La casta gobernante pretende continuar en el poder, pero necesita alimentar la idea de que lo que existe en Venezuela es una democracia superior a aquella en la que el panorama político estaba dominado por Acción Democrática y Copei, con la participación, sin restricciones, de otras pequeñas organizaciones como el MAS, Causa R y el Partido Comunista. Nicolás Maduro trata de que no se le compare con Daniel Ortega ni con la tiranía cubana. Se molesta, hasta ofenderse, cuando lo acusan de dictador.

En medio de este juego de simulaciones, saca cuentas que no le cuadran. Está obligado a convocar unas elecciones que parezcan democráticas. El problema reside en que no pueden ser completamente democráticas –es decir, transparentes, equilibradas y supervisadas por organismos internacionales de acuerdo con las normas generales que rigen los comicios presidenciales- porque de ser así Maduro perdería el careo. Esta es la conclusión a la cual llegan todos los sondeos de opinión pública. El régimen lo sabe. La gestión del Gobierno es evaluada de forma negativa por la inmensa mayoría de los venezolanos. Más de dos tercios de los compatriotas rechazan al mandatario y consideran que los numerosos y graves problemas nacionales no se resolverán mientras él se encuentre en Miraflores.

En medio de ese cuadro tan adverso, ¿cómo lograr la cuadratura del círculo? ¿Cómo mantener las apariencias de que en Venezuela impera un sistema democrático y, a la vez, patear las normas inherentes a este esquema de gobierno? La solución que ha conseguido para resolver la paradoja consiste en permitir unos comicios ‘democráticos’ ceñidos a los restringidos criterios manejados por el régimen. Tienen que ser unas elecciones en las cuales los adversarios que intervengan no sean quienes poseen mayor presencia nacional y arraigo popular, sino unos títeres alineados con los intereses del régimen, dispuestos a participar como comediantes en la farsa.

El primer paso en esa dirección fue inhabilitar a María Corina Machado y mantener la suspensión de Henrique Capriles y Luis Superlano, sacados del juego electoral hace algunos años. Como la inhabilitación es un instrumento usado a discreción, podría haber nuevas invalidaciones a medida que vayamos acercándonos a la fecha de las elecciones nacionales. Fecha que el Gobierno anunciará cuando lo considere conveniente. Ningún candidato está exento de quedar excluido, haya o no participado en la Primaria convocada por la oposición.

El otro movimiento apunta a intentar ilegalizar la Primaria. El mecanismo puesto en marcha consiste en valerse de un oscuro personaje vinculado desde hace mucho tiempo con el chavismo, pero que ahora simula ser opositor, para tratar de lograr el objetivo. Ese señor introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el que señala, según lo escribió en su cuenta en twitter, que la Primaria ‘dejó de ser ciudadana’, ya que ahora es ‘sectaria’, además de que los miembros ‘están pasando por encima de la ley’. Supongo que se refiere a los integrantes de la Comisión Nacional. Ese amparo tan grotesco fue admitido por el TSJ, organismo que aseguró, a través de una de sus magistradas, que ‘los derechos de los venezolanos serán respetados’. ¿Será esta la antesala para acabar con la consulta opositora? Eso lo sabremos en los próximos días.

Por ahora, lo único cierto es que la atención nacional que está concitando la cita del 22 de octubre ha desbordado las expectativas que el régimen se había planteado, como de forma acertada lo señala Carmen Beatriz Fernández. Por primera vez en mucho tiempo, es la oposición la que fija la agenda política. La agresión a María Corina lo único que ha hecho es elevar el ánimo de la gente, que ahora se siente más comprometida con la convocatoria, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y aunque el número de inscritos en el exterior para sufragar no fue tan alto como se esperaba, el ambiente que se creó favoreció el entusiasmo despertado por esa cita.

La oposición no ha caído en la provocación montada por el régimen al atacar a María Corina y mantener inhabilitados a Capriles y Superlano, y al acoger el recurso elevado por el chavista vergonzante. La serenidad y firmeza mostrada por la dirigencia opositora debe ser reconocida y alabada. Hay que mantenerse en la ruta electoral a pesar de las maniobras del Gobierno, y de los giros y proposiciones extrañas de algunos dirigentes y partidos opositores, que de forma sorpresiva les piden a los dirigentes inhabilitados que renuncien a mantenerse en la contienda por lograr la representación opositora.

Perseverar en la Primaria con todos los inscritos y en la ruta electoral resulta lo más adecuado. El llamado a la Primaria despertó la esperanza de la gente y, de paso, desestabilizó al régimen, que no tiene tiene el camino allanado para seguir atropellando.

@trinomarquezc

La inhabilitación de María Corina Machado generó un rechazo generalizado tanto dentro como fuera de Venezuela. En la reciente reunión de Mercosur, los presidentes de Paraguay, Abdo Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fueron categóricos al denunciar el atropello y exigir que se restablezcan las libertades democráticas en Venezuela. Hay que ‘alzar la voz’ contra el gobierno de Nicolás Maduro, dijeron los mandatarios. Luiz Inácio Lula, de Brasil, y Alberto Fernández, de Argentina, fueron –como siempre- más escurridizos. Hay que ‘dialogar’ con Maduro, dijo Lula, luego de admitir que no conocía los detalles de la decisión; tampoco parece saber que las conversaciones en México naufragaron por la persistente negativa del gobernante venezolano.

Igualmente se han pronunciado la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Chile. Hasta el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU, Volker Türk, llamó al gobierno venezolano a garantizar el debido proceso en las inhabilitaciones políticas dictaminadas por la Contraloría.

El régimen contraataca acusando de ‘injerencistas’ a los gobiernos y organizaciones que han opinado contra la arbitrariedad. El único injerencismo que le gusta a Maduro es el de los cubanos, rusos e iraníes. La tiranía cubana, que ha esquilmado a Venezuela, constituye uno de los soportes más sólidos del régimen en el área de la seguridad. También le entregó el manejo de las Notarías y los Registros. ¡Cualquier cosa!

María Corina se suma a la ilegal inhabilitación de Henrique Capriles, víctima del odio encarnizado que le tiene Diosdado Cabello desde que aquél lo derrotó en las elecciones para gobernador de Miranda, cuando Cabello intentó repetir como mandatario de ese estado. A María Corina y a Capriles podrían seguirles otros candidatos a la Primaria. El Gobierno sería capaz de utilizar a su obediente Contralor para sacar de la competencia a Andrés Velásquez, a Delsa Solórzano, a César Pérez Vivas, a Andrés Caleca o a cualquier otro aspirante que despunte en las encuestas y sea considerado por Maduro y su gente como un peligro para su continuidad.

Ese fue el esquema utilizado por Daniel Ortega en Nicaragua, cuando inhabilitó a Cristiana Chamorro, quien lideraba las encuestas. Luego continuó con el resto de los aspirantes que fueron tomando el testigo. Ortega no les dio tregua a sus adversarios. Manejó la maquinaria del Estado para aplastar a sus opositores. Después siguió la razzia con periodistas, escritores y sacerdotes de la Iglesia Católica. Todos los que se asomasen como críticos pasaron a ser declarados enemigos y fueron demolidos. Nicaragua representa una tiranía similar a la que los hermanos Castro impusieron en Cuba hace más de seis décadas. Ese es el modelo que la casta roja pretende establecer en Venezuela.

Ante ese panorama, cómo enfrentar al régimen con algunas posibilidades de impedir que Venezuela termine siendo una copia de Cuba y Nicaragua. La inhabilitación de María Corina y de Capriles constituye una provocación orientada a sacar a los principales opositores –los agrupados en torno de la Plataforma Unitaria y a la Comisión Nacional de Primaria- de la ruta electoral. El Gobierno busca crear frustración y escepticismo con respecto a las posibilidades de lograr cambios democráticos por la vía del sufragio. ¿Para qué organizar la Primaria e ir a votar si el régimen no aceptará al ganador de la consulta y, para cubrir las formalidades legales, impondrá un candidato fantoche manejado por Maduro y su grupo? Esta es la reacción que la élite gobernante espera.

Siendo ese el propósito del Gobierno, lo más sensato es no complacerlo. La PU, la CNP y todos los sectores que quieran plegarse a esa postura, deberían reafirmar su convicción en la estrategia electoral. Los aspirantes inscritos en la Primaria –por supuesto que incluidos María Corina y Capriles- tendrían que seguir recorriendo el país con la convicción de que el enorme malestar existente en Venezuela contra Maduro encontrará en esa campaña las posibilidades de expresarse y potenciarse. Al Gobierno no le será fácil reprimir o sofocar los apoyos que vayan recibiendo los aspirantes en cada estado, municipio o localidad que visiten. La Primaria puede convertirse en esa bujía que esperan los ciudadanos para expresar su desaliento y rabia por la miseria en la que los hundió el régimen.

La campaña por lograr una Primaria exitosa, que atraiga a millones de votantes, debería estar acompañada de más acciones en el plano mundial. La PU tendría que crear una Secretaría Internacional que se dirija regularmente a los Presidentes democráticos de América Latina, a los Parlamentos del continente, a los partidos democráticos del mundo y a diversas instituciones y organizaciones internacionales ocupadas de seguir la marcha de la democracia en el planeta, con el fin de informarles de forma detallada acerca de lo que ocurre en Venezuela, exhortándolos a que se pronuncien a favor del respeto a la libertad, al Estado de derecho, a la soberanía popular y a la Constitución, que, de paso, señala a la votación ciudadana como unos de los derechos fundamentales de la democracia participativa y protagónica.

La dirigencia opositora debe actuar en varios escenarios al mismo tiempo. El enemigo que se encuentra enfrente carece de escrúpulos y sus aliados son las dictaduras más sanguinarias del continente y el mundo. La vía electoral no se reduce a invitar a la gente a votar, primero en la Primaria y luego en las elecciones nacionales. La ruta electoral es mucho más compleja y global que la campaña proselitista y el acto de sufragar. Así conviene asumirla.

@trinomarquezc

Entre quienes nos dedicamos con cierta disciplina y constancia al análisis del entorno político circulan varias preguntas difíciles de responder con precisión. ¿El Tribunal Supremo de Justicia declarará ilegal la primaria de la oposición porque la Comisión Nacional decidió organizar esa consulta sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral? Decisión por demás inevitable porque el organismo electoral fue disuelto por la presión del PSUV. ¿Cuándo será ilegalizada la primaria: antes, durante o después de concluido el proceso? ¿Cuándo será inhabilitada María Corina Machado, la líder en las encuestas: antes de que tome fuerza la campaña, cuando el proceso se encuentre en su fase culminante o después de concluir la cruzada? ¿Henrique Capriles será habilitado? De ser favorecido, ¿cuándo se anunciará? ¿Ocurrirá en la fase final, poco antes del próximo 22 de octubre, para dar una imagen de amplitud, pero en el momento en el cual Capriles no tenga ningún chance de remontar la cuesta? ¿Cómo podría evitarse que el régimen opte por emprender el mismo camino de Daniel Ortega en Nicaragua, y convierta las elecciones presidenciales en un traje a la medida de sus caprichos y deseos de permanecer en el poder, pero con el brochazo de legitimidad que le darían sus aliados internos?

Estas y otras interrogantes del mismo calibre que giran en el ambiente no son producto de la paranoia o temores injustificados de la oposición. Resultan preocupaciones fundadas en declaraciones, amenazas e iniciativas de figuras fundamentales del régimen o de los impostores, “alacranes”, que actúan como mercenarios encargados del  trabajo sucio. Los pronunciamientos de esos agentes se han intensificado durante los días recientes. Hace poco, José Brito, diputado por Venezuela Primero (el desprendimiento de Primero Justicia judicializado), se dirigió al contralor general para solicitarle que aclarara si María Corina estaba o no inhabilitada. ¿A cuenta de qué planteó esa pregunta tan capciosa y mal intencionada? ¿Acaso María Corina ha ocupado algún cargo público? Desde luego que espera una respuesta positiva. Se sentiría inmensamente satisfecho de que el contralor le responda con un categórico Sí. Otros personajes del madurismo, como Hermann Escarrá y Diosdado Cabello, han dicho en repetidas oportunidades que quienes se hayan mostrado a favor de la aplicación de sanciones internacionales contra Venezuela deben quedar excluidos de toda forma de participación política. La destinataria de esos dardos envenenados es María Corina. Aunque en realidad, la mayoría de los candidatos de la primaria se encuentran en la mira del régimen.

El desafío clave es cómo evitar que los designios del régimen se cumplan y Nicolás Maduro termine siendo una fotocopia de Ortega. La inquietud no es fácil de disipar. El gobierno y el PSUV mantienen bajo su control todas las instituciones del Estado. Hasta ahora no ha habido ni asomo de una manifestación por parte de la cúpula militar en la cual se señale que la oposición tiene el derecho constitucional de elegir en una consulta popular a su candidato presidencial. Al contrario, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, cada vez que tiene la oportunidad insiste en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está guiada por el pensamiento de Bolívar y Chávez. Así mismo. Con lo cual quiere dejar en claro que su compromiso, el menos público, es con el régimen y no con la Constitución y la democracia.

Entonces, qué hacer en medio de este cuadro tan complicado. Veo iniciativas en dos planos. En el interno, la oposición agrupada en torno de la Comisión Nacional de Primaria, es decir, la que postuló candidatos y está adelantando la campaña proselitista por todo el país, tendría que mantenerse cohesionada alrededor del propósito de materializar esa empresa y lograr que los aspirantes muestren solidaridad entre ellos, a pesar de las diferencias programáticas que los diferencian y separan. Si la primaria, como desea Diosdado Cabello, se convierte en un caos donde los aspirantes libran una batalla sin cuartel, en vez de contribuir a la unidad opositora, terminará por debilitarla aún más de lo que ya se encuentra, y el gobierno la utilizará para sembrar cizaña y crear más recelos y sospechas.

En el plano internacional, todos los candidatos que  participan en la primaria tendrían que dirigirse a distintos foros democráticos para advertir de los peligros que corre el derecho de los venezolanos a elegir de forma democrática al candidato opositor y que se respete su decisión. Su desconocimiento viola la Constitución de 1999, aprobada por la mayoría de quienes en la actualidad se encuentran al frente de los organismos del Estado. Los presidentes democráticos de América Latina, de la Unión Europea y otras regiones del planeta, y los partidos democráticos del mundo podrían pronunciarse a favor de que el gobierno acepte la voluntad de los venezolanos que desean elegir un candidato presidencial por la vía del voto popular. Conviene una atmósfera internacional favorable.

Lo más seguro es que en el análisis del tema aparezcan otras imitativas. Lo fundamental reside en que los aspirantes opositores tomen conciencia de la urgencia de actuar simultáneamente de forma coordinada en varios niveles.

Trino Márquez 

@trinomarquezc

Varios fueron los factores que intervinieron en el cerco que el régimen les tendió a sus representantes, y a los de la oposición, en el Consejo Nacional Electoral, y que los llevaron a renunciar solo dos años después de haber sido designados por la Asamblea Nacional para un período de siete años. Destaco la intención de torpedear la primaria opositora, prevista para el próximo 22 de octubre. El CNE estaba en conversaciones con la Comisión Nacional de Primaria para determinar las formas de cooperación entre el organismo electoral y la comisión. El Gobierno quiere evitar que la primaria se convierta en un evento que despierte el entusiasmo y la esperanza de la gente, y en el método para elegir un candidato con una sólida legitimidad y representación nacional, capaz de vencer a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

En torno de la primaria han ido aumentando las expectativas. María Corina Machado, candidata que lidera las encuestas en la actualidad, ha despertado una corriente de simpatía que crece de forma evidente. Sus giras por el interior del país, las más recientes en Trujillo y Táchira, han estado cargadas de fuerza.  La gente la ha apoyado con ánimo. Puede preverse que esa energía crecerá cuando los otros aspirantes salgan a recorrer la nación, a proponer sus programas y confrontar sus ideas.

Maduro no podía aceptar que sus delegados en el  CNE se comportaran con independencia de criterios y tuvieran gestos amables con la CNP y la Plataforma Unitaria. Pedro Calzadilla y Alexis Corredor –los dos rectores principales que quedaron luego de renunciar Tania D’Amelio, quien pasó al Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2022-  resultaron demasiado caballeros para el gusto de la cúpula del PSUV. Según la visión de la alta dirigencia del régimen, el CNE debe estar al servicio incondicional  de la eternización de Maduro en el poder. El CNE no fue concebido por el PSUV para respetar la autonomía de los poderes públicos, ni organizar elecciones libres, competitivas y transparentes, sino para acatar la voluntad de una casta que quiere empotrarse en Miraflores por siempre. A Calzadilla,  antiguo ministro de Cultura y, luego, de Educación Universitaria, le cobraron su “debilidad”.

El régimen necesita verdaderos comisarios. Verdugos implacables capaces de prohibir la inscripción de María Corina en el CNE invocando cualquier razón caprichosa; o de guardar un silencio cómplice frente a la arbitrariedad de mantener inhabilitado a Henrique Capriles; o prestarse para apoyar la ilegalización de la primaria porque la consulta se realizará sin la participación del CNE; o convocar las elecciones presidenciales cuando más le convenga a Maduro. En fin, el gobierno demanda funcionarios que formen parte del engranaje mecánico e impersonal que requiere para llamar a unas elecciones en las cuales la gente vote, para conservar las apariencias de legalidad, pero no tenga la capacidad de elegir de forma libre el candidato, o candidata, de su preferencia.

La necesidad de designar un CNE domesticado y sumiso aumenta con el paso de los días. La recesión económica reapareció desde finales de 2022. La inflación, aunque se desaceleró, sigue siendo la más alta de América Latina. Su capacidad corrosiva se mantiene. El gobierno no logra reanimar la economía porque no inspira confianza. Sus aliados  internacionales le brindan apoyo político, pero no respaldo financiero. Rusia, Irán y Turquía, sus socios en la escena mundial, no están en capacidad de desembolsar las ingentes cantidades de recursos que requiere Venezuela para resucitar el aparato económico. China parece cansada de la incompetencia del gobierno. Maduro no logra superar el 30% de aceptación popular. En mayo pasado no pudo aumentar el salario mínimo, síntoma inequívoco de que las finanzas públicas están en la lona. Resurgió la escasez de gasolina en gran parte del territorio nacional.

La alternativa que va quedándole a Maduro para continuar en Miraflores se reduce a reprimir las protestas sociales, como ocurre en Guayana, y acosar a la oposición mediante amenazas y exclusiones de los dirigentes de la Plataforma Unitaria. En el camino hacia Nicaragua que el mandatario se trazó, algunos de los pasos que se vislumbran son el nombramiento de un CNE sumiso, la inhabilitación de María Corina y, eventualmente, de otros aspirantes, y la ilegalización de la primaria con el caprichoso argumento de que van a realizarse sin la presencia del CNE.

La integración del Comité de Postulaciones designado por la AN da una pista muy clara de hacia dónde debe apuntar el nuevo CNE. Allí aparecen, entre otros nombres, Cilia Flores, Didalco Bolívar, Ricardo Sánchez, Desiree Santos Amaral y Luis Augusto Romero, cuyo compromiso con el régimen es total.

El anterior CNE fue clausurado para imponer la voluntad del régimen. El reto consiste en impedir que cumpla su propósito.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Durante los días recientes, el régimen ha dado señales claras de cuál es el rumbo que está decidido a continuar transitando en el ámbito político: más amenazas y mayor represión contra los opositores, tal como en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Herman Escarrá, a quien tenían bastante tiempo sin desempolvar, amenazó en una entrevista a María Corina Machado, sin mencionarla de forma explícita, con inhabilitarla por haber solicitado sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro y manifestarse de acuerdo con los castigos cuando entraron en vigor. La intervención de Escarrá fue seguida por un acuerdo en el mismo sentido de la Asamblea Nacional oficialista electa en 2020. Más tarde Jorge Rodríguez, considerado el delfín de Maduro, remarcó que a quienes habían apoyado las sanciones habría que acusarlos de ‘traidores a la patria’ y execrarlos de cualquier actividad política y cargo público. Formando parte de ese combo de intimidaciones, Diosdado Cabello reiteró, una vez más, que ellos llegaron a Miraflores para eternizarse y que de allí ‘no se irán ni de por las buenas ni de por las malas’.

En Ciudad Guayana, la represión contra los trabajadores de Sidor y sus dirigentes sindicales ha sido implacable. Apenas pocas horas después de haberse ido del país el fiscal Kharim Khan, los cuerpos de seguridad golpearon a los trabajadores, y apresaron y trajeron a Caracas a tres de los líderes más destacados. La agresión a los trabajadores la llevó a cabo el gobierno del ‘presidente obrero’, como les gusta decir a los adulantes de Maduro.

La principal destinataria de los dardos envenenados del PSUV es María Corina Machado quien, por ahora, capta la mayor atención de los votantes opositores. El régimen no acepta que una crítica tan tenaz de lo ocurrido durante el último cuarto de siglo, sea quien reúna la mayor simpatía de los ciudadanos, y que su ascenso se lleve a cabo en medio de un proceso que ha ido atrayendo la atención de un grupo creciente de venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Ambos fenómenos le preocupan: la popularidad en aumento de María Corina y el auge de las primarias. Para el gobierno es más fácil inhabilitar a la candidata que acabar de un plumazo con la cita convocada para el próximo 22 de octubre.

La comunidad internacional vería como un acto grotesco judicializar las primarias. Sería una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos a elegir su candidato a la Presidencia de la República. En cambio, para ilegalizar a una aspirante en particular, basta con acusarla de traidora y de incitar al odio, para que se activen los mecanismos institucionales controlados por el régimen. Para eso domina la AN y las salas Electoral y Constitucional del TSJ. En esas instancias puede decidir defenestrar a María Corina. Sacándola del juego, colocarían en un tremendo dilema a la oposición (¿qué hacer frente a la arbitrariedad?) y, desde luego, le restarían brillo y atractivo a la consulta. Hay que recordar que Henrique Capriles se encuentra inhabilitado, y si su reivindicación depende de la voluntad de Cabello, puede olvidarse de ser absuelto.

Con relación a María Corina, ya existe un antecedente muy importante. En Nicaragua, Daniel Ortega sacó de la escena electoral a Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, en el momento en el cual se encontraba en la cima de las encuestas y representaba un serio peligro a las aspiraciones reeleccionistas del déspota nicaragüense. Después fueron decapitados todos los demás aspirantes que podían competir con Ortega y poner en peligro su reinado. Ahora Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan en medio de un clima de terror. Demolieron la oposición política y social y también están acabando con la resistencia representada por la Iglesia Católica.

El ambiente de incertidumbre que rodea las primarias y el futuro de María Corina, de Capriles y, eventualmente, de otros líderes, solo puede atenuarse si la oposición se mantiene unida y cohesionada en torno del objetivo de realizar las primarias –a pesar de todos los obstáculos que coloquen Maduro y su gente- bajo la conducción de la Comisión Nacional. Las observaciones y críticas que se le señalen a este equipo deben ser con el propósito de resolver los problemas, no con la intención de descalificar a sus integrantes o acusarlos de estar parcializados. Los candidatos y sus comandos, especialmente el de María Corina, tienen que ser especialmente cuidadosos con los comentarios públicos que formulen respecto de la Comisión. Hay algunos personajes que conviene moderar.

Ya existe un horizonte nublado. No hay que agregarle más sombras. El rumbo hacia Nicaragua está a la vuelta de la esquina y sin muchas fuerzas para evitarlo.

Trino Márquez

@trinomarquezc.

La voladura de la represa y la central hidroeléctrica de Nova Kajovka, en el sur de Ucrania, una de las más grandes e importantes de Ucrania, coloca la agresión rusa en un nuevo y más peligroso terreno, y hace aún más apremiante encontrar alguna fórmula que evite que el conflicto siga escalando hasta afectar a gran parte de Europa. Como siempre, Vladímir Putin responsabilizó a Volodímir Zelenski de lo ocurrido. Sin embargo, esa versión no es creíble. La ciudad de Nova Kajovka está ocupada por los rusos, quienes instalaron un gobierno dirigido por el Kremlin. ¿Cómo es posible que un grupo de terroristas ucranianos haya dinamitado una presa estratégica en una zona de alta seguridad para los invasores? Con ese cuento a otro lado.

Me cuento entre quienes pensaban el año pasado, cuando comenzó la invasión, que a Putin no había que darle tregua hasta derrotarlo en toda la línea. Al déspota había que escarmentarlo. Pero el tiempo pasa y lo único que se ve es destrucción en el este de Ucrania y en algunas zonas de Kiev atacadas por misiles enemigos. Se mantiene la destrucción de la infraestructura, el asesinato de civiles y el desmembramiento de una población obligada a desplazarse hacia los territorios menos peligrosos del país o hacia Europa del Este.

Dentro de Rusia, aunque se han registrado algunas protestas ciudadanas y deserciones, no se observa ningún indicio que revele la pérdida de poder y control por parte de Putin. El Ejército y la élite civil, a pesar de las derrotas sufridas, del escaso avance de las tropas y del elevado costo económico de la embestida, se mantienen unidos en torno del mandatario.

Durante lo que va de 2023, Zelenski se ha anotado un amplio conjunto de triunfos diplomáticos internacionales. Todo el espectro político ha oído su mensaje. Algunos líderes se sienten más identificados con lo que él representa y defiende. Otros toman una distancia discreta, pero todos lo escuchan y, al parecer, respetan sus posturas y, especialmente, el heroísmo de los ucranianos.

En la más reciente cumbre del G7, que agrupa a los países desarrollados más importantes del planeta, con larga tradición democrática, Zelenski recibió un sólido apoyo político, financiero y militar. De esa reunión salieron fortalecidas Ucrania y los nexos entre Estados Unidos, Europa y la OTAN. Putin equivocó sus cálculos. Pensó que el triunfo de la agresión militar sería tan rápido, que la unidad europea se resquebrajaría, las fricciones entre Europa y Estados Unidos aumentarían y la OTAN se  debilitaría. Ocurrió todo lo contrario. Los bloques cerraron filas para impedir que el gobernante ruso obtuviese una cómoda victoria que le sirviese de plataforma para expandir su dominio hacia el este de Europa.

Rusia, en cambio, se ha aislado aún más en medio del conflicto. El campo de acción de Putin es cada vez más restringido. Luego de la orden de captura dictada por la Corte Penal Internacional en su contra, por crímenes de guerra, el autócrata solo se atreve a desplazarse hasta Bielorrusia, donde gobierna su lugarteniente Alexander Lukashenko, y a algunos otros países con escasa importancia económica y militar.

El problema fundamental reside en que la confrontación entre Ucrania y Rusia se mineralizó. A esta altura, casi año y medio después de la invasión, los rusos no han podido ni podrán aniquilar a los ucranianos, y estos no han sido capaces de recuperar sino una pequeña fracción de los territorios tomados por el ejército de ocupación en el este del país.

Todo indica que la guerra se prolongará por mucho tiempo más. En el horizonte no se vislumbra una solución que signifique la derrota aplastante de Putin, su ejército y sus mercenarios, ni una victoria categórica de Zelenski y el pueblo ucraniano, lo cual significaría recuperar las regiones de Donetsk y Lugansk y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

La clave reside en detectar un punto en el cual Zelenski y Putin puedan entenderse. Para el gobernante ruso, el reto resulta más fácil de afrontar: el esquema autocrático que ha armado permite pensar en que, de ser posible convencerlo de una solución, esta podría ejecutarse con relativa sencillez. El control que posee del Ejército, la Duma (Parlamento ruso), los medios de comunicación y el Poder Judicial, le facilitarían crear la atmósfera para convencer al pueblo y demás factores de poder de las virtudes de su ‘solución’.

Algo diferente ocurre con Zelenski, quien es un gobernante democrático y, a pesar del estado de excepción que rige en Ucrania, tendrá que convencer al Ejército y a los ciudadanos, que han realizado esfuerzos inauditos, heroicos, de que aunque no se obtuvo todo aquello por lo cual se luchó, conviene firmar un acuerdo de paz que permita la reconstrucción nacional. Zelenski ha probado ser un líder recio. Tendrá la oportunidad, en ese caso, de demostrar que es un jefe tanto para la guerra como para la paz.

En el complejo cuadro actual deberían actuar China, India, Brasil, Turquía y algunas otras grandes naciones que no se han involucrado directamente en la conflagración, y han manifestado su interés en servir de mediadores. El papel de China es crucial. Si le retira el apoyo a Putin, probablemente este admita negociar.

Llegó el momento de que se pongan en marcha todos los mecanismos diplomáticos que hagan posible conseguir la paz lo más pronto posible.

@trinomarquezc

En días recientes, Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, sostuvo una entrevista en Unión Radio con el periodista Román Lozinski. En ese diálogo, Cabrera se valió de una imagen que me pareció muy gráfica: el nombre del candidato de la oposición se llama Unidad, póngale usted el apellido que quiera: puede ser Unidad Pérez, Unidad Contreras o cualquier otro. La metáfora me pareció acertada. Insisto en ella, subrayando que sin unidad o fuera de ella no existe ninguna posibilidad de derrotar a Nicolás Maduro y al régimen que representa en los comicios de 2024. De forma consistente aparece en todas las encuestas con alrededor de 30% de apoyo. Porcentaje que podría subir en un escenario opositor fragmentado.

El gobierno es consciente de las posibilidades de perder en la próxima cita electoral. El efímero repunte económico registrado a partir de segundo semestre de 2021 comenzó a declinar a finales del año pasado. Terminando el segundo trimestre de 2023, el país parece estar a las puertas de un nuevo período recesivo. Así lo señalan algunos de los economistas más informados del país. Durante los meses recientes, el dólar ha logrado estabilizarse fundamentalmente gracias a los aportes de Chevron. La empresa ha ido cobrándose la deuda que mantiene el gobierno con ella y, además, entrega las divisas que el Banco Central coloca en el mercado cambiario y hacen posible que la moneda norteamericana no se dispare a la estratosfera. Los chinos no lucen muy interesados en seguir suministrándoles recursos financieros a una administración tan inepta y corrupta como la dirigida por Maduro, sobre todo ahora que el proyecto La nueva ruta de la seda está confrontando dificultades en algunas naciones, como Italia, donde los asiáticos han intentado extender sus tentáculos. Bastaría que el gobierno de Joe Biden le suspenda la licencia a Chevron para que la economía nacional se hunda aún más de lo que ya se encuentra.

Situado en este panorama, Maduro y el PSUV optaron por tratar de quebrar la unidad opositora atacando a la Plataforma Unitaria y su principal proyecto: la convocatoria de las primarias para seleccionar el candidato unitario, organizadas por la Comisión Nacional de Primarias. Con ese objetivo, están valiéndose de distintos procedimientos. Los principales consisten en tratar de imponer la asistencia técnica del CNE, incluyendo el uso de las captahuellas para el reconocimiento biométrico del votante, e insistir en que los inhabilitados por la Contraloría General no podrán ser candidatos presidenciales, aunque resulten electos en la consulta ciudadana. La finalidad reside en crear confusión, generar dudas y temores, y enrarecer el ambiente con el propósito de que las primarias, en vez de convertirse en una jornada para fortalecer las organizaciones democráticas y animar la participación popular, se transformen en  un ring de boxeo entre quienes aceptan la colaboración del CNE, incluidas las captahuellas, y quienes se niegan a incorporarlas. O entre quienes consideran que Henrique Capriles, inhabilitado, debe concurrir, y quienes estiman que debe abstenerse. En total: a pocos meses del 22 de octubre, en las filas democráticas existen fundados temores, por las diferencias expresadas, de que las primarias naufraguen y la unidad se fracture.

Al cuadro descrito hay que añadir que el régimen no descansa en promover candidaturas paralelas a la proyectada por la PU y la CNP. Otros abanderados saldrán de la Alianza Democrática, que reúne a los «alacranes» y a un grupito identificado con el pomposo nombre de Pacto Independiente por el Cambio Popular, integrado por Timoteo Zambrano, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero. Probablemente, surjan otras plataformas y otros nombres porque el espectro político no se agota con los factores que he mencionado. Habrá que ver qué hacen algunos disidentes del chavismo. A esos candidatos de las «distintas oposiciones» no les faltará dinero ni apoyo oficial.

El desafío fundamental para quienes se reúnen en torno de la PU y la CNP consiste en mantenerse cohesionados. Deben entender que el régimen presionará con las captahuellas. El día de las primarias es muy probable que organice mercados populares o puntos rojos cerca de los centros de votación con la finalidad de distraer la atención o chantajear a los votantes. Las artimañas serán muchas y variadas. Si la oposición acepta las captahuellas, a lo mejor Maduro y Cabello inventarán que es el Plan República el que hará el traslado de las cajas de votación hasta los centros de totalización. No habrá treta o extorsión que no se les ocurra.

Los candidatos de la PU deberían saber que el pueblo opositor quiere votar para seleccionar el candidato que los representará en los comicios presidenciales; que las primarias representan el método preferido; y que, a pesar de los chantajes, están dispuestos a acudir a los centros electorales para colocar el nombre de ese líder.

Lamentablemente, quien surja de la consulta no será el candidato único del no chavismo, pero, sin duda, será el que tendrá mayor autoridad, legitimidad y representatividad nacional. Hacia él (o ella) se dirigirán la mayor cantidad de votos en 2024 de quienes quieren terminar con esta locura. Podrá triunfar. Romper la Unidad sería una irresponsabilidad y una tragedia.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc

En días recientes, Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, sostuvo una entrevista en Unión Radio con el periodista Román Lozinski. En ese diálogo, Cabrera se valió de una imagen que me pareció muy gráfica: el nombre del candidato de la oposición se llama Unidad, póngale usted el apellido que quiera: puede ser Unidad Pérez, Unidad Contreras o cualquier otro. La metáfora me pareció acertada. Insisto en ella, subrayando que sin unidad o fuera de ella no existe ninguna posibilidad de derrotar a Nicolás Maduro y al régimen que representa en los comicios de 2024. De forma consistente aparece en todas las encuestas con alrededor de 30% de apoyo. Porcentaje que podría subir en un escenario opositor fragmentado.

El gobierno es consciente de las posibilidades de perder en la próxima cita electoral. El efímero repunte económico registrado a partir de segundo semestre de 2021 comenzó a declinar a finales del año pasado. Terminando el segundo trimestre de 2023, el país parece estar a las puertas de un nuevo período recesivo. Así lo señalan algunos de los economistas más informados del país. Durante los meses recientes, el dólar ha logrado estabilizarse fundamentalmente gracias a los aportes de Chevron. La empresa ha ido cobrándose la deuda que mantiene el gobierno con ella y, además, entrega las divisas que el Banco Central coloca en el mercado cambiario y hacen posible que la moneda norteamericana no se dispare a la estratosfera. Los chinos no lucen muy interesados en seguir suministrándoles recursos financieros a una administración tan inepta y corrupta como la dirigida por Maduro, sobre todo ahora que el proyecto La nueva ruta de la seda está confrontando dificultades en algunas naciones, como Italia, donde los asiáticos han intentado extender sus tentáculos. Bastaría que el gobierno de Joe Biden le suspenda la licencia a Chevron para que la economía nacional se hunda aún más de lo que ya se encuentra.

Situado en este panorama, Maduro y el PSUV optaron por tratar de quebrar la unidad opositora atacando a la Plataforma Unitaria y su principal proyecto: la convocatoria de las primarias para seleccionar el candidato unitario, organizadas por la Comisión Nacional de Primarias. Con ese objetivo, están valiéndose de distintos procedimientos. Los principales consisten en tratar de imponer la asistencia técnica del CNE, incluyendo el uso de las captahuellas para el reconocimiento biométrico del votante, e insistir en que los inhabilitados por la Contraloría General no podrán ser candidatos presidenciales, aunque resulten electos en la consulta ciudadana. La finalidad reside en crear confusión, generar dudas y temores, y enrarecer el ambiente con el propósito de que las primarias, en vez de convertirse en una jornada para fortalecer las organizaciones democráticas y animar la participación popular, se transformen en  un ring de boxeo entre quienes aceptan la colaboración del CNE, incluidas las captahuellas, y quienes se niegan a incorporarlas. O entre quienes consideran que Henrique Capriles, inhabilitado, debe concurrir, y quienes estiman que debe abstenerse. En total: a pocos meses del 22 de octubre, en las filas democráticas existen fundados temores, por las diferencias expresadas, de que las primarias naufraguen y la unidad se fracture.

Al cuadro descrito hay que añadir que el régimen no descansa en promover candidaturas paralelas a la proyectada por la PU y la CNP. Otros abanderados saldrán de la Alianza Democrática, que reúne a los «alacranes» y a un grupito identificado con el pomposo nombre de Pacto Independiente por el Cambio Popular, integrado por Timoteo Zambrano, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero. Probablemente, surjan otras plataformas y otros nombres porque el espectro político no se agota con los factores que he mencionado. Habrá que ver qué hacen algunos disidentes del chavismo. A esos candidatos de las «distintas oposiciones» no les faltará dinero ni apoyo oficial.

El desafío fundamental para quienes se reúnen en torno de la PU y la CNP consiste en mantenerse cohesionados. Deben entender que el régimen presionará con las captahuellas. El día de las primarias es muy probable que organice mercados populares o puntos rojos cerca de los centros de votación con la finalidad de distraer la atención o chantajear a los votantes. Las artimañas serán muchas y variadas. Si la oposición acepta las captahuellas, a lo mejor Maduro y Cabello inventarán que es el Plan República el que hará el traslado de las cajas de votación hasta los centros de totalización. No habrá treta o extorsión que no se les ocurra.

Los candidatos de la PU deberían saber que el pueblo opositor quiere votar para seleccionar el candidato que los representará en los comicios presidenciales; que las primarias representan el método preferido; y que, a pesar de los chantajes, están dispuestos a acudir a los centros electorales para colocar el nombre de ese líder.

Lamentablemente, quien surja de la consulta no será el candidato único del no chavismo, pero, sin duda, será el que tendrá mayor autoridad, legitimidad y representatividad nacional. Hacia él (o ella) se dirigirán la mayor cantidad de votos en 2024 de quienes quieren terminar con esta locura. Podrá triunfar. Romper la Unidad sería una irresponsabilidad y una tragedia.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Entiendo a las organizaciones y dirigentes políticos que han expresado su preocupación por el posible uso de las captahuellas en las próximas elecciones primarias de la oposición. Insisten en que no se le debe entregar en “bandeja de plata” los nombres de las personas que voten en esa consulta a un régimen sectario y represivo, que viola de forma sistemática los derechos humanos. Se corre el peligro, según este punto de vista, de que el gobierno elabore una nueva Lista Tascón, para con ella identificar y segregar a sus adversarios, tal como ocurrió a partir de 2004 cuando el tristemente célebre diputado Luis Tascón le dio a Hugo Chávez los nombres y cédulas de identidad de quienes habían solicitado la convocatoria del referendo revocatorio. Esa lista sirvió para marginar de toda oportunidad de conseguir trabajo, contratos y muchos beneficios más en los organismos oficiales a los convocantes. Este razonamiento, aunque lógico, representa una proyección lineal de lo ocurrido en aquella oportunidad. Conviene revisarlo.

Comienzo por decir que la Venezuela de 2023 es muy diferente a aquella de la etapa 2004 y años siguientes. Ese fue un período en el cual el gobierno de Hugo Chávez empezó a navegar en petrodólares. El comandante inició una campaña de exterminio de la empresa privada en venganza por los sucesos del 11 de abril de 2002. Confiscó y expropió empresas en medio de una borrachera estatista frenética. Parecía que los dólares provenientes del crudo eran inagotables. Pdvsa aún producía más de dos millones y medio de barriles por día y el precio del crudo alcanzaba cotas cada vez más altas. Quienes se iban del país eran los expulsados de Pdvsa, que no conseguían emplearse ni en el sector público ni en el privado. Al gobierno central, así como a las gobernaciones y alcaldías chavistas, les sobraba el dinero para derrochar. La Lista Tascón se convirtió en un instrumento para excluir  del festín y castigar a quienes se habían atrevido a ejercer el derecho constitucional de pedir la salida de Chávez de la presidencia de la República.

Dos décadas después, el cuadro cambió drásticamente. El Estado fue conducido a la quiebra tanto por Chávez como por Maduro. El gasto enloquecido se acabó. Ahora el gobierno vive de las migajas que le da Chevron para que abastezca el mercado cambiario y evite que el dólar se dispare a la estratosfera. Ni el gobierno central ni los gobiernos regionales y locales maduristas pueden darse ningún lujo excéntrico. Los contratos a los socios del régimen se restringieron. Los trabajadores sobreviven con sueldos miserables, la informalidad se disparó, los pensionados fueron abandonados y los jóvenes no consiguen trabajos estables y bien remunerados. Este nivel de ruina ha hecho que más de 5 millones de venezolanos se hayan ido del país desde que Maduro llegó a Miraflores. Son compatriotas que han asumido el riesgo de atravesar el Darién para luego cruzar el río Bravo con la meta de llegar a Estados Unidos. O que han caminado hasta Colombia para de allí seguir hacia Brasil, Perú, Chile o Argentina.

La verdadera Lista Tascón es la que se elaboró con los millones de venezolanos arrojados a la pobreza, sin posibilidades de construir un futuro digno, obligados a emigrar o que se conforman con sobrellevar en Venezuela una vida llena de limitaciones.

Convertir el tema de las captahuellas en un problema de principios, señalando que el régimen podría utilizarlas para diseñar un nuevo mecanismo de persecución, me parece exagerado porque distorsiona la realidad actual. Ese argumento no rige ni siquiera para los millones de pensionados y jubilados del Seguro Social. Este amplio sector siempre ha sido susceptible a los chantajes del régimen, que lo ha extorsionado haciéndole creer que el voto no es secreto o que si se alinea con la oposición perderá los escuálidos beneficios que recibe. Esas franjas tienden a abstenerse de participar en los eventos convocados por los opositores. Son proclives a reducir los riesgos.

Pareciera, por las declaraciones recurrentes de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que la estrategia del régimen se basa en utilizar al CNE, y especialmente las captahuellas, para intimidar e introducir factores de división dentro de la Plataforma Unitaria y los otros partidos y grupos que están convocando la consulta. El gobierno posee el control del TSJ y, desde luego, de su Sala Electoral. Este dominio le permite amenazar con inhabilitar o ilegalizar las primarias en el caso de que los factores que acudan a la cita de octubre decidan hacerlo sin la intervención del organismo electoral. Ese chantaje puede, en efecto, materializarse. No hay que complacerlos.

Aunque la oposición debería poder organizar y ejecutar las primarias de acuerdo con sus propios criterios, el principio de realidad obliga a pensar que el marco institucional impuesto por la autocracia madurista no debe obviarse. Sería un error facilitarle a la claque gobernante la ruta que conduzca a la pendiente seguida por Daniel Ortega.

En 2024 es posible derrotar a Maduro con un candidato unitario surgido de las primarias. No hay que perderse en detalles subalternos.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Chile es un ejemplo del camino lleno de vaivenes, contrastes y matices en los que se mueve el proceso político en Latinoamérica. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, es expresión de ese movimiento insurreccional, incendiario, que se desató en el país del Cono Sur durante 2019. Como se recordará, las protestas callejeras destruyeron estaciones del metro, farmacias, clínicas, automóviles particulares. Una parte del patrimonio urbano construido con el aporte financiero y el trabajo de los ciudadanos, fue demolido debido a que los manifestantes estaban indignados porque el crecimiento económico de décadas se había traducido en un incremento de  las desigualdades sociales, no en su reducción.

Durante meses vimos un Chile desconocido para sus vecinos del continente. Observamos a una sociedad dominada por la ira y los deseos de revancha contra los ricos que –según la versión de los insurgentes- se habían apropiado de gran parte del producto nacional. Los jóvenes que se enfrentaban a la policía en las barricadas exigían una educación universitaria y una salud pública gratuita y una seguridad social que les costara muy poco a los contribuyentes. El ideario izquierdista fue enarbolado como estandarte. El espíritu de la época catapultó a Boric hasta la jefatura del Estado.

Una vez instalado en La Moneda, el joven mandatario trató de cumplir con una de sus promesas: modificar la Constitución de 1980, aprobada durante la era de Augusto Pinochet. Era una aspiración plausible: luego de tres décadas de haberse instalado el sistema democrático, había llegado el momento que la democracia tuviese sus propia Carta Magna. Una que subrayase la naturaleza civil, republicana, plural, inclusiva e igualitaria del Estado y la sociedad. Sin embargo, el tono mesurado que debía contener la nueva Constitución no fue comprendido por algunos de los factores que integraban la mayoría parlamentaria, vinculada fundamentalmente con los partidos y grupos izquierdistas que habían motorizado las protestas, a pesar de las sabias advertencias de Boric, quien al ver disminuir su popularidad producto de los excesos radicales, entendió que pueden ganarse elecciones con un lenguaje vehemente, pero hay que gobernar con el sentido común que recomienda el pragmatismo cauteloso. El proyecto de reforma constitucional elaborado por los extremistas  de izquierda asustó tanto al pueblo, desde los colocados en el polo de la derecha hasta los más moderados, que fue rechazado de forma categórica en septiembre de 2022, al ser votado en un referendo popular. El miedo frente a la desmesura fanática fue tan grande que el país se movilizó hasta las urnas electorales para decirles No a los extremistas.

El naufragio de ese nuevo proyecto constitucional obligó a la élite política a buscar una salida negociada. Se entendía que los chilenos querían otra Constitución, pero no la diseñada por la izquierda arrogante y miope. Colocados ante la disyuntiva, los ciudadanos preferían la Carta pinochetista. En esa pugna salió ganando José Antonio Kast, rival de Gabriel Boric en la segunda vuelta  en las elecciones presidenciales de 2021. Kast se había opuesto frontalmente al cambio de la Constitución.

La búsqueda concertada que se produjo luego del fracaso llevó a concebir el Consejo Constitucional, conformado por cincuenta miembros, instancia que se elegiría en una consulta popular. Esta fue la votación llevada a cabo el pasado domingo 7 de  mayo. Allí el péndulo electoral se movió claramente hacia la dirección opuesta de donde se había desplazado cuando Boric obtuvo la victoria. El bloque de la derecha –conformado por el  ultraderechista Partido Republicano, dirigido por Kast, y la alianza más convencional Chile Seguro- se quedó con la mayoría de los representantes: en total 33 representantes. Mientras la izquierda –Unidad para Chile, de Boric, la centroizquierda de Todo por Chile y el populista Partido de la Gente- pasó a ser una minoría bastante reducida, con apenas 17 representantes. La derecha cuenta con más de las tres quintas partes exigidas para las decisiones que requieran mayoría absoluta.

El Consejo Constitucional redactará la futura Constitución en consulta con el equipo de expertos designado por el Congreso Nacional. Esa carta fundamental tendrá que ser sometida al juicio de los votantes en un referendo popular en diciembre próximo. Será el pueblo el que decida cuál es la carta magna que servirá de marco general durante las próximas décadas. Cuál será el Estado constitucional y de derecho que regulará la vida de esa nación. Las organizaciones triunfantes, ya lo dijo Boric, deberían aprender de la experiencia reciente: los chilenos no quieren que impere una supremacía sectaria. Ninguna visión ultraconservadora o ultraliberal va a prevalecer de forma avasallante. La hegemonía supremacista parece estar condenada a fracasar.

Los chilenos, al moverse de un extremo a otro, les dijeron a los partidos y a la dirigencia que quieren sensatez, sindéresis e inclusión, aunque el triunfo de la derecha haya sido categórico. Se trata de vivir en un país en el quepan todos, no únicamente quienes militan en el campo de las ideas de una determinada concepción del Estado y la sociedad. Chile podría representar el camino que Venezuela debería seguir cuando salgamos del disparate en el que vivimos.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc