“Ir a la escuela era además la manera de garantizarse al menos una comida al día”

De las tantas aristas que tiene la crisis generalizada que nos asola en Venezuela, tal vez la que mayor preocupación me causa tiene que ver con la educación. Sin venezolanos con una educación básica de calidad será realmente cuesta arriba emprender la tarea de reconstruir este país, cuando eso –finalmente– tenga lugar.

Aunque creo que un programa de cazar talentos podría dar resultado para atraer a algunos venezolanos bien formados, para que retornen al país, una vez que ocurra una transformación profunda en Venezuela, eso será una cifra mínima. Lo que en realidad ha sucedido en crisis similares es que la gran mayoría de quienes emigraron, a la vuelta de 3-4 años logran insertarse de lleno en las nuevas realidades profesionales de los países que bien o mal les acogieron.

Les invito a hacer este ejercicio. Sumemos el total de años educativos que se acumulan entre los 5 millones de venezolanos que hoy no están en el país, que sencillamente salieron huyendo por la irresoluta crisis política o tratando de sobrevivir a la devastación económica. Una mayoría de emigrantes venezolanos salieron del país con un título universitario bajo el brazo, eso representa una inversión total de unos 17 años de estudios por cada persona que salió del país.

La pérdida del capital humano es tremenda. Posiblemente en este momento no podemos percibir la magnitud de lo que ello significa, dado que seguimos cayendo en el pozo sin fondo de esta crisis ya endémica. Cuando comience la reconstrucción, en el momento que eso finalmente ocurra, será cuando echemos realmente en falta a ingenieros, educadores, médicos (y un largo etcétera).

Los años que nos llevará reconstruir el capital humano, que es lo más importante de cualquier sociedad, tendrá baches de envergadura. Este año escolar, que ha concluido en julio último, será uno de ellos.

Tenemos un sistema educativo que ya venía en picada: por un lado, había perdido su capacidad de ampliarse para responder a una población creciente con edad escolar, y, por el otro, el sistema público había dejado de proporcionarle Educación (sí, con E mayúscula) a los que aún estaban dentro del sistema.

Si el sistema educativo estaba en una situación precaria, la llegada de la pandemia del coronavirus, y la medida de prevención de contagios que ha sido la cuarentena, agravaron aún más la situación. Las escuelas cerraron, que era lo recomendable ante COVID-19, pero en medio de una improvisación campante. Que los niños y niñas estudien en Venezuela no parece ser una prioridad para quienes detentan el poder.

Con millones de niños sin acceso a Internet, ya que según el propio gobierno a través de Conatel sostiene que la penetración de la red en el país es del 60 por ciento; a lo que se suma un número importante de escolares que están bajo el cuidado de abuelos o tíos mayores, ya que sus padres emigraron o sencillamente no están; y, en general, una población con franjas importantes de no acceso a la tecnología (sin computadora en el hogar, sin un teléfono inteligente).

Este cuadro de calamidades no hace otra cosa que reflejar que mal podrán estudiar sin ir físicamente a una escuela. Decir con bombos y platillos, como se hizo en marzo, que el año escolar debía culminar con clases por Internet era una ficción. Una mentira más del gobierno de Nicolás Maduro.

Para no pocos escolares, en Venezuela, ir a la escuela era además la manera de garantizarse al menos una comida al día. No hubo ningún plan de compensación oficial. Nadie del gobierno quiso afrontar esta arista igualmente dramática.

El discurso oficial insiste en la tesis de que aquí no ha pasado nada; tal como lo contrastamos en Cotejo.Info, medio de fact-cheking que está bajo mi dirección. El ministro Aristóbulo Istúriz tuvo la desfachatez de decir que el año escolar 2019-2020 había sido “exitoso”. Sí, ese fue el calificativo que usó. El trabajo de investigación periodística nos permitió concluir que eso era mentira.

El éxito en Educación es sencillamente una ficción. Y, sin duda, eso será un problema que nos acompañará largamente como sociedad.

Andrés Cañizalez 

@infocracia

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad

La judicialización de la política parece acelerarse en Venezuela. Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo y con algunos magistrados sancionados internacionalmente, apuntan hacia lo que podría ser una inminente elección parlamentaria, en la cual participarán partidos políticos de “oposición”, pero que en verdad están modelados por el régimen.

El chavismo apuesta a un nuevo esquema electoral, que tendrá el tutelaje del TSJ. Es un escenario diferente al que se vivió en las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) y la relección de Nicolás Maduro (2018). Para las elecciones de la Asamblea Nacional, que deben realizarse antes de que concluya 2020, estarán presentes las tarjetas de diversos partidos que el propio chavismo ubica en la oposición, en aras de exhibir una pluralidad que es irreal en la práctica.

El TSJ, saltándose lo que dice la Constitución, no sólo ha designado una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que adelanta una significativa reforma de varios aspectos relacionados con la elección de diputados (proporcionalidad, representación de minorías, representación de etnias indígenas e incluso número de legisladores).

En todo sentido será una elección hecha a la medida del chavismo. Hemos superado, hay que decirlo, el esquema de una oposición leal, como la que ejerció Henri Falcón y Javier Bertucci, cuando se presentaron como candidatos presidenciales para hacer bulto en los comicios que de antemano estaban hechos para la relección de Maduro, en mayo de 2018.

La operación actual, en tanto, busca vaciar a los partidos opositores al régimen como Acción Democrática o Primero Justicia, al desconocer a sus representantes legítimos. El TSJ designa a directivas ad hoc con figuras que ya han demostrado estar dispuestas a hacer un round de sombras con el chavismo, con la certeza de que no se subirán al ring a disputar realmente el poder.

A Voluntad Popular le espera posiblemente su ilegalización ya que se le ha señalado de organización terrorista.

En fin, habrá decisiones diversas en un escenario electoral que el chavismo moverá o moldeará según sus necesidades y beneficios.

La construcción de una oposición a su medida no es algo nuevo. Es un proceso que viene gestándose desde que los representantes de Nicolás Maduro abandonaron la mesa de negociación que se llevaba adelante en el trecho final de 2019. Aquella negociación transcurría con la oposición legítima, tanto por su origen en el voto popular, como por su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

La estrategia del chavismo consistió en abandonar lo que se había avanzado en Barbados, con acompañamiento de Noruega, junto a los delegados designados por Juan Guaidó, y crear una suerte de mundo paralelo, la Mesa de Diálogo Nacional.

El paso de los meses hizo a los actores de esa “mesa de diálogo” una suerte de tontos útiles. Cada cierto tiempo, cuando el gobierno necesitaba desviar la atención de una crisis que le empañaba públicamente, echaba mano de Henri Falcón, Timoteo Zambrano o Javier Bertucci. Todo aquello, visto en retrospectiva, ha sido en realidad una suerte de ensayo continuo para la representación que estos, y otros actores, deberán poner en escena cuando sean las elecciones parlamentarias.

Se les unirán Bernabé Gutiérrez encabezando a Acción Democrática o José Brito al frente de Primero Justicia. El reparto se incrementará con el paso de las semanas y, seguramente, tendrá un momento clímax cuando exista un calendario electoral de forma oficial y haya que inscribir a los aspirantes a las curules legislativas.

El TSJ aún tiene tela para cortar ya que otros partidos como Patria para Todos, Bandera Roja, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo y MIN Unidad, están en situación irregular según los parámetros del CNE por no haber participado en las votaciones de 2017 y 2018. Sobre COPEI, ya sabemos, existe una suerte de daga judicial que cada cierto tiempo actúa contra el partido socialcristiano.

Que las decisiones actuales descabecen a partidos políticos principales como AD y Primero Justicia no debe hacernos perder de vista de que no es una estrategia nueva. En realidad, como ha apuntado Eugenio Martínez, el chavismo avanza en dicha estrategia para consolidar un nuevo ecosistema de partidos políticos en Venezuela.

Para ello ha modificado las directivas de estas organizaciones, ha negado su inscripción o ha evitado su relegitimación. Siendo una estrategia clara y consistente en el tiempo, la pregunta central es, ¿qué han hecho y qué harán ahora esas organizaciones políticas, sus dirigentes y activistas?

Andrés Cañizález

@infocracia 

En todo el mundo, el periodismo atraviesa una era de incertidumbre. No está claro aún cual será el modelo de negocios para el sector de la información y esto ocurre justamente en un momento en que la información es un tema central en la vida de cada persona.

La pandemia del coronavirus ha enfatizado ambas dimensiones. Los ciudadanos en confinamiento preventivo consumen muchas más noticias relacionadas con muy diversas implicaciones del covid-19; pero al mismo tiempo esto sucede bajo una modalidad no necesariamente lucrativa para el negocio de la información. El escenario de una recesión global postpandemia atiza los temores en el sector empresarial de las noticias en múltiples países.

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo publicó su informe sobre el futuro y sobre las tendencias principales que se esperan en este sector para 2020. El mismo se divulgó fue previo a la propagación global del coronavirus. Sin embargo, el documento resulta muy pertinente dado que traza importantes líneas sobre el futuro del periodismo. En este artículo, por razones de espacio, se recogen los aspectos más significativos del resumen ejecutivo –apenas la punta del iceberg–. A quien le interese en mayor detalle, le recomiendo leerlo in extenso aquí.

El estudio se sustenta en encuestas aplicadas a ejecutivos del mundo periodístico y líderes de proyectos digitales en medios de comunicación. Se encuestó a un total de 233 personas en 32 países. Entre los países figuran Estados Unidos, Australia, Kenia, Suráfrica, México, Argentina y Japón. Sin embargo, la mayoría de los encuestados vive en Europa: Reino Unido, Alemania, España, Francia, Austria, Polonia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Es muy importante no perder de vista este hecho, pues implica la perspectiva de personas que viven en entornos sin problemas en relación con la conectividad, la velocidad de Internet o el acceso a teléfonos inteligentes.

A continuación, una mirada más atenta algunos aspectos de interés:

La mayor parte de los ejecutivos de medios afirma tener confianza en las perspectivas de sus empresas; pero tienen mucho menos certeza sobre el futuro del periodismo. Por lo general, esto ocurre en las encuestas: cuando se les pregunta a las personas si las condiciones de su país empeorarán, a lo que responden habitualmente de manera afirmativa, acto seguido dicen –en cambio– que esperan una mejor situación personal.

Uno de los problemas significativos sobre el periodismo radica en la generación de noticias locales. Existe temor por la pérdida de credibilidad que en general afecta a periodistas y medios de comunicación, y esto además pueda estar exacerbado por ataques de funcionarios al periodismo. Es más, este puede ser el caso en que Donald Trump esté deviniendo en el modelo de esta forma de ataque a seguir por líderes populistas de cualquier signo ideológico en su carrera hacia el poder.

Muy vinculado con esto, 85% de los encuestados coincidió en que los medios deberían hacer más por combatir las fake news y las medias verdades, es decir, por hacer frente a la desinformación mientras se tiene a la vista que esta puede ser promovida o dirigida desde los propios centros de poder político.

La crisis global que ha generado el coronavirus, con miles de fallecidos tras de sí, sin certeza alguna sobre la eficacia de las vacunas actualmente en proceso de evaluación, ha sido caldo de cultivo para la propagación de fake news. Estas no solo crecen en contextos de crispación política, sino también gracias a la incertidumbre que prevalece en este momento.

¿De qué forma debe financiarse el periodismo? Los dueños de medios siguen dependiendo fuertemente de las tarifas por suscripción: la mitad asegura que esa será su principal fuente de ingreso. Alrededor de un tercio de los encuestados (35%) piensa que la publicidad y los ingresos de los lectores serán igualmente importantes. He aquí un gran cambio de mentalidad entre quienes dirigen medios de comunicación: apenas 14% apuesta a que lograrán funcionar exclusivamente de la publicidad.

Sin saber con exactitud el impacto económico global del coronavirus, las empresas de información deben prepararse para el impacto directo de una fuerte recesión en los bolsillos de su base de lectores, pues estos, ante el dilema de pagar por noticias o atender necesidades básicas, pueden terminar optando por estas últimas.

Por otro lado, hay mucha preocupación entre editores y líderes de proyectos periodísticos en torno al poder creciente de las plataformas digitales que le proveen medios interactivos al público (Facebook, Twitter, Google). Aunque esta preocupación es generalizada, no hay consenso sobre qué tipos de respuesta se debe dar a ese nuevo poder que se ha ido consolidando.

Se teme que regulaciones aprobadas por los poderes legislativo o ejecutivo terminen dañando al periodismo en lugar de ayudarlo (25% a 18% de los encuestados), aunque la mayoría considera que no harán diferencia apreciable (56%).

2020 será el año de los podcasts. Más de la mitad de los encuestados (53%) dice que este año serán importantes las iniciativas en ese campo. Otros señalan la conversión de texto a audio como una forma de capitalizar la creciente popularidad de esos formatos.

Es probable que este año veamos más movimientos en los medios para personalizar las portadas digitales y explorar otras formas de recomendaciones automáticas. Más de la mitad de los encuestados (52%) afirma que esas iniciativas con apoyo de inteligencia artificial serán muy importantes; pero las empresas pequeñas temen quedar a la zaga. Esto es un asunto prácticamente de ciencia ficción aún para lectores de países del Sur.

Atraer y retener talento es una preocupación importante para las empresas de medios, especialmente para cargos de tecnología. Otra preocupación tiene que ver con la manera cómo las empresas están tomando medidas a favor de la diversidad de género. En esta área, 76% cree estar dando los pasos en la dirección correcta.

Sin embargo, aunque hay avances en la diversidad de género dentro de los medios periodísticos, no ocurre lo mismo en relación a otras diversidades: geográfica (55%), política (48%) y racial (33%). El avance es notablemente menor en las decisiones internas de las empresas periodísticas y, en algunos casos, estos asuntos sencillamente no forman parte de sus agendas.

El panorama del futuro del periodismo, en general, está signado por las interrogantes más que por las certezas. El mundo que resulte al final de la pandemia de covid-19 puede ser que atice más algunas de esas preguntas, sin que tal vez haya respuestas en el corto plazo.

 Andrés Cañizález

Hace poco, me topé con una frase que me ha permitido ampliar esta idea: “los líderes populistas aman la comunicación y usan de forma amplia las plataformas de los mass media; pero de forma paradójica detestan el periodismo: no toleran los cuestionamientos que el periodismo le hace al poder”.

Casos de la tensa interacción entre los presidentes y la prensa parecen trascender fronteras geográficas e ideológicas. En Brasil, Estados Unidos y México, vemos un contrapunto entre sus presidentes y sus principales medios masivos, particularmente la prensa.

Más allá de las habituales etiquetas de izquierda y derecha, presenciamos varias afinidades por el carácter populista de los líderes de esos tres países. Su discurso nacionalista, ser figuras que trascendieron el sistema tradicional de partidos y su capacidad de propagar mensajes, a veces muy polémicos, es lo que indudablemente tienen en común los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México).

Ahora también tienen en común su descontento con la prensa.

Donald Trump ha tomado la decisión de que los dos diarios más emblemáticos de ese país, The New York Times y The Washington Post, ya no estén más en la Casa Blanca.

Ha decidido romper Trump una tradición. La Casa Blanca, como cualquier sede presidencial, está suscrita a diversas fuentes de información. Llegan cada día miles de revistas y diarios y eso es lo normal. Así funciona. Los centros de poder deben estar informados y una de sus fuentes es precisamente la prensa, sin importar su línea editorial.

La orden de Trump, ya una decisión ejecutiva, privará de acceso a esos dos diarios no sólo al personal de la Casa Blanca sino a las agencias federales de Estados Unidos. Ni en la época de más encono, cuando The Washington Post hizo revelaciones sobre manejos irregulares por parte de la presidencia de Richard Nixon, que finalmente llevaron a su renuncia para evitar impugnación y juicio, ni siquiera en esos años de 1970, se tomó una medida de este tipo.

La decisión de Trump tuvo lugar el 24 de octubre. Una semana después, el día 31, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tomaba una medida similar contra uno de los más respetados periódicos de ese país, Fohla de São Paulo.

«Espero que no me acusen de censura”, dijo Bolsonaro y aun así dio libertad a los funcionarios oficiales para que compraran de forma personal este diario, pero aseguró que no se destinarían fondos públicos para pagar suscripciones: “No quiero saber nada de Fohla de São Paulo; leer Fohla de São Paulo envenena mi gobierno”. Esas decisiones ejecutivas de cancelar suscripciones, en el caso de Brasil, fueron seguidas de una velada amenaza de suspender la publicidad gubernamental.

Por su parte, Trump acusa a los diarios tradicionales de Estados Unidos de no publicar información sino reproducir fake news contra su administración.

Entretanto, en México, cada día con sus alocuciones matutinas, el presidente López Obrador coloca en el banquillo de los acusados a periodistas y prensa. Expresiones como “fifí” (de la clase alta), “chayoteros” (que reciben dinero para hacer publicaciones), “conservadores”, “vendidos”, “prensa oligárquica”, “enemigos del pueblo”, “seres deshonestos”, son algunas de las utilizadas por López Obrador para referirse a la prensa.

Este 6 de noviembre, tras ser interpelado por la ONG Artículo 19, López Obrador aseveró que él no insultaba a los periodistas y que los veía, en realidad, como adversarios.

En una visita reciente a México, pude constatar que se han suprimido los avisos gubernamentales de la prensa escrita, especialmente de aquella crítica a López Obrador. El presidente mexicano la señala de forma directa, como ha sido el caso del diario Reforma.

Este debate no es sólo discursivo. En la medida en que los presidentes toman decisiones administrativas, podemos evaluarlas desde una perspectiva del derecho a la libertad de expresión e información.

Las decisiones que hemos mencionado son en primer lugar discriminatorias, ya que están dirigidas de forma particular a algunos periódicos. Al cancelar las suscripciones o suspender la publicidad gubernamental, sencillamente se busca sancionar una línea editorial que no les agrada a los presidentes.

Más allá de la discriminación, estamos ante una manera también populista de manejar la administración pública. El dinero público, sea en Estados Unidos, México o Brasil, con el que se pagan las suscripciones a los medios de comunicación o la publicidad oficial, no es la chequera personal del presidente.

Estas reacciones pueriles de Trump, Bolsonaro o López Obrador son muy similares a las presenciadas hace años de otro presidente populista, Hugo Chávez, también conocido por su intolerancia a la prensa crítica en Venezuela.

La denominada hegemonía comunicacional, política oficial en Venezuela, ha tenido un enorme éxito en literalmente acallar las voces críticas bajo la administración de Nicolás Maduro. En años recientes, más de 50 periódicos cesaron sus ediciones impresas, cambiaron de frecuencia de circulación (pasando a ser semanarios) o redujeron drásticamente sus páginas y su volumen de tiraje por no tener acceso al papel periódico, cuya importación pasó a ser un monopolio del Estado.

 Andrés Cañizález

@infocracia

“Organizaciones internacionales y muchos Estados del planeta hablan de crisis humanitaria en Venezuela y de violación de derechos humanos elementales. Las encuestas señalan que 94% de la población dice que el país está muy mal y que más de 70% está a favor del revocatorio al presidente de la República. Venezuela es una olla de presión con las válvulas tapadas. La situación no solo es insostenible, es insoportable”. Este párrafo corresponde a un texto que sin duda pasará a ser histórico en Venezuela.

La Compañía de Jesús dio a conocer a inicios de octubre el documento “Los jesuitas ante los desafíos del país”. No se trata de la posición de un sector de la congregación, tampoco es el punto de vista personal de alguno de los calificados jesuitas venezolanos. Es un documento colectivo de gran significación, que puede leerse en la web http://elucabista.com y lo traemos a colación porque, si bien fue dado a conocer a inicios de octubre, coloca la imagen de lo que vendría a ratificar el régimen de Nicolás Maduro el 20 de octubre.

En medio de una situación de descontento y malestar, una verdadera olla de presión social, la respuesta oficial fue tapar las válvulas, al cerrar la posibilidad de que se celebrara el referendo revocatorio. Esta consulta podía ser, sin lugar a dudas, una vía constitucional, electoral y democrática para pasar a un nuevo escenario en la vida nacional.

La fecha del 20 de octubre, ahora, deberá ser recordada como el día en que el chavismo finiquitó el último vestigio democrático en el país, al anular el derecho a las elecciones. Esa decisión debió tomarse con antelación pero se terminó de concretar ese 20 de octubre en Venezuela.

Cayó la última condición que ubicaba al chavismo como un autoritarismo electoral, una definición contemporánea con bastante aceptación. Ahora es un autoritarismo a secas, ya que la decisión del chavismo ha sido dejar en el limbo la celebración de elecciones, que perdería ampliamente según todas las encuestas, y con esa decisión cerró la puerta a una transición política democrática y pacífica. Al menos por ahora.

Cinco tribunales regionales, de carácter penal (sin competencia sobre el ámbito electoral), anunciaron al unísono lo que ya era esperado por millones de venezolanos: el régimen de Nicolás Maduro le cerró el paso al referendo revocatorio, en un momento en que tres de cada cuatro venezolanos, según la firma Datanálisis, votaría por recortar su mandato para que deje la presidencia este año.

Dinamitar el puente que le brindaba una salida democrática del poder, como lo era el referendo revocatorio y dejarlo en el limbo, sin fecha de realización ni en 2016 ni en 2017 no es una decisión aislada. Dos días antes de las acciones judiciales, cuyas sentencias no difundieron los jueces sino los gobernadores chavistas de los cinco estados (provincias), ya el Consejo Nacional Electoral había diferido, sin explicación alguna, las elecciones regionales para el año próximo, pese a que constitucionalmente correspondían a este diciembre de 2016.

Venezuela es, y que nadie lo dude, una olla de presión como bien lo han dicho los jesuitas con las válvulas tapadas. La posibilidad de sacarle presión a la olla se cerró al anular el revocatorio. El escenario de un estallido cobra vigencia, lamentablemente.

Justificadamente la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) e importantes organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso de Provea, han denunciado que el 20 de octubre ocurrió en Venezuela un golpe de Estado.

Visto en retrospectiva, el tiempo transcurrido en este 2016, se sumaron en Venezuela diversas señales de que el chavismo terminaría saltándose el marco constitucional.

El Poder Ejecutivo, con Maduro a la cabeza, se ha apoyado en los magistrados del Tribunal Supremo, que designó sin cumplir con las credenciales que establece la Constitución para esa tarea. También encontró Maduro una alianza clave en cuatro rectoras del Poder Electoral, las cuales han aplastado al rector independiente para imponer una agenda no constitucional ni democrática.

El TSJ ha dictado más de dos docenas de sentencias, en apenas siete meses, entre enero y julio de este año, para dejar sin efecto las decisiones de la Asamblea Nacional. La última decisión tomada por el TSJ, que echó a un lado la letra constitucional, le dio potestad a Maduro para saltarse la presentación y discusión del presupuesto de la nación en el seno del Parlamento. Dentro de tantos hechos es este posiblemente uno de los peores registros del chavismo en la desinstitucionalización que vive Venezuela.

También parece Maduro prepararse para esta nueva etapa en el plano discursivo. Por ejemplo, ya ha comenzado a decir que su gobierno en Venezuela es una dicta-pueblo, en lugar de dictadura, en clara referencia al carácter que ahora toma su régimen.

¿Qué pasará en Venezuela ahora? No hay una respuesta cierta. El país camina sobre la incertidumbre.

Andrés Cañizales

Cada vez que Wilmer Ruperti sale a la palestra y su nombre es precedido del título de empresario pongo seriamente en duda la capacidad que tiene el periodismo de etiquetar la realidad. Posiblemente se le diga empresario a falta de otra categoría.

Punto previo. Conviene aclarar qué entiendo por empresario: pienso en un venezolano cuya apuesta está producir en el país y para el país; pienso en esos legítimos, fajados (o fajadas) con un negocio o una fábrica, enfrentando a constantes auditorías oficiales, a los controles de precios y de cambio, bajo el permanente acoso verbal del régimen para aquellos que invierten en Venezuela.

Sin embargo, la realidad no es solo lo que en verdad es, sino que también la realidad termina siendo lo que tenemos capacidad de narrar, de contar, de establecer. Le invito a que haga el ejercicio de poner el nombre de Wilmer Ruperti en Google, como lo he hecho yo, y verá que lo primero que sale a la vista es una biografía diríamos hecha ad hoc en Wikipedia.

Le ahorro la búsqueda, en Wikipedia se presenta a Ruperti de esta forma: Wilmer Ruperti (7 de diciembre de 1959) es un empresario, inversionista y magnate del transporte marítimo venezolano, fundador, presidente y director ejecutivo de Global Ship Management, compañía naviera líder en el transporte petrolero en Venezuela, que posee contratos con Pdvsa para la distribución del crudo en el resto de Latinoamérica. Igualmente es el único accionista y presidente del Canal I, televisora en la cual invirtió 21 millones de dólares para reorganizarla e impulsarla, convirtiéndola en un canal dedicado al entretenimiento y dirigido a audiencias generales, aunque conservando sus espacios de opinión e información.

Los seis párrafos que Wikipedia le concede a la biografía de Ruperti concluyen así: Ruperti ha sido distinguido con la Orden del Libertador, impuesta por el propio Hugo Rafael Chávez Frías, por sus servicios a la patria y es considerado como uno de los mayores empresarios y emprendedores venezolanos.

Tengo en mi cabeza varias noticias relacionadas con Ruperti, en ninguna de ellas lo veo como un empresario y/o emprendedor.

La más reciente, es vox populi en estos días. Según el prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal es Ruperti quien, presuntamente, financia la costosa defensa de los sobrinos de la pareja presidencial en la corte de Estados Unidos, en las que se le juzga por narcotráfico.

No es cosa que este magnate, como le llama Wikipedia, esté dedicado a la filantropía. Lo dudo.

Lo que acaba de hacer Ruperti, según la información recabada por The Wall Street Journal, es una de esas jugadas que lo han distinguido, está pagando un favor o se está ganando un favor a futuro.

No hay que ir muy lejos. El 24 de septiembre El Estímulo reprodujo la siguiente información: Pdvsa otorgó un contrato para el acondicionamiento, manejo y desalojo de 12 millones de toneladas métricas del producto, a la empresa Maroil Trading, Inc. Es fácil adivinar de quién es esta empresa: sí, de Ruperti. La operación será de aproximadamente 138 millones de dólares.

Si se va un poco más atrás, en un país de memoria frágil, Ruperti aparece prestando su casa y siendo parte de la emboscada que le montaron al dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera. En aquel caso, una verdadera trampa cazabobos, Caldera termina recibiendo una bolsa con dinero que no solo lo lesionaba a él sino que pretendía perjudicar la campaña electoral de Henrique Capriles en 2012.

Si se va un poco más adelante en el tiempo otra vez está Ruperti en la palestra, esta vez se presenta, notablemente bebido, por la señal del Canal I, adelantando resultados electorales en las presidenciales de abril de 2013, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.

En ninguna de estas tres apariciones del nombre de Ruperti lo veo como empresario. Es tal vez el hombre resteado en el momento indicado y eso, obviamente, se recompensa. Eso ya lo demostró durante el paro petrolero de 2002-2003, cuando se la jugó para mantener operativo el traslado de combustible de Pdvsa.

Andrés Cañizales

@infocracia

Hace poco en un seminario, en el que se analizaba la coyuntura venezolana, me tocó compartir una mesa de trabajo con otras cuatro personas. En un breve receso, mientras tomábamos un café, uno de ellos, un empresario ya entrado en años, suelta la frase: y mis nietos están creciendo en Canadá y yo sin poder estar con ellos en su día a día, para consentirlos y verlos crecer.

En esa mesa habíamos coincidido cinco personas, todas con distintas actividades profesionales y/o comerciales, de diferentes puntos del país. Todos teníamos algo en común: cada uno de nosotros tenía un hijo o hija que recientemente se había ido del país en búsqueda de mejores horizontes.

Hace dos semanas, mientras espero mi ingreso a la sala de embarque en el aeropuerto de Barquisimeto, observo una de esas escenas dramáticas que se han hecho cotidianas en Venezuela.

Una pareja, tal vez en los 70 años, se despiden de hijos y nietos. Cuando se despiden de los jóvenes adultos logran contener el llanto, pero las lágrimas se desatan cuando le dan a los dos pequeños nietos lo que se vive como el último abrazo. Incluso el señor, que ha intentado mantenerse firme en todo momento, rompe en llanto. Es un llanto silencioso, en medio de un montón de desconocidos, en un lugar público como el aeropuerto.

La diáspora, como se suele llamar en el argot académico, puede estudiarse o cuantificarse. No es el caso de Venezuela, donde la política sistemática es ocultar la información, pero ya comienzan periodistas e investigadores universitarios a recopilar no sólo datos, sino también testimonios de esto que es un fenómeno inédito en nuestra vida social. Los venezolanos jóvenes se están marchando del país, a cualquier lado, a hacer cualquier cosa… literalmente.

Escribo desde Buenos Aires, he venido con un doble propósito. Vine a cumplir una visita académica que me ha hecho la Fundación Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), pero al mismo tiempo es la oportunidad de estar con mi hija que hace un año se vino a estas tierras. Acá vivo en el terreno eso de la diáspora.

Voy a comer en un centro comercial. Selecciono un lugar de carne, en la feria de comida. Se me acerca el promotor con la carta y las recomendaciones. Es venezolano, de Cumaná. Luego de seleccionar la comida procedo a pagar. El que maneja la caja es también venezolano, de San Cristóbal, me dice con orgullo. Ambos son profesionales.

Un reciente reportaje de El Estímulo ha contado la exitosa experiencia de “Caracas Bar” en la zona de Palermo, en Buenos Aires. Se trata de un negocio familiar, en el que los miembros de una familia progresivamente han emigrado y trabajan en el bar.

Un profesor universitario amigo, venido a Buenos Aires desde Barquisimeto, comienza recoger en Instagram imágenes de cómo los venezolanos van “colonizando” algunas prácticas culturales y comerciales. Su más reciente éxito es mostrar cómo una harina de maíz tradicional argentina, ahora le añade una imagen y la palabra “arepas” para que quede claro que esa harina, que no es la Pan, también sirve para nuestro emblemático plato alimenticio.

Una chica de La Vega, que logró trabajar mientras estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello, me dice oronda: “Profesor, renuncié y me voy a Buenos Aires en agosto, con mis prestaciones compré el pasaje. Nos vamos cuatro compañeras de la carrera (estudiaron Educación) y vamos a alquilar un apartamento entre las cuatro”. “¿De qué van a vivir?”, me atrevo a preguntarles. “Allá veremos, lo que salga –me responde–, igual aquí estamos pasando muchas necesidades”. La chica resume de esta forma su dilema: ¿Si pasamos hambre aquí qué sería lo peor que nos pueda pasar allá?

Mientras escribo estas líneas pienso en el gran desafío que tendrá el nuevo gobierno venezolano: cómo evitar que se sigan yendo los venezolanos y cómo tentar a los que están fuera para que regresen. Ojalá haya gente en la Mesa de la Unidad Democrática trabajando en eso.

@infocracia

En relación con la alimentación, Venezuela también tiene una caracterización propia que seguramente habla de la naturaleza del régimen. Y eso conviene siempre ponerlo sobre la mesa. Sucede con la represión. No hay en Venezuela un sistema de violaciones masivas y permanentes a los derechos humanos, pero quién duda de que en el país se violan diversos derechos y se hace uso selectivo y excesivo de la represión.

Sucede igual con el hambre. No puede decirse que existe una hambruna generalizada en Venezuela. Pero vivimos días difíciles, días en los cuales no siempre está el alimento en la mesa de muchos venezolanos. Y se trata de una dinámica novedosa en la vida del país.

La respuesta oficial a quienes se manifiestan públicamente exigiendo comida es la represión, y la política para paliar el desabastecimiento es el reparto de bolsas de comida con algunos productos básicos. Nada apunta a que se esté trabajando en el meollo de la problemática.  Nos esperan más días de ayuno. Se terminó además la temporada de mangos que fue de ayuda para muchos venezolanos.

Un sacerdote amigo me cuenta el caso de un adolescente, en Caracas, que en pleno receso en el liceo se desmaya. El joven tiene dos días sin comer, pero cuando la directora le trae una merienda de la cantina el joven se niega a comer, dice que se la quiere llevar a sus hermanos más pequeños.

Una señora me escribe por mensajería de texto al programa de radio desde Apure. De las tres comidas con suerte les brinda una o dos a sus niños. Ni siquiera hay azúcar para darle un vaso de agua con azúcar, me cuenta. Su impotencia me llega entre líneas en el mensaje.

En Portuguesa, cuando voy a dar una charla, me cuentan los organizadores cómo aumentó de forma importante el consumo de chimó entre los mayores. Masticando chimó engañan el estómago y la poca comida se la dejan a los niños, me dicen que está ocurriendo.

Indignado, un diplomático europeo me comenta que mientras ésta es la dura realidad que viven los venezolanos de a pie, la élite política del chavismo –que llegó al poder en nombre del pueblo– toman jets privados para comprar sus alimentos en Aruba o Curazao. Ni siquiera ellos se movilizan, por el temor a ser identificados, les dan la lista de compras a asistentes o mandaderos, me indica.

Vivimos días de ayuno en Venezuela. Los cristianos le han dado un valor simbólico a la decisión no ingerir alimentos, claro cuando se trata de una voluntaria opción. En Venezuela el ayuno es impuesto, no hay otra opción.

No se consiguen alimentos, y los que se consiguen entre las redes informales de comercio están fuera del alcance de cualquier venezolano que viva de un salario mínimo. Ya en los supermercados no se consiguen tantos productos básicos y las bolsas de los CLAP no cubren –de lejos– la demanda. Estamos atrapados. No hay hambruna generalizada, pero cada día que pasa crece el número de venezolanos que pasan hambre. Pasar de una cosa a otra sólo será cuestión de tiempo, si no se toman acciones urgentes y efectivas para garantizar el derecho a la alimentación.

El gobierno de Nicolás Maduro está enfocado en cómo permanecer en el poder. El hambre de cada venezolano que no come completo hoy en el país parece ser un asunto secundario, mientras logre conservar el poder. Lo que posiblemente no se evalúa es el riesgo que corre el poder de no mantener el control sobre una población, cuando ese pueblo está hambreado.

Son días de ayuno en Venezuela. Yo voluntariamente he comenzado a hacer ayuno. No pienso inmolarme, pero cada vez que me salto una comida o paso un día sin ingerir alimentos me permite conectarme y solidarizarme aunque sea por algunas horas con el sufrimiento que hoy viven tantos y tantos venezolanos. Ojalá que el ayuno vuelva a tener un sentido voluntario en Venezuela.

Andrés Cañizales

@infocracia

Creo que fue por los años 2002-2003, en medio de la aguda crisis política que luego tuvo un correlato severo en la economía (producto del llamado paro petrolero), cuando por primera vez me pregunté seriamente si estábamos cerca de tocar fondo como país. ¿Estamos tocando fondo en Venezuela?, comencé a preguntarme hace ya 12 años.

Mi interlocutora de aquellas disquisiciones era Mercedes Pulido de Briceño, para entonces directora de la revista SIC, editada por el Centro Gumilla. Las tradicionales reuniones del consejo de redacción de la revista (cada martes a las 2:00 pm, desde tiempos inmemoriales), en las que entonces participaba, daban pie para un posterior intercambio con Mercedes.

Ella siempre tajante en sus aseveraciones solía decirme: “Andrés, estamos lejos, muy lejos, de tocar fondo”. En estos primeros meses de 2016 he tenido muy presente aquellas conversaciones, para preguntarme de nuevo: ¿acaso ahora sí estamos tocando fondo?

La situación nacional parece haber llegado a una situación límite que se manifiesta en la incapacidad del Estado de resolver las cosas más básicas: proveer de alimentos a centros médicos públicos de referencia como el pediátrico J. M. de los Ríos o la Maternidad Concepción Palacios. El padre de una colega, profesora universitaria, falleció recientemente después de un período en el cual no se encontraron los medicamentos para combatir el cáncer que lo aquejaba.

Son solo dos ejemplos del drama que atraviesa sin distinción Venezuela, en un asunto tan sensible como el acceso a la salud y las medicinas, cuestiones en las cuales el Estado tiene una inequívoca responsabilidad.

Un reciente estudio de Datanálisis le pone cifras concretas a otro drama diario que vivimos todos los venezolanos, tal vez con excepción de los enchufados: el acceso a los alimentos. Las colas se han recrudecido después de Semana Santa y cuando se creía que el desabastecimiento no podía empeorar, pues sí, ha empeorado.

Las cifras ratifican lo que vivimos como sociedad, nuestro mayor esfuerzo hoy está dedicado a sobrevivir. Según Datanálisis, en 2008 los venezolanos compraban alimentos cada 10 días, hoy en 2016 lo hacen cada 3. Actualmente, en promedio, se visitan 4 establecimientos y en cada salida a comprar se invierten hasta 5 horas en colas.

¿La situación puede empeorar? Sí, lamentablemente sí. En estos días la prestigiosa revista The Economist comparó a Venezuela con el Zimbabue de una década atrás. Un dato que puede ayudar a entender cabalmente esta comparación: el Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación en Venezuela sea de 720% este año, una cifra que Zimbabue alcanzó en 2006 para dos años después, en 2008, ser sacudido por la hiperinflación. Tan alta fue la inflación que no podía registrarse en una calculadora, y en 2008-2009 se estimaba que los precios se duplicaban cada 24 horas.

La crisis económica por sí sola no implicará el final del gobierno de Nicolás Maduro. La dictadura de Mugabe en Zimbabue bien viene a demostrar que un régimen autoritario puede recomponer la economía para seguir en el poder, como ha sucedido con este sempiterno dictador africano que está en el poder desde 1980, y que en febrero pasado cumplió 92 años sin ningún plan de retirarse.

Volvamos a Venezuela en este abril que se presenta complicado. El gobierno de Maduro, junto con los poderes plegados a él (TSJ, CNE), ha dinamitado cada una de las salidas políticas a esta crisis que se enmarcan en la Constitución. Tampoco tiene Maduro ninguna capacidad ni propuesta real para solucionar la crisis económica.

No tiene una tarea fácil la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática. Se trata de conducir esta situación tan negativa a soluciones políticas en el corto y mediano plazo. No se puede esperar pasivamente que la situación toque fondo, porque tal vez aún estemos lejos de ese fondo como sociedad.

Andrés Cañizales

Como en el pueblo minero de Tumeremo, la violencia es el pan de cada día

El escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta para exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había generado una “masacre virtual”.

Tumeremo, que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado Bolívar, sólo fue noticia durante una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad venezolana y el sistema periodístico pasaron a ocuparse de otras cosas. La violencia, incluso en un caso como éste, parece estar metabolizada entre los venezolanos.

De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual Venezuela se coloca entre los dos países más violentos del mundo, junto con El Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles para el régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la que confluyen académicos de diversas universidades y de diferentes regiones y es, en este momento, una referencia para entender el fenómeno de la violencia en Venezuela.

Lo ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder político y la sociedad en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que eventualmente en otros países hubiesen generado consecuencias políticas, institucionales o sociales. En Venezuela sencillamente nada de eso pasó. Salvo que una combinación de presión por parte familiares junto a la cobertura de una activa (aunque no tan potente) prensa independiente logró que al menos se identificaran las víctimas y que recibieran la debida sepultura y duelo por parte de sus familias.

El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente a familiares y diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo que sin duda fue una masacre. Una semana después, cuando la realidad se impuso sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 cuerpos, Rangel Gómez cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo consecuencia alguna para él.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían sido víctimas del enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la saciedad por el poder para explicar los hechos que pueden salpicarle, sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya que los muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo.

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó que los responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual termina siendo otro subterfugio del poder para explicar la violencia que devora al país: los hechos violentos los generan delincuentes importados.

La prensa independiente, en tanto, si bien puso el foco sobre Tumeremo en las primeras de cambio y su papel fue importante en llamar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido, luego de dictarse la versión oficial dio por cerrado el asunto. No se detuvo, siquiera, en lo que a todas luces era una tentadora contradicción (para un trabajo periodístico de investigación) ya que por un lado la fiscal dijo que la investigación había concluido, mientras que el defensor insistía en que posiblemente existían otras fosas comunes, y por tanto debía continuar la investigación criminal.

De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes

 
La violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la que ha gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios era ya preocupante en 1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por primera vez. Según el OVV, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 20 (1998) a 38 (2002) en los primeros años del chavismo. El crecimiento ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno y sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un salto en el último lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015).

En cualquier país esta problemática serían motivo de una cruzada nacional, en Venezuela la violencia parece estar metabolizada, sencillamente asimilada por la sociedad y especialmente interpretada por el poder, a su conveniencia.

Andrés Cañizález es analista e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Twitter@infocracia