El pasado 9 de julio se celebró en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales la sesión solemne con motivo de la incorporación de la doctora Magaly Vásquez González como miembro de dicha institución. En este acto, la nueva académica pronunció un discurso en el cual resumió su trabajo de incorporación, que lleva por título “Del monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal a su privatización en el sistema venezolano”. El doctor Alberto Arteaga Sánchez fue el académico encargado de pronunciar el discurso de contestación, el cual estuvo cargado de agudas reflexiones sobre asuntos referentes al derecho penal. Es a las reflexiones de ambos juristas a las que me voy a referir en las líneas que siguen.

El ensayo de Magaly Vásquez González examina un tema que merece un análisis sereno. Se trata de darle participación a la víctima en relación con la investigación de un delito que sea de interés público, en caso de falta de actividad o rechazo del Ministerio Público. Esta propuesta merece atención y discusión porque está respaldada por la autoridad profesional e intelectual de su autora. En efecto, la profesora Vásquez tiene experiencia judicial, porque fue secretaria del Juzgado Superior Vigesimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando su titular era el juez Erasmo Pérez España, un modelo de dignidad forense durante la época de la democracia. Igualmente, trabajó en la Comisión Legislativa del Congreso Nacional que redactó el Código Orgánico Procesal Penal que sustituyó al viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, la profesora Vásquez ha ejercido vigorosamente la cátedra y la investigación universitaria, básicamente en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual es miembro del equipo rectoral.

El tema es relevante por cuanto, en nuestro ordenamiento penal, corresponde al Estado la titularidad de la acción, que ejerce a través del Ministerio Público. Y este estudio se refiere al papel de la víctima en el proceso penal, asunto que debe verse con serenidad por las complejidades que ofrece nuestro sistema de justicia, marcado por la politización y la falta de imparcialidad.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal fue progresivamente vaciado de contenido, tanto por la labor legislativa, como por la actividad jurisprudencial de la Sala Constitucional (SC). Aquí debe recodarse que dicha Sala amplió el concepto de flagrancia para permitir la detención de una persona, sin orden judicial, por un delito que ya fue cometido. No es por un delito “que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”, como establece el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, sino lo que sucede “cuando se sorprende a una persona a poco de haberse cometido un hecho” (SC: sentencia N.° 2580 del 11.12.2001). De esta manera, la Sala Constitucional legisló, dejó en letra muerta el principio de presunción de inocencia y alimentó la ambigüedad. Entonces, no es la inmediatez lo que define la flagrancia, sino la extensión de un determinado acto en el tiempo.

Sea como sea, de lo que se trata es de ponderar la situación venezolana para determinar si es conveniente ampliar las posibilidades de que la víctima pueda participar en la investigación contra el supuesto ofensor, cuando no lo hace apropiadamente el fiscal del caso, en los delitos de interés público. Nada de ello puede significar el debilitamiento de las atribuciones del Ministerio Público. Todo lo contrario. De lo que se trata es de fortalecer la institución. No es posible pensar que un fiscal, con más de mil expedientes, pueda atender apropiadamente sus responsabilidades. Pero todo esto debe hacerse en un marco de reinstitucionalización del país, con la mira puesta en la construcción de un sistema judicial ajeno a los intereses políticos.

El profesor Alberto Arteaga, por su parte, en su discurso de contestación, con el sentido común que lo caracteriza, destacó que el ejercicio de la acción penal en manos de la Fiscalía General de República debe alejarse de la “impunidad y de la venganza”, al tiempo que agregó que la víctima “no puede ser un convidado de piedra” en un proceso dirigido por un juez que debe ser imparcial. Para ello, se requiere un juez titular, producto de un riguroso proceso de elección que le garantice su estabilidad. Con jueces provisorios, sujetos a los intereses de grupos políticos, no es posible hacer los cambios que se proponen.

Ante este marco conceptual, cualquiera que sea la solución que prefieran los penalistas, ninguna de ellas puede permitir generar situaciones que permitan la utilización de la vía penal para resolver asuntos privados. Así, en las relaciones contractuales −como la compraventa de un inmueble− cualquier disputa debe ser tramitada por vía civil. Lo mismo debe decirse en relación con los conflictos entre socios que ocurren en las sociedades mercantiles. La utilización de la jurisdicción penal para resolver cuestiones civiles o mercantiles es lo que se conoce como “terrorismo judicial”, lo que debe ser desterrado de nuestro sistema judicial, con normas claras e instituciones sólidas e independientes.

Cualquier propuesta sobre estos asuntos penales debe ir precedida de una reforma profunda del sistema de justicia venezolano. La independencia del Ministerio Público es fundamental en todo esto. Igualmente, lo es la despolitización de la justicia y la necesaria figura del juez imparcial, con buenos salarios y estabilidad.

Las reflexiones de Magaly Vásquez González nos ofrecen la posibilidad de pensar sobre un asunto fundamental para la seguridad jurídica y la paz ciudadana. Es una de las materias que debe acometerse en la necesaria reinstitucionalización de la justicia que anhelamos los venezolanos.

Ramón Escovar León

@rescovar

Según el diccionario de la Real Academia Española, el doctorado honoris causa es un título que otorgan las universidades a personas destacadas por sus méritos excepcionales. Esta distinción suele reservarse a ciudadanos con obra significativa en lo intelectual, universitario, institucional o personal. Es el caso de Virginia Betancourt Valverde, a quien la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) le otorgó este reconocimiento el pasado 29 de febrero.

Virginia Betancourt Valverde recibe el doctorado al amparo de sus indiscutibles méritos ciudadanos, institucionales, familiares, intelectuales y personales. Un aporte suyo de gran significación fue la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela (SINASBI) para asegurar la preservación y acceso a la memoria nacional impresa y audiovisual. Este sistema es un referente para otros países de América Latina. Asimismo, ha sido una vigorosa promotora del hábito de la lectura entre los venezolanos de todas las edades, especialmente de los niños. Desde el Banco del Libro impulsó la construcción de salas de lectura infantil y el establecimiento del Día del Libro para destacar la significación del libro en la vida nacional. De todo esto dejó constancia, tanto la Academia de Ciencias Políticas y Sociales –en comunicación enviada a Virginia Betancourt Valverde– como la Academia Nacional de la Historia en Acuerdo de su Junta Directiva (https://www.anhvenezuela.org.ve/2023/11/27/acuerdo-de-la-junta-directiva-academia-nacional-de-la-historia). De esta manera, estas dos corporaciones académicas celebran la acertada decisión de la UPEL.

El incansable trabajo de Virginia Betancourt Valverde se extiende a la Fundación que lleva el nombre de su padre, en cuya sede (Quinta Pacairigüa) se encuentra el archivo y la biblioteca de Rómulo Betancourt, el estadista y líder fundador de Acción Democrática que contribuyó a construir los cimientos de la democracia venezolana. La Fundación en unión a la UPEL realiza cada año un Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela, guiado por altos niveles de excelencia. El programa se inicia en el año 2008 en el marco del centenario del nacimiento de Rómulo Betancourt, con el propósito de enfrentar la campaña de distorsión de la verdad histórica que ejecutaba (y sigue ejecutando) la revolución bolivariana. Ya la historia no es lo que en verdad ocurrió ni lo que aprendimos en nuestros estudios, sino lo que afirma la propaganda revolucionaria, salpicada del dogmatismo ideológico y sectarismo político.

Los hechos históricos ocurridas antes de la llegada de Hugo Chávez al poder son alterados arbitrariamente; a lo que no escapa el rostro de Simón Bolívar. La mezquindad y la intolerancia se convierten en moneda de cuenta en este proceso de distorsión de la historia. Ejemplo de ello es el cambio de nombre al Parque del Este: deja de llamarse Rómulo Betancourt para llevar el nombre de Francisco de Miranda. Es que no puede haber símbolos ni referencias que recuerden a los grandes lideres civiles de nuestra historia contemporánea.

Esta tergiversación de la historia fue denunciada por notables historiadores. Manuel Caballero lo hizo sin tapujos en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia en 2005.La Fundación Rómulo Betancourt y la UPEL dan respuesta a esta situación con el mencionado diplomado y con los once “Cuadernos de historia contemporánea de Venezuela” que se han publicado hasta el presente. Un trabajo de gran calado liderado por Virginia Betancourt Valverde y por el filósofo Iván Castro.

El estudio y comprensión de la historia es fundamental para quienes desean ejercer papel de liderazgo político. Es conocido que Rómulo Betancourt se leyó en su exilio de Costa Rica los quince tomos de la Historia contemporánea de Venezuela de Francisco González Guinán. Decía Betancourt que esa lectura era necesaria para poder ser presidente de Venezuela. Sea como fuere, el estudio y comprensión de nuestra historia permite apertrechar a los venezolanos de los conocimientos necesarios para no dejarse confundir con la propaganda y la mentira. De ahí que la promoción de los estudios de historia de Venezuela es otro indiscutible mérito de Virginia Betancourt Valverde.

Por último, no puede pasar inadvertido que Virginia se caracteriza por la probidad, el coraje, la vida sencilla, el trabajo incansable, la inteligencia, la solidaridad y el compromiso con Venezuela que también fueron los rasgos de su ilustre padre.

El doctorado otorgado a Virginia Betancourt Valverde por la UPEL permite honrar, como se merece, a esta gran venezolana y los valores que representa.

Ramón Escovar León

Un golpe de ataúd estremece los sentimientos de la familia adeca y del foro venezolano con el sorpresivo fallecimiento de Gonzalo Gerbasi Orta. Los integrantes de la promoción de abogados José Luis Aguilar Gorrondona (UCAB: 1974), quedamos conmovidos por la triste noticia, en vista del aprecio que sentíamos por nuestro compañero de promoción que se nos fue.

Gonzalo Gerbasi era un intelectual y político marcado por la vieja fibra adeca. La fortaleza humana, la probidad, el coraje, la decencia, la vida austera, la vigorosa actividad intelectual y el compromiso con Venezuela eran sus signos distintivos. Se trata de los valores que representaban lo adecos históricos: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda, Valmore Rodríguez, Antonio Leidenz, Eligio Anzola, José Vargas, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage, Carlos Canache Mata, entre otros. Esas fueron las virtudes que exhibía la clase política que contribuyó a estabilizar la democracia, al amparo de la honestidad, de la tolerancia y la sencillez. A esta estirpe perteneció el poeta Vicente Gerbasi, quien acompañó a Rómulo Betancourt en la fundación del Partido Democrático Nacional.

Gonzalo heredó de su padre, el poeta Gerbasi, la pasión por la vida intelectual y por la disciplina de trabajo. Vicente  Gerbasi vivía “En un estado poético”, como lo proclamó el día de su incorporación como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua (1989). Tuve la suerte de conocerlo personalmente y siempre advertí en él su simpatía y su decencia. Autor de Mi padre el inmigrante (1945), la oda al desarraigo, que es uno de sus poemas más conocidos, ocupa un puesto estelar en la historia de la lírica venezolana. No puede extrañar, entonces, que del gran poeta y de su distinguida esposa, la valenciana Consuelo Orta Bercht, se haya construido una familia de jerarquía y fuste, como los Gerbasi Orta.

Vale la pena destacar que el abuelo de Gonzalo fue Giovanbattista Gerbasi, oriundo de la Provincia de Salerno en Italia. Se unió a José Manuel Hernandez (conocido como el “Mocho” Hernández), luego de escucharlo en un mitin en Valencia en una de sus campañas electorales. Combatió junto al Mocho contra Joaquín Crespo y fue derrotado; aquí aprende que la derrota es un aprendizaje. Asimismo, Gionvanbattista le infunde a sus descendientes el sentido del compromiso con el del deber cumplido. Fue un hombre de éxitos, debido a su capacidad de trabajo y a su disciplina.

La familia Gerbasi estuvo estrechamente vinculada a la historia reciente y al partido Acción Democrática. Gonzalo perteneció a la generación de la década de los setenta y mantuvo su vínculo partidista hasta su último respiro. En AD aprendió a entender las complejidades de la lucha política, lo que se evidencia de los análisis que compartía con sus amigos en los distintos chats a los que pertenecía. Yo siempre estaba atento a sus opiniones, tanto sobre la vida nacional, como sobre cine y literatura. A la gente culta e inteligente, como lo era él, hay que prestarle atención.

Los valores que representaron los adecos históricos fueron cambiando en la medida en que Venezuela se inundaba de riqueza petrolera. La disciplina intelectual y la vida sencilla se desdoblaron por el afán de lujo, la superficialidad, la frivolidad y la falta de compromiso con la palabra empeñada. El debate de las ideas en los partidos políticos y su sustitución por el pragmatismo –que permitió convertir a los partidos en maquinarias para conquistar el poder–fueron la causa del quiebre del modelo político nacido 1958. Así se activaron los resortes de los demonios de la democracia. El prestigio de la clase dirigente fue pilar fundamental en el desarrollo y consolidación de la democracia; su desprestigio, en cambio, fue una de las causas de su caída. El quiebre definitivo fue cuestión de tiempo.

Más todavía, Gonzalo Gerbasi se caracterizó no solo por sus valores políticos, sino por su vigorosa actividad intelectual y universitaria. Era una autoridad en materia de legitimación de capitales, lo que queda demostrado por su importante libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimación de Capitales,editado por la Universidad Católica Andrés Bello. Fue profesor de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en las Universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello. Tuvo entonces una actividad académica relevante en esa área de su especialidad, tan necesaria en los tiempos presentes.

El deterioro institucional y la corrupción desbordada definen un hecho cultural. Esto lo comprendió muy bien Gonzalo Gerbasi; sus advertencias en este sentido son muy agudas. De ahí su dedicación a insertar los temas que estudió y enseñó dentro del marco nacional, en el cual se producen y expanden estos delicados problemas.

A Gonzalo lo acompañaban otras virtudes humanas: su sentido de la amistad y su sencillez. Muy distinto al perfil del atorrante, engreído y envidioso, que, desde la comodidad de la holgazanería, descalifica a quienes trabajan y producen obra intelectual. Estos pícaros, que encajen en el modelo del “diente roto”, son el reverso de los valores que representó Gonzalo Gerbasi. Pero estos resentidos son, por fortuna, minoría.

El ejemplo de Gonzalo Gerbasi debe servir para potenciar los valores republicanos y para que se reconstruya el hilo de la esperanza nacional.

Ramón Escovar León

 

 

“Eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa”, le dice Don Quijote a Sancho Panza en un intercambio recogido en la primera parte, capítulo XXV de la obra de Miguel de Cervantes. Este pasaje plantea el tema de la relatividad de los juicios de valor en la interpretación de los hechos. Cada cual tiene su propia mirada de lo que ve y siente.

 

Es lo que ocurre con los resultados del referéndum consultivo del 3 de diciembre, sobre el cual hay dos visiones radicalmente encontradas. Para unos fue un rotundo fracaso; y para otros fue un éxito que permitió la movilización de millones de venezolanos. Cada cual tiene su propia “verdad” basada en sus intereses y pasiones. Sin embargo, se puede contrastar lo que vimos en directo en los centros de votación con la escasa y confusa información oficial. Por encima de ello, es posible extraer conclusiones fundadas en los hechos conocidos y en la experiencia. La consulta se realizó, los resultados son los que cada cual piense que son, porque el venezolano no tiene confianza en la imparcialidad de la institución electoral.

 

Para completar el cuadro, el Consejo Nacional Electoral anunció una cifra de 10.554.320 electores, lo que causó asombro entre muchos, porque se trata de una información inverosímil. Henrique Capriles, por su parte, afirmó que el número de electores fue de 2.110.864, es decir, una abstención de 89,8 %. Este conflicto de “verdades” debilita la posición venezolana en la disputa, porque presenta un país dividido ante un asunto fundamental para el destino nacional. El referéndum sirvió para dividir aún más a los venezolanos y crear confusión sobre qué es lo que más conviene a nuestro país. Los guyaneses podrían decir que todo esto evidencia la irresponsabilidad como los venezolanos manejamos este complejo problema.

 

Sea lo que sea, el gobierno se aferra a su “verdad”: que hubo una masiva votación a favor del  sí en las 5 preguntas, y que ,el gobierno dispone de un cheque en blanco para hacer lo que estime. Y esta consulta se hizo sin que los electores hayan podido ilustrarse con suficiente tiempo para entender el tema y emitir a conciencia su voto. Al contrario, lo que hubo fue una agresiva campaña cargada de propaganda, de lugares comunes y de insultos. La profundidad en el análisis histórico y jurídico no fue lo que prevaleció, sino la retórica política. Nada de esto favorece nuestra posición.

 

Ahora el gobierno queda entrampado en una encrucijada. Si acata el “mandato popular” y se anexa el territorio en reclamación, se produciría una situación de guerra de consecuencias imprevisibles. Venezuela tiene suficientes problemas, como la falta de agua, de electricidad, de escasez de gasolina y de deterioro de los servicios de salud. Solo tendríamos que imaginar lo que nos ocurriría si vamos a una guerra. Es posible que el discurso se quede solo en retórica, lo que evidenciaría que la consulta no era necesaria, y que el pueblo se sentiría burlado al ser  llevado a votar como si fuese un rebaño.

 

Por otra parte, si se abandona el juicio ante la Corte Internacional de Justicia estaríamos dando un salto en el vacío que podría llevarnos a una derrota definitiva. Y este es un asunto muy delicado. Lo que debería hacer el presidente Maduro es no escuchar únicamente a su grupo de asesores. Es sabido que los hombres de poder suelen rodearse de quienes le dicen lo que sus oídos quieren escuchar. Son los llamados “yes man” (aduladores) porque jamás disienten del poder. Para entender esto, en su versión vernácula, basta leer” Los felicitadores de Pio Gil” y “Elogio de la adulancia” de Edecio La Riva (“Machete”). De ahí que se debe llamar a los expertos para que le expongan a Nicolás Maduro una opinión distinta a la de su equipo. De esa manera podría ponderar otras posibilidades, y escoger la más conveniente para Venezuela.

 

 

Al mismo tiempo, quien examine las distintas opiniones de los asesores del gobierno podrá advertir que hay contradicciones entre ellos. La semana pasada me referí a una entrevista del embajador Samuel Moncada en la cual expuso con lucidez el complejo asunto del Esequibo. De ahí es posible advertir que tiene claro que Venezuela dispone de pruebas que deben acompañarse en el juicio; y que el Reino Unido tiene documentos cuya exhibición puede ser solicitada procesalmente. Igualmente, que es la CIJ la llamada a declarar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Por eso, resulta vital para Venezuela no abandonar el juicio ante la Corte.

 

 

La politización interna de la reclamación territorial que tenemos con Guyana es un grave error que se suma a otros de reciente data. Lo único que queda es la serenidad y responsabilidad en el manejo de este asunto. Insultos, improvisaciones y amenazas puede generar solidaridad entre seguidores, pero debilita nuestra defensa. De lo que se trata ahora es de ejercer el liderazgo con prudencia y amplitud. Algo muy difícil cuando la política se basa en la mentira y en la división.

 

 

Se impone entender la sustancia del asunto, es decir, su contenido. Para ello es fundamental la visión serena, reflexiva, amplia y moderada. Solo así todos los venezolanos podremos tener la misma mirada sobre la disputa del Esequibo

            Ramón Escobar León

“No es posible consultar al pueblo si se defiende o no la integridad territorial de Venezuela, porque se trata de un derecho irrenunciable, junto con el derecho de soberanía, conforme al artículo 1° constitucional. Además, el tal referendo implica derogar la ley aprobatoria del 15 de abril de 1966 del Acuerdo de Ginebra, lo cual viola el artículo 74, que prohíbe los referendos sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales”. Este mensaje lo envió Román José Duque Corredor el 22 de septiembre a las redes, después de haber llamado a su amigo Juan Vicente Ardila Peñuela para expresarle su angustia sobre la equivocada decisión de realizar un referendo consultivo sobre la disputa del Esequibo. Pocas horas después falleció en París de manera sorpresiva. La llamada de atención de Duque Corredor delata la confrontación entre el manejo político e ideológico de un asunto que involucra la defensa de nuestra integridad territorial: ¿Cómo se va a consultar lo que está definido en la Constitución?

Román José heredó de su padre José Román Duque Sánchez la pasión por el derecho y por la literatura. Tuve la fortuna de haber sido alumno de ambos y beneficiario de la generosidad intelectual y de la amistad de estos sabios merideños. El día de la defensa de mi tesis doctoral, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, los tenía a mi lado. Luego, en 1989, publiqué mi tesis, La casación sobre los hechos, con esta dedicatoria: “A José Román Duque Sánchez y Román José Duque Corredor, dos generaciones de sabios juristas”.

Fue un jurista erudito que escribió libros imprescindibles sobre distintas materias jurídicas, pero fue el derecho agrario lo que constituyó el eje de su vigorosa actividad intelectual. Su obra no solo demuestra la grandeza de su pensamiento, sino que fue un autor original; no un recolector de opiniones ajenas. Esta es una conducta que le viene por su vocación cervantina. En efecto, Miguel de Cervantes, en el prólogo de la primera parte de Don Quijote, critica los libros cargados de citas y de sentencias de Aristóteles y de Platón, porque él era “por naturaleza poltrón y perezoso para andar buscando autores que digan lo que yo sé decir sin ellos”.

Tuve el honor de escribir el prólogo a uno de sus trabajos más relevantes, Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público (2008), en el cual aborda temas de filosofía del derecho, interpretación jurídica, derecho constitucional, derecho civil, procesal civil, constitucional y el sistema de justicia, entre otros. Todas estas materias las trata Duque Corredor con su reconocida claridad, sentido común y precisión. En cada capítulo deja constancia de su talante de pensador.

Uno de sus aportes más significativos es haber demostrado que son la filosofía del derecho y la interpretación jurídica el eje del derecho constitucional. Sea como fuere, para saber o sentir el grado de transparencia de una decisión judicial, la comunidad jurídica debe guiarse por el peso y la fuerza de la argumentación utilizada por el juez constitucional. Esto permite conocer si la decisión obedece o no a intereses ajenos a lo jurídico. Si el juez no es imparcial, o fue sobornado, será fácil advertirlo por medio de la coherencia y consistencia de la argumentación utilizada.

En conexión con el concepto de transparencia, Duque Corredor dedica serenas reflexiones al concepto de arbitrio judicial, el cual se relaciona con la motivación y fundamentación de las decisiones. Y por eso “el control de la argumentación o del discurso justificativo de las sentencias es fundamental para evitar la arbitrariedad judicial o el abuso del arbitrio judicial”, lo cual aplica al juez y al funcionario administrativo.

En sus trabajos más recientes, se afincó en el género ensayo para plantear sus reflexiones jurídicas. En este método ensayístico, es la reflexión propia la que predomina. En este sentido, Miguel de Montaigne decía: “Yo mismo soy la materia de mi libro” (Je suis moi-même la matière de mon livre), para demostrar que es el ensayista quien habla, sin necesidad de apoyos. Sus ensayos no pretenden agotar las materias examinadas, sino exponer sus puntos de vista sobre asuntos políticos, históricos y jurídicos, que atañen a la Venezuela autoritaria del presente. En sus trabajos siempre está presente la perspectiva de Román José sobre estos aspectos de la vida y del destino nacional.

Pero Duque Corredor también fue poeta. No en balde la Asociación venezolana de derecho administrativo (Aveda) publicó un hermoso libro, Nómadas de la palabra. Entre la poesía y el derecho (2022), que recoge, además de Duque, poemas de Flavia Pesci Feltri y Carlos Reverón. (Esta obra contiene dos prólogos: uno de la profesora Cosimina Pellegrino y el otro mío).

El poemario de Duque Corredor lleva por título Poesía y versos entre códigos y leyes, en el cual conecta asuntos de amor, de derecho, sociología y reflexiones políticas. Su poema “Como duele la patria” evoca con metáforas lapidarias aspectos de la tragedia venezolana del momento. En sus poemas se encuentra presente el elemento autobiográfico. Aquí encontramos recuerdos remotos y experiencias recientes del poeta, pero también reflexiones sobre la fuente de inspiración de su escritura: Mérida, Zea, los códigos, la norma jurídica, la crisis política y la libertad. Todo esto constituye su espacio poético. Veamos lo que expresa en «La libertad de nuestro pueblo»: “Cielo, mar y llano/ horizontes sin límites, paisajes infinitos/ insondables, profundos/ espacios de libertad”.

También encontramos en la poesía de Duque Corredor a un intelectual que, al igual que en su prosa, se expresa con sinceridad y se plantea a sí mismo inquietudes de orden psicológico. Se trata de un creador con alto nivel de reflexión y sensibilidad humana. Su pasión por Venezuela y por el derecho son partes relevantes de esas inquietudes, lo que se ve reflejado en su calidad humana, su coraje, su intuición y su humildad (“Recuerde que la humildad es sabiduría”, le escribió su padre Duque Sánchez en una carta del 2.12.1961). Nunca se doblegó y siempre creyó en sí mismo y en Venezuela.

Román José Duque Corredor fue un republicano comprometido con su país. Era un venezolano a carta cabal: aquí se formó y aquí escribió su inmensa obra. Viajaba por tierra constantemente por toda Venezuela para promover los estudios jurídicos con el desprendimiento y generosidad que le reconocíamos sus amigos. El deterioro institucional con el sobresaliente elemento de la corrupción y la ideologización definen, ante todo, un hecho político y cultural. Todo esto lo comprendió con lucidez y sus valientes críticas y propuestas son de las más agudas de los últimos veinte y tres años. Fue un pensador que exponía con coraje lo que pensaba sin compromisos con el tiempo.

Ojalá que el gobierno se desprenda de sus ataduras ideológicas y preste atención al mensaje de este jurista excepcional y desista del referendo consultivo. Pero para eso se necesita grandeza para poder mirar el porvenir.

Fue un ciudadano ejemplar que se fue sin ver lo que más anhelaba: la reinstitucionalización de Venezuela. Quienes fuimos sus pupilos y amigos estamos obligados a defender y divulgar sus valores y su pensamiento.

Ramón Escobar León

@rescovar

Carlos Canache Mata (1927-2023) ejerció la política con probidad, inteligencia, coraje, lealtad con los valores democráticos, compromiso con la palabra empeñada y con decencia. Reconocido por su envidiable lucidez y por su calidad humana. Su partida el pasado 25 de agosto, a los 95 años, constituye una pérdida significativa para la familia socialdemócrata, para Acción Democrática y para Venezuela.

Conocí muy bien a Carlos Canache Mata porque siempre me distinguió con su amistad. Así ocurrió cuando el 27 de abril de 2022, en los espacios de la Plaza Cubierta del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, me invitó a participar en el panel de expositores que presentaron su libro más relevante: Rómulo Betancourt. Líder y Estadista. Se trata de una biografía del estadista adeco, pero, al mismo tiempo, contiene las memorias políticas de Canache Mata, las que fue escribiendo como artículos de prensa bajo la modalidad de collages. En definitiva, nos relata la vida política de Betancourt a través de su propia experiencia vital.

Leer memorias de actores políticos es una manera de aprender la historia. Es lo que recomienda el historiador británico Archie Brown en su libro El mito del líder fuerte (The Myth of the Strong Leader). En Venezuela, son pocas las obras autobiográficas; la Autobiografía del general José Antonio Páez, es una de ellas. Más recientemente, se pueden mencionar algunos que sí han dejado testimonio escrito de sus vidas: Enrique Tejera París (Memorias), Américo Martín (Memorias), Rafael Caldera (De Carabobo a Puntofijo), Domingo Alberto Rangel (Alzado contra todo (memorias y desmemorias), Ramón Escovar Salom (Memorias de ida y vuelta) y Virgilio Ávila Vivas (Anécdotas de una vida en democracia), entre otros.

Canache Mata nos ha contado mucho, tanto en el mencionado libro como en sus artículos de prensa, porque conoció en directo la formación del partido Acción Democrática y vivió parte de la historia política reciente de nuestro país. Fue testigo de varios hechos relevantes: la Revolución de Octubre, el golpe del 24 de noviembre de 1948, la dictadura (1948-1958), los años de la consolidación de la democracia y la experiencia autoritaria impuesta por el modelo chavista. Fue actor y testigo de la historia del Partido del Pueblo, el cual es una referencia fundamental, con sus aciertos y con sus errores, en la consolidación y quiebre de la democracia venezolana.

La vida de Canache estuvo sellada por la probidad y por la sencillez. Fue el epítome del político probo; característica de la histórica primera dirigencia adeca que contribuyó con la construcción de la democracia. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Andrés Eloy Blanco, Luis Augusto Dubuc, Augusto Malavé Villalba, Antonio Léidenz, entre otros, fueron adecos de sólida fibra ética. La autoridad moral le imprimió a estos líderes respetabilidad ante las Fuerzas Armadas de la época.

Pese a que Carlos Canache Mata obtuvo dos títulos universitarios −médico y abogado− ejerció una profesión sin título: la política. Muere en su casa de Alto Prado, acompañado por su esposa Celina y sus tres hijos, sin bienes de fortuna, pero avalado por su integridad moral y por su prestigio político. En este sentido, Canache Mata, afirmó en una oportunidad: “Yo soy un hombre de posiciones muy claras y definidas. Tengo una posición militante contra la corrupción. No tengo techo de vidrio ni rabo de paja, tal como lo reconoce todo el país, incluyendo a mis adversarios. Puedo hablar sin temores de ninguna especie porque no existe la posibilidad de que me lleguen a chantajear en ningún momento” (El Nacional: Foro con Alfredo Peña, 8.10.1989).

Más recientemente, el 17 de julio del 2019, en el acto en su honor organizado por la Asociación de Parlamentarios Jubilados, proclamó: “Mi pobreza es mi mayor riqueza”. Esta frase dice lo que fue Canache Mata: un político que hizo de la probidad una norma de vida. Esto es inherente a un selecto grupo de políticos de la era civil, que no aprovecharon los cargos que ocupaban ni del poder que detentaban para enriquecerse o favorecer a amigos y familiares.

Cuando fue secretario de gobierno de la Gobernación del Estado Anzoátegui enfrentó con coraje, a riesgo de perder su vida, a un grupo de militares perejimenistas que pretendían dar un golpe de Estado al gobierno de Rómulo Betancourt, en el llamado “Barcelonazo”. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 1961, cuando los alzados tomaron el Cuartel Pedro María Feites en Barcelona, con el propósito de apresar al gobernador Rafael Solorzano Bruce y a Carlos Canache Mata, quien los desafío sin vacilar. Aquí quedó demostrado su coraje, necesaria virtud para quien desee dedicarse a la lucha política.

Carlos Canache Mata fue un político intuitivo y con habilidades para la búsqueda de consensos en distintos momentos de su vida: secretario de organización, secretario general, jefe de la fracción parlamentaria y presidente de AD. Quienes lo conocimos podemos dar fe que era un hombre de palabra: cumplía lo que ofrecía y lo que acordaba. Otra necesaria virtud para la lucha política: el valor de la palabra empeñada.

En sus innumerables artículos de prensa nos deja valioso material para la reflexión. Ahí encontramos recomendaciones para una acción política eficaz en la lucha por la democracia. En ella destaca la importancia del debate de las ideas, la probidad en el ejercicio de la política y el estudio de la historia.

Todo lo aquí señalado nos obliga a rendir homenaje, como se merece, a ese gran adeco comprometido con Venezuela que fue Carlos Canache Mata.

Ramón Escovar León

@rescovar

La aplicación de la reciente Ley de Extinción de Dominio requiere de un Poder Judicial independiente y confiable, por su independencia política y por su probidad. Este instrumento nació bajo la modalidad exprés: fue sancionada por la Asamblea Nacional el 27 de abril y al día siguiente, el 28 de abril, fue sentenciada la constitucionalidad de su carácter orgánico. Y ese mismo día se publica en la Gaceta Oficial N° 6.745 (Extraordinario) ¿Cuál fue el tiempo para la reflexión y para la discusión con los distintos sectores nacionales?

Todo este apresurado recorrido es propio del gobierno autoritario, sin controles democráticos y sin la necesaria consulta a las universidades, gremios, academias y a los expertos en la materia. La improvisación se advierte desde distintos costados, como se verá en este artículo.  Y ello contrasta con la manera apropiada cómo se ha aplicado este instrumento legal en América Latina. Es lo que explican con claridad Emilio Urbina y Rafael Simón Jiménez Tapia en un oportuno y valioso libro titulado El comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020).

La manera como fue sentenciado el carácter orgánico de la ley demuestra, una vez más, que la “precipitación es mala consejera”. El Tribunal Supremo de Justicia no ejerce con serenidad sus funciones constitucionales. Los boquetes de esta sentencia fueron demostrados por el mismo Emilio Urbina en un trabajo que circuló durante el fin de semana en las redes sociales que se titula “La justicia constitucional y la extinción de dominio en América Latina: Una alta lección para su configuración en Venezuela, a propósito de la sentencia 315 del 28.04.2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

La sentencia número 315 desnaturalizó el sentido de la extinción de dominio. Esto salta a la vista cuando la Sala Constitucional afirma “que el instrumento normativo aquí analizado además viene a desarrollar la severidad de las penas que debe imponerse por la comisión de ilícitos económicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (subrayado mío). La extinción de dominio no establece penas, porque es un asunto de derecho patrimonial y derecho de daños. No es materia del derecho penal, como lo ha entendido la sentencia en el párrafo copiado. Con esta declaración nuestra justicia constitucional, en su primera decisión sobre esta delicada materia, vació de contenido el espíritu de la extinción de dominio; ahora y los jueces, atendiendo el carácter vinculante de las sentencias constitucionales, se sentirán acicateados para establecer penas.

También se refiere la sentencia número 315 de la Sala Constitución al principio de la transparencia, como uno de los que inspiran la Ley de Extinción de Dominio. Pero este principio no lo puede garantizar un Poder Judicial sometido políticamente. Esta ley, de la manera como ha sido entendida por quienes la aprobaron, significa que la misma se puede aplicar, tarde o temprano, para rescatar bienes en manos de los chavistas o de sus herederos. Por eso, el chavismo se dio un tiro en el pie.

La justicia constitucional latinoamericana ha moldeado y afinado la extinción de dominio, como ha ocurrido en Colombia y en Bolivia, por ejemplo. La venezolana, al contrario, necesitó su primera decisión para la noción internacional de la extinción de dominio. La ley −que sigue el modelo de las Naciones Unidas− es mucho mejor que la interpretación que se ha realizado para definir su carácter orgánico.

La improvisación es el signo distintivo de la elaboración de la ley que se comenta. La preparación de los jueces y fiscales de la jurisdicción de extinción de dominio requiere de tiempo. Podrían ser dos o tres años. Una buena referencia sobre este asunto fue la aprobación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuya aplicación fue precedida de un acertado y sereno periodo de adiestramiento de jueces y funcionarios de la jurisdicción laboral. Como ejemplo en sentido contrario, se puede mencionar lo ocurrido con el Código Orgánico Procesal Penal. Su inspiración garantista fue dejada de lado para privilegiar en la práctica una adaptación indirecta del derogado sistema inquisitivo. Es el juez y no el legislador quien en definitiva decide el rumbo de los textos legales.

En el caso de la jurisdicción de extinción de dominio, por su parte, se requiere de una preparación apropiada en materia de derecho civil, lo cual toma tiempo. Sin embargo, la ley aprobada establece un período de sesenta días para esta labor (Disposiciones transitorias) ¿Qué opinarán sobre esto los expertos de las Naciones Unidas que vigilan este proceso revolucionario de producción legislativa?

La Ley Orgánica de Extinción de Dominio se promulga en momentos en que Venezuela ocupa el último lugar en los niveles de medición del Estado de derecho, debido a la falta de independencia y credibilidad en la justicia. Es en ese contexto en el que se debe discutir internacionalmente este asunto. Jueces provisorios −sin estabilidad en un sistema en el que la magistratura está controlada políticamente− es caldo de cultivo para la persecución. La falta de concursos y la injerencia política en la judicatura son la verdadera amenaza en la aplicación de la ley. Y este otro aspecto también debe ser ponderado por los expertos de las Naciones Unidas.

Nada se logrará en materia de extinción de dominio si no se desarrolla una política judicial previa dirigida a garantizar la independencia e idoneidad de los jueces. Esta política debe contemplar, además de la despolitización, otros objetivos fundamentales: mejoras de las condiciones salariales y de seguridad social de los jueces y demás funcionarios judiciales, la construcción de la infraestructura física necesaria para los nuevos tiempos, la dotación de servidores y equipos de computadoras a todos los tribunales del país, la elaboración de sistemas de inteligencia artificial que sirva de apoyo en aspectos puntuales al trabajo judicial. Estas son, entre otras, las reformas necesarias y previas para que tenga sentido una ley de extinción de dominio. Caso contrario, la misma está destinada a fracasar.

Que sea esta la oportunidad para plantear a nivel internacional la necesidad de la reforma de nuestro Poder Judicial. Caso contrario, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio será factor propicio para la manipulación política.

 Ramón Escovar León 

El Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 significó un despojo territorial contra Venezuela en momentos en que nuestro país vivía una enorme crisis política. El presidente Ignacio Andrade carecía de liderazgo y de autoridad, lo que se agravó con la invasión de Cipriano Castro al frente de la Revolución Liberal Restauradora. El ambiente estaba dominado por el caos, la anarquía, un gobierno tambaleante y división entre los venezolanos.

La situación era muy distinta durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Por eso, el 12 de noviembre de 1962 el canciller Marcos Falcón Briceño denunció el Laudo Arbitral de 1899 en un histórico discurso ante las Naciones Unidas. En esa oportunidad, Falcón Briceño destacó que el Laudo era nulo porque, entre otras razones, carece de motivación, contiene ultra petita, violó el principio de imparcialidad y es producto de un fraude contra Venezuela.

Como consecuencia de lo anterior, el Reino Unido acepta negociar con Venezuela sobre la reclamación territorial de nuestro país. Luego, el 17 de febrero de 1966, en el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el Acuerdo de Ginebra. Este acuerdo busca un arreglo “practico y satisfactorio” de la controversia. Además de este logro diplomático, Venezuela cuenta con títulos histórico sólidos, como lo demostró el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela. En esta obra reporta que Inglaterra, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, señaló que nuestro “país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana”.

Es admitido que el Acuerdo de Ginebra ha sido un logro significativo de la diplomacia venezolana. Y fue en democracia cuando el país estaba dirigido por un liderazgo civil de reconocido prestigio político, intelectual y moral. Fue la combinación de unos lideres políticos de talante de estadistas con una diplomacia eficiente, basada en la meritocracia. Venezuela era un país rico y había unidad en torno a este fundamental problema nacional.

Este asunto se tramitaba bajo la inspiración del Acuerdo de Ginebra hasta que la estrategia cambió bruscamente el 20 de febrero del 2004, cuando el presidente Hugo Chávez, y en visita a Guyana, afirmó: “el gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a sus habitantes”. A partir de esa fecha Guyana radicalizó su posición en la disputa y así pretende separarse del Acuerdo de Ginebra, como se evidencia de su conducta posterior.

A lo anterior debe añadirse que en 2007 el presidente Chávez comete otra imprudencia al proclamar que la reclamación venezolana se inició “por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. El dogmatismo ideológico, la manía de ver al “imperio” por todos lados y los intereses políticos circunstanciales se impusieron sobre el compromiso con Venezuela. Hay que reconocer los errores cometidos ?por quien sea? para no repetirlos. De lo que se trata es de deslastrarse de solidaridades ideológicas para poder confeccionar la mejor defensa de los intereses venezolanos.

El manejo ideológico de este asunto vital para Venezuela nos ha perjudicado. No puede pasar inadvertida la influencia del castrismo sobre la “Revolución Bolivariana”. Y la posición de Cuba en este conflicto ha sido históricamente contraria a los intereses venezolanos. Así se demuestra con la declaración de Ricardo Alarcón, canciller de Cuba en la época, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó a los cuatro vientos: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. Estos son hechos objetivos que no pueden olvidarse.

Así las cosas, Guyana aprovecha la división interna entre los venezolanos y el alto nivel de conflictividad para plantear en marzo de 2018 su reclamación contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. De esa manera se judicializó el caso; y así pretenden separarse del Acuerdo de Ginebra.

En este contexto se inscriben las dos decisiones dictadas por la CIJ en el proceso planteado por Guyana. La primera fue la del 18 diciembre de 2020, en la cual afirmó su competencia para conocer la controversia. La segunda, es la reciente dictada el pasado 6 de abril que rechazó el alegato formulado por Venezuela sobre la inadmisibilidad de la demanda de Guyana. Ahora le corresponde a la CIJ pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Esta situación es examinada con lucidez por el profesor y académico Héctor Faúndez en su artículo titulado “Venezuela ante la CIJ en el caso del Esequibo” (El Nacional: 7.04.2023).

Ante la decisión de la CIJ del 6 de abril, el gobierno reaccionó con un comunicado publicado ese mismo día en el cual se desliza la idea de que Venezuela pueda abandonar el proceso ante la CIJ. La misma duda surge de las declaraciones de Samuel Moncada (embajador ante la ONU y agente de Venezuela en la CIJ en la disputa con Guyana) del día 6 abril pasado realizadas en Venezolana de Televisión. El embajador Moncada hace una explicación de la situación y de lo que dice uno percibe que está considerando abandonar el caso. Ojalá que mi percepción sea equivocada y que no sea así. ¿Qué se ganaría Venezuela si el gobierno decide abandonar el proceso? Nada, porque “la participación de Venezuela en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia garantiza que nuestros argumentos serán escuchados”, como lo afirma acertadamente el profesor Faúndez en el mencionado artículo. Abandonar el proceso sería renunciar a presentar la contramemoria y defender a Venezuela. El juicio seguiría sin nuestra participación hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Aquí no hay espacio para cometer más errores ni para manejar el asunto bajo el manto de la exclusión y de la improvisación. Es un asunto de Estado. Eso y nada más.

El gobierno debe convocar a los expertos venezolanos sin sectarismos políticos ni dogmatismos ideológicos para preparar la contramemoria y ejercer la mejor defensa de nuestro país. Un equipo de expertos venezolanos (diplomáticos, juristas, historiadores, geógrafos, economistas e ingenieros) asesorados por expertos internacionales ?con experiencia y autoridad en asuntos de derecho internacional público? que puedan redactar los alegatos en un lenguaje que entiendan los jueces que van a decidir el mérito del asunto.

Con unidad nacional y con un equipo calificado, nuestro país estará en mejor condición para demostrar que el Laudo de 1899 es nulo, que es producto de un fraude y que Venezuela posee títulos claros que demuestran que el territorio en disputa históricamente nos pertenece.

La necesaria unidad en este asunto debe ser impulsada desde el gobierno. No se debe limitar a convocar reuniones para informar lo que se pretende hacer, sino consultar a los venezolanos que conocen la materia para diseñar nuestra estrategia.

Todos los sectores, civiles y militares, deben estar a la altura del compromiso histórico y actuar con grandeza.

Ramón Escobar León

@rescovar

El pasado 31 de octubre se cumplieron 64 años desde la firma del Pacto de Puntofijo, el acuerdo político que sirvió de apoyo a la democracia que se inició en 1958. Su vigencia se estableció para el quinquenio 1959-1964, pero, en la práctica, se extendió por más tiempo, pese a que el partido URD salió del gobierno en 1962, debido a la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos.

Una posible falla de este acuerdo político fue haber excluido al Partido Comunista, que tuvo una participación muy vigorosa en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La izquierda se había fortalecido por la popularidad que tenían Fidel Castro y la Revolución cubana, lo que se sentía dentro de AD y de URD, con lideres como Américo Martín y Fabricio Ojeda, respectivamente. Lo que habría sucedido si Gustavo Machado hubiese suscrito el acuerdo cae en el terreno de la especulación: ¿Cómo sería la historia si los comunistas hubiesen sido incluidos? Más allá de esta polémica, el Pacto de Puntofijo es un texto fundamental de nuestra democracia; incluso fue calificado por Manuel Caballero como “el documento más importante en la historia de la República de Venezuela después de 1830” (La peste militar, p. 20).

El Pacto de Puntofijo tiene un antecedente en el Tratado de Coche, suscrito el 23 de abril de 1863 por Antonio Guzmán Blanco y Pedro José Rojas, secretario del general José Antonio Páez, con el objetivo de poner fin a la Guerra Federal. Sin embargo, tanto Rojas como Guzmán Blanco tenían en común la falta de escrúpulos para los negocios y la búsqueda del poder como sea, sin limitaciones y atropellando la dignidad humana. Guzmán Blanco aprendió de Rojas las habilidades para construir una fortuna personal a partir de la contratación pública. En cambio, el acuerdo suscrito por Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera llevó el sello de la probidad y del prestigio intelectual de estos líderes de la joven democracia.

Otra referencia de Puntofijo es el Programa de Febrero de 1936, que fue el puente entre la dictadura gomecista y la democracia. Este plan fue la respuesta a la multitudinaria marcha del 14 de febrero de 1936, encabezada por el rector de la Universidad Central de Venezuela, Francisco Antonio Rísquez y por Jóvito Villalba, quien hizo lucir sus dotes de gran tribuno popular. Los pedimentos de los manifestantes fueron atendidos y el presidente Eleazar López Contreras dio un paso adelante al sustituir en el gobierno a los gomecistas que entorpecían el proceso de apertura política.

De manera que los acuerdos políticos de gran calado no eran desconocidos en nuestra historia. En el caso de Puntofijo, se buscaba un objetivo nuclear: dar estabilidad y aliento al proyecto democrático nacido luego de la caída de Pérez Jiménez. Se firmó el 31 de octubre de 1958, en la quinta Puntofijo, residencia de Rafael Caldera. Este proyecto de gobernabilidad giró en torno a tres ideas: a) Respeto de los resultados electores y defensa de la constitucionalidad, b) Gobierno de Unidad Nacional; y c) Programa mínimo común que se debía elaborar por consenso. La consecuencia de estos acuerdos fue la elaboración de la Constitución de 1961.

Debido a los compromisos políticos, la joven democracia pudo sortear las amenazas de todos los extremos e ideologías que la acechaban. Permitió derrotar a Fidel Castro y a los sectores perezjimenistas. Esto se evidencia con los tres intentos de golpes de Estado posteriores al 23 de enero. El primero fue el de Castro León, el 20 de abril de 1960 en San Cristóbal; luego siguieron los golpes de Carúpano y Puerto Cabello, organizados por el Partido Comunista. A esto se sumó el atentado contra Betancourt, planificado por Rafael Leónidas Trujillo desde República Dominicana, en junio de 1960, poco después del alzamiento de derecha de Castro León. Los golpes fueron derrotados tanto militar como políticamente, gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas y a la lucidez de la dirigencia política.

Cabe recordar que la transmisión de mando de Raúl Leoni a Rafael Caldera en 1968 es tal vez el mayor éxito de los acuerdos de Puntofijo. Se trataba de la primera vez que se transmitía la banda presidencial a un opositor. La tradición venezolana era que el gobierno no perdía elecciones; y, si las perdía, no reconocía su derrota, como aconteció en dos oportunidades. La primera, en 1897, cuando Ignacio Andrade, el candidato impuesto por Joaquín Crespo, perdió ante José Manuel Hernández (el “Mocho”), cuyo triunfo no fue aceptado. Eso generó una crisis política que incluyó la muerte de Crespo, lo que sirvió posteriormente de acicate a la Revolución Liberal Restauradora, encabezada por Cipriano Castro. La segunda, en 1952, cuando la dictadura no reconoció el triunfo de Jóvito Villalba en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. Pero en 1968 la situación fue diferente con el reconocimiento por parte de Gonzalo Barrios del triunfo ?con escaso margen? de Rafael Caldera. Se puso en funcionamiento el principio de la alternancia en el poder, producto de elecciones libres, lo que era desconocido en Venezuela. Y esta es una imagen que solo puede repetirse si la clase política pone de lado los intereses personales en obsequio de la unidad y del compromiso democrático.

Luego, este acuerdo político fue perdiendo fuerza en la medida en que comenzó la crisis de los partidos y el deterioro institucional, como la politización de la justicia. En ese contexto, se usaba el adjetivo “puntofijismo” de manera peyorativa para referirse a un sistema político que se había basado inicialmente en el entendimiento para luego privilegiar el reparto burocrático y la corrupción. Así aparece con vigor el rostro de la antipolítica, lo que es aprovechado por Hugo Chávez en su sostenido ascenso al poder.

Los logros del Pacto de Puntofijo durante sus primeros años se fundamentaron en que la clase política entendió que la democracia solo se sostiene sobre la base de acuerdos, entendimientos, probidad, compromiso con la palabra empeñada e inclusión. En esto, Acción Democrática, por encima de sus conflictos y divisiones, fue pieza clave en la confección del acuerdo y en darle base de sustentación. Nadie puede negar la contribución de AD en la construcción de la Venezuela moderna. Su tarea ahora es otra: colaborar en recuperar lo que se perdió. Los adecos, ahora desperdigados en distintos sectores, deben recordar lo que significó este gran partido de masas en la defensa de la libertad. Los movimientos sindicales y gremiales, así como el desarrollo del sistema educativo de nuestro país, fueron aportes de AD. Asimismo, su oposición al pensamiento positivista y al elitismo son parte de la inmensa presencia del Partido del Pueblo en la historia contemporánea de Venezuela.

Los líderes adecos de la democracia ponían la vista más arriba y más lejos de las controversias adjetivas y se concentraban en lo esencial. El reto de la familia adeca de hoy es buscar la unidad y trascender las divisiones para honrar el legado de los lideres fundadores. La mirada debe centrarse en lo grande y en lo trascendente. La falta de espíritu unitario solo contribuye a la consolidación del modelo autoritario y excluyente que se ha impuesto a los venezolanos. Los socialdemócratas pueden seguir siendo un factor del proceso histórico y expandir las condiciones políticas necesarias para enfrentarse al tiempo.

La oposición venezolana necesita líderes con temperamento de conciliadores, capaces de construir compromisos inteligentes de largo alcance. Un liderazgo que permita que los venezolanos podamos vivir nuevamente la transferencia de la banda presidencial a un opositor, como lo hizo Raúl Leoni con Rafael Caldera.

Y todo esto merece ser pensado con ocasión del 64 aniversario del Pacto de Puntofijo.

Ramón Escovar León

En las redes sociales ha circulado una foto de Rómulo Betancourt cuando fue visitado por Fidel Castro, para hacer parecer que el primero fue un alcahuete del segundo. Nada más reñido con la verdad histórica. La trayectoria vital del estadista adeco demuestra que Fidel Castro nunca pudo ni engañarlo ni derrotarlo.

La relación entre Rómulo Betancourt y Fidel Castro fue mala desde el principio debido a razones ideológicas y a intereses geopolíticos. Así lo explica con suficientes detalles Robert J. Alexander en su biografía Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela (Transaction Books, New Brunswick-London, 1982, p. 540).

Betancourt, con la cultura e intuición política que lo caracterizaba, no se dejó alumbrar por la locuacidad y habilidades retóricas del revolucionario cubano. Uno de los episodios que vale la pena recordar fue el encuentro que tuvo lugar en 1959, poco tiempo después de la llegada de ambos al poder, que está recogido en la imagen fotográfica a que me referí antes. Ocurrió cuando Betancourt era presidente electo y Castro le solicitó la entrega de 300.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Ante tal solicitud, el líder adeco le dijo que se lo daría a cambio del pago por adelantado de su precio a valor internacional. Desde luego que esto sorprendió y molestó a Castro.

Posteriormente, el gobierno soviético le pidió a Venezuela ayuda petrolera para Cuba. El presidente Betancourt instruyó a Enrique Tejera París, quien le dice al gobierno de Nikita Kruschev que el petróleo sería entregado si Cuba lo pagaba por adelantado (Alexander, p. 545). Todo esto se debe a la inclinación cubana por la ayuda extranjera para poder paliar el desastre de sus medidas económicas. Tal vez Castro creía que tenía derecho a que su revolución fuese sostenida por otros.

La negativa de Betancourt de financiar la revolución constituyó un acicate para que Castro pensara en derrocar al presidente venezolano. Luego de la señalada visita de Castro a Caracas, Rómulo Betancourt fue percibiendo el riesgo que representaría el dictador cubano para Venezuela y América Latina. Al presidente venezolano le llamó la atención la negativa de Castro de llevar a cabo elecciones, porque la “revolución llegó para quedarse”. El comunismo no cree en elecciones: es una ideología basada en la lucha de clases y en el aniquilamiento del “enemigo”. La revolución cubana era para siempre y las elecciones no iban a impedirlo. (Es lo que ocurrió con las “elecciones” del 16 de abril de 2018, en las que Miguel Díaz Canel ganó con el 99,83 % de los votos, una cifra que resulta inverosímil).

La mano firme de Betancourt se evidenció igualmente en 1959 cuando Raúl Castro y el Che Guevara pretendían visitar el país, pero Rómulo no lo permitió: “Si vienen, se van a regresar en el mismo avión que los trae” (Alexander, p. 543).

Fidel Castro tomó el rumbo comunista luego del arresto de Hubert Matos y con ello el deseo de exportar su revolución a América Latina. El petróleo venezolano siempre estuvo en su mira, pero el estadista venezolano fue un serio obstáculo. En este sentido, Fidel Castro, en el primer aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, anunció que Betancourt sería derrocado en un año (Arthur Schlesinger, A Thousand Days. John F. Kennedy in the White House, Andre Deutsch, Londrés, 1965, p. 669). Y esto no fue un ejercicio retórico en vista de la permanente amenaza del régimen castrista contra la democracia venezolana.

Su injerencia fue permanente para lo cual respaldó con entrenamiento y armas al movimiento guerrillero venezolano. La invasión de Machurucuto, en mayo de 1967, es una de las referencias más poderosas de este permanente esfuerzo por derrocar a los gobiernos venezolanos. Primero a Rómulo Betancourt y luego a Raúl Leoni. Sin embargo, estos intentos se estrellaron por la madurez política del liderazgo de la época. El Pacto de Puntofijo les dio piso político a los gobiernos iniciales de la democracia, lo que permitió resistir las amenazas que se cernían sobre esta.

A ese piso político que significó el Pacto de Puntofijo hay que añadir las alianzas internacionales que ayudaron a Betancourt doblegar los diversos intentos de golpes de Estado. El primero fue el de Castro León, el 20 de abril de 1960 en San Cristóbal; luego, siguieron los golpes de Carúpano y Puerto Cabello, organizados por el Partido Comunista. A esto se suma el atentado lanzado por Trujillo desde República Dominicana, en junio de 1960, poco después del alzamiento de derecha de Castro León. En este contexto se presenta la agresión castrista.

A lo anterior se suma que el papel institucional de las Fuerzas Armadas de la época resultó determinante. El compromiso del poder militar con la Constitución quedó demostrado en esa larga lucha contra la violencia y el terrorismo. De no haber sido así, nuestra democracia habría sucumbido en sus inicios.

Mientras tanto el modelo cubano fue avanzando aceleradamente hacia el fracaso sin detenerse, como se evidencia de la situación actual. La dictadura se sostiene por la cruel represión utilizada para reprimir al pueblo cansado de la miseria. Es sencillamente un sistema parasitario basado, con fanatismo irracional, en un modelo económico que solo garantiza la miseria.

El castrismo pretende justificar su fracaso en el “bloqueo” (rectius: sanciones). La verdadera razón de su pobreza es el dogmatismo y el modelo económico, que no es viable en ninguna parte. Si fuese por las sanciones, cómo se explica que Taiwán, sometida a un severo bloqueo chino, es, sin embargo, una de las mejores economías del mundo. Y ello es así por sus libertades económicas.

Siempre es bueno reseñar lo que ha significado la relación de Cuba con Venezuela y cómo el liderazgo de Rómulo Betancourt permitió identificar el problema y la manera de derrotarlo. Para ello es necesario conocer la historia.

 Ramón Escovar León