La presente década se perfila venturosa para la industria petrolera mundial. La creciente demanda de energía, post pandemia, ha dado un renovado vigor a los combustibles fósiles. Inversiones millardarias en unos 30 países proyectan hasta 2030 un peso específico de petróleo y gas natural mayor al actual en comparación con el uso de fuentes alternas de energía. Un contraste crítico con las advertencias del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que advierte de catastróficos efectos sobre las condiciones habitables del planeta, de no detenerse esta tendencia.

Pero la demanda es determinante y, así también, la rentabilidad de los hidrocarburos. El pasado 2022 arrojó notables beneficios para todas las corporaciones. Como muestra, la ganancia neta de Aramco, empresa estatal de Arabia Saudita, alcanzó la exorbitante suma de US$161 millardos, producto de una conjunción de altos precios atizados por la invasión rusa a Ucrania, mayores volúmenes y márgenes positivos de refinación. Arabia Saudita proyecta aumentar su producción actual de 11.5 a 13 millones de barriles diarios en 2027.

En EE.UU., en una decisión sorpresiva, el president Biden aprobó la perforación petrolera masiva en el oeste ártico de Alaska, una inversión de US$8 millardos que producirá unos 600 millones de barriles durante los próximos 30 años y se estima generará una “huella de carbono” de 280 millones de toneladas métricas. Una decisión a contramano de su promesa electoral de ejercer “una justicia ambiental”.

El propósito de acelerar el reemplazo del petróleo por fuentes alternas y alcanzar las metas de reducción de emisiones de CO2 prescritas en el Acuerdo de París y otros importantes compromisos, se dilata en el horizonte. Hoy se reedita una suerte de Oil rush con inversiones enormes no solo de los productores tradicionales, sino también de actores emergentes como Guyana, Brasil o Uganda.

La rica Venezuela petrolera, marginalizada por la devastación y el pillaje durante estas dos últimas décadas, es convidada de piedra en esta historia.

 
Ramón Peña 

La visita de Xi Jinping a Moscú como gestor de la paz, obviamente sesgada su pretendida imparcialidad, ha consolidado una relación comercial sobradamente lucrativa para China, aunque sin duda un salvavidas ocasional para Rusia. Son patentes los beneficios producto de esta guerra: ya 40% de las importaciones de Rusia son de origen chino y 30% de sus exportaciones van a ese destino con notables descuentos, particularmente en hidrocarburos. Subvención que se ampliará con el suministro cautivo de gas natural a través del gran gasoducto transiberiano. Crece la subordinación de la menoscabada Rusia al poder económico, tecnológico y militar chino.

El gesto, complementado con la anunciada reunión vía zoom con Volodimir Zelenski, concede a Xi protagonismo como mediador de un conflicto que perturba al mundo entero. Hace dos semanas, China sentó en una misma mesa a los beligerantes Irán y Arabia Saudita. Un acuerdo notable de convivencia, que posiciona favorablemente a China ante la oferta petrolera más importante del globo. De paso, esa entente entre iraníes y saudíes confiere solidez al gran acuerdo de largo plazo entre China e Irán, con inversión de 250 millardos de dólares para cooperación económica y militar.

Con estas acciones diplomáticas, China se promueve como actor de primer orden en el tablero mundial y afianza su insistente reclamo de un “multilateralismo” de las relaciones internacionales, que quebrante el protagonismo exclusivo del cual disfruta EE.UU. desde 1991.

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Hay quienes evocan una reedición de la guerra fría del SXX. Sin embargo, en este caso no ondean banderas ideológicas, tampoco carrera por la supremacía militar, aunque China asegura celosamente un sistema de defensa competitivo con las grandes potencias. Su política exterior persigue dos objetivos fundamentales: hacer del mundo entero su red de inversión y comercio (ya es el primer socio comercial de África y Latinoamérica) y ser vanguardista y autónoma en capacidad tecnológica. Hacia esas metas marcha. Hasta ahora, pacíficamente…

Esta semana, Thomas Friedman, agudo columnista del New York Times, hacía el paralelo de dos mandatarios obligados a aferrarse al poder para no caer en manos de la justicia ordinaria: Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu. Sin considerar las causas por crímenes de lesa humanidad que ahora indician al primero, sobre ambos pesan pruebas de delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Putin se las ha arreglado desde 1999, para ser presidente y primer ministro, alternándose en el poder con un ordenanza suyo, Dimitri Medvedev y, más recientemente, recurre a una guerra de conquista que lo eternice como líder indispensable de la patria rusa. Las evidencias de su extravagante riqueza, acumulada con el sueldo de 140 mil dólares al año, incluyen propiedades suntuosas en el mar Negro, Mónaco, la Riviera Francesa, y un yate de 100 millones de dólares.

Bibi, como se le llama popularmente al primer ministro israelí, enfrenta juicio por múltiples delitos de cohecho. Se ha propuesto prácticamente liquidar la autoridad de la corte suprema de justicia, que conoce de su proceso judicial, y trasladar sus potestades al congreso, la Knesset, controlada por él y sus partidos aliados. Es posible porque Israel no tiene constitución nacional.

Ambos personajes nos recuerdan un caso parecido, más cercano geográficamente, el de la vice presidente argentina Cristina Kirchner.  Ésta, apoyada por el presidente de la república, pretende el enjuiciamiento del presidente y miembros de la Corte Suprema de Justicia por haberla declarado reo de delitos de corrupción y sentenciarla a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Su afán es invalidar dicha sentencia antes de perder la inmunidad a fines de este 2023.

La brevedad que rige esta columna no deja espacio para escribir sobre otro conocido sujeto, quien urdirá lo inimaginable para impedir que unas elecciones justas lo arrojen del poder y tener que vérselas con la justicia internacional.

Ramón Peña

Con frecuencia, la política exterior de Estados Unidos ha estado teñida de miopía, entre otras causas, por desconocimiento o valoración impropia de la idiosincrasia cultural, política o religiosa, o la historia misma de otros países.

En América Latina, en el SXX, fueron notables las intervenciones directas, en ocasiones acompañadas del uso de la fuerza, al alimón con caudillos militares para la supuesta contención del comunismo en la región. Como balance de estas acciones sistemáticas floreció en la conciencia de Latinoamérica el anti imperialismo yanqui, que fertilizó el suelo para la revolución castrista y sus derivaciones aplaudidas en todo el hemisferio.

Desde hace ya unas cuantas décadas EE.UU. reemplazó la fórmula de fuerza por la figura de las sanciones económicas como medio para desplazar del poder a regímenes indeseables. Tal propósito ha fracasado en todos los casos, pero la receta continúa inalterable. Sobran los ejemplos: Cuba, Irán, Norcorea y bastantes más.

Son conocidos los efectos indeseados de las sanciones, entre otros, sobre las condiciones de vida de la población afectada por las restricciones impuestas y, en algunos casos, hasta coadyuvan al fortalecimiento político del régimen. En el comercio internacional, las sanciones suelen promover como alternativa mercados negros, turbios por naturaleza. En Venezuela, la venta de su principal producto de exportación, el petróleo, se negocia hoy, sin transparencia alguna, con descuentos de 30% o más sobre el precio de referencia, un diferencial cuya apropiación es totalmente desconocida, e Igual de oscura es la comercialización de oro y otros valiosos minerales.

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció que “no hay planes para suavizar las sanciones a Venezuela” más allá de la limitada licencia concedida a la petrolera Chevron para operar y cobrar deudas pasadas. Una noticia que no altera el status quo del país, ni tampoco la expectativa de cambio político, pero que, no dudamos, celebran quienes saben sacar provecho de las sanciones.

 Ramón Peña

Fue aprobada por el Congreso de España la denominada Ley Trans, que incorpora el principio de la libre autodeterminación de género. Entre otras novedades, permite el cambio de sexo legal de ciudadanos a partir de los 12 años de edad: entre 12 y 14 mediante autorización judicial, entre 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales y a partir de 16 sin requisitos. Un proyecto de ley presentado por el Ministerio para la Igualdad (Podemos) y respaldado por el movimiento LGBTI y organizaciones progres de España.

Seis países europeos tienen leyes similares. Otros: Suecia, Gran Bretaña y Finlandia han corregido esa misma legislación luego de lamentables experiencias en adolescentes con disforia de género.

Es la legalización de la llamada ideología de género, que junto a otros movimientos sociales coinciden en exigir corrección política. Conforman significativas manifestaciones de cambio cultural bastante articuladas entre sí. Cabe preguntarse si subyace alguna intención política en alterar la cultura y tradición de la sociedad y la familia.

La importante corriente que anima el transgénero en Occidente, la de ideologizar el sexo y manejarlo subjetivamente, no luce tan espontánea. En todo caso, coincide con el pensamiento de notables ideólogos, como Antonio Gramsci, filósofo comunista, quien, distanciándose del marxismo tradicional economicista, propuso como estrategia revolucionaria subvertir la sociedad capitalista en su base cultural y en su estructura social y familiar. Con Gramsci coincide la filosofía de la sexualidad de otra pensadora comunista, Simone de Beauvoir. Ésta, en su obra El segundo sexo, afirmaba: “Mujer no se nace, se hace”, prescribiendo así que el sexo no es un dato originario de la naturaleza, sino un rol social que cada quien define de manera autónoma.

Es respetable el derecho de cada ser humano a las preferencias que rijan su vida individual, solo que ahora se contempla el liberarse antropológicamente de su propia biología. ¡Desde los doce años…!

Ramón Peña

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su responsabilidad adsoluta y no comprometen la línea editorial de Confirmado.com.ve

Francisco de Goya, de vivir en la Nicaragua de hoy, habría tenido de sobra motivos de inspiración para sus fantasmales Pinturas Negras, teniendo de modelo el aquelarre político del gobierno de Daniel Ortega y Rosario, su brujeril pareja. Es cotidiano el terror que asedia a quienes no veneran las ejecutorias sombrías de esta satrapía fantasmal. El ritual, que no cesa, se regocija en todas las formas de castigo: prisión, tortura, muerte, confiscación de bienes, deportación y, recientemente, la llamada apatridia, aplicada a aquellos adversarios que estén fuera del alcance de sus garras.

El horror de este Corazón de las tinieblas mesoamericano ha conmovido al mundo democrático. Mas no así a notables conmilitones del bautizado Grupo de Puebla quienes mayoritariamente han conformado un coro de silencio cómplice, bajo la hipocresía de supuesta neutralidad, entre ellos, Andrés Manuel López Obrador, Lula Da Silva, Luis Arce (léase Evo Morales) Alberto Fernández y, por supuesto, nuestro Golem gobernante. Una notable excepción ha sido la del benjamín de la nueva ola rosada de gobernantes, el chileno Gabriel Boric, el único en condenar sin ambages las atrocidades del régimen nica, concordante por cierto con su reiterada denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Más allá del continente, es justo reconocer el gesto del gobierno español al ofrecer la nacionalidad a los 94 exiliados nicaragüenses declarados apátridas, beneficio que ya este país había concedido al notable ensayista y líder sandinista Sergio Ramírez.

En Nicaragua se repite el ciclo involutivo que caracteriza a las “revoluciones” socialistas. Siempre terminan superando las atrocidades de los regímenes de derecha que suplantaron. Así, la crueldad de esta pareja, ex guerrilla sandinista, rinde un claro homenaje a la memoria de Anastasio Somoza, no a la de César Augusto Sandino.

Ramón Peña

A Simón Alberto Consalvi

In memoriam

Hace 56 años, fuimos testigos directos de cómo Mario Vargas Llosa, radicado entonces en la ciudad de Londres, dudaba ante el anuncio de ser ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

Se interrogaba el novelista, entusiasta defensor de la Revolución Cubana y miembro del Directorio de la Casa de las Américas de la Habana, si debería, o no, aceptar aquel importante premio, que era otorgado por un gobierno enemigo de la revolución y promotor de la expulsión de Cuba de la OEA. Era una duda sincera por su compromiso ideológico de aquel momento. Finalmente, lo aceptó y lo recibió en agosto de 1967, como reconocimiento a su novela La casa verde, sin implicar compromiso político alguno.

Pocos años más tarde, a comienzos de los setenta, ante el asedio y castigo a los poetas cubanos Heberto Padilla, Reinaldo Arenas y a otros intelectuales disidentes, Vargas Llosa abjuró de su devoción por la revolución castrista. Desde entonces, convertido en paladín de la democracia liberal, no ha cesado su execración del totalitarismo cubano y de las tiranías de cualquier tinte.

Traigamos a la memoria que, en la madrugada del 8 de mayo de aquel mismo año, habían desembarcado en las costas de Barlovento (Machurucuto) líderes insurrectos en compañía de soldados cubanos, pertrechados y entrenados personalmente por el propio Fidel Castro. Un episodio notable entre las agresiones del régimen castrista contra Venezuela. No obstante, aquello en nada perturbó la decisión del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, presidido por Simón Alberto Consalvi, de proclamar ganadora la novela de quien respaldaba públicamente a Castro y su revolución, desestimando su identificación ideológica y política.

Fue una lección de tolerancia, de “generosidad” como lo reconoció en aquel entonces el ahora Académicien Français. Era aquella ejemplar democracia nuestra, donde no afloraban resentimiento ni exclusión como conductas de Estado.

Ramon Peña

Profesores forzados a referirse a los alumnos como “todes”, Thomas Jefferson descalificado como ideólogo de la democracia universal y considerado ahora un vulgar propietario de esclavos, el piropo a las damas, no importa cuán fino y poético, categorizado como abuso sexual, el equipo de Los Indios de Cleveland obligado a cambiar de nombre, el participio presente borrado de la gramática española porque no cuadra con “pacienta” o “estudianta”. Son muestras de una impuesta corrección que también se expresa en intolerancia en la literatura, las artes plásticas, el teatro, en las ideas.

En el cine norteamericano, por ejemplo, los cineastas ya no son libres de concebir personajes y guiones, sin el imperativo de insertar a como dé lugar y sin ambigüedad, diversidad racial, étnica o las variantes que establece la ideología de género tanto en actores como en la propia trama.

Es la interpretación ultra que se da al propósito de recientes e importantes movimientos sociales que abanderan justos reclamos y derechos para una convivencia humana no discriminatoria y equitativa, entre los que destacan #me too, Woke, LGBTQ, Blak live matters y otros.

Cada vez más, en la práctica, un nuevo orden moral, social y político vigila el canon cultural de Occidente, una suerte de lupa inquisitorial cuida lo considerado políticamente correcto en la sociedad actual.

Por supuesto que condenar y legislar contra el abuso, la segregación o la exclusión que han ensombrecido la vida de la mujer, de gente no blanca, o de cualquier minoría étnica o de orientación sexual o creencia, y erradicar la impunidad de tales actos, constituyen invalorables reivindicaciones históricas.

Pero si no priva la mesura necesaria, la aplicación de un exacerbado inclusivismo está generando un nuevo modo de exclusión cuyas víctimas son la creatividad y la cultura en general, vigiladas y sometidas a linderos tan estrechos que, de profundizarse, vaticinan una próspera institucionalización de la idiotez.

Ramón Peña

Las sociedades democráticas del hemisferio son ensombrecidas por conductas cargadas de irracionalidad, las cuales, contando con las redes sociales como caja de resonancia, pueblan la psiquis del colectivo. Los dislates se manifiestan a lo largo del continente.

Entre estas conductas descuella la posverdad o distorsión deliberada de la realidad, eficaz para contaminar la opinión pública, manipular creencias y emociones y dictar líneas de acción mediante las redes sociales que pueden ser devastadoras. Un caso patético fueron las vandálicas y destructivas acciones de calle que asolaron a Chile en 2019, así como el esperpéntico proyecto constitucional afortunadamente rechazado.

Otra, el negacionismo a ultranza, o desconfianza dogmática de datos y estadísticas, atizado por mandatarios narcisistas. Se reveló en EE.UU. con el desconocimiento y rechazo del resultado electoral de 2020 y dos años más tarde, como copia fiel, en Brasil, materializado en ambos países en asaltos feroces a las sedes de instituciones del Estado.

La parcelación étnica de las sociedades con fines demagógicos, en lugar de una aproximación social integradora y equitativa, ha alentado inflamadas reacciones tribales en países como Chile y Perú, en este último, materializándose en la más desacertada escogencia posible de un primer mandatario, con lamentable saldo trágico.

En años recientes, se difunden siniestras teorías de la conspiración. Por sus características han sido bautizadas con el término Conspiranoia, definido por la RAE como la fusión de conspiración y paranoia. Insólito fenómeno que puebla la mente de millones de norteamericanos y refuerza estereotipos que exacerban la violencia y las ideologías extremas.

Estas perturbaciones acontecen en medio de una crisis de poder, caracterizada por el contenido empobrecido de la contienda política, liderazgo grisáceo, narcisismo de connotados gobernantes, deriva extremista de partidos tradicionales de izquierda y derecha. Considerando además el agravamiento de la consuetudinaria desigualdad social y el bajo crecimiento económico, se configura una coyuntura de crisis profunda de las democracias del Norte y Sur hemisférico.

Ramón Peña

En el alba de este 2023 escuchamos un redoblar de tambores que anuncia que éste también será un año de creciente tensión bélica. Una expectativa que tiene como expresión concreta los presupuestos de gastos en armas acordados por potencias democráticas para el año que comienza. En Estados Unidos, el Senado acaba de aprobar un presupuesto de gastos en defensa que se acerca al billón de dólares. En términos relativos, el segundo más alto desde la II Guerra Mundial. En Asia, Japón ha quebrantado su postura pacifista sostenida desde 1945 y ha duplicado su presupuesto armamentista. En la Unión Europea, un número de países quiebran la barrera de 2.0% del PIB en gasto militar.

Este exorbitante desembolso global lo atiza, esencialmente, el asalto de Vladimir Putin a Ucrania, pero también la amenaza de Xin Ping sobre Taiwán y los amagos agresivos del alienado de Corea del Norte.

Los primeros años del siglo XXI habían sembrado la esperanza de que los conflictos armados a gran escala quedarían como memoria del belicoso Siglo XX. Algunos avizoraban cierto orden global de entendimiento. Pero el ataque artero y absolutamente injustificado de Putin a Ucrania, ha roto esta ilusión de un modo brutal, que evoca los desmanes de Hitler y su Wermacht o el expansionismo atroz de Gengis Khan y sus tribus de mongoles. A todas luces un desafío que si no se detiene abrirá la espita para sucesivas agresiones a otros países.

Compartimos que es indeseable que los presupuestos de cualquier nación aumenten más en armas que en salud y educación. Pero, más allá de corrección política –y sin vislumbrarse alto el fuego o paz negociada– se explica esta inversión de las democracias liberales para contener y liquidar, ojalá sea durante el presente episodio ucraniano, la desmesura de un sociópata con capacidad de destrucción internacional, así como para disuadir a otros caudillos también alentados por ansias expansionistas.

Ramón Peña