Que en América Latina se haya, vamos a llamarlo así, “naturalizado” la existencia de tres gobiernos de facto, violadores de los derechos humanos, negadores de la alternancia democrática y perseguidores de sus adversarios políticos es algo que trae malas noticias sobre la salud de la democracia en la región. Hablo, por supuesto, del comunismo cubano, el sandinismo orteguista en Nicaragua y el militarismo chavista venezolano.

Que con el paso del tiempo, iniciativas como el Grupo de Lima, que trataban de hacer presión internacional para aislar a estos gobiernos no democráticos, hayan ido desapareciendo paulatinamente y cada vez más gobiernos, incluyendo partidos de derechas como el Colorado en Paraguay, se presten a reconocer gobiernos ilegítimos y espurios, es un dato triste de la realidad que viene a confirmar las advertencias de analistas internacionales sobre el retroceso democrático en el mundo.

Pero más deplorable aún resulta que líderes de la región, como Lula Da Silva, en otros tiempos baluarte en la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, se presten abiertamente a intentar lavarle la cara a regímenes como el venezolano. Es algo que podemos evaluar como la entrada en un momento de degradación ética y retroceso moral de América Latina, en el que los valores democráticos y respeto de los derechos fundamentales están quedando relegados a un muy segundo lugar.

En los últimos días del mes de mayo, en una cumbre de presidentes suramericanos, convocada por él mismo, Lula Da Silva dejó clara su nueva vocación de alcahueta trasnacional con una frase que de inmediato se hizo noticia internacional. Como un padre que le habla a su hijo, Da Silva le dijo a Maduro algo así como “ustedes saben que contra Venezuela se ha construido una narrativa sobre el autoritarismo y la antidemocracia”. Y luego, a la usanza de un asesor de imagen, agregó: “Ustedes tienen que deconstruir esa narrativa”.

La frase, que ya quedará para la historia, con la que el presidente brasileño se decidió a negar que en Venezuela se violan los derechos humanos y se impide el libre juego democrático, es de por sí una vergüenza. Afirmar que nada pasa en Venezuela, que solo es una ficción, una narrativa creada para hacerle daño a su gobierno, es algo similar a negar la existencia del holocausto, o afirmar que en Suráfrica nunca existió apartheid, en la Argentina de los años 1970 y 1980 no hubo desaparecidos o sostener que en la Nicaragua del presente a ningún opositor a Ortega se le ha expulsado del país ni se le ha quitado la nacionalidad.

En su esfuerzo por actuar como lavandero de imágenes dañadas de sus colegas de izquierda, y por ponerse al servicio de China y Rusia, Lula se comporta de una manera vergonzante. Primero, porque oficia de mentiroso impúdico. Obviamente, él sabe bien que lo ocurrido en Venezuela está suficientemente documentado y probado, no solo por organizaciones de defensa de los derechos humanos venezolanos, sino por todo tipo de organismos internacionales de alta credibilidad, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, que han detallado las torturas contra opositores, detenciones ilegales, ultrajes sexuales y desapariciones como moneda de curso común en Venezuela.

En segundo lugar, porque actúa como un juez que libera a conciencia a unos delincuentes convictos y confesos, solo por simpatías, dinero o solidaridad ideológica. Y, hay que decirlo, un juez que así actúa incurre también en un delito, abandona la ley y la verdad convirtiéndose él mismo en otro delincuente más.

Y, en tercer lugar, porque –no sé si tenga conciencia– estas posturas contribuyen al deterioro moral de un tipo de izquierda, que aun manteniendo dentro de sus países un mínimo de respeto por los principios democráticos, en el escenario geopolítico internacional actúa como celestina de gobiernos de facto, de violadores de los derechos fundamentales. Y, lo más dañino, solo para responder a un juego de intereses internacionales como oficiante de una doble moral que contribuye aún más a la emocionalización de la política del presente, a la supresión de las ideologías sustituidas por la rabia o por el miedo.

Al final del siglo XX surgió una izquierda democrática –lo que se llamó en España e Italia el eurocomunismo, el MAS en Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay, los socialistas chilenos– que se distanciaba por igual del totalitarismo comunista y de las dictaduras militares. Recuerdo que Santiago Carrillo, el legendario Secretario del Partido Comunista Español, acuñó la frase: “Dictadura, ni la del proletariado”.

Hoy esa frontera se ha desdibujado con la izquierda que por ahora llamaremos celestina. Esa que mantiene en sus países las reglas democráticas, pero ejerce el apoyo incondicional a los autoritarismos de izquierda que ocurren en otros países. López Obrador recibe como un héroe a Díaz-Canel, el gran represor de Cuba. Gustavo Petro condena los crímenes de lesa humanidad de Ortega, pero guarda silencio cómplice con los de Maduro. El PSOE conserva la línea democrática, pero se alía con Podemos, una franquicia de apoyo incondicional a la carnicería chavista. Lula se declara aparentemente neutral, pero obviamente apoya la invasión de Rusia a Ucrania. Los límites entre lo correcto y lo incorrecto, lo delictivo y lo probo, lo permitido y lo ilícito, se desdibujan.

En un artículo reciente, “De la decepción al miedo” (El País, 15.06.23), el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez nos contaba la manera como el periodista inglés Michael Reid, que lleva más de cuarenta años escribiendo sobre América Latina, sostiene que el actual es el momento más complicado de la región desde que él empezó a ocuparse de estos temas. Se refería, el novelista colombiano, “al avance sin remedio de los autoritarismos, que nos ha puesto frente a la realidad incómoda de tres dictaduras y otros regímenes que, sin ser dictaduras todavía, sin duda aspiran a serlo (…) y de los populismos de nuevo cuño, que no solo son preocupantes en sí mismos, por el deterioro que les causan a nuestras democracias, sino que lo son también por ser el síntoma de un desarreglo más profundo de nuestras sociedades”.

 Tulio Hernández

Cuando el río suena hay que prestarle atención.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

De una parte, una comunidad universitaria entusiasmada, voluntariosa, derrochando ganas de participar en las elecciones para elegir democráticamente a sus autoridades. De la otra, un equipo organizador, una Comisión Electoral, incapaz de asegurarle a esa comunidad entusiasmada la posibilidad de ejercer el derecho al voto.

Así podría resumirse lo que ocurrió el pasado 26 de mayo en la Universidad Central de Venezuela, el día cuando se suponía que la más antigua institución universitaria del país iba a recuperar parte de su autonomía confiscada por el régimen militarista.

Por eso he titulado este escrito “esperanza, frustración y aprendizaje”. Esperanza, porque ha quedado suficientemente claro que existe una comunidad que, pese a la persecución, acoso y chantaje ejercido sistemáticamente durante más de dos décadas por el “socialismo del siglo XXI”, ha conservado intacta su fe y su vocación democrática.

Frustración, porque esa voluntad democrática no pudo expresarse en las urnas por responsabilidades internas que aún parecieran no haber sido suficientemente investigadas, claramente explicadas y transparentemente asumidas.

Y aprendizaje, porque obviamente ante lo ocurrido debemos tomar lecciones necesarias para enfrentar con éxito lo que podría suceder en próximas elecciones, ya en otras universidades públicas o, muy especialmente, en aquella terra incognita a la que nos enfrentaremos si llegan a realizarse las primarias propuestas por una parte importante de la oposición democrática.

Aunque es evidente que ha habido errores extremos en la preparación de las elecciones, lo que ha ocurrido no podemos interpretarlo solo como un mero accidente, producto de la improvisación y mala gerencia de un equipo. Pienso que no es solo un error, o un acto con implicaciones oscuras que aún no han sido develadas, porque en la era democrática, incluso al comienzo del régimen chavista, la UCV era una institución en la que prácticamente todos los años se realizaba con absoluta transparencia y credibilidad alguna consulta electoral. Ya fuese de centros de estudiantes, asociaciones de empleados y profesores, representantes en el cogobierno o, periódicamente, las autoridades rectorales.

Para ser más preciso, la UCV, como la mayoría de la universidades públicas, era una institución autónoma que tenía acumulada una experiencia y un conocimiento técnico sobre cómo gestionar su vida democrática interna a través de elecciones libres y transparentes. Pero esa tradición democrática, esa experiencia que era prácticamente “natural”, se vio interrumpida por la mano interventora del gobierno rojo que, a través de ardides jurídicos, impidió durante catorce años que las autoridades se renovaran como ordenan sus leyes internas.

Los cuerpos sociales, igual que nuestros propios cuerpos físicos individuales, también se oxidan. Pierden dinamismo. Como le ocurre a la deportista o al bailarín que cuando deja de entrenar pierde habilidades. Y, probablemente, estoy especulando —no estoy justificando, no tengo razones para hacerlo—­, parte de lo ocurrido el pasado 26 de mayo tiene que ver con una comunidad que desde hace largos años no ejercía su derecho al voto y ahora, cuando logra recuperarlo, está fuera de training. Su Comisión Electoral desentrenada ha perdido sus habilidades para gestionar algo en otros tiempos tan sencillo como convocar y realizar unas elecciones internas.

Y esa es la parte del aprendizaje que, sugiero, debemos extraer de esta experiencia. La democracia, lo sabemos ahora que la hemos perdido, no solo es un entusiasmo o un derecho. Es también un sistema operativo que requiere de instituciones, ética, responsabilidades y capacidad de gerencia. Lo que antes nos resultaba casi invisible, todo el aparataje que hay detrás de una elección ­—un árbitro neutral, registros confiables, identificaciones precisas, procesos de inscripción de candidatos, formas de cuidado del voto, impresión de boletas o uso de máquinas, selección de ciudadanos que gestionen cada mesa, equipos de observación— ahora se nos hace evidente cuando tenemos más dificultades para realizarlas.

El militarismo chavista fue dinamitando la democracia y los mecanismos institucionales para ejercerla. Con el nombramiento de un militante del PSUV, Jorge Rodríguez, como presidente del Consejo Nacional Electoral, se rompió con una tradición democrática compartida por todos: quien dirigiera esa institución no debía ser militante activo de ninguna de las fuerzas que concurrían a la contienda.

La farsa se comprobó cuando, apenas dejó el cargo de árbitro, el otrora presidente del CNE comenzó a jugar con el equipo ganador en tantos cargos como se pueda imaginar: alcalde, ministro, vicepresidente, parlamentario. Luego vino una dama llamada Tibisay Lucena y convirtió en tradición –en algo normal– la figura del árbitro electoral que no es neutral sino miembro activo de uno de los equipos. El grupo en el poder perdió todo pudor y la pornografía del ventajismo se hizo norma en nuestro sistema electoral.

En todos estos temas debemos pensar al momento de imaginar unas elecciones primarias para ir con un candidato unitario a las presidenciales del 2024. ¿Cómo haremos para garantizar un equipo técnico capaz de conducirlas? El CNE hoy lo preside un militante del PSUV que, incluso, ha sido ministro del gobierno militarista, si ellos conducen técnicamente el proceso ¿cómo haremos para protegerlo? ¿En verdad está asegurado la protección de la identidad de los electores? ¿Cómo lograr que nuestros electores nacionales tengan el mismo entusiasmo democrático de la comunidad ucevista? ¿Cómo haremos para no defraudarlos y garantizar que ejerzan su derecho al voto? Son preguntas que luego del acto fallido de la UCV se hace cada vez más imperioso responderlas.

Por ahora, solo esperamos que este viernes 9 de junio, fecha fijada para las nuevas elecciones, la comunidad ucevista haya logrado renovar sus autoridades, libremente, sin interferencia del gobierno ni de las fuerzas internas en la que algunos han comenzado a desconfiar. Es un triunfo que nos merecemos, no solo los universitarios, sino todos los ciudadanos demócratas que desde hace mucho tiempo solo conocemos la derrota nacida del ventajismo oficialista y del poder de facto ejercido no por los votos sino con las armas de la guardia pretoriana en la que convirtieron la institución militar.

 Tulio Hernández

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

El partido, el mayoritario del país, condenaba a priori, antes de que el TSJ lo hiciera, a quien hasta entonces había sido uno de sus dirigentes fundamentales, un líder de masas que arrastraba multitudes ahora venido en desgracia. El CEN le quitó la alfombra a Carlos Andrés Pérez. Los jefes del partido lo lanzaron a la hoguera.

Lo que no sabían quienes lo defenestraban es que en esa operación se suicidaban ellos también. En las elecciones presidenciales de 1988, CAP y AD, triunfadores, habían obtenido 4 millones de votos. Pero en las que siguieron a su expulsión,  las de 1993, Claudio Fermín, derrotado, pasó a solo 1.300.000 votos, aproximadamente 23% del total. Y en la siguiente, la de 1998, cuando llegó Chávez, AD, sin candidato propio, no llegó siquiera al 10% del total de votos. De partido mayoritario había caído a la condición de pequeña minoría.

Desde el comienzo del proceso judicial era para todos evidente que se había armado una conjura blindada en la que se supone figuraban como operadores Rafael Caldera, enemigo enconado de Pérez; los llamados “notables”, un grupo de intelectuales de brillo, con Arturo Uslar Pietri, víctima de amargo resentimiento contra AD desde los tiempos del golpe a Medina, al frente; Luis Alfaro Ucero, un líder rural de AD, apparatchik de mucho poder y pocas luces, ilusionado con la idea de ser presidente; algunos banqueros nacionalistas que se oponían a la propuesta de apertura de la competencia a la banca internacional; y, por supuesto, la mano negra de quienes aupaban en la oscuridad de los cuarteles a la logia militar que había asestado el sangriento pero fallido golpe de Estado de febrero de 1992.

El resultado del juicio era previsible. Un hombre tan lúcido como justo, el abogado Alberto Arteaga, dio lecciones magistrales de técnica jurídica que hacía pensar por momentos que Pérez podría salir bien librado. Algo imposible. Quedaba claro que la suerte estaba echada. No importa cómo fuese el proceso, cuán lúcida y correcta la defensa, el resultado –¡culpable!– ya estaba decidido porque era un juicio político. La justicia no tenía puesta la venda en los ojos.

Por esos días, como solía hacer cada vez que se vivía una situación difícil, fui a reunirme en el Palacio Federal con el doctor Ramón J. Velásquez, quien en ese momento no podía imaginar que pronto sería nombrado presidente de la República. Le pregunté y me dijo: “Mire, con este juicio comienza el final de la democracia venezolana. O por lo menos entra a terapia intensiva. Cuando el sistema de justicia se pone al servicio de una retaliación política, ya no hay retorno”.

Meses atrás, cuando la asonada militar de febrero de 1992, nos había dicho: “Alguien levantó las tapas del infierno en donde habíamos encerrado los demonios del militarismo. ¿Cuántas décadas les llevará a ustedes volverlas a cerrar?”.

Ninguna señal buena aparecía en el futuro. Con los demonios del militarismo sueltos y los jueces convertidos en verdugos políticos, solo faltaba que por primera vez en la historia democrática, iniciada en 1959, un presidente no pudiese concluir su período. Y así ocurrió.

En apenas dos meses de juicio, Pérez fue condenado a 2 años y 4 meses de arresto por malversación agravada de fondos públicos al desviar 17 millones de dólares de partidas secretas para apoyar al gobierno de la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro. La farsa jurídica había triunfado.

Pérez salió de Miraflores. Cumplió respetuosamente la condena, primero en el Internado Judicial de El Junquito, luego en casa por cárcel en su residencia en El Hatillo, Caracas. Ramón J. Velásquez tomó el mando para conducir el barco maltrecho de la democracia hasta el puerto seguro de las nuevas presidenciales. En las elecciones de 1993, el bipartidismo llegó a su fin. El sistema de partidos que fundó la democracia se desmoronó como un castillo de naipes.

Rafael Caldera, a la manera de Saturno devorando a sus hijos, el legendario cuadro de Goya, se engulló a Copei de un solo bocado. Regresó a la presidencia en hombros de una suma de grupúsculos de izquierda, gráficamente bautizado como El Chiripero y, como seguramente se había comprometido con “los notables”, las chiripas y José Vicente Rangel, liberó de la cárcel a Hugo Chávez y su clan de golpistas para que regresaran a terminar el proyecto que había quedado a medias en febrero de 1992.

Pérez no huyó del país. Ni intentó dar un golpe de Estado. Cumplió honrosamente la sentencia de cárcel. Fue nombrado senador por el estado Táchira. Volvió al Congreso y dejó un mensaje premonitorio advirtiendo que si el país no reaccionaba a tiempo con Chávez volveríamos a una dictadura.

Pero no pudo evitar que una de las tentaciones venezolanas, la liderofagia –la pulsión de encumbrar a los líderes para luego devorarlos, hacerlos culpable de todo lo malo que nos sucede para liberarnos de la responsabilidad colectiva– le costará la presidencia y su cabeza como dirigente nacional. “Hubiese preferido otra muerte”, dijo. Sonó a epitafio.

Cuando Hugo Chávez entró en la campaña electoral para las elecciones de 1998, la mesa ya estaba servida. Mesoneros, copas, servilletas, entradas, platos fuertes, postres y vinos.

Chávez solo tuvo que sentarse y hacer pasar a sus invitados. Ni siquiera necesitó ordenar. El menú estaba listo. Algunas élites prefieren suicidarse y regalarle el poder al diablo antes que dialogar entre sí.

¿Podrán aprender los líderes del presente de la inmadurez de aquellos políticos del pasado, cuyos conflictos intestinos ayudaron a traer al apocalipsis del que no terminamos de salir?

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

 Tulio Hernández 

En la actual coyuntura latinoamericana, la izquierda –en sus diversas variantes– experimenta de nuevo un ciclo de notoria devaluación. Asumiendo, claro está, que la vieja distinción entre izquierda y derecha es cada vez más insuficiente para explicar las nuevas cartografías políticas internacionales, pero hasta hoy ninguna otra la sustituye con éxito.

Las señales son numerosas. Salvo en Cuba, Venezuela y Nicaragua –donde dominan regímenes de izquierda autoritaria, sin alternancia ni elecciones libres, altamente militarizados y represivos, sustentados en modelos no democráticos–, en las demás naciones, para decirlo en términos gráficos, la última década ha estado marcada por una suerte de montaña rusa por la que suben y bajan, alternativamente, gobiernos de derecha e izquierda.

En este momento la caída libre afecta mayormente a la izquierda. Hay señales, no necesariamente electorales, que debemos leer. Por ejemplo, es muy llamativo que el personaje mayor en la recientemente realizada Feria Internacional del Libro de Bogotá –una de las tres más importantes de América Latina– haya sido el argentino Agustín Laje, una especie de filósofo derechista pop, un auténtico rock star, autor de un best seller titulado La generación idiota.

Que sus centenares de seguidores empezaran a hacer filas a las 5:00 de la mañana para un encuentro que ocurriría a la 10:00, fue la evidencia de que existen intelectuales de derecha con un nuevo glamour y carisma que pueden competir exitosamente, en un medio de lectores, con predominio universitario, generalmente dominado por los autores “progre” en un país donde en el presente existe un gobierno de izquierda.

Pocos días después de concluido el paso arrollador por Bogotá de Agustín Laje, en Chile la derecha se anotaba un triunfo aplastante en las elecciones para elegir a los delegados que redactarán una nueva Constitución, una vez que la propuesta anterior, redactada por una mayoría de izquierda fuera rechazada. Por la noche del domingo 7 de mayo las cifras eran incontestables. La derecha se quedaba con 62% de los votos, asegurándose así que la nueva carta magna será hecha a su medida y, seguramente, conserve en lo esencial el modelo económico de mercado que ha dominado en Chile por las últimas décadas.

Estos resultados de alguna manera le dicen adiós al entusiasmo colectivo de años atrás por transformar radicalmente la Constitución heredada de los tiempos de Pinochet. Adiós también, por los momentos, al ascenso de una nueva clase política que parecía llamada a sustituir a las viejas dirigencias tradicionales que hicieron la transición a la democracia. Y ratifican la caída en picada de las simpatías por el presidente Boric, quizás el más joven del continente. Un presidente, hay que valorarlo, con temple democrático, integral defensor de los derechos humanos, por tanto, crítico de Maduro, Ortega y Díaz-Canel.

Algo similar se prevé ocurra en la Argentina en las próximas elecciones presidenciales. El rechazo creciente al presidente Fernández, con solo 14% de aceptación, el más bajo índice de las últimas décadas, hace prever el triunfo de la centroderecha, encarnada por Héctor Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires. Aunque suena también un outsider radical, Javier Milei, a quien algunos asocian con Bolsonaro y Bukele, y bien podría ser la opción desesperada de última hora.

Aunque no se trata del mismo tipo de derrota. La salida por la puerta de atrás, directo a la cárcel, del presidente Pedro Castillo en el Perú representó otro revés más para la izquierda de la región. En este caso, porque Castillo –quien intentó cerrar el Congreso violando la Constitución– encarnaba un proyecto asociado a la izquierda filial de Cuba y Venezuela, o a actores incómodos para la democracia como los restos de Sendero Luminoso y los poderosos de la minería ilegal.

No debemos dejar por fuera las recientes elecciones de Paraguay del pasado 30 de abril, cuando el entusiasmo por el posible crecimiento de la opción de centroizquierda encarnada por Efraín Alegre, recibió un baño de agua fría con el triunfo de Santiago Peña, que asegura la larga continuidad en el poder de la centroderecha, conocida como Partido Colorado.

No ha pasado siquiera un año del gobierno de Gustavo Petro en Colombia y su caída de popularidad ya ha sido registrada en un promedio de 20%. El país entero está removido por la entrada en la escena pública de las “guardia indígenas y cimarronas” que algunos entienden como un proceso de milicianización promovido desde el gobierno a la manera de los colectivos chavistas o las turbas de choque de Ortega.

Como respuesta, la semana pasada se produjo una multitudinaria manifestación de miembros de la reserva militar que llenó por completo la plaza de Bolívar produciendo gran inquietud. Algunos, como el propio presidente de la República, lo han interpretado como una amenaza de golpe militar. Otros, como una respuesta viva a la presión que se ejerce sobre la institución militar al sujetarla de manos para proteger a las nuevas milicias.

En suma, a estos percances electorales hay que añadirle que la izquierda boliviana ya no tiene el brillo transformador de los primeros años; Nicaragua y Venezuela, son naciones dirigidas por tiranos Frankenstein, cuyo desprestigio internacional no puede ser mayor; los movimientos guerrilleros, en otros tiempos creadores de ilusiones, prácticamente solo sobreviven en Colombia, contaminados por el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, jugando al sí y al no con los proyectos de pacificación.

AMLO y Lula son excepciones. Gobernantes de países donde la institucionalidad democrática siguen con vida, aún mantienen en medio de grandes cuestionamientos y protestas masivas en su contra niveles promedio de popularidad y soportes de gobernabilidad. El de Lula, por reciente, aún es un enigma de hacia dónde se desplazará.

En conclusión, con identidades políticas altamente volátiles –Brasil ha pasado en diez años de un militarista de derecha a un socialista de izquierda, Chile en tres años de apoyar masivamente revueltas violentas callejeras a buscar la serenidad beatifica del conservadurismo–; con sistemas presidencialistas cada vez más inestables –Perú ha tenido en seis años seis presidentes, Ecuador está a punto de deshacerse del suyo–; en un escenario regional donde derechas e izquierdas fracasan por igual en la tarea impostergable de salvar el escollo de la pobreza y las desigualdades sociales; donde la política se halla cada vez más penetrada por los tentáculos del crimen organizado; y donde hasta el otrora triunfante populismo se le ven las costuras de su incapacidad para cumplir las atractivas promesas con las que entusiasman a los sectores populares; en la región no terminan de cristalizar opciones políticas renovadoras que, con miradas de largo plazo –de verdaderos estadistas con proyectos nacionales viables–, nos liberen del ciclo entusiasmo-rechazo que nos impide bajarnos de la montaña rusa para construir futuros. No para destruir pasados.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

 Tulio Hernández 

Para cualquier analista imparcial –que se base en los hechos y los datos, no en opiniones interesadas– queda absolutamente claro que la crisis humanitaria compleja, incluyendo el fenómeno migratorio masivo, que ha azotado cruelmente a Venezuela en este siglo XXI comenzó mucho antes que Estados Unidos impusiera sanciones al régimen conocido como socialismo del siglo XXI.

Que las cuatro destrucciones –la del aparato productivo y el sistema económico en general, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, y la de los servicios básicos de electricidad, salud y educación– habían estallado ya, hasta extremos apocalípticos, cuando en el año 2017 Estados Unidos decidió comenzar con las sanciones.

Para el año 2017 ya Venezuela había vivido, desde hacía años, la experiencia de la escasez. Existían colas y restricciones para adquirir productos alimenticios en los mercados o para poner gasolina a los vehículos. También escaseaban las medicinas y un producto tan básico en nuestra dieta como la harina pan. Los enfermos de menores recursos desesperaban por la ausencia de tratamientos de diálisis y de medicamentos para el cáncer o el VIH asequibles a sus posibilidades. Y los índices de violencia e inseguridad, medidos en el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes habían alcanzado cifras hasta entonces inimaginables.

El mejor indicador, imbatible, lo encontramos en que para aquel año un país que no había conocido la migración masiva ya reportaba a una cifra mayor de 2 millones de connacionales desplazados a otros países tratando de encontrar los bienes, la seguridad y la calidad de vida que el suyo les negaba. Solo en Colombia 670.000 venezolanos habían atravesado la frontera para quedarse a vivir sin saber por cuánto tiempo. Hoy somos casi 3 millones.

Dos años antes, en 2015, lo recuerdo como si fuese ayer, las conversaciones con los amigos siempre estaban salpicadas de recomendaciones sobre a cuál supermercado había llegado harina pan, una bodeguita en Bello Monte donde aún se conseguía papel higiénico, o un mercado popular adonde el próximo sábado –probablemente– llegaría leche.

Ese mismo año de 2015 la devaluación del bolívar fue de 79%. La inflación fue de 181%. El tipo de cambio había crecido en 381%. El PIB por segundo año consecutivo seguía cayendo, esta vez a 6,22%. Y la escasez de productos sobrepasaba el 75%.

Fue cuando aparecieron nuevos oficios. Por ejemplo, los “bachaqueros”, personas que por los caminos verdes o el mercado negro conseguían alimentos y los revendían al doble o triple de su valor legal. Si no estabas dispuesto o no podías, por razones de edad o de salud, hacer las largas colas que de acuerdo con el número final de tu cédula de identidad te daba acceso a tres bolsas semanales de harina pan o dos litros de leche, pues tenía que pagarle al bachaquero.

Por lo tanto, no hay que ser un gran especialista para concluir que la leyenda negra creada por el gobierno militarista venezolano –con el apoyo de sus aliados internacionales– que convierte las sanciones en la causa de todas las calamidades que azotan a los venezolanos, es una estrategia propagandista de justificación absolutamente similar a la que ha utilizado la dictadura cubana para eludir la responsabilidad de sus fracasos económicos y su incapacidad comunista para satisfacer las necesidades mínimas de una población azotada desde el inicio mismo de la revolución por la pobreza, el hambre y la escasez.

Que los voceros del gobierno utilicen ese recurso cínico y mentiroso se comprende. Su estrategia desde que el socialismo del siglo XXI se instaló en Miraflores en busca de la eternidad, ha sido la conseja goebbeliana de la mentira repetida mil veces para que mute en verdad. Los patriarcas civiles y los multimillonarios generales chavistas padecen de autohipnosis. ¡Se inclinan a la orilla del río Guaire, recogen entre las manos un buche de líquido marrón maloliente y exclaman como en una letanía “!Esto no son aguas negras, ¡esto son aguas de manantiales de Evian!”, “¡Esto no son aguas negras, estos son aguas puras de manantial de Evian!”. Y así sucesivamente.

Eso al final es comprensible. No les queda otra para justificarse a sí mismos. Pero que la misma operación sea avalada por profesionales con formación académica, que tienen que saber claramente –sin necesidad de llevarlas a un laboratorio– que esa agua está llena de heces fecales, eso sí es decepcionante. Y que, además, actuando como propagandistas, desmeriten la necesidad del retorno a la democracia como un hecho secundario ante los padecimientos de la población a causa de las sanciones, no es más que una trampa argumental que deja ver impúdicamente sus costuras.

Cito solo dos frases de un conocido economista en una carta pública dirigida al presidente Petro, días antes de la fallida Cumbre sobre Venezuela. Frase una: “Flexibilizar las sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social no puede seguir condicionado a la mejora de las condiciones electorales”. Frase dos: “Resulta ruin e inhumano ante la gravedad de la emergencia humanitaria”.

¿Porque los académicos que apoyan al régimen militarista no alertaron sobre la tragedia humanitaria que ya ocurría cuando aún no había sanciones y tanta gente comía directamente de las bolsas de basura? ¿Por qué no protestaron cuando el gobierno rojo se negó a aceptar cualquier ayuda humanitaria que tantos países ofrecieron a pesar de que ya se conocían, por ejemplo, las alarmantes cifras de desnutrición infantil? ¿Por qué no se denunció a tiempo los millones y millones de dólares que se extraviaron en la caja negra de la corrupción chavista que hubiesen paliado con creces la emergencia humanitaria?

Todos quienes pregonan, por ejemplo, que la migración venezolana, los distintos ciclos de escasez, la baja producción de Pdvsa, todos los males que Hugo Chávez y sus sucesores sembraron estructuralmente en el país, son causadas por las sanciones forman parte de una comparsa de maléficas mentiras orquestadas para engañar a incautos. Sin lugar a duda las sanciones afectan, pero ni remotamente se hallan en la causa fundamental de nuestras desgracias.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

Hubo una época en Venezuela, en la era democrática, cuando la muerte de un dirigente, un gobernante o una autoridad pública perteneciente a un determinado grupo político suscitaba entre los demás partidos y sus entes directivos solidarias expresiones de respeto y condolencias.

Si moría un líder adeco, por ejemplo, el partido Copei emitía un comunicado de pésame. Y a la inversa, si moría uno de Copei, de URD, del MAS, incluso del Partido Comunista que cargaba con la guerrilla en su pasado, todos los demás participaban su pésame e, incluso, si las exequias eran públicas, asistían respetuosamente a acompañar a los deudos.

Recuerdo, con cierta vaguedad, un artículo al respecto, escrito por el periodista Vladimir Villegas, en ese entonces miembro de la Asamblea Nacional por el bloque chavista, donde recordaba que al morir su padre, Cruz Villegas, diputado por el Partido Comunista, fue velado en el Palacio Federal, sede del Congreso Nacional, y miembros de todos los demás partidos se sucedieron haciéndole guardias de honor.

Pero esa convivencia educada se acabó. Lo ha ratificado la avalancha de celebraciones, mofas, chistes despectivos, memes crueles, montajes graciosos y biografías satíricas sobre su vida, suscitadas por la reciente muerte de Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral y ministra de Educación Superior. Toda una fiesta del escarnio.

El asunto obviamente no es nuevo. Ni unilateral. Comienza a ocurrir apenas Hugo Chávez y el chavismo entran al poder. Incluso antes, desde la campaña electoral de 1998, cuando los rojos fueron introduciendo el odio de clases, la intolerancia y estigmatización del adversario, el lenguaje violento y soez, con el claro propósito de deshumanizar al oponente y estimular un proceso de polarización indispensable a todo modelo autoritario

En aquella campaña, Hugo Chávez dio sus primeros pasos como sacerdote del odio anunciando que freiría en aceite hirviente las cabezas de los dirigentes de Acción Democrática. Después, comenzó a burlarse de la muerte de figuras públicas que le adversaban. Todos recordamos que, en medio de los funerales del cardenal José Ignacio Velazco, figura mayor de la jerarquía eclesiástica venezolana, dijo con gesto despectivo marcado por el odio que su alma –la del cardenal– se iría al infierno, reconociendo quizás en un lapsus sobre su maldad personal, que allá se encontrarían ambos.

La entonces diputada Iris Varela, en la misma Asamblea Nacional, celebró en voz alta la muerte del diputado Alejandro Armas, figura disidente de la bancada del Polo Patriótico. La hoy jefa de las cárceles dijo algo así como que “se lo merecía por traidor”.

Algo similar, pero más hiriente, declaró Andrés Izarra, entonces presidente de Telesur, cuando con ensañamiento premeditado, en los días que se esperaba la muerte de Franklin Brito, el agricultor que hizo una larga huelga de hambre reclamando sus tierras expropiadas por el gobierno, declaró sonriente: “Es que Brito ya huele a formol”.

La guinda de la torta la colocó el embajador Roy Chaderton, a quien se suponía hombre de buenas maneras, cuando declaró también sonriente: “Es que una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco”.

Sería muy largo citar todas las barbaridades que Chávez y sus voceros proferían a la muerte de algún activista político, pero, poco a poco, el desprecio por los muertos y la burla por sus vidas, se pasó también al bando de los ciudadanos demócratas –no recuerdo expresiones similares de los dirigentes– que con todos los recursos de las redes sociales comenzaron a hacer lo mismo que los chavistas.

Creo recordar que las primeras expresiones masivas ocurrieron a raíz de la muerte del diputado Luis Tascón, el responsable de haber hecho pública la lista de los venezolanos que firmaron pidiendo la realización del referendo revocatorio para que fuera utilizada por el gobierno para castigar a “los enemigos”. Es decir, a negarles empleo, acceso a la salud o contratos dentro del sector público. El más grande “apartheid” político en la historia de América Latina.

La lista, en un acto delictivo que en cualquier país con independencia de poderes merecería una sanción, se la había entregado al entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez. Muerto Tascón, por cierto, joven, lo burlaron, vilipendiaron y casi que en una caricatura alguien aparece con la lista en la mano (en realidad era un CD) vomitando sobre una tumba.

Más nunca hubo respeto, piedad o, por lo menos, silencio ante la muerte de los adversarios. Desde muy temprano la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo rojo nunca permitieron, como se hace en todos los países democráticos y civilizados, que los restos de los presidentes de la República que morían fueran despedidos con honores en la sede del parlamento, símbolo y núcleo de la democracia.

Murieron Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, Ramón J. Velásquez, Carlos Andrés Pérez, y sus despedidas fueron realizadas modestamente en el Cementerio del Este, por sus familiares y amigos o, en el caso de Carlos Andrés Pérez, una breve velación en una de las sedes de su partido, Acción Democrática.

Por eso, si humanitariamente es lamentable, en cambio, sociológicamente es muy interesante revisar el grueso corpus de memes, frases sueltas, montajes de video, artículos anónimos de espontáneos, chistes ingeniosos y otros mensajes que por centenares afloraron durante varios días seguidos a la muerte de la funcionaria Lucena. Nos sirven para verificar el sustrato de odio, ira, crispación, desprecio, indignación, deseos de venganza y a la vez indolencia que sustenta la psique política del venezolano, de una parte de los venezolanos, del presente.

No voy a describirlos para no incurrir en lo mismo que relato críticamente. Pero sí es necesario decir que se trata de un ajuste de cuentas asociado al actuar de Lucena, obviamente sesgado al frente de un organismo, el CNE, el árbitro electoral, que debió haber sido conducido por alguien neutral y no por una militante oficialista. Es una mácula que la acompañó en los días de sus funerales y quizá acompañe su memoria para siempre.

Nadie se salva. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un acto que demuestra que el árbitro electoral no tiene independencia, hizo una declaración condicionando el apoyo del CNE a las elecciones primarias del bloque democrático al hecho de que la dirigencia de la plataforma unitaria pidiera disculpas a la memoria de Tibisay Lucena por todas las ofensas recibidas. “O piden disculpas o no hay servicios del CNE para los opositores”, dijo el funcionario.

Y en las redes, de inmediato le respondieron con un meme en el que, acompañado con la foto del secuestrado en deplorable estado, se le pide a Jorge Rodríguez que “envíe una carta de disculpas, más el dinero del rescate, por los tres años de secuestro del industrial  William Niehous”, conducido en los años setenta por su padre, el otro Rodríguez, entonces capitán del comando secuestrador.

Nada que celebrar. Ni de un lado ni del otro. Burlarse de los muertos es, como alguna vez hizo Fujimori en Lima, patear un cadáver. Estamos ante un fenómeno de degradación colectiva. Parte de la descomposición moral y la ruptura del tejido social a la que ha sido sometida Venezuela en estos ya casi 25 años de hegemonía militarista autoritaria se expresa en esta falta de empatía, piedad cristiana, compasión y respeto al dolor ajeno. O, lo que es lo mismo, la pérdida del valor sagrado de la vida. ¿Cuándo lograremos restituirlo?

 Tulio Hernández

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

Núremberg fue el juicio del siglo XX, el de Putin será el del siglo XXI”. Con esta frase, tan contundente como arriesgada, el jurista venezolano Fernando Fernández inició un artículo publicado, el pasado 23 de marzo, en la revista Analítica.

El texto, titulado “El arresto del siglo XXI”, intenta demostrar la trascendencia ética y los detalles jurídicos del proceso iniciado por la Corte Penal Internacional –CPI– al presidente de la Federación Rusa, junto a María Alekseievna Lvova-Belova, comisionada de la Federación para los Derechos del Niño.

Que Putin esté acompañado no por el ministro de Defensa, o algunos de los generales que han conducido la invasión a Ucrania, sino por una funcionaria de asuntos de la infancia, tiene un especial significado.

¿Cuál es la explicación?

Pues que el delito por el que se les procesa no es genocidio o crímenes de guerra en genérico, sino la presunta deportación y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas invasoras hacia el territorio ruso. Una acción violatoria de las convenciones internacionales que establecen que –aun en medio de los más cruentos conflictos bélicos– se debe hacer todo lo posible para no dividir los núcleos familiares y para que los niños y adolescentes permanezcan con sus familias.

Se trata de más de 16.000 niños ucranianos que han sido trasladados a Rusia para ser ubicados en orfanatos y casas de familia con el fin, acusan autoridades ucranianas, de “rusificarlos”. Esto es, hacer que pierdan su nacionalidad, idioma y cultura originaria. Lo que para algunos expertos puede calificarse como una forma de genocidio.

El gobierno ruso niega las acusaciones. Explica el traslado como una “evacuación” necesaria para proteger a los pequeños de la guerra. Lvova-Belova, la operadora del traslado masivo, ha expresado públicamente que se siente orgullosa por su labor. Que ella misma adoptó a un niño de quince años. Pero también ha terminado confesando, suponemos que un lapsus mentis, los esfuerzos para adoctrinar a los menores llevados a Rusia.

El año pasado se quejó ante la prensa porque los niños trasladados “hablaban mal del presidente [ruso], decían cosas horribles y cantaban el Himno ucraniano”. Luego aclaró que poco a poco comenzaban a integrarse. Una frase, reseñada en el portal de la BBC, del 17.03.23, titulada “Quién es María Lvova-Belova, la consejera de Putin acusada por la deportación de niños ucranianos a Rusia”, es reveladora: “Así que sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego [los niños ucranianos] se transforman para amar a Rusia (sic)”.

Un segundo detalle es también importante. La opinión internacional está dividida. Además de quienes celebran en Occidente la decisión de la Corte, y quienes –como el comunismo chino y otros países que actúan como neutrales– la condenan por sesgada y maniquea, se encuentran quienes consideran inocuo el fallo en tanto que la Federación Rusa, igual que Estados Unidos y China, no es firmante del Estatuto de Roma, el convenio internacional en el que se sustentan la actuación de la Corte Penal Internacional.

Para la CPI no es un impedimento. Por esta razón, ha emitido una orden de arresto basada en el criterio de que Putin y Lvova-Belova son sospechosos de crímenes de su competencia. El próximo paso será la audiencia de imposición de cargos que puede celebrarse en ausencia de los indiciados siguiendo el precedente de los acusados en la situación de Uganda. Aquel proceso en el que el excaudillo Dominic Ongwen fue declarado culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad, cometidos entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005.

Para los más optimistas en torno al valor de la justicia internacional, el solo hecho de que por primera vez se juzgue en la CPI a un gobernante de una potencia mundial es un avance extraordinario. La importancia de que haya 122 países firmantes del Estatuto de Roma, que en teoría deberán acatar las decisiones de la Corte; el peso internacional que ha tenido una decisión que de inmediato hizo que Xi Jinping, el presidente de China, se movilizara hacia Moscú; junto al hecho de que, en la misma Corte, se hayan iniciado investigaciones y procesos a gobiernos de Venezuela, Filipinas y Afganistán, son señales esperanzadoras de que la justicia internacional pueda compensar la ausencia de justicia dentro de países con gobiernos violadores sistemáticos de derechos humanos.

Los infantes han sido repetidas veces víctimas dolorosas de las guerras y otros conflictos políticos. Se calcula que los alemanes nazis y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a un millón y medio de niños, entre judíos, gitanos, polacos y millares de pequeños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían en instituciones públicas.

Durante los siete años de régimen militar en Argentina, cerca de 500 recién nacidos fueron arrebatados de sus padres desaparecidos. La movilización de las familias de las víctimas dio origen a asociaciones como la de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que se dedicaron a intentar localizar y restituir a sus legítimas familias una buena parte de los niños secuestrados.

No hay que olvidar que estamos ante un juego de la geopolítica mundial que nunca es inocente. Pero, sin adelantarnos a los resultados del proceso, el solo hecho de que se haya privilegiado a la infancia entre tantas víctimas de esta operación bélica, coloca esperanzadoramente el reflector sobre el destino de los 16.000 niños. Seguramente el proceso impedirá, también, que se realicen impunemente nuevas “evacuaciones”. Ya sea en invasiones del presente o en los del futuro. Ya sean estas hechas por tiranías eurásicas o por dictaduras y democracias occidentales como aquella realizada por Estados Unidos a Irak de la que ya transcurrieron veinte años.

Es igual. Más temprano que tarde aparecerán las abuelas ucranianas luchando por restituir a sus legítimas familias a los pequeñuelos hoy extraviados.

 Tulio Hernández

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

“Núremberg fue el juicio del siglo XX, el de Putin será el del siglo XXI”. Con esta frase, tan contundente como arriesgada, el jurista venezolano Fernando Fernández inició un artículo publicado, el pasado 23 de marzo, en la revista Analítica.

El texto, titulado “El arresto del siglo XXI”, intenta demostrar la trascendencia ética y los detalles jurídicos del proceso iniciado por la Corte Penal Internacional –CPI– al presidente de la Federación Rusa, junto a María Alekseievna Lvova-Belova, comisionada de la Federación para los Derechos del Niño.

Que Putin esté acompañado no por el ministro de Defensa, o algunos de los generales que han conducido la invasión a Ucrania, sino por una funcionaria de asuntos de la infancia, tiene un especial significado.

¿Cuál es la explicación?

Pues que el delito por el que se les procesa no es genocidio o crímenes de guerra en genérico, sino la presunta deportación y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas invasoras hacia el territorio ruso. Una acción violatoria de las convenciones internacionales que establecen que –aun en medio de los más cruentos conflictos bélicos– se debe hacer todo lo posible para no dividir los núcleos familiares y para que los niños y adolescentes permanezcan con sus familias.

Se trata de más de 16.000 niños ucranianos que han sido trasladados a Rusia para ser ubicados en orfanatos y casas de familia con el fin, acusan autoridades ucranianas, de “rusificarlos”. Esto es, hacer que pierdan su nacionalidad, idioma y cultura originaria. Lo que para algunos expertos puede calificarse como una forma de genocidio.

El gobierno ruso niega las acusaciones. Explica el traslado como una “evacuación” necesaria para proteger a los pequeños de la guerra. Lvova-Belova, la operadora del traslado masivo, ha expresado públicamente que se siente orgullosa por su labor. Que ella misma adoptó a un niño de quince años. Pero también ha terminado confesando, suponemos que un lapsus mentis, los esfuerzos para adoctrinar a los menores llevados a Rusia.

El año pasado se quejó ante la prensa porque los niños trasladados “hablaban mal del presidente [ruso], decían cosas horribles y cantaban el Himno ucraniano”. Luego aclaró que poco a poco comenzaban a integrarse. Una frase, reseñada en el portal de la BBC, del 17.03.23, titulada “Quién es María Lvova-Belova, la consejera de Putin acusada por la deportación de niños ucranianos a Rusia”, es reveladora: “Así que sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego [los niños ucranianos] se transforman para amar a Rusia (sic)”.

Un segundo detalle es también importante. La opinión internacional está dividida. Además de quienes celebran en Occidente la decisión de la Corte, y quienes –como el comunismo chino y otros países que actúan como neutrales– la condenan por sesgada y maniquea, se encuentran quienes consideran inocuo el fallo en tanto que la Federación Rusa, igual que Estados Unidos y China, no es firmante del Estatuto de Roma, el convenio internacional en el que se sustentan la actuación de la Corte Penal Internacional.

Para la CPI no es un impedimento. Por esta razón, ha emitido una orden de arresto basada en el criterio de que Putin y Lvova-Belova son sospechosos de crímenes de su competencia. El próximo paso será la audiencia de imposición de cargos que puede celebrarse en ausencia de los indiciados siguiendo el precedente de los acusados en la situación de Uganda. Aquel proceso en el que el excaudillo Dominic Ongwen fue declarado culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad, cometidos entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005.

Para los más optimistas en torno al valor de la justicia internacional, el solo hecho de que por primera vez se juzgue en la CPI a un gobernante de una potencia mundial es un avance extraordinario. La importancia de que haya 122 países firmantes del Estatuto de Roma, que en teoría deberán acatar las decisiones de la Corte; el peso internacional que ha tenido una decisión que de inmediato hizo que Xi Jinping, el presidente de China, se movilizara hacia Moscú; junto al hecho de que, en la misma Corte, se hayan iniciado investigaciones y procesos a gobiernos de Venezuela, Filipinas y Afganistán, son señales esperanzadoras de que la justicia internacional pueda compensar la ausencia de justicia dentro de países con gobiernos violadores sistemáticos de derechos humanos.

Los infantes han sido repetidas veces víctimas dolorosas de las guerras y otros conflictos políticos. Se calcula que los alemanes nazis y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a un millón y medio de niños, entre judíos, gitanos, polacos y millares de pequeños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían en instituciones públicas.

Durante los siete años de régimen militar en Argentina, cerca de 500 recién nacidos fueron arrebatados de sus padres desaparecidos. La movilización de las familias de las víctimas dio origen a asociaciones como la de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que se dedicaron a intentar localizar y restituir a sus legítimas familias una buena parte de los niños secuestrados.

No hay que olvidar que estamos ante un juego de la geopolítica mundial que nunca es inocente. Pero, sin adelantarnos a los resultados del proceso, el solo hecho de que se haya privilegiado a la infancia entre tantas víctimas de esta operación bélica, coloca esperanzadoramente el reflector sobre el destino de los 16.000 niños. Seguramente el proceso impedirá, también, que se realicen impunemente nuevas “evacuaciones”. Ya sea en invasiones del presente o en los del futuro. Ya sean estas hechas por tiranías eurásicas o por dictaduras y democracias occidentales como aquella realizada por Estados Unidos a Irak de la que ya transcurrieron veinte años.

Es igual. Más temprano que tarde aparecerán las abuelas ucranianas luchando por restituir a sus legítimas familias a los pequeñuelos hoy extraviados.

Tulio Hernández 

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

A diferencia de Venezuela, donde gracias al “Socialismo del siglo XXI” recién se comenzó hace dos décadas a vivir la experiencia migratoria, Colombia tiene un largo recorrido como país generador de emigrantes. También de desplazados internos a causa de sus conflictos armados de larga data.

Sin embargo, el hecho de que a partir de 2017 el vecino país se convirtió, quizás por primera vez, en receptor de un fenómeno migratorio de gran escala, el de los venezolanos, nos había hecho olvidar esa tradición.

Pero algunos hechos noticiosos han vuelto a llamar la atención sobre el tema. Uno ha sido la presencia reciente de colombianos entre las nacionalidades que cruzan junto a haitianos, venezolanos, ecuatorianos y cubanos, el riesgoso paso del Tapón del Darién camino de Costa Rica. Y el otro, mucho más contundente, el comunicado de Migración Colombia, donde se informa que durante el año 2022 no regresaron 547.311 colombianos que salieron del país en el mismo período. Según los especialistas, la brecha más grande que se constata desde que existe ese tipo de registros. Lo que significa que de cada 100 habitantes al menos uno salió para no volver en el corto plazo.

La cifra es bastante significativa. Como lo cita Laura Pizano, columnista de El Espectador, en su artículo “Vámonos de aquí”, publicado en la edición del pasado domingo 26 de febrero, un Informe del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, CERAC, explica que “el tamaño de la migración del 2022 fue 2.7 veces el promedio de nacionales que emigraron cada año desde 2012”.

Y hay otros dos datos interesantes ofrecidos por Pizano. El primero, que, según la División de Población de las Naciones Unidas, Colombia fue el país latinoamericano que más población perdió en 2022. Lo que es mucho decir si tenemos en cuenta que la migración venezolana es una de las más altas del mundo, junto a la de Siria, y por supuesto, en el presente, la ucraniana.

El segundo, refiere que entre enero y noviembre de 2022 la solicitud de asilos de colombianos en la Unión Europea alcanzó el mayor nivel desde 2014, fecha cuando comenzaron a realizarse los registros de modo sistemático.

Las causas de esta nueva migración que tiene como destinos prioritarios Estados Unidos, Chile y México parecieran no ser exactamente las mismas que movieron las altas migraciones de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado: el conflicto armado, las persecuciones políticas y la búsqueda de mejores ingresos y calidad de vida.

Hoy se supone que se mezclan diversos factores, de una parte, el estrés producido por la pandemia y, de la otra, por la violencia callejera y los efectos económicos de las protestas y paros ocurrido entre 2019 y 2021.

En un país absolutamente polarizado, los opositores al presidente Petro y el Pacto Histórico lo atribuyen al pánico e inseguridad que generan sus políticas económicas, el paquete de cambios legislativos radicales que se encuentra en discusión y el fracaso precoz del proyecto conocido como Paz Total. Mientras que Petro y sus seguidores, a la inversa, lo atribuyen al fracaso del gobierno de Duque y al capitalismo y el neoliberalismo que se supone han empobrecido y cargado de desesperanza a la nación colombiana.

Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de presentar un preocupante balance, reseñado por el diario El Tiempo, domingo 5 de marzo de 2003, donde se demuestra con cifras un peligroso crecimiento en la violación de derechos humanos durante 2022, donde cada tres días mataron a un líder social, y a lo largo del año se experimentó un incremento de 17% del número de masacres y del 12% de desplazamientos forzados.

Mientras escribo esta nota, el país se halla emocionalmente sacudido por el secuestro de 79 policías de tropas especiales y el asesinato del subteniente Ricardo Monroy, actos cometidos por un grupo de campesinos enardecidos y la Guardia indígena –un cuerpo de seguridad que el presidente y su equipo han reivindicado– quienes protestaban violentamente contra una petrolera, la Emerald Energy, en San Vicente del Caguán. El hecho tiene aún más repercusión porque el Caguán en la memoria colectiva representa uno de los tantos escenarios míticos de los fracasos de las negociaciones de paz durante la presidencia de Pastrana.

De nuevo hay dos explicaciones, el gobierno dice que fue un “cerco humanitario” mientras que los adversarios sostienen que fue un secuestro. Para muchos colombianos críticos del gobierno, la humillación de la que fueron víctimas los policías, despojados de sus armas y uniformes, transportados por la fuerza en un camión de estaca, es una “tristeza país” responsabilidad del nuevo gobierno.

Mientras que, para el nuevo gobierno, los indígenas y campesinos están siendo manipulados por fuerzas oscuras que tratan de frenar el proceso de cambio emprendido por “el primer gobierno progresista en la historia de Colombia”.

La autora del texto Vámonos de aquí cierra su escrito afirmando: “La sensación de que todo es difícil en Colombia es permanente. Los titulares repetidos y la improvisación política no ayudan a superar esa angustia. Por más paces que se firmen, decenas de miles tienen razones para irse, que van más allá del conflicto y la economía”.

Independientemente de cuál de los bandos en pugna tenga la razón, o de si ambos presentan una parte de la verdad, para los venezolanos inmigrantes en Colombia, estas noticias de adioses y migrantes haciendo maletas para buscar una segunda oportunidad, remiten a un déjà vu.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

 Tulio Hernández 

Daniel Ortega es, hoy en día, el déspota más déspota de América Latina. Lo que es bastante decir. Su crueldad infinita y fría, casi que imperturbable; su arbitrariedad patológica alimentada por su esposa ”copresidenta”, Rosario Murillo; junto a su tránsfuga historia política personal, inauguran un nuevo espécimen en la estrambótica galería de “monstruos” políticos de nuestra región: el tirano mutante.

Porque Ortega no pertenece a la saga de clásicos dictadores latinoamericanos –ya sean premodernos como Trujillo y Somoza; urbanos y de academia prusiana, como Pinochet o Galtieri; o guerrilleros marxistas vestidos de uniforme verde oliva, como Fidel Castro– que desde el primer día en el poder mostraron su vocación autoritaria.

Todos los anteriores, a quienes habría que añadir unas decenas de nombres más, fueron una tipología de tiranos que siempre estuvo del lado de la fuerza bruta. Entraron en escena por la puerta de la violencia, aplastando o impidiendo el surgimiento de la democracia. Y así se mantuvieron, inamovibles en sus credos, hasta que la muerte, un balazo, o una transición pactada, los separó del poder.

Ortega no. Ortega entró en la escena pública como parte de un movimiento político que alentaba esperanzas. Además de luchar contra una larga dictadura, se proponía –y en buena medida lo logró en un principio– crear un modelo de socialismo que no aplastara las libertades, convocara a elecciones libres, respetara la prensa independiente y garantizara la alternancia de poderes. Al punto que recién comenzando la etapa democrática, luego de la guerra con la “contra”, los sandinistas perdieron las elecciones presidenciales, y aunque dieron cuenta de su voracidad personal con la operación dolosa conocida como “La piñata”,  entregaron el poder.

Explicable la gran solidaridad convocada por el Frente creado para derrocar a la dinastía Somoza. Una coalición internacional que logró reunir el apoyo de gobiernos tan diferentes como el de Olof Palme, en Suecia, Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, y Torrijos en Panamá. Por solo nombrar algunos. Fue una esperanza.

Pero de aquella esperanza hace mucho que ya  no queda nada. La sonrisa se convirtió en mueca. El enamoramiento inicial en desencanto trágico. Y el héroe libertario, luego presidente electo de su país, en figura criminal. Lo advirtió tempranamente Sergio Ramírez en su libro de memorias Adios muchachos en donde se despidió a tiempo del proceso –ya degradado– del que había formado parte e hizo de vicepresidente en su primer gobierno.

El devenir político de Ortega ­y – el del sandinismo que quedó en sus manos– se ha desarrollado como una película en la que a mitad del relato los buenos se vuelven villanos. Los policías pulcros, como aquellos personajes que encarnan a Eliot Ness y su esquipo en Los intocables, terminan convertidos en infames delincuentes a imagen y semejanza de Al Capone. Y, además, se dedican a perseguir con saña implacable a sus antiguos compañeros de lucha contra el crimen que no quisieron mudarse de bando.

Ya la pareja Ortega-Murilo, a la usanza de los personajes de Shakespare poseídos por la maldad infinita que genera el hambre de poder sin límites, habían dado pruebas suficientes de estar dispuestos a llenarse las manos de sangre con tal de mantener a Nicaragua secuestrada  en sus solas manos.

A cargarse sin titubeos todo rastro de libertades democráticas y respeto de los derechos humanos. Y, a arremeter sin miramientos, contra cualquier institución o persona –las universidades, los partidos políticos, los sacerdotes de base y la jerarquía eclesiástica, las empresas de medios y los periodistas, los escritores y los artistas– que no acatara sus designios.

Pero lo ocurrido estas últimas semanas ha rebasado todo lo previsible. Ya era larga la lista de atrocidades –asesinatos masivos de jóvenes manifestantes, acoso y eliminación de partidos políticos y oenegés, encarcelamiento de pre candidatos presidenciales opositores, persecución y ensañamiento contra otrora figuras claves en la lucha contra la dictadura somocista– cuando apareció como noticia internacional el retiro de la nacionalidad de 222 presos de conciencia tras haber sido deportados de su país más el retiro, a continuación, de la misma nacionalidad a otras 94 personalidades. Y, como añadido delincuencial, la apropiación de todas sus propiedades por parte del aparato de gobierno.

El asombro internacional no cesa. Declaraciones de organismo de derechos humanos, manifiestos firmados por grandes figuras de las letras y el periodismo internacional, comparaciones con antecedentes escalofriantes del hecho como los emprendidos por Hitler y Pinochet, califican el acto como “una monstruosidad jurídica” y “una forma de barbarie” que viola convenciones internacionales sobre apatridia, por supuesto, flagrantemente, la Constitución nicaragüense.

Dos hechos, sin embargo, llaman poderosamente la atención. Primero, el silencio retumbante de los gobiernos de América Latina que con la excepción del presidente chileno Gabriel Boric, no se han manifestado frente al exabrupto. Y, segundo, la manera como esta escalada contra las libertades y la institucionalidad democrática –que tiene su punta de lanza en el triángulo Venezuela-Cuba-Nicaragua–, se ha ido convirtiendo, peligrosamente, en paisaje cuasi natural en la región latinoamericana aceptado de manera por demás cómplice por lideres y gobiernos que en sus países no han traspasado aún, de ese modo, la barrera de las libertades democráticas.

Mientras escribo esta nota leo en las redes una nota del escritor y editor colombiano Mario Jursich en las que nos recuerda lucidamente que la imagen central de la arriba citada Adiós muchachos es la de Saturno devorando a sus hijos, la extraordinaria por terrorífica imagen de Goya.

Jursich se pregunta:”¿Tendrá que ser así forzosamente?(..)¿Qué el mural pintado por Goya en su quinta de Carabanchel se convierta en el cuadro postrero, en el paisaje final de las revoluciones?”. El destino de Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Dora Téllez, entre tantos otros luchadores demócratas contra la dictaduras centroamericanas, parece confirmarlo.

Artículo publicado en el diario Frontera Viva

 Tulio Hernández