todos o de algunos de los cargos que se le imputan”, escribió Torres.
Las audiencias en el caso de Martinelli se han realizado en el mismo complejo de tribunales de esta ciudad de Florida en el que otro expresidente panameño, Manuel Noriega, fue juzgado y declarado culpable de narcotráfico después de que el ejército estadounidense invadió su país en 1989. Noriega cumplió su sentencia en una cárcel del sur de Miami y falleció en mayo pasado en Panamá.
AP
