Las nuevas camadas de dirigentes empresariales que han asumido la conducción de los distintos gremios y asociaciones en las que se organiza ese sector han establecido una clara línea de demarcación con la dirigencia protagonista de los sucesos del 11 de abril de 2002 y del paro cívico de 2002-2003. Esta última camada de líderes enfrentó sin ambigüedades los devaneos comunistas y autocráticos de Hugo Chávez. Fue la época en la que el país entendió que la “refundación” de la República a la cual el comandante se había referido durante la campaña electoral de 1998, no era otra cosa que conducir el país por el camino cubano y reproducir en Venezuela el mismo modelo totalitario impuesto por Fidel Castro en la isla antillana.

Es comprensible que los nuevos dirigentes empresariales se distancien de figuras como Pedro Carmona y Carlos Fernandes, entre otros líderes que intentaron cubrir, sin éxito, el vacío dejado, luego de su declinación, por Acción Democrática, Copei y, en mucho menor medida, por el Movimiento al Socialismo y otras agrupaciones de izquierda.

La sociedad venezolana de repente se encontró ante el proyecto hegemónico concebido por Fidel Castro y Hugo Chávez, en ese orden. Para encararlo, echó mano de los instrumentos más engranados disponibles: Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las dos confederaciones más poderosas de la nación. Esas organizaciones pasaron a ser las guardianas de la democracia, de la propiedad privada –seriamente amenazada–, de la libre iniciativa y de la libertad en el más amplio sentido de la expresión. El fracaso de esa élite empresarial y sindical cuando desafió las pretensiones dictatoriales de  Castro y Chávez, no se debió tanto a que cometió un error en el diagnóstico y el análisis de la situación, sino a que fue incapaz de medir con suficiente claridad los límites de sus propias fuerzas. Se dejó dominar por el pecado de la soberbia. Desechó los aportes que podían darle los dirigentes más curtidos de los partidos que, a pesar de atravesar una crisis severa, contaban con la suficiente experiencia y conocimiento para sortear las dificultades que entrañaba oponerse a dos enemigos letales como el comandante venezolano y el déspota cubano.

No niego, entonces, que los actuales dirigentes gremiales deban andar con cuidado cuando declaran o conceden entrevistas a los medios de comunicación. El terreno en el cual se mueven está minado. La cultura antiempresarial de muchos jerarcas del régimen sigue siendo arraigada. Se debaten entre el guevarismo y el pragmatismo chino, que entendió con claridad que la actividad económica mientras más libre sea, más riqueza crea.  Al hablar en público, los empresarios están obligados, en primer lugar, a defender los intereses de sus agremiados. Ese espíritu realista es comprensible y plausible.

Lo que no comparto es la zalamería de algunos dirigentes con el Gobierno y, especialmente, su falta de compromiso con la democracia, la libertad en sentido amplio y el Estado de derecho.  Parecieran tenerle un miedo cerval al régimen. No se atreven a hablar de las condiciones generales, contextuales, que requiere un país para crecer de forma integral, sostenida e inclusiva. El miedo se convierte en terror cuando se refieren al tema de las sanciones internacionales. Ya muy poca gente está de acuerdo con que Estados Unidos y la Unión Europea le apliquen penalizaciones al régimen, a pesar de todos los desafueros que ha cometido y sigue cometiendo.

Sin embargo, esos líderes deberían saber que siempre resulta útil acotar que las inversiones se dirigen de forma preferente y masiva hacia los países donde impera el Estado de derecho; los tribunales poseen autonomía; la sociedad, a través de los medios de comunicación privados e independientes y de las agrupaciones civiles, pueden denunciar los abusos del gobierno y fiscalizar su acción; se da la alternancia en el poder porque se convocan elecciones libres, sin presiones ni exclusiones, cuyos resultados son acatados y respetados. En esas naciones la actividad económica aumenta porque sus élites inspiran confianza, factor esencial para que las sociedades prosperen, según demuestran todos los indicadores e informaciones de los que se dispone en la actualidad.

 
Trino Márquez 

A los dirigentes empresariales –estoy refiriéndome a los verdaderos emprendedores, no a los que han amasado su fortuna a la sombra del Estado chavista–  no hay que exigirles que se comporten como líderes políticos. Esto sería repetir el error que hace dos décadas les costó muy caro a ellos y al país. Pero tampoco se les debe aceptar que actúen como si vivieran en Narnia y ellos fueran hobbits.

Venezuela está atravesada de desequilibrios, falencias y déficits en todos los sentidos. La claque que se empotró en Miraflores hace un cuarto de siglo, después de haber destruido la economía y las instituciones del país, pretende seguir gobernando eternamente en medio del deterioro generalizado. Los dirigentes empresariales no pueden aislarse ni ignorar este contexto. Sin enfrentarse abiertamente al Gobierno, sí deben abogar por cambios que conviertan a Venezuela en una nación más amigable, equitativa y libre. La democracia debemos defenderla todos.

@trinomarquezc

Los sorprendentes resultados de la primaria desquiciaron la poca cordura que les quedaba a los jerarcas del régimen. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, entre otros personajes, le vendieron a Nicolás Maduro la idea de que la consulta sería un fracaso. Que colapsaría por el peso de la ineptitud de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP); la ausencia del Consejo Nacional Electoral (CNE); la escasez de recursos financieros; el acoso y las amenazas a los miembros de mesa y a quienes habían facilitado los locales; y por el hostigamiento contra los ciudadanos, que ejercerían los colectivos el día de la votación.

Todos esos cálculos propios de las mentes autoritarias, se estrellaron contra la realidad que se vivió el 22 de octubre. La gente de todos los estratos sociales –clases medias, populares y sectores pobres- salieron a votar con entusiasmo y decisión. Los ciudadanos soportaron largas colas, la falta repentina de boletas en algunos centros desbordados por el flujo de votantes y la precariedad de numerosos lugares dispuestos para el sufragio. No hubo barrera que los detuviera. La movilización se registró en Caracas, en Maracaibo y en numerosos centros urbanos y rurales, incluso en áreas tradicionalmente dominadas por el oficialismo.

Quienes habían convencido a Maduro de que no corría ningún peligro al permitir que la primaria se realizara y que, por lo tanto, el Acuerdo Preliminar de Barbados podía firmarse sin preocupaciones de ningún tipo, fueron desmentidos por los hechos. El día domingo, los desconcertados ya no eran solo el responsable de la negociación en Barbados y el conductor de Con el mazo dando, sino el propio Nicolás Maduro y su esposa, la señora Cilia Flores.

Vistos los resultados tan desconcertantes, había que inventar un ardid que no dejara tan descolocado al régimen. Jorge Rodríguez comenzó a actuar como esos subalternos que le prometen al jefe cumplir una misión, y luego del fracaso apelan a argumentos extravagantes para intentar justificar el fiasco. Entre todos ellos tramaron un supuesto fraude que la CNP habría cometido contra el país.

En términos estrictamente lógicos, esa acusación carece de sentido. Si hubiese habido tal fraude, lo más sensato por parte del Gobierno era dejar que la oposición persistiese en el error, para que, con unas cifras infladas, la dirigencia llegara la conclusión equivocada de que puede vencer a Maduro en los comicios de 2024.  Además, se trataba de un tema interno que solo le incumbe a la oposición, tal como se estableció el Barbados.

Sin embargo, como el problema que le preocupa al régimen no es salvaguardar la pulcritud de las consultas electorales, ni resguardar los derechos políticos de los venezolanos –como cínicamente dicen los dirigentes del PSUV, coro al que se sumó el fiscal Tarek William Saab-, sino anular el enorme impacto alcanzado por la primaria y el glamoroso triunfo de María Corina Machado, decidieron violar todas las normas del sentido común y, sobre todo, colocar en la picota el pacto firmado en Barbados, en el que se comprometieron a promover unas elecciones competitivas y transparentes, con supervisión internacional.

El régimen comprendió exactamente lo sucedido el 22-0. Palpó el enorme descontento existente en la población. El deseo indetenible de cambio y cómo María Corina Machado encarna esa aspiración de reforma y rescate de la nación y la democracia. Los maduristas están conscientes de lo que esta conexión afectiva significa. Ya lo vivieron en 1998, cuando Hugo Chávez logró personificar el hastío de la gente frente al modelo predominante a finales del siglo XX. Esa fuerza liderada por Chávez se convirtió en tromba incontenible. Precisamente, lo que ahora el Gobierno quiere evitar es que ese fenómeno se repita veinticinco años después, con una dirigente que se encuentra en las antípodas del comandante. Por eso, necesitan desdibujar cuanto antes el poderoso mensaje emitido el pasado domingo: el país está hastiado del Gobierno y eligió la líder que puede impulsar los cambios que se necesitan para salir del foso en el que nos hundieron .

La casta gobernante, aferrada al poder y sus privilegios, ve con terror que sus días en Miraflores podrían estar contados si dejan que la primaria quede arraigada en la conciencia popular, como signo de lo que el pueblo puede lograr cuando se decide y se le ofrece una opción factible de cambio.

Como estaba previsto, a partir del 22-0 se inició una nueva etapa de luchas y conquistas. El régimen no podrá ocultar la realidad, aunque la niegue o intente distorsionarla. No le servirán las mentiras, ni los Pitágoras recién vestidos que hacen cálculos excéntricos para intentar demostrar que no votaron dos millones y pico de personas, sino «apenas» 600.000. La primaria fue un triunfo resonante. De allí surgió María Corina como la gran vencedora. Ahora, a ella le corresponderá dar los giros convenientes para –junto a todos los factores que la respalden– convertirse en la candidata oficial de la Unidad democrática.

En términos inmediatos, debemos apoyar a Jesús María Casal, al resto de los miembros de la CNP y de las juntas regionales y a Súmate, para protegerlos de la saña del régimen. Realizaron una extraordinaria labor que el país les agradece.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

En la Venezuela de los últimos veinticinco años siempre es posible toparse con sorpresas desconcertantes. La última la dio el Gobierno en Barbados hace pocos días: se reunió con la oposición en presencia del Reino de Noruega y representantes de otros países para suscribir un pacto en el que, en realidad, se transcriben casi literalmente los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), acerca del compromiso del Estado de respetar los derechos democráticos de las organizaciones y dirigentes políticos, así como de su obligación de velar por el resguardo del derecho de los venezolanos a participar, sin ninguna clase de coacciones o restricciones, en los procesos electorales, esenciales para la conformación de los Poderes públicos en una democracia republicana.

En Barbados la oposición tuvo que suscribir un acuerdo que subraya lo obvio. Lo que nunca debió haberse puesto en tela de juicio. Pero así son las cosas con la gente que ha dirigido el país desde 1999. No mucho más puede esperarse de un régimen que pretende convocar un referendo para preguntarle a la gente si el territorio en disputa con Guyana pertenece o no a Venezuela.

Del acuerdo importa destacar que la única oposición reconocida por Nicolás Maduro y demás jerarcas del régimen es la agrupada en torno a la Plataforma Unitaria. Todas las demás “oposiciones”, como les gusta decir a Maduro y su entorno, quedaron relegadas. No cuentan con la aceptación real del gobierno ni de los factores internacionales en los cuales este se apoyó para retomar el Memorando de Entendimiento firmado en México hace ya bastante tiempo. Este reconocimiento despeja y simplifica el panorama dentro del campo opositor. Precisa los contornos de dos interlocutores claramente definidos: el gobierno, por un lado; y la Plataforma Unitaria, por el otro.

Queda claro también que, a pesar de que Maduro y su gente parecieran haberse acostumbrado a sobrevivir con las sanciones internacionales, estas ejercen un enorme peso, causan grandes preocupaciones y provocan déficits que no pueden ser cubiertos por el auxilio económico de China e Irán. Nicolás Maduro necesita dotarse de una fuente segura y estable de recursos para proveerse de mayor autonomía financiera. Requiere exhibir resultados concretos para la próxima campaña electoral. Estos solo podrán lograrse si dispone de más dinero proveniente de la actividad petrolera y gasífera, atadas ambas a los designios de Estados Unidos. Aquí se produce una conjunción muy sólida de intereses: la Casa Blanca necesita el crudo venezolano y acercar al régimen de Maduro a este lado del planeta, alejándolo del área de influencia de China, Rusia e Irán; y Miraflores requiere que la industria petrolera crezca de nuevo para que los petrodólares vuelvan a circular en ingentes cantidades, especialmente durante la venidera campaña electoral.

La primaria se preservó como método de selección del candidato unitario. Se disiparon las dudas y sospechas que hacían temer por su realización. El régimen se comprometió a no liquidarla introduciendo a última hora un recurso ante el Tribunal Supremo que la anulara.

Todos estos componentes constituyen aspectos positivos del acuerdo. Avances con relación a un acercamiento entre la oposición y el gobierno que estaba congelado y parecía haberse esfumado para siempre. Junto a estos signos claramente afirmativos, existen otros que quedaron flotando en las nebulosas y solo el tiempo dirá si podrán alcanzarse. El más importante es el de la inhabilitación de María Corina, la única aspirante inhabilitada que compite en la primaria y que, de acuerdo con todas las encuestas, será la ganadora de esa consulta. María Corina es como una especie de kryptonita para el régimen. No quiere acercarse a ella, pues la líder de Vente Venezuela ha logrado captar y potenciar el descontento popular como ninguna otra figura política nacional. Es la dirigente más apreciada y respetada por los venezolanos. En cualquier competencia libre y equilibrada, tal como señala el acuerdo parcial, le ganaría a Maduro. Hablar sin eufemismos de “inhabilitados” es referirse a María Corina. Por eso entiendo que el tema no haya sido incluido en el documento final. Después de la primaria vendrá una dura batalla para hacer valer frente a los organismos del Estado madurista su legitimidad como aspirante a la Presidencia de la República. Ese será otro ciclo de exigencias, negociaciones y conquistas.

También quedó por precisar el delicado tema de los presos políticos y los derechos humanos, área donde el régimen ha recibido una verdadera felpa desde hace bastante tiempo, tanto en Naciones Unidas como en la Corte Interamericana. Este será, desde luego, uno de los capítulos que habrá que abordar en las nuevas rondas de negociaciones.

El acuerdo parcial quedó inconcluso, sin duda alguna, pero, hasta nuevo aviso, hay que apoyarlo por completo. Gerardo Blyde y su equipo se han ganado ese respaldo. Veremos qué pasa el próximo domingo en la primaria. Los invito a votar.

 Trino Márquez

En la Venezuela gobernada por el madurismo, subclase del chavismo, cualquier acto convocado por la oposición es sometido a la amenaza, la persecución y el chantaje. Basta que los sectores opositores manifiesten su deseo de convocar una concentración, una marcha o, en este caso, la decisión de elegir el candidato unitario a través de la consulta popular, para que se activen todos los mecanismos de intimidación, violencia y coacción con los cuales cuenta el gobierno. Inmediatamente los opositores entran en el terreno de la incertidumbre: ¿podrá convocarse la marcha?; ¿hasta dónde la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional dejarán llegar a los manifestantes? La respuesta a esta clase de preguntas siempre queda en las nebulosas. Las autoridades responsables de despejar las interrogantes propician los rumores para mantener la confusión.

Con motivo de la primaria, la ambivalencia se ha exacerbado. Faltan menos de tres semanas para el 22 de octubre y nadie puede asegurar con total certeza que la votación convocada por la Plataforma Unitaria, bajo la rectoría de la Comisión Nacional de Primaria, se  realizará en esa fecha sin contratiempos, dentro del clima de normalidad democrática que prevalece en la mayoría de las naciones de América Latina  y el mundo occidental.

El Consejo Nacional Electoral, después de cinco meses de haber recibido una comunicación en la que la CNP solicitaba apoyo técnico, dio una respuesta tardía e insatisfactoria, en la que proponía el apoyo logístico a la cita, con la condición de que los comicios se realizaran un mes después de la fecha fijada. Necesitó casi un semestre para terminar diciendo –luego de que la CNP había solucionado un amplio conjunto de escollos- que estaba dispuesto a cooperar si la comisión se sometía al caprichoso  cronograma del organismo comicial. Por supuesto que la respuesta de la Plataforma Unitaria tenía que ser negativa. El nuevo CNE, en el cual prevalece de forma descarada el oficialismo, debía aparecer en el escenario para cooperar con el proceso de consulta, no para torpedearlo.

Frente a la categórica y lógica  réplica de la Plataforma Unitaria, a través de la CNP, el CNE presidido por Elvis Amoroso –verdugo de María Corina Machado, Henrique Capriles y Luis Superlano- ripostó en tono de chantaje que el organismo cúpula del Poder Electoral tiene la “competencia exclusiva” para organizar la Primaria. Esta forma arrogante de responder no es inocente, como nada de lo que hace el oficialismo.

La amenaza deja filtrar que si la Primaria no es con el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano garante de la ‘legalidad bolivariana’, podría adoptar la decisión de suspenderla. De ese modo, el CNE le estaría transfiriendo al TSJ la responsabilidad  de abortar el proceso. La democracia quedaría preservada. El TSJ haría la corrección jurídica. Castigaría, ‘ajustado a Derecho’, a los díscolos opositores que no terminan de entender que el Estado constitucional bolivariano debe ser respetado. De paso, por allí se reactivó ese oscuro personaje llamado Luis Ratti, para insistir en que está esperando la respuesta del TSJ acerca de su impugnación a la primaria. La comunicación del CNE y la solicitud del señor Ratti podrían ser la oportunidad que el Poder Judicial está esperando para intervenir prohibiendo “legalmente” la convocatoria.

En esas zonas opacas se mueve el régimen. En este momento debe de estar sacando cuentas y planteándose interrogantes. ¿Cómo continuar negociando  con los opositores que fueron a México -con la mediación de Estados Unidos- sin tener que suspender la Primaria? ¿Se mantendrán operando en Venezuela Chevron y las otras empresas si el Gobierno decide acabar con la consulta opositora? ¿Qué ocurrirá con las sanciones internacionales si resuelve apretar las tuercas y darle una patada a la mesa?

De la ambigüedad y dilemas del régimen, la oposición debe tomar ventajas. La suspensión arbitraria de la Primaria debido a que la Plataforma Unitaria no acepta la participación del CNE, tendría un costo elevado para Maduro y su gente. Ellos saben que sus aliados internacionales pueden brindarles apoyo político, pero no financiero. La reciente visita de Maduro a China fue un fracaso económico. En 2024, el régimen necesitará dinero fresco para repartir. ¿De dónde va a sacarlo? En el horizonte solo se ve el negocio petrolero, en el cual Estados Unidos posee la clave.

Las complejas y exitosas elecciones en la UCV, donde se eligieron varios cientos de representantes a los organismos del cogobierno universitario, además de las autoridades rectorales y decanales, se realizaron sin la presencia del CNE. Así es que no resulta inevitable el apoyo de ese organismo para la primaria.

La única “competencia exclusiva” del CNE reside en garantizar la democracia protagónica mencionada en la Constitución. La Primaria representa un acto democrático soberano de la sociedad civil empoderada. El gobierno tiene que respetarla.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Simón, la película dirigida por el joven cineasta Diego Vicentini –con la activa participación como productor de Marcel Rasquin, quien dirigió Hermanos, la cinta que impactó a los venezolanos hace un poco más de una década–, además de sus indudables virtudes cinematográficas por la dirección tan acertada, el guion tan bien tejido, las sólidas actuaciones de sus protagonistas, la música y su producción general, invita a reflexionar acerca de lo ocurrido en 2017 en Caracas, cuando numerosos jóvenes, especialmente estudiantes, enfrentaron a un régimen que se había ido haciendo cada vez más arbitrario, represivo y totalitario.

Ese movimiento estuvo precedido por las protestas de 2014, ‘La Salida’, y especialmente por el desconocimiento por parte del régimen de la voluntad popular en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que le había concedido una clara victoria a la oposición, al punto de obtener la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, lo cual le permitiría –en el marco de la Constitución-  rediseñar los Poderes del Estado que se derivan de ese foro: El Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y el Consejo Nacional Electoral.

Nicolás Maduro y su grupo desconocieron ese triunfo, optando por anular la elección de los tres diputados opositores de Amazonas, con lo cual esta bancada perdió la mayoría calificada y la posibilidad de renovar las autoridades al frente de los Poderes Públicos. Además, le exigió al TSJ aprobar una ley económica especial que le otorgaba al Ejecutivo todas las atribuciones para legislar en esa área y dejaba sin competencias en ese terreno a los diputados de la AN recién electos. Como esto le pareció insuficiente, Maduro –otra vez con la complicidad del TSJ- convocó una constituyente que estuvo presidida por Diosdado Cabello. Con esta decisión terminó de sepultar el categórico triunfo opositor de 2015.

Mientras esto ocurría en el plano legislativo y jurídico, en el campo económico y social se agudizaba la crisis iniciada en  2014, cuando los precios internacionales del petróleo cayeron de la cima alcanzada años antes, cuando el crudo había escalado hasta $130 dólares por barril. Este desplome tomó al Gobierno sin recursos. Chávez y Maduro habían dilapidado los gigantescos ingresos petroleros en dádivas a Cuba, en proyectos inviables con Odebrecht y en una gigantesca corrupción esparcida por todo el sector público. El Gobierno se quedó sin recursos para atender la educación, la salud y el resto de los servicios públicos. Aparecieron los primeros brotes alarmantes de escasez, desabastecimiento e inflación. El éxodo de los venezolanos hacia el exterior comenzó a cobrar fuerza.

Simón no se pasea por este marco que señalo de forma escueta. No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, me pareció importante trazar estas pinceladas de lo que ocurría en 2017 porque de otro modo no puede entenderse la desesperación,  furia y temeridad  de los jóvenes que se enfrentaron al régimen aquel año. Esa lucha desigual, asimétrica, dejó más de cuarenta jóvenes asesinados. Muchos fueron encarcelados, torturados, tuvieron que esconderse y huir o perdieron la vista. La película constituye una reflexión acerca de lo ocurrido durante  esos meses.

Simón se aproxima al tema, no tanto con el propósito de  exaltar y honrar la valentía de esos jóvenes que entregaron su vida, salieron lesionados o la pusieron en riesgo, sino con el fin de invitar a analizar lo que significa luchar con escudos de cartón o de plástico contra tanquetas acorazadas y guardias nacionales blindados. Simón muestra un aparato estatal concebido para ejercer la coerción, reprimir de manera brutal, violar la dignidad y los derechos humanos. Presenta un enorme dispositivo despersonalizado que forma parte sustancial del gran negocio –según señala el principal esbirro, interpretado por Franklin Virgüez- que significa saquear un país que cuenta con cantidades inagotables de petróleo, gas, hierro y minerales preciosos.

Los jóvenes en la película se debaten entre quienes reconocen que no podían lograr la victoria porque se trataba de un enfrentamiento desigual, movido por la fuerza del deseo, pero sin profundidad organizativa; y quienes se sienten frustrados porque consideran que no hicieron lo suficiente y creen que era necesario ser más abnegado, combativo y persistente para alcanzar la victoria. A pesar de que el protagonista termina pidiendo asilo en Estados Unidos, la cinta no llega a ninguna conclusión. Las opciones quedan abiertas. El espectador debe realizar su propia síntesis.

Para mí queda claro que el régimen instalado en 1999 no puede derrotarse a partir del romanticismo, voluntarismo e idealismo que conduce a librar enfrentamientos disparejos en las calles del país, sino a construir de forma disciplinada y sostenida organizaciones políticas, gremiales, sindicales y, en general, sociales, con expresión electoral cuando los comicios se presenten. Sería muy bueno que los dirigentes opositores vean la película. Podrán derivar muchos aprendizajes.

A Simón la asumo como la derrota del romanticismo en política.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Con frecuencia distintos dirigentes de la oposición subrayan que se mantendrán en la ruta electoral a pesar de los desafueros del Gobierno. Esas recurrentes declaraciones están influidas por el fantasma de la abstención en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió a Hugo Chávez apoderarse de la Asamblea Nacional e imponer el Estado autoritario que fue consolidándose con el paso de los años. Otro factor decisivo fue la abstención masiva en los comicios presidenciales de 2018. Henri Falcón, para ese momento distanciado del chavismo, fue el único dirigente que se atrevió a competir con Nicolás Maduro en las arbitrarias elecciones convocadas por la constituyente presidida por Diosdado Cabello. Los jefes del PSUV acusaron a la oposición de abstencionista y de buscar una vía distinta a los comicios para impulsar el cambio de Gobierno.

Una suerte de complejo de culpa debido a esos errores tortura el alma de numerosos líderes opositores. Se sienten obligados a insistir en su convicción de que la vía electoral es la única ruta legítima para lograr las transformaciones que la nación requiere.

Hay que superar esa etapa culposa. Llegó el momento de pasar a la ofensiva. Desde hace casi dos décadas los únicos que creen genuinamente en la importancia del voto, la consulta popular y la democracia son los sectores opositores, con sus matices y diferencias. En cambio, el régimen conspira constantemente contra la democracia representativa y participativa, y contra el significado que la Constitución le confiere al voto como expresión de la voluntad popular.

No voy a contar la historia que muchos conocen. Sin embargo, para no remontarme  a los inicios de la era chavista, voy a recordar lo ocurrido con la Asamblea Nacional electa en 2015. Este foro democrático fue atenazado y anulado por los órganos del Estado controlados por el PSUV, en especial por el TSJ. La cúpula del Poder Judicial llegó al extremo de mantener durante seis años al estado Amazonas sin representación parlamentaria, con el fin de impedir que se formalizara la mayoría absoluta que los votantes del país les habían concedido a los diputados opositores. Luego, legalizó la existencia de ese esperpento llamado Constituyente, electa en 2016, que se convirtió en un ente paralelo a la Asamblea Nacional, único órgano legislativo legítimo previsto en la Carta Magna.

Las tropelías antidemocráticas y antielectorales del régimen han recobrado fuerza con motivo de la organización de la elección primaria organizada por la Plataforma Unitaria para elegir el candidato que la representará en la cita de 2024. El régimen ha activado diversos mecanismos de chantaje, intimidación y descalificación contra un proceso absolutamente democrático, legal y legítimo. Mientras en Argentina el gobierno peronista, primo hermano del gobierno de Maduro, respeta la Constitución al promover y financiar con recursos públicos las Primarias Amplias, Simultáneas, Obligatorias (PASO), el régimen venezolano obstaculiza la marcha de la consulta.

El régimen amenaza a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria con encarcelarlos porque supuestamente el origen de los recursos financieros es opaco. Cierra locales comerciales o establecimientos donde los aspirantes realizan actos proselitistas o simplemente van a cenar. Inventa bulos, magnifica diferencias naturales entre los aspirantes o desinforma a la población. Mantiene inhabilitadas a las figuras más populares. Pareciera que la Primaria constituye una inmensa conspiración contra el Estado, cuando en realidad se trata de un episodio rutinario en cualquier democracia. En el ‘odiado’ imperialismo norteamericano los demócratas y los republicanos organizan sus respetivas primarias sin sobresaltos de ninguna naturaleza.

El torpedeo constante a la Primaria no ha tenido el éxito esperado. El proceso ha seguido su curso a pesar de los contratiempos. El Gobierno se equivocó al pensar que implotaría porque la oposición era incapaz de organizarla debido a sus diferencias y limitaciones. El tiempo para valerse del TSJ con la finalidad de ilegalizarla o ‘inhabilitarla,’ está acabándose. Además, de ser cierto que hay en marcha una negociación en medio de bambalinas entre el Gobierno y la Oposición, con el arbitraje de Estados Unidos, las posibilidades de que Maduro fulmine esa consulta se reducen notablemente. No puede haber diálogo si el régimen dinamita la Primaria, el principal instrumento de la oposición para lograr su representante unitario en la próxima elección presidencial.

La cúpula madurista está intentando salirse del rumbo democrático. Aspira a construir un canal electoral ‘legal’ por el cual circular sin problemas ni sorpresas desagradables. La oposición tendrá que persistir en su estrategia, señalando que el régimen es el único que conspira contra la democracia y las elecciones.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

En una reciente entrevista, el diputado del PSUV José Gregorio Vielma Mora, en un acto de adulancia típico de los regímenes autoritarios personalistas, dijo que “el presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los sueldos a los que merecen los venezolanos que trabajan”. Resulta difícil creer que Maduro «sufra» por algo que solo él ha provocado. Es como imaginarse que Vladimir Putin se angustia por los padecimientos del pueblo ucraniano, afectado por la invasión que el déspota ordenó hace más de año y medio, con el único fin de satisfacer sus deseos expansionistas y reconstruir lo que en el pasado fue el imperio soviético o el imperio zarista.

El salario mínimo y el sueldo promedio de los venezolanos, el más bajo de América Latina y probablemente del planeta, podrían elevarse de forma significativa si el panorama político venezolano se aclarara y en el horizonte apareciera la posibilidad cierta de que las elecciones presidenciales, las únicas estipuladas en la Constitución para el año próximo, se realizaran en un ambiente de respeto a la oposición y de normalidad democrática, tal como sucede en la gran mayoría de las naciones del continente, con excepción de Cuba, Nicaragua y El Salvador, país este que por el flanco del personalismo mesiánico ha pasado a formar parte de los regímenes en los que el presidente y su corte poseen el control pleno de las instituciones del Estado y se persigue sin tregua a los opositores. La única diferencia de Nayib Bukele con los otros autócratas es que disfruta de enorme popularidad y aceptación entre los salvadoreños.

La base más sólida de las dificultades económicas en Venezuela se encuentra en los problemas políticos e institucionales, convertidos en seculares. El deterioro continuo del entorno institucional –entre cuyos componentes se encuentran la feroz represión a las protestas de 2014 y 2017, y la violación sistemática y continua de los derechos humanos-  provocaron las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han aplicado al gobierno desde  hace varios años. Estas penalizaciones se agudizaron luego de las ilegítimas elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro arrolló la carta magna con el fin de empotrarse en Miraflores. Mientras este panorama no cambie, resulta muy improbable que la economía se recupere, que el volumen de inversiones requeridas para la reanimación alcance y que se logren las tasas de producción y productividad indispensables que permitan pagar salarios elevados. Dignos, como se merecen los trabajadores.

Maduro, en vez de enviar mensajes claros en esa dirección, optó por el camino opuesto. Les pide a sus lugartenientes que amenacen con gobernar durante los próximos 200 años. Habla de elecciones libres, pero «libres de sanciones», con lo cual invierte el orden causal lógico de la ecuación. Bombardea a través de oscuros personajes a la primaria opositora y mantiene inhabilitados a María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Impide que el Consejo Nacional Electoral colabore con la realización de esa consulta democrática. Amenaza a la Comisión Nacional de Primaria, especialmente a su presidente, Jesús María Casal. Impide que los centros educativos públicos, tradicionalmente utilizados para las citas electorales, colaboren con la CNP. Sus partidarios sabotean, persiguen y hostigan de distintas formas las campañas proselitistas de los distintos candidatos.

En el campo militar, les exige al ministro de la Defensa y al comandante de la Guardia Nacional que amenacen a los opositores y sugieran de forma no tan velada, que la institución desconocerá un eventual –y altamente probable- triunfo del candidato unitario. Utiliza los cuerpos represivos y el Poder Judicial para reprimir a los trabajadores que  protestan y condenar a largas penas a los líderes sindicales que dirigen las luchas por conquistar reivindicaciones laborales. Mantiene retenidos ilegalmente a periodistas como Roland Carreño. Hace pocos días la Policía Nacional Bolivariana detuvo de forma arbitraria y torturó al joven estudiante de Antropología de la UCV John Álvarez bajo acusaciones de terrorismo.

Durante el año preelectoral, cuando la oposición elige a su candidato unitario, el régimen intimida, reprime y aterroriza con el fin de proyectar una imagen de fortaleza que no se asienta en el consenso, sino en la coerción. Los maduristas son pésimos alumnos de Antonio Gramsci, a quien tanto decía admirar el comandante Chávez.  Para Gramsci, como se sabe, la nueva democracia, para él la socialista, debía basarse en la persuasión, no en la represión.

Maduro actúa de tal modo que con sus políticas los trabajadores siempre recibirán sueldos y remuneraciones miserables. Eternamente se sobrevivirán en el umbral de la pobreza.

Así que deje de «sufrir» y no obstaculice el camino que conduce a la recuperación de la democracia.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Lo que está ocurriendo en España desde el 23 de julio pasado tendría que llamar la atención de todos los dirigentes políticos y analistas ocupados en seguir el curso de los procesos democráticos. La investidura, o sea la designación del presidente del Gobierno, se ha transformado en un gigantesco problema que, esperemos, sirva para discutir y definir el futuro del sistema político español, con evidentes señales de agotamiento.

Desde que se inició la transición hacia la democracia, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, y especialmente luego de la aprobación de la Constitución de 1978, España se convirtió en un ejemplo de una democracia que ha sabido saldar sus cuentas con el pasado y avanzar hacia el porvenir en un ambiente de progresiva inclusión, desarrollo económico y equidad social. El  Partido Socialista Obrero Español –PSOE– y el Partido Popular –PP– se han alternado en el poder durante décadas sin provocar traumas ni sobresaltos. Ambas organizaciones han sostenido principios colocados por encima de las rivalidades y tensiones propias de dos visiones diferentes en torno de las relaciones entre el Estado y la sociedad, con particular énfasis en el papel del sector público como agente redistribuidor del ingreso y creador de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Entre los valores que se han mantenido incólumes se encuentra el de la unidad de España en cuanto nación. Tanto el PSOE como el PP han entendido que el país está conformado por un conjunto heterogéneo  y complejo de regiones y provincias que demandan sus propias especificidades, y que esos reclamos hay que escucharlos y atenderlos. A tenor de esas exigencias, se ha propiciado el reconocimiento, por parte de los órganos del Poder central, de cierto grado de soberanía de las regiones autonómicas, sin atentar contra la unidad nacional ni alentar el separatismo. Cataluña, Galicia, el País Vasco son algunas de las zonas beneficiadas por esa política tolerante.

Esos acuerdos básicos han comenzado a ponerse en riesgo a partir del 23 de julio. El triunfo de Alberto Núñez Feijóo y del PP por un margen bastante menor al proyectado previamente por las encuestas, que lo colocaron lejos de la mayoría absoluta, 176 votos, exigido por el artículo 99 de la Constitución, está llevando a Feijóo a tratar de obtener el respaldo de Vox, una agrupación de derecha montaraz, con un perfil premoderno, alejado de la amplitud que ha tenido el sistema político español y el PP, desde la muerte de Franco. Esa eventual alianza entre un partido de centro liberal como el PP y Vox resulta inconveniente por los mensajes que emite. Con esa coalición forzada Feijóo, más los respaldos que ha logrado, alcanzaría la mayoría que necesita.

Por el lado del PSOE, su líder Pedro Sánchez –para quien lo más importante parece ser mantenerse en el poder a cualquier precio- se muestra dispuesto a pactar Junts per Catalunya, el grupo dirigido por Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española por haber organizado el referendo separatista de 2017. Con el respaldo de Junts, Sánchez obtendría los la mayoría absoluta.

En ambos casos, la investidura del presidente del Gobierno de España, es decir, de Feijóo o Sánchez, depende del apoyo de grupos extremistas, minúsculos, ajenos al amplio centro democrático al cual pertenece la inmensa mayoría de los españoles, y fuera de la atmósfera incluyente dentro de la que se ha desenvuelto el sistema político durante casi medio siglo.

Los simpatizantes de Feijóo argumentan que tienen derecho a formar gobierno porque han obtenido la victoria en dos elecciones consecutivas: las municipales de mayo y las generales de julio. Esos triunfos acreditan a su líder como nuevo Presidente. Se niegan a hablar de sus posibles aliados. No quieren comprometerse públicamente con ellos, aunque la única manera de formar Gobierno sea coaligarse con Vox.

Los seguidores de Sánchez argumentan que la Constitución establece que la investidura  no se define por el candidato con la mayor votación en las elecciones, sino por quien obtenga el mayor respaldo en Congreso de los Diputados, pues el Gobierno es de origen parlamentario. Este factor le da derecho al actual presidente a buscar los apoyos allí donde se encuentren, sin importar que haya quedado en segundo lugar en dos citas electorales seguidas.

Creo que lo más prudente sería convocar nuevas elecciones en un plazo perentorio, con un acuerdo previo en el Congreso en el que se establezcan dos mociones: que el candidato ganador recibirá el respaldo de la segunda fuerza para formar Gobierno y que durante la nueva legislatura se creará una comisión representativa para reformular el mecanismo de elección del presidente del Gobierno.

La democracia y España necesitan salir fortalecidas de la crisis en el que se encuentran.  El enorme peso alcanzado por las minorías extremistas hay que reducirlo, hasta convertirlo en insignificante.

@trinomarquezc

Ese deseable nuevo gobernante tendrá que exhibir todas las dotes de un político capaz de neutralizar, ganar apoyos y establecer alianzas.

Las agresiones de las que han sido objeto varios candidatos a lo largo de la campaña por la Primaria, representa un claro indicio de las dificultades que tendrá un eventual futuro gobierno encabezado por la oposición.

Hay que recordar que en 2024 solo será electo el Presidente de la República. El resto de los Poderes Públicos se mantendrán como en la actualidad.

La única forma como el régimen puede conservar el poder en las elecciones nacionales es mediante el fraude o la manipulación, una de cuyas expresiones es mantener inhabilitados a los aspirantes sancionados por la Contraloría, o inhabilitar a otros más. La experiencia de Barinas podría repetirse, esta vez a escala nacional. Maduro inhabilitó a Freddy Superlano cuando ganó la gobernación de ese Estado. Luego hizo lo propio con la esposa del líder de Voluntad Popular y, finalmente, el Gobierno aceptó la nominación de Sergio Garrido, dirigente que hasta ese momento se encontraba en la segunda línea en la entidad federal. Si ahora adopta esa estrategia, podría terminar aceptando como candidato no oficialista a un «alacrán» completamente manso, que no represente peligro alguno para la supervivencia de la casta gobernante.

En contrapartida, en el supuesto de que, en efecto, las votaciones nacionales fuesen aceptables para la oposición porque transcurren en un ambiente de equilibrio y transparencia, y el candidato democrático triunfa y su victoria es reconocida por el Gobierno, el nuevo Presidente, o Presidenta, no tendría otra opción que gobernar con el madurismo.

Este posee el control de la cúpula militar (Vladimir Padrino fue ratificado por noveno año consecutivo como ministro de la Defensa), cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones y municipios, y domina el Poder Judicial, además del llamado Poder Moral.

El madurismo es una realidad institucional que no conviene obviar ni despreciar. Su desconocimiento puede conducir a errores tan graves como los cometidos por el efímero Gobierno de Pedro Carmona, que despreció los poderes constituidos, pretendiendo abolirlos de un plumazo, como si las realidades institucionales fuesen pura ficción.

El nuevo mandatario que se instale en Miraflores producto del voto ciudadano y del ejercicio de la soberanía popular, será el Presidente de una República, no el Rey de una monarquía absolutista, como muchos creen. Y será el Presidente de una República en crisis, a la que cuesta llamar república porque los mecanismos democráticos han sido utilizados para desvirtuar, maniatar o someter los Poderes Públicos y ponerlos al servicio de la claque enquistada en Miraflores desde hace un cuarto de siglo.

El cuadro institucional del país hará mucho más exigente el arte de gobernar del futuro Presidente y su Consejo de Ministros. La Constitución indica que la Fuerza Armada Nacional es una institución no deliberante subordinada al poder civil y a la soberanía expresada a través del sufragio universal. Sin embargo, el Alto Mando, el ministro de la Defensa y ahora el comandante de la Guardia Nacional, exaltan con frecuencia el legado de un golpista como fue el llamado «comandante eterno» y se declaran chavista.

En este punto existe, obviamente, una paradoja. La FAN actual no es apolítica. ¿Entonces, será obediente a lo que decida el pueblo en las urnas electorales? Uno de los grandes retos de ese futuro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, competencia que la Constitución le asigna al Presidente de la República, será alinear de nuevo la institución castrense a lo pautado en los principios republicanos y democráticos señalados en la Carta Magna. Desatar este nudo no es sencillo, pero resulta crucial para la paz del país y la supervivencia de ese hipotético Gobierno.

Los proyectos de leyes, el Presupuesto Nacional y todas las disposiciones legales que requieran la aprobación de la Asamblea Nacional, saldrán luego de un arduo debate y tensiones entre los ministros y los diputados. Esa AN, tan complaciente con las arbitrariedades e improvisaciones de Maduro, seguramente se transformará en un implacable fiscalizador de la actuación de los ministros y del jefe de Estado. La Comisión de Contraloría, por ejemplo, que jamás ha pedido la comparecencia de los ministros y presidentes de empresas del Estado responsables del saqueo al que ha sido sometido el sector público, seguramente se convertirá en verdugo de los miembros del Gabinete.

El Tribunal Supremo de Justicia, aunque mucho más acomodaticio que los demás organismos, podría trabajar en comandita con los diputados de la AN con el fin de bloquear o ilegalizar iniciativas del Ejecutivo en distintos campos.

En fin, la atmósfera que rodeará el trabajo del futuro mandatario y su equipo de apoyo será hostil. Nada que ver con ese remanso que consiguió Chávez en 1999, cuando pudo convocar una Constituyente que no estaba contemplada en la Constitución de 1961, crear el «Congresillo» y «refundar» la República, con la anuencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, rendida de forma servil frente a un caudillo militar que había protagonizado el golpe del 4 de febrero de 1992.

Ese deseable nuevo gobernante tendrá que exhibir todas las dotes de un político capaz de neutralizar, ganarse apoyos y establecer alianzas con adversarios rencorosos y vengativos, a los cuales el país no les importa en absoluto. Ese Presidente debe tener claro que se trata derecuperar y reconstruir una nación, no solo de rehacer una economía o tal o cual institución.

Trino Márquez  

El tema relacionado con las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que en ocasiones sale del centro de los reflectores, siempre  gravita en la agenda pública. El gobierno no pierde oportunidad de atribuirles la responsabilidad de todos los males nacionales, aunque la conexión causal entre unos y otros no exista. El debate lo han colocado de nuevo en la agenda las persistentes  declaraciones de Manuel Rosales, gobernador del Zulia, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, quienes abogan porque las sanciones sean levantadas de forma inmediata; y la reciente reunión de la junta directiva de ese organismo con varios diputados de la Asamblea Nacional de 2020, a quienes se les entregó una carta dirigida a Jorge Rodríguez.

La destrucción de la industria petrolera y Pdvsa comenzó cuando Hugo Chávez decidió, en el ya lejano 2002, despedir al personal profesional y técnico más calificado de la industria para sustituirlo por militantes del PSUV, quienes no eran evaluados con criterios meritocráticos, sino  por su lealtad con el partido. Desde esa época la actividad petrolera entró en declive hasta llegar al ocaso en el que se encuentra en la actualidad. La asistencia técnica de los iraníes, ¡y hasta de los cubanos!, no ha sido suficiente para detener el declive de Pdvsa, empresa que provocaba la envidia de los demás países petroleros. Las sanciones nada tienen que ver con  ese desplome, iniciado mucho antes de que se hablara de penas contra los gobernantes venezolanos.

La erosión de la industria nacional, la destrucción del empresariado y de la clase obrera, hay que entenderla como parte de la venganza del comandante Chávez contra los empresarios y sindicatos que participaron en los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando Chávez estuvo algunas horas fuera de Miraflores, y en el paro cívico de finales de 2002 y principios de 2003, dirigido por Fedecamaras y la CTV, en aquel momento liderada por Carlos Ortega. Al poco tiempo de haber ocurrido esos acontecimientos, los precios internacionales del crudo comenzaron a escalar hasta encaramarse por encima de los cien dólares el barril. Chávez pensó que el crecimiento de China y la India, y otros países en vías de desarrollo, permitiría el aumento de los precios de forma indefinida.

La economía nacional se convirtió, por un lado, en una actividad de puertos porque la mayor parte de los bienes se importaban; y en una actividad estatizada debido a que Chávez, con todos los petrodólares que le ingresaban, creía que podía acabar con la propiedad privada, la iniciativa particular y los sindicatos, sustituyéndolos por empresas administradas por comisarios del Gobierno. Centenas de industrias y empresas de servicios, hatos y haciendas pasaron a manos del régimen. El resultado de ese asalto a los activos de la nación levantados por particulares lo padecemos desde hace varias décadas. Habría que agregar la riqueza acumulada por numerosos ‘enchufados’ durante la vigencia de Cadivi. Las sanciones no guardan ninguna relación con el deterioro de la actividad industrial y comercial y la corrupción generalizada.

Los dirigentes obreros también han pagado las consecuencias del odio y la paranoia del régimen. La CTV en la práctica desapareció por el acoso del Gobierno. En las zonas donde los trabajadores se rebelan contra la esclavitud, sus líderes son castigados con penas bíblicas. Seis dirigentes de Guayana acaban de ser condenados a dieciséis  años de cárcel, acusados de delincuentes y conspiradores. Esto ocurre en un gobierno cuyo presidente se autodenomina ‘Presidente obrero’.

El menoscabo de los servicios públicos –electricidad, agua potable, educación, salud y transporte- tampoco está conectado con las sanciones. Las fortunas amasadas alrededor del negocio de la electricidad por personas vinculadas al régimen, son ampliamente conocidas.

Lo que ocurre es que Maduro utiliza las sanciones para tratar de ocultar la ineficacia, desidia y corrupción del gobierno, y, más recientemente, para justificar la decisión de no convocar un proceso electoral transparente,  que  permita cambiar el gobierno de forma democrática, pacífica y constitucional, como establece la carta magna del 99. El control de los medios de comunicación que posee el régimen, especialmente en el interior del país, ha conseguido convencer a un segmento de la población de la inconveniencia e inutilidad de las sanciones. Los permanentes mensajes a través de la amplia red de medios informativos de los que dispone Maduro, han logrado que la gente le retire el apoyo a las sanciones. Hoy, de acuerdo con distintas encuestadoras, el respaldo popular es sensiblemente menor que en 2021.

El tema no es sencillo de analizar para la oposición porque no se trata de un problema fundamentalmente económico, sino político, con una vertiente interna y, sobre todo, con un ramal conectado con el exterior. Es verdad que las sanciones generan consecuencias negativas tanto para el régimen como para la población. Esta realidad es inocultable. Pero, las sanciones constituyen la única arma de los países democráticos para obligar al régimen a restablecer el Estado de derecho en Venezuela.

El gobierno, responsable de todos los atropellos a la Constitución y a la democracia que han provocado las sanciones, debería dar señales que permitan ir levantándolas progresivamente. Las agresivas declaraciones de Diosdado Cabello no apuntan en esa dirección.

Trino Márquez

@trinomarquezc