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Acción Democrática y el Pacto de Punto Fijo

Posted on: noviembre 10th, 2022 by Maria Andrea No Comments

 

El pasado 31 de octubre se cumplieron 64 años desde la firma del Pacto de Puntofijo, el acuerdo político que sirvió de apoyo a la democracia que se inició en 1958. Su vigencia se estableció para el quinquenio 1959-1964, pero, en la práctica, se extendió por más tiempo, pese a que el partido URD salió del gobierno en 1962, debido a la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos.

 

 

Una posible falla de este acuerdo político fue haber excluido al Partido Comunista, que tuvo una participación muy vigorosa en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La izquierda se había fortalecido por la popularidad que tenían Fidel Castro y la Revolución cubana, lo que se sentía dentro de AD y de URD, con lideres como Américo Martín y Fabricio Ojeda, respectivamente. Lo que habría sucedido si Gustavo Machado hubiese suscrito el acuerdo cae en el terreno de la especulación: ¿Cómo sería la historia si los comunistas hubiesen sido incluidos? Más allá de esta polémica, el Pacto de Puntofijo es un texto fundamental de nuestra democracia; incluso fue calificado por Manuel Caballero como “el documento más importante en la historia de la República de Venezuela después de 1830” (La peste militar, p. 20).

 

 

El Pacto de Puntofijo tiene un antecedente en el Tratado de Coche, suscrito el 23 de abril de 1863 por Antonio Guzmán Blanco y Pedro José Rojas, secretario del general José Antonio Páez, con el objetivo de poner fin a la Guerra Federal. Sin embargo, tanto Rojas como Guzmán Blanco tenían en común la falta de escrúpulos para los negocios y la búsqueda del poder como sea, sin limitaciones y atropellando la dignidad humana. Guzmán Blanco aprendió de Rojas las habilidades para construir una fortuna personal a partir de la contratación pública. En cambio, el acuerdo suscrito por Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera llevó el sello de la probidad y del prestigio intelectual de estos líderes de la joven democracia.

 

 

Otra referencia de Puntofijo es el Programa de Febrero de 1936, que fue el puente entre la dictadura gomecista y la democracia. Este plan fue la respuesta a la multitudinaria marcha del 14 de febrero de 1936, encabezada por el rector de la Universidad Central de Venezuela, Francisco Antonio Rísquez y por Jóvito Villalba, quien hizo lucir sus dotes de gran tribuno popular. Los pedimentos de los manifestantes fueron atendidos y el presidente Eleazar López Contreras dio un paso adelante al sustituir en el gobierno a los gomecistas que entorpecían el proceso de apertura política.

 

De manera que los acuerdos políticos de gran calado no eran desconocidos en nuestra historia. En el caso de Puntofijo, se buscaba un objetivo nuclear: dar estabilidad y aliento al proyecto democrático nacido luego de la caída de Pérez Jiménez. Se firmó el 31 de octubre de 1958, en la quinta Puntofijo, residencia de Rafael Caldera. Este proyecto de gobernabilidad giró en torno a tres ideas: a) Respeto de los resultados electores y defensa de la constitucionalidad, b) Gobierno de Unidad Nacional; y c) Programa mínimo común que se debía elaborar por consenso. La consecuencia de estos acuerdos fue la elaboración de la Constitución de 1961.

 

 

Debido a los compromisos políticos, la joven democracia pudo sortear las amenazas de todos los extremos e ideologías que la acechaban. Permitió derrotar a Fidel Castro y a los sectores perezjimenistas. Esto se evidencia con los tres intentos de golpes de Estado posteriores al 23 de enero. El primero fue el de Castro León, el 20 de abril de 1960 en San Cristóbal; luego siguieron los golpes de Carúpano y Puerto Cabello, organizados por el Partido Comunista. A esto se sumó el atentado contra Betancourt, planificado por Rafael Leónidas Trujillo desde República Dominicana, en junio de 1960, poco después del alzamiento de derecha de Castro León. Los golpes fueron derrotados tanto militar como políticamente, gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas y a la lucidez de la dirigencia política.

 

 

Cabe recordar que la transmisión de mando de Raúl Leoni a Rafael Caldera en 1968 es tal vez el mayor éxito de los acuerdos de Puntofijo. Se trataba de la primera vez que se transmitía la banda presidencial a un opositor. La tradición venezolana era que el gobierno no perdía elecciones; y, si las perdía, no reconocía su derrota, como aconteció en dos oportunidades. La primera, en 1897, cuando Ignacio Andrade, el candidato impuesto por Joaquín Crespo, perdió ante José Manuel Hernández (el “Mocho”), cuyo triunfo no fue aceptado. Eso generó una crisis política que incluyó la muerte de Crespo, lo que sirvió posteriormente de acicate a la Revolución Liberal Restauradora, encabezada por Cipriano Castro. La segunda, en 1952, cuando la dictadura no reconoció el triunfo de Jóvito Villalba en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. Pero en 1968 la situación fue diferente con el reconocimiento por parte de Gonzalo Barrios del triunfo ?con escaso margen? de Rafael Caldera. Se puso en funcionamiento el principio de la alternancia en el poder, producto de elecciones libres, lo que era desconocido en Venezuela. Y esta es una imagen que solo puede repetirse si la clase política pone de lado los intereses personales en obsequio de la unidad y del compromiso democrático.

 

 

Luego, este acuerdo político fue perdiendo fuerza en la medida en que comenzó la crisis de los partidos y el deterioro institucional, como la politización de la justicia. En ese contexto, se usaba el adjetivo “puntofijismo” de manera peyorativa para referirse a un sistema político que se había basado inicialmente en el entendimiento para luego privilegiar el reparto burocrático y la corrupción. Así aparece con vigor el rostro de la antipolítica, lo que es aprovechado por Hugo Chávez en su sostenido ascenso al poder.

 

 

Los logros del Pacto de Puntofijo durante sus primeros años se fundamentaron en que la clase política entendió que la democracia solo se sostiene sobre la base de acuerdos, entendimientos, probidad, compromiso con la palabra empeñada e inclusión. En esto, Acción Democrática, por encima de sus conflictos y divisiones, fue pieza clave en la confección del acuerdo y en darle base de sustentación. Nadie puede negar la contribución de AD en la construcción de la Venezuela moderna. Su tarea ahora es otra: colaborar en recuperar lo que se perdió. Los adecos, ahora desperdigados en distintos sectores, deben recordar lo que significó este gran partido de masas en la defensa de la libertad. Los movimientos sindicales y gremiales, así como el desarrollo del sistema educativo de nuestro país, fueron aportes de AD. Asimismo, su oposición al pensamiento positivista y al elitismo son parte de la inmensa presencia del Partido del Pueblo en la historia contemporánea de Venezuela.

 

 

Los líderes adecos de la democracia ponían la vista más arriba y más lejos de las controversias adjetivas y se concentraban en lo esencial. El reto de la familia adeca de hoy es buscar la unidad y trascender las divisiones para honrar el legado de los lideres fundadores. La mirada debe centrarse en lo grande y en lo trascendente. La falta de espíritu unitario solo contribuye a la consolidación del modelo autoritario y excluyente que se ha impuesto a los venezolanos. Los socialdemócratas pueden seguir siendo un factor del proceso histórico y expandir las condiciones políticas necesarias para enfrentarse al tiempo.

 

 

La oposición venezolana necesita líderes con temperamento de conciliadores, capaces de construir compromisos inteligentes de largo alcance. Un liderazgo que permita que los venezolanos podamos vivir nuevamente la transferencia de la banda presidencial a un opositor, como lo hizo Raúl Leoni con Rafael Caldera.

 

 

Y todo esto merece ser pensado con ocasión del 64 aniversario del Pacto de Puntofijo.

 

Ramón Escovar León

Rómulo Betancourt y Fidel Castro

Posted on: agosto 3rd, 2021 by Laura Espinoza No Comments

En las redes sociales ha circulado una foto de Rómulo Betancourt cuando fue visitado por Fidel Castro, para hacer parecer que el primero fue un alcahuete del segundo. Nada más reñido con la verdad histórica. La trayectoria vital del estadista adeco demuestra que Fidel Castro nunca pudo ni engañarlo ni derrotarlo.

 

 

La relación entre Rómulo Betancourt y Fidel Castro fue mala desde el principio debido a razones ideológicas y a intereses geopolíticos. Así lo explica con suficientes detalles Robert J. Alexander en su biografía Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela (Transaction Books, New Brunswick-London, 1982, p. 540).

 

 

Betancourt, con la cultura e intuición política que lo caracterizaba, no se dejó alumbrar por la locuacidad y habilidades retóricas del revolucionario cubano. Uno de los episodios que vale la pena recordar fue el encuentro que tuvo lugar en 1959, poco tiempo después de la llegada de ambos al poder, que está recogido en la imagen fotográfica a que me referí antes. Ocurrió cuando Betancourt era presidente electo y Castro le solicitó la entrega de 300.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Ante tal solicitud, el líder adeco le dijo que se lo daría a cambio del pago por adelantado de su precio a valor internacional. Desde luego que esto sorprendió y molestó a Castro.

 

 

Posteriormente, el gobierno soviético le pidió a Venezuela ayuda petrolera para Cuba. El presidente Betancourt instruyó a Enrique Tejera París, quien le dice al gobierno de Nikita Kruschev que el petróleo sería entregado si Cuba lo pagaba por adelantado (Alexander, p. 545). Todo esto se debe a la inclinación cubana por la ayuda extranjera para poder paliar el desastre de sus medidas económicas. Tal vez Castro creía que tenía derecho a que su revolución fuese sostenida por otros.

 

 

La negativa de Betancourt de financiar la revolución constituyó un acicate para que Castro pensara en derrocar al presidente venezolano. Luego de la señalada visita de Castro a Caracas, Rómulo Betancourt fue percibiendo el riesgo que representaría el dictador cubano para Venezuela y América Latina. Al presidente venezolano le llamó la atención la negativa de Castro de llevar a cabo elecciones, porque la “revolución llegó para quedarse”. El comunismo no cree en elecciones: es una ideología basada en la lucha de clases y en el aniquilamiento del “enemigo”. La revolución cubana era para siempre y las elecciones no iban a impedirlo. (Es lo que ocurrió con las “elecciones” del 16 de abril de 2018, en las que Miguel Díaz Canel ganó con el 99,83 % de los votos, una cifra que resulta inverosímil).

 

 

La mano firme de Betancourt se evidenció igualmente en 1959 cuando Raúl Castro y el Che Guevara pretendían visitar el país, pero Rómulo no lo permitió: “Si vienen, se van a regresar en el mismo avión que los trae” (Alexander, p. 543).

 

 

Fidel Castro tomó el rumbo comunista luego del arresto de Hubert Matos y con ello el deseo de exportar su revolución a América Latina. El petróleo venezolano siempre estuvo en su mira, pero el estadista venezolano fue un serio obstáculo. En este sentido, Fidel Castro, en el primer aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, anunció que Betancourt sería derrocado en un año (Arthur Schlesinger, A Thousand Days. John F. Kennedy in the White House, Andre Deutsch, Londrés, 1965, p. 669). Y esto no fue un ejercicio retórico en vista de la permanente amenaza del régimen castrista contra la democracia venezolana.

 

 

Su injerencia fue permanente para lo cual respaldó con entrenamiento y armas al movimiento guerrillero venezolano. La invasión de Machurucuto, en mayo de 1967, es una de las referencias más poderosas de este permanente esfuerzo por derrocar a los gobiernos venezolanos. Primero a Rómulo Betancourt y luego a Raúl Leoni. Sin embargo, estos intentos se estrellaron por la madurez política del liderazgo de la época. El Pacto de Puntofijo les dio piso político a los gobiernos iniciales de la democracia, lo que permitió resistir las amenazas que se cernían sobre esta.

 

 

A ese piso político que significó el Pacto de Puntofijo hay que añadir las alianzas internacionales que ayudaron a Betancourt doblegar los diversos intentos de golpes de Estado. El primero fue el de Castro León, el 20 de abril de 1960 en San Cristóbal; luego, siguieron los golpes de Carúpano y Puerto Cabello, organizados por el Partido Comunista. A esto se suma el atentado lanzado por Trujillo desde República Dominicana, en junio de 1960, poco después del alzamiento de derecha de Castro León. En este contexto se presenta la agresión castrista.

 

 

A lo anterior se suma que el papel institucional de las Fuerzas Armadas de la época resultó determinante. El compromiso del poder militar con la Constitución quedó demostrado en esa larga lucha contra la violencia y el terrorismo. De no haber sido así, nuestra democracia habría sucumbido en sus inicios.

 

 

Mientras tanto el modelo cubano fue avanzando aceleradamente hacia el fracaso sin detenerse, como se evidencia de la situación actual. La dictadura se sostiene por la cruel represión utilizada para reprimir al pueblo cansado de la miseria. Es sencillamente un sistema parasitario basado, con fanatismo irracional, en un modelo económico que solo garantiza la miseria.

 

 

El castrismo pretende justificar su fracaso en el “bloqueo” (rectius: sanciones). La verdadera razón de su pobreza es el dogmatismo y el modelo económico, que no es viable en ninguna parte. Si fuese por las sanciones, cómo se explica que Taiwán, sometida a un severo bloqueo chino, es, sin embargo, una de las mejores economías del mundo. Y ello es así por sus libertades económicas.

 

 

Siempre es bueno reseñar lo que ha significado la relación de Cuba con Venezuela y cómo el liderazgo de Rómulo Betancourt permitió identificar el problema y la manera de derrotarlo. Para ello es necesario conocer la historia.

 

 

 

 Ramón Escovar León

Las fotos de Guaidó y la unidad

Posted on: abril 2nd, 2019 by Laura Espinoza No Comments

 

 

La semana pasada fueron divulgadas dos fotografías que merecen ser comentadas. En la primera aparece la señora Fabiana Rosales de Guaidó al lado del presidente Donald Trump y acompañada del vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. La segunda recoge la imagen de Juan Guaidó rodeado de varios dirigentes políticos venezolanos de agrupaciones y partidos opositores.

 

 

 

En relación con la primera imagen, vale la pena destacar que la reunión fue en el Despacho Oval, en el cual el presidente de Estados Unidos recibe a los jefes de Estado. Igualmente, Melania Trump recibió a la señora de Guaidó en su residencia particular en Mar-a-Lago. Las imágenes envían un mensaje político claro: el gobierno norteamericano no solo reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, sino que le brinda todo su apoyo político y diplomático. Asimismo, esto demuestra que el gobierno de Estados Unidos ve en Juan Guaidó a un político confiable en este proceso complejo que vive nuestro país.

 

 

En la segunda imagen aparece el presidente (e) en un acto en la casa del partido Acción Democrática, junto a dirigentes opositores de distintos partidos y agrupaciones políticas. Se envía un mensaje de unidad, necesario en estos momentos de tanta intolerancia. Más allá de las diferencias y de la diversidad de puntos de vista, debe destacarse el papel desempeñado por los partidos políticos y organizaciones que integran al movimiento opositor desde el triunfo en las elecciones parlamentarias del año 2015. La Asamblea Nacional –a través de las gestiones de Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza– pudo sobrevivir a la agresión judicial de la cual fue víctima, al despojarla progresivamente de sus facultades constitucionales. Incluso, se pudo evitar la amenaza de su disolución. Eso permitió llegar a la situación política que vivimos en la actualidad. Pero hay algo más: no hubiese sido posible consolidar alianzas internacionales si las democracias occidentales que apoyan a Venezuela hubiesen percibido una clase política opositora anarquizada. Es cierto que se han cometido errores; además, de notables aciertos. Lo fundamental ha sido comprender que sin unidad estratégica en el liderazgo opositor nada puede hacerse. Y actuar, claro está, en consecuencia.

 

 

Sin embargo, la fotografía que recoge el acto realizado en la casa de Acción Democrática ha recibido críticas intransigentes de un sector que descalifica a Juan Guaidó cuando la acción política de este no se ajusta a sus deseos. Las críticas más radicales se dirigen a cuestionar la presencia de varios de los dirigentes políticos que se encontraban en la tarima con Guaidó. Quienes lanzan los cuestionamientos se consideran ungidos de una facultad moral superior que les permite ser los árbitros inapelables en materia de decisión política. Ha desaparecido la necesaria amplitud para enfrentar una crisis tan aguda como la que vivimos.

 

 

En estos momentos debe preservarse la unidad. Cualquier disidencia debe manejarse con discreción para evitar obstaculizar el difícil camino hacia la libertad. Al observar con atención el juego político, se advierte un sentido de unidad entre quienes se encontraban en la tarima de la casa de Acción Democrática en torno al objetivo final señalado, el cual no es otro sino la celebración de elecciones libres. Este proceso requiere de un nuevo Consejo Supremo Electoral, la revisión del registro, la habilitación de todos los partidos y candidatos, y la eliminación de la ilegal asamblea nacional constituyente. Nada de esto será posible con la oposición dividida.

 

 

De lo que se trata es de recuperar la libertad y de rescatar las instituciones democráticas. Una muy importante es la Fuerza Armada, a la que hay que reiterarle, a los cuatro vientos, que, en democracia, tendrá un rol estelar: ayudar a construir un país que garantice la libertad a sus ciudadanos, independientemente de sus simpatías políticas y convicciones ideológicas.

 

 

Por su responsabilidad ante la historia, la Fuerza Armada debe ponderar, sin dogmatismos ideológicos ni consignas políticas, lo que conviene a los venezolanos. Ella está llamada a tener un papel relevante en una deseada y pacífica transición hacia la democracia, la cual permitirá que la reinstitucionalización del país sea viable, y que las jóvenes generaciones puedan educarse sin contratiempos.

 

 

Las fotos comentadas demuestran dos cosas. En primer lugar, que Juan Guaidó goza de apoyo y reconocimiento por parte de las potencias democráticas occidentales. Y, en segundo lugar, que la tendencia a criticar busca romper la unidad, lo que solo garantiza la permanencia de la dictadura. Es Guaidó, además, con una oposición unida, quien puede convencer a la institución castrense de su rol fundamental para recuperar la democracia.

 

 

Ramón Escovar León

@rescovar

Los pemones y la naturaleza del mal

Posted on: marzo 5th, 2019 by Laura Espinoza No Comments

 

Las imágenes que recogen los hechos de los días 22 y 23 de febrero, cuando el régimen desplegó su violencia para evitar que una comunidad de indígenas pemones recibiera ayuda humanitaria, nos pusieron ante lo que es el “Mal”. Los pemones fueron perseguidos a hierro y fuego en la Gran Sabana del estado Bolívar y estos hechos dejaron heridos y fallecidos.

 

 

A esto se debe añadir lo que ocurrió el 23-F en la frontera con Colombia: una fuerte represión que dejó heridos y ayuda humanitaria incendiada. Fueron hechos de horror que quedan registrados en la memoria histórica colectiva. Para que no haya margen a duda, se nos dice sin ambages: “Ayer solo vieron un pedacito de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela” ¿Cómo interpretar esta frase pronunciada por la propia vicepresidente?

 

 

 

Este contexto evoca las lapidarias palabras de la gran pensadora Hannah Arendt: “Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal” (Los orígenes del totalitarismo). Venezuela ha vivido la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, los autoritarismos de los siglos XIX y XX, en los cuales se vio represión, cárcel, tortura, restricción a las libertades, pero no se llegó a este nivel de crueldad que ahora se vive. Incluso en el siglo XIX se llevó a cabo una política de misiones que, más allá de sus resultados, buscaba la protección y el respeto del idioma, la religión, la cultura y las propiedades de los indígenas.

 

 

 

La revolución bolivariana hizo alarde de ser protectora de las comunidades indígenas. Uno de los actos simbólicos ocurrió cuando se derrumbó la estatua de Cristóbal Colón para elevar la de Guaicaipuro. Ahora queda demostrado que se trataba de un discurso populista, que nada de aquello fue sincero.

 

 

La Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, consagró en su artículo 119 el reconocimiento de los pueblos indígenas, para lo cual es fundamental respetar “su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. De manera que no pueden llegar ni las fuerzas policiales o militares, ni mucho menos los colectivos a imponerles patrones de conductas políticas o ideológicas a los pemones.

 

 

 

Se ha convertido en un hecho notorio, por la divulgación pública de videos, declaraciones y reportajes periodísticos, que durante los días 22 y 23 de febrero una comunidad de pemones en el estado Bolívar se organizó para recibir la ayuda humanitaria que venía de Brasil; esto no fue aceptado por quienes, doblegados por dogmas ideológicos y consignas políticas, reprimieron a los indígenas. No solo no recibieron las medicinas y alimentos que necesitaban, sino que algunos de ellos fueron heridos de bala, lo que produjo varios fallecidos.

 

 

A la protección constitucional de los indígenas no escapa la explotación de las riquezas que se encuentran en sus “hábitats” (artículo 120). Esta explotación debe hacerse “sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeta a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. De manera que si el Estado desea explotar las riquezas que existen en esos territorios, debe hacerse previa consulta. Esta norma está en armonía con el artículo 30, numerales 1 y 2, de la “Declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas”, que exige el consentimiento de los indígenas para desarrollar actividades militares en sus territorios; “o que lo justifique una razón de interés público pertinente”, pero siempre debe ser una acción consultada. No es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

 

 

 

Esta protección regulada en la “Declaración de los pueblos indígenas” se hace bajo el manto de la preocupación de las “injusticias históricas” que son consecuencia “de la colonización y de haber sido desposeídos los indígenas de sus tierras, territorios y recursos”, como reza uno de los considerandos. A la ristra de injusticias hay que añadir esta inédita persecución contra la comunidad indígena en la Gran Sabana.

 

 

 

La tragedia vivida por los pemones durante los días 22 y 23 de febrero queda sellada de manera indeleble en la memoria histórica como una prueba más de la intolerancia y la crueldad del modelo socialista de inspiración castrista. Si a eso se suman las imágenes de horror difundidas sobre lo vivido en la frontera con Colombia, nos permite parafrasear a Hannah Arendt, y decir en voz alta y clara: con la revolución bolivariana los venezolanos hemos podido conocer “la naturaleza verdaderamente radical del mal”.

 

 

Ramón Escovar León

@rescovar

La “Comisión de la Verdad” y los presos políticos

Posted on: diciembre 28th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

La Comisión de la Verdad se constituye para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las dictaduras. Así ocurrió en Chile con la comisión creada en el año 1990 para esclarecer estas violaciones por parte de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El informe presentó un compendio de medidas compensatorias para las víctimas y sus familiares. La integración de esta comisión fue producto del consenso político y fue presidida por el político y profesor de Filosofía del Derecho Raúl Rettig. Por eso el informe producido lleva su nombre.

 

 

 

Una comisión de la verdad para que sea confiable debe estar integrada por personas independientes, que reciban el respaldo de las distintas fuerzas políticas y grupos sociales del país. Si se integra por militantes de una determinada tendencia política y con marcado interés en las resultas de la investigación, esta carecerá de reconocimiento.

 

 

 

Una asamblea constituyente -de ser legítima- solo tiene como objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Es decir, la misión es transformar el Estado por medio de la elaboración de una nueva Constitución, la cual debe ser aprobada por el pueblo. Los actos constituyentes están limitados por este objetivo. Todo lo que se haga fuera de estos límites es violatorio de la Constitución y de los valores de la democracia.

 

 

 

 

 

 

La Ley de la comisión de la verdad, justicia y paz aprobada durante la segunda sesión de la asamblea nacional constituyente escapa a las facultades de la constituyente, pues esta no tiene nada que hacer con la elaboración de una nueva Constitución. Por eso, esta comisión merece varias observaciones.

 

 

 

En primer lugar, la asamblea constituyente no puede dictar leyes porque eso es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Entonces, los “actos constituyentes” no pueden apartarse de su objetivo; mucho menos, pueden llamarse “leyes constitucionales”, como se pretende. Las leyes las dicta la Asamblea Nacional, están por debajo de la Constitución y deben ajustarse a sus mandatos. Por consiguiente, estas “leyes constitucionales” son actos constituyentes que consisten en vías de hecho sin soporte constitucional.

 

 

 

En segundo lugar, no son los gobiernos los que proponen la creación de una Comisión de la Verdad para investigar responsabilidades de dirigentes políticos opositores, ni para establecer sanciones. Tampoco pueden investigar hechos de corrupción porque para eso están el Ministerio Público y los tribunales.

 

 

 

En tercer lugar, una Comisión de la Verdad solo puede investigar violaciones de los derechos humanos cometidos por gobiernos totalitarios. Como consecuencia de ello, está habilitada para señalar las reparaciones a las víctimas y a sus familiares. Eso y nada más.

 

 

 

En este contexto, hay que examinar la decisión del gobierno de conceder medidas penales sustitutivas a un grupo reducido de presos políticos, lo que no implica libertad plena. El Tribunal Supremo de Justicia declaró de inmediato que consideraría estas “recomendaciones”. Sin embargo, presentarlos ante la “comisión de la verdad” no solo persigue su aceptación, sino recordar que más allá de la Constitución y las leyes está la ANC, con capacidad de actuar en todos los espacios. El efecto que se busca es político: alegar en la mesa de negociación que han hecho concesiones y que la oposición ahora debe hacer las suyas.

 

 

 

Las medidas sustitutivas a favor de los presos políticos no ponen en peligro el deseo del régimen de perpetuarse en el poder. Para la mesa de negociación hay que llevar -además de la libertad plena de todos los presos políticos- aspectos concretos relacionados con el proceso electoral que se avecina. Para ello es necesario que no se inhabiliten a los partidos políticos y se revoquen las inhabilitaciones a Henrique Capriles y Leopoldo López. Junto a ello se requiere la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. De lo contrario iremos a un proceso electoral al estilo nicaragüense: con partidos y candidatos con el visto bueno del régimen.

 

 

Ramón Escovar León

@rescovar

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