Un convenio internacional que firmó la República de Venezuela para resolver las fallas alimentarias internas terminó en un desfalco que comprometió el patrimonio público con la pérdida de $21,84 millones. Por el caso, un empresario extranjero fue condenado a tres años de prisión y Venezuela, a través del Tribunal Supremo de Justicia, pidió al juzgado de La Asunción, en Paraguay, que responda a demanda de indemnización por perjuicios.
La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), principal importadora del Estado, adelantó $21,84 millones, sin solicitar fianzas, ni garantías, a la empresa paraguaya Agropecuaria Parake por la compra de 4.200 toneladas de carne de bovino, que no llegó a Venezuela ni en el tiempo previsto, ni completo, se indica en una decisión judicial.
Para el primer despacho de 4.200 toneladas, el entonces presidente de Casa, el coronel Sergio Caldera García, aprobó una «reconsideración al alza» de 9,3% en el precio de la carne paraguaya que fue fijado en el contrato. En lugar de pagar $4.755 por cada tonelada de carne, tal y como fue acordado el día de la firma del convenio, se pagarían $5.200 por tonelada.
Pero el convenio no se cumplió: Parake no concretó los despachos en las dos tandas previstas, bajo el argumento de fallas en los puertos, según la decisión judicial.
Luego, Venezuela exigió respuestas y fue entonces cuando llegaron al país 1.931 toneladas de carne, es decir 45,97% de lo convenido. Esta cantidad equivalía a que Parake había cumplido con $10,04 millones de los $21,84 millones anticipados.
Tras una batalla de comunicaciones entre Casa y Parake para acodar la devolución de los $11,8 millones que faltaban, el gerente de Parake, el paraguayo Félix Álvarez, que vivía en La Asunción, fue apresado en Caracas y condenado a tres años de prisión por el delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos por el Tribunal Décimo Cuarto de Juicio de Caracas, el 17 de julio de 2013.
Fuentes dijeron que Álvarez admitió los hechos para agilizar su salida de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde está recluido desde el 29 de septiembre de 2011.
Vinculación con otra empresa
La paraguaya Agropecuaria Parake operaba en Venezuela en alianza con Benjamín Rosales, un venezolano que es gerente en Giroski Agro Group LLC, compañía registrada en Florida, Estados Unidos. Es un consorcio conformado por 16 empresas dedicadas a la comercialización de carne, otros alimentos y áreas como bienes raíces y restaurantes. Están en la misma dirección: Brickell Avenue Suite 900, en Miami, Florida, según registros de la División de Corporaciones del Departamento de Florida. Los teléfonos de Giroski en EEUU están averiados.
Esta compañía tenía una oficina en la Torre de La Castellana, Caracas. En la decisión judicial se indica que los inspectores policiales acudieron a esta dirección a verificar que se encontrara la sede de Agropecuaria Parake, pues fue nombrada como su ubicación.
Pero las autoridades confirmaron que ahí operaba Giroski Agro Venezuela, de la cual Benjamín Rosales es el gerente, según documentos en inglés y español que están en su expediente en el registro mercantil de Caracas. En la Torre la Castellana se dice que la gente que trabajaba en la oficina de Giroski «desapareció de un día para el otro y dejó guindando a los empleados». Hoy, ahí funciona una naviera. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Giroski tiene otra dirección en el Centro Comercial Tamanaco, pero está desocupada. El grupo empresarial está suspendido del RNC.
El convenio en detalle
En principio, el convenio entre Casa y Parake, firmado en noviembre de 2010, implicaba la importación de 8.000 toneladas de carne de bovino que le costarían al Estado $39,44 millones. El 23 de diciembre fue cuando Casa aumentó 9,3% el precio acordado previamente.
La estatal hizo el primer adelanto siete días después de la firma. Fue una transferencia bancaria por $10,92 millones, para que 2.100 toneladas de carne llegaran a mediados de febrero de 2011, según la sentencia judicial.
El segundo adelanto de Casa fue otra transferencia por $10,92 millones el 14 de abril de 2011, para que la carne llegara ese mes.
En la sentencia se indica que al entrar una nueva directiva a Casa, el 6 de junio de 2011, encabezada por el entonces ministro Carlos Osorio, se detectaron irregularidades en los anticipos. «Las transferencias de los recursos se las realizaron (a Parake) sin cumplir con los procedimientos administrativos legales, para afianzar y resguardar los recursos del Estado, es decir, se entregaron sin solicitar las fianzas o garantías», consta en la decisión.
Las autoridades también investigan el forjamiento de documentos. Esto, debido a que Parake entregó seis papeles de embarque de 392 toneladas de carne a la Dirección General de Comercialización y Logística de Casa. Al chequear la numeración de esos papeles, se corroboró que ya habían sido entregados por otra empresa llamada Porta Coeli S.A.
Las prórrogas
Al paraguayo Félix Álvarez le dieron 50 días continuos, contados desde el 28 de junio de 2011, para reintegrar a Casa la parte del anticipo que faltaba ($11,79 millones) más una penalidad prevista en el contrato. Se le advirtió que se ejercerían acciones civiles y penales, un exhorto a la República de Paraguay por medio de la Embajada y una posible suspensión del contrato.
El único funcionario que queda en la Embajada de Paraguay en Venezuela, Gerlys Paredes, repitió en varias llamadas: «No podemos dar entrevista de ningún tipo de temas, bajo ningún concepto, hasta que se retomen las relaciones».
Casa anuló el contrato el 20 de agosto de 2011 y, en una comunicación, la estatal informó a Parake que contaba con 24 horas más para devolver los $11,79 millones, que equivalían a 2.269 toneladas de carne que no despacharon.
La defensa
Cinco días después, Parake comunicó que se comprometería a pagar lo que faltaba en dos partes. Casa no aceptó. Luego, el 9 de septiembre de 2011, Álvarez notificó al Minal que devolvería el dinero faltante pero en bolívares (eran Bs. 50,73 millones) en dos partes.
El empresario fue citado por Casa a Venezuela para firmar el convenio. A Caracas llegó el 23 de septiembre. Tres días después, fue citado por la DIM en calidad de testigo. Ahí admitió la deuda, pero dio tres argumentos:
Que el primer despacho de carne se retrasó por problemas logísticos que impedían que zarparan los buques hasta Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), puertos usados para las exportaciones paraguayas; que hubo una falta de contenedores refrigerados; y que se incumplió el segundo envío de 2.100 toneladas -del segundo anticipo dado por Casa- porque quedaron «fuera del mercado, debido a la fuerte subida del precio de la carne en los mercados internacionales y a una devaluación del dólar que arrojó pérdidas a la industria frigorífica local que compraba el ganado en moneda nacional».
Llegando a su hotel, Álvarez fue detenido por inspectores de la DIM el 28 de septiembre de 2011. Dos días después, el Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas le dictó una medida privativa de libertad.
El abogado de Álvarez apeló la decisión, sobre la base de que no hay delito de aprovechamiento de fondos, ya que el paraguayo no usó de manera fraudulenta el anticipo, sino que el cronograma de entrega no pudo ser cumplido por los problemas logísticos. Se indica en la decisión judicial que hay una parte de la carne que está en el puerto de La Guaira, bajo la supervisión de Casa.
La República de Venezuela y Casa en abril de 2012 interpusieron una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de Parake, en La Asunción, por indemnización de daños y perjuicios y solicitaron una medida preventiva de embargo sobre sus bienes. Ocho meses después, Casa y el Estado venezolano volvieron al TSJ a interponer una «demanda por cobro de bolívares» a Parake y pidieron el envío de una nueva rogatoria a un juzgado en La Asunción, para que dé respuestas.
Fuente: El Mundo
