Después de un año devastador desde el punto de vista económico, las perspectivas para 2016 no son nada alentadoras. Los deprimidos precios petroleros y las escasas o inexistentes posibilidades de que los mismos experimenten una sólida recuperación en los próximos meses, llevan a pensar que los ingresos de divisas de este año serán muy bajos, haciendo que continúe la restricción crítica de dólares para la realización de una serie de operaciones externas, la importación de productos básicos como alimentos y medicinas, entre ellas. Esto, combinado con las pocas posibilidades de incremento de la producción local debido al diezmado aparato productivo privado, a la ineficiencia supina de las empresas estatales, y a la imposición de desproporcionados controles de precios y de otra índole, hará que los ya críticos problemas de escasez y de desabastecimiento continúen a lo largo del año, o incluso se agraven. El descomunal desequilibrio de las finanzas públicas, que hizo que en 2015 el déficit del sector público restringido llegara a niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB, y el financiamiento de buena parte del mismo por el BCV a través de la creación masiva de dinero sin respaldo, continuará materializándose en el presente año. Sin embargo, si el tipo de cambio aplicado a la venta de divisas de Pdvsa al instituto emisor se ajusta en una forma importante, aquel déficit pudiera ser menor, pero aún muy elevado.

De continuar el manejo de la cuestión económica como hasta ahora, los resultados de este año serán muy adversos, y en algunos casos peores que los de 2015. La inflación sería aún mayor, con su efecto devastador sobre la capacidad de compra de los ingresos de los venezolanos, lo que se traduciría en un aumento aún más acentuado de la pobreza que el que ya se produjo el año pasado. La actividad productiva, por su parte, volvería a mostrar una contracción muy intensa, limitaría las posibilidades de trabajo y aumentaría notablemente los niveles de desempleo y subempleo. Toda esta situación tendería a agravarse por las dificultades cada vez mayores de obtener financiamiento externo, y el bajo nivel de reservas internacionales debido a la dilapidación irresponsable de recursos en los años recientes, lo cual podría llevar a una imposibilidad de seguir honrando los compromisos financieros externos que vencen este año.

Ante un panorama tan adverso, cabe preguntarse qué efectos podría tener el nombramiento del nuevo gabinete económico. La pregunta no es fácil de contestar, ya que, por una parte, quienes integran el nuevo equipo no han dado signos claros de cuál será la nueva orientación de la política económica, aunque algunos de ellos han mostrado indicios de cierto pragmatismo y han manifestado la necesidad de un cambio de rumbo; y, por la otra, la persona que ahora tiene la responsabilidad de liderar ese equipo es un manifiesto partidario y defensor de la política económica hasta ahora implementada. Este sostiene que los males que padecemos se deben a la “guerra económica”, que la inflación no es más que la especulación descarada de los empresarios, que la escasez se debe al acaparamiento de estos, y que los males actuales como se corrigen es con controles aún más estrictos y penalizaciones más severas. De imponerse esas recomendaciones en el manejo de la cuestión económica en los próximos meses, lo que tendremos será la profundización de la crisis que vivimos, más escasez, inflación aún más alta, acentuación de la pobreza y depauperación.

Ojalá prive la sensatez y se tome conciencia de la necesidad de dar el giro requerido en materia de política económica, con el fin de corregir los entuertos, distorsiones y desequilibrios existentes, por más duros que sean esos correctivos. Esa es una condición de base y un prerrequisito para poder enrumbar en el mediano plazo al país por la deseada senda del progreso y del desarrollo sustentable.

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El profesor Héctor Silva Michelena, destacado economista venezolano, acaba de presentar su último libro, titulado Escasez y pobreza en el socialismo bolivariano, en el que analiza las razones, orígenes y consecuencias de dos flagelos que caracterizan a la Venezuela de hoy: la carencia extrema de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, y el desmejoramiento en la calidad de vida debido, entre otras razones, a la merma en la capacidad de compra de vastos y crecientes sectores de la población; es decir, la escasez crítica y la pobreza creciente. Aduce Silva Michelena que Venezuela padece una profunda crisis sistémica en todos los niveles de la sociedad, generada por las políticas públicas implementadas por el gobierno durante los últimos 16 años, e inherente a un sistema colapsado de economía socialista que se pretende implantar en el país. Dice el autor que “para llevar a cabo esta tarea el gobierno, en la etapa de transición hacia su objetivo, ha incurrido en expropiaciones arbitrarias, confiscaciones, hostilidad al sector privado, control total de la economía: tipo de cambio, precios de mercado, salarios y movilidad de trabajo, tasas de interés, racionamiento encubierto o no, desproporcionado déficit fiscal, inflación, devaluación y bajo crecimiento, para hacer frente a un azote que ha caracterizado a todas las economías socialistas que han existido o existen: la escasez”.

Después de un concienzudo análisis explicativo de este fenómeno, Silva Michelena concluye que las divisas que ingresan son insuficientes, haciendo que la escasez persista y se reproduzca, pero que la solución a ese grave problema va más allá de un posible aumento de los precios petroleros, debido a los graves desequilibrios que padece la economía venezolana, a saber: inflación, elevada oferta monetaria, altos déficits fiscales, financiamiento de estos por el BCV, controles de precios irracionales, y un sistema cambiario aberrante que frena la actividad productiva y genera corrupción.

En la segunda parte de la obra, el autor aborda la cuestión de la pobreza. Hace un concienzudo análisis conceptual del problema, presenta distintos estudios selectivos que sobre ese tema se han hecho en Venezuela, y analiza los aspectos económicos y sociales en las teorías de desarrollo, haciendo propuestas concretas acerca del plan de desarrollo que debería aplicarse en economías como la nuestra con el fin de afrontar el grave problema de la pobreza y la desigualdad. Luego aborda la evolución reciente que ha tenido ese flagelo en el país, apoyándose para ello en la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por 3 universidades venezolanas (UCAB, UCV y USB), concluyendo que después de la mitigación de la pobreza durante los años del boom petrolero reciente, el problema se ha vuelto a reforzar notablemente al adentrarnos en una fase de bajos precios de los hidrocarburos, sin que haya un sistema efectivo de protección de los más desposeídos, pues los programas sociales del gobierno, o “misiones”, nunca fueron mecanismos para superar la pobreza. De allí que sea de imperativa importancia diseñar un plan de superación de ese mal basado en el esfuerzo y la productividad.

Concluye el autor diciendo que “pasada la época de las vacas gordas, la política económica aplicada por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, mostró y muestra sus terribles grietas. Con un ingreso de divisas (dólares) reducido drásticamente, el gobierno quedó al desnudo”.

Coincidiendo con Silva Michelena, creo que el esquema absurdo y fracasado de política económica, generador de escasez, inflación, deterioro de la calidad de vida y mayor pobreza llevó al resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado, como una demostración fehaciente de su rechazo por parte de la población. Ojalá que ello dé origen al cambio de rumbo que hoy necesita el país con urgencia.

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Recientemente el gobierno nacional dictó una serie de providencias y decretos, a través de los cuales se busca profundizar y radicalizar las normas de fijación y control de los precios de los bienes y servicios producidos y comercializados en el país, y se dictó un nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, que sustituye al que estaba vigente desde noviembre de 2014.

Obviamente, entre los principales objetivos que se buscan con esta acción, si no el más importante, es poner en marcha una medida populista que genere dividendos políticos en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, tal como se hizo hace dos años en las vísperas de las elecciones municipales de diciembre de 2013, cuando se produjo el fenómeno conocido como el Dakazo, en respuesta a la orden presidencial de reducción forzosa de precios y liquidación total de mercancías, lo cual llevó a la compra masiva de artículos abaratados, e incluso al saqueo de varios comercios, algunas tiendas de la cadena Daka entre ellos.

Ya se han producido una serie de acciones y decisiones relacionadas con la nueva normativa, fijándose unilateralmente por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) los “precios justos” de algunos productos de consumo masivo, que están muy por debajo de los existentes en el mercado; esto ha condenado a múltiples comercios a sufrir severas pérdidas, por estar esos precios decretados muy por debajo de sus costos. Igualmente, se han realizado confiscaciones de mercancías, aduciéndose falsamente acaparamiento por parte de esos establecimientos, acciones que les han generado severos perjuicios, en particular a pequeños comercios que no tienen el músculo financiero para absorber las pérdidas que ello les acarrea.

Es incomprensible cómo esas decisiones se están tomando, cuando ha quedado demostrado hasta la saciedad que las mismas no son efectivas para lograr los objetivos económicos que, según las autoridades, estas persiguen. Esas normas les dan a funcionarios medios la potestad para establecer caprichosamente los precios de una gama casi ilimitada de bienes y servicios, o sancionar a comercios que, según su criterio, están acaparando mercancías o están especulando. Ello fomenta la corrupción y crea el ambiente propicio para extorsionar, particularmente a pequeños comerciantes o productores, los cuales no cuentan con los medios y las estructuras requeridas para defenderse o protegerse de esas prácticas o acciones indebidas, y les causan grandes daños y perjuicios, que los pueden llevar incluso a la quiebra y al incumplimiento de obligaciones con proveedores y con sus propios trabajadores.

Esas regulaciones y restricciones lo que harán es agravar la escasez y el desabastecimiento que padecemos, fomentar la inflación y el comercio informal (bachaqueo), ya que cada vez será más difícil adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de los consumidores en los establecimientos tradicionales, y estos tendrán que acudir a los vendedores informales para conseguirlos, pero a precios muy superiores a los fijados o impuestos por las autoridades.

Según el gobierno, lo que se busca con esos controles y castigos desproporcionados es proteger el salario y los derechos socioeconómicos del pueblo, así como salvaguardar la economía nacional y asegurar el pleno abastecimiento y los precios justos a toda la población. Nada más alejado de la realidad. Lo que se obtendrá con esas decisiones y acciones es mayor escasez, inflación, pobreza y menores posibilidades de empleo.

Como ya se dijo, lo que realmente se persigue es crear una ilusión de que el gobierno está actuando para proteger a los más desposeídos de la especulación y la explotación, para así obtener dividendos políticos en la próxima elección. Costosa forma de ganar votos, ¿no?

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Mis dos últimos artículos sobre una eventual dolarización en Venezuela generaron múltiples reacciones entre mis lectores, varias en apoyo a su implementación. Comento sobre algunas de ellas. Coincido plenamente, como lo dije en mis artículos, que entre los pro de la dolarización está la creación de confianza, la cual es condición de base para generar un clima favorable a la inversión y a la entrada de capitales. También pienso que si se quiere aplicar exitosamente un plan de desarrollo sustentable, con visión de largo plazo, es fundamental la seriedad de la dirigencia política y gubernamental, el buen manejo de la cosa pública, y su compromiso con el proyecto de desarrollo que se escoja.

Sin embargo, no creo que aquella confianza y buen comportamiento de la dirigencia política solo se logra a través de la imposición de rigideces como las que crea la dolarización. En países latinoamericanos que sufrieron situaciones caóticas, con inflaciones descomunales y colapsos económicos, en buena medida debido a la irresponsabilidad de sus gobernantes, como fue el caso del Perú durante el primer gobierno de García, la dirigencia política tomó consciencia de la necesidad de cambiar, enseriarse y hacer las cosas de otra manera, creando un clima de credibilidad y confianza entre los inversionistas y los ciudadanos en general, estableciéndose así las condiciones para la preservación y el éxito de un plan de desarrollo sustentable. Chile es otro ejemplo. Después de 12 años de problemas y fracasos en su economía durante el período de Pinochet, en 1985 se enrumbaron por el camino correcto, y cuando regresó la democracia pocos años después, los dirigentes políticos, de derecha, centro e izquierda, acordaron que había que continuar con esa política de desarrollo, independientemente de quien estuviera en el poder. Y tuvieron éxito, y retornaron muchos de los chilenos que habían emigrado por largos años huyendo de la dictadura. Esas experiencias exitosas, al igual que la de Colombia y otros países, se lograron con dificultades, pero sin dolarizar esas economías, preservando la capacidad de acción para afrontar situaciones de choques externos. De allí que, si las dirigencias políticas de otros países lo han hecho, ¿por qué pensar que una vez superado el caos que tenemos, los líderes políticos que tendrán la responsabilidad de dirigir la nación no podrán comprometerse seriamente a enrumbar el país por la senda del desarrollo sustentable en las décadas por venir?

El otro punto es que el desarrollo sustentable que queremos para Venezuela exige, como condición de base, el abatimiento del rentismo petrolero y la diversificación de la producción y de las exportaciones, y por las razones ya expuestas, creo que la dolarización dificulta y obstaculiza el logro de esos objetivos. Es más, en países como el nuestro, altamente dependientes de la exportación de commodities, una caída súbita de los precios de esos productos básicos podría poner en jaque a sus gobiernos en caso de estar dolarizados, pues, al no contar con varios instrumentos de política monetaria y cambiaria, casi que la única opción que tendrían es aumentar los aranceles de importación para afrontar el déficit externo (lo cual equivale a una devaluación de facto), y restringir el gasto público ante la caída de ingresos, generando recesión y desempleo. Si se quieren evitar estas últimas consecuencias a través del mantenimiento del gasto, los crecientes déficits fiscales elevarían la deuda pública, pudiendo llevar a la emisión de obligaciones gubernamentales a ser adquiridas conminatoriamente por los bancos con sus fondos de reserva, debilitando a esas instituciones tan fundamentales en un sistema dolarizado. Por eso, muchos están preocupados por el futuro de la economía ecuatoriana de mantenerse los bajos precios petroleros.

La dolarización no es la panacea. Hay que analizar los pro y los contra de las opciones de política económica existentes, con el fin de escoger el camino más idóneo a seguir.

Pedro Palma

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Nos preguntábamos en el artículo anterior si a Venezuela le conviene o no dolarizar su economía. Para responder esa interrogante hay que tener presente, entre muchas cosas, su alta dependencia del ingreso petrolero, su escasa diversificación productiva y exportadora, y sus graves problemas de desequilibrios macroeconómicos, altísima y creciente inflación, recesión, escasez, bajas reservas externas, empobrecimiento, alta dependencia del suministro externo, deterioro laboral y menor calidad de vida, calamidades que se han agravado por el reciente desplome de los precios petroleros.

Por ello, la primera prioridad que hoy existe es la implementación de un complejo plan de ajuste orientado a afrontar esas adversidades con el fin de sanear la economía, plan que tendrá que incluir, entre muchas otras cosas, una profunda corrección cambiaria. Ese ajuste, inevitablemente, acarreará grandes sacrificios, pero su implementación será una necesidad para poner la casa en orden, condición de base para poder enrumbar al país en la senda del desarrollo sustentable. Ese nuevo rumbo debe buscar, entre sus objetivos básicos, la mejora en la calidad de vida y la inclusión social, para lo cual es necesario preservar los equilibrios macroeconómicos, reducir la dependencia de la renta petrolera, y diversificar la economía. Eso, a su vez, exige la reinstitucionalización del país, la preservación del Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos, la existencia de reglas de juego claras, creíbles y sustentables, y el manejo responsable de la cosa pública.

De implantarse la dolarización, después del impactante ajuste de precios causado por la devaluación inicial implícita en la conversión monetaria, en los años subsiguientes la inflación cedería notoriamente, pero muy probablemente se mantendría por encima del promedio global y de la del mundo industrializado, lo cual minaría la competitividad de las industrias locales, dificultando la diversificación productiva y de exportaciones, al no poder utilizarse el mecanismo cambiario con el fin de coadyuvar a mantener aquella competitividad.

Igualmente, la vulnerabilidad de la economía a bajos precios petroleros, o a sus caídas abruptas, sería mucho mayor en un esquema de dolarización, al no existir la posibilidad de implementar medidas cambiarias y monetarias que mitiguen los efectos de aquella adversidad petrolera. Las menores exportaciones generarían una estrechez de liquidez, mayores tasas de interés y reducción de los ingresos del sector público, generando o agravando desequilibrios fiscales, monetarios y financieros, así como efectos recesivos en la economía. Ante la imposibilidad de aplicar correctivos monetarios y cambiarios, y no contarse con abundantes fondos de estabilización previamente acumulados, las autoridades seguramente optarían por la expansión del gasto público deficitario y la busca de financiamiento externo, y eventualmente por la emisión de obligaciones a ser adquiridas conminatoriamente por los bancos con sus fondos de reserva. Ello, combinado con la pérdida de depósitos debido a la fuga de capitales producida por el deterioro de las expectativas, y con el aumento de la morosidad de la cartera de créditos debido a las mayores tasas de interés, podría poner a la banca en una situación muy difícil, máxime si esta no puede acceder al auxilio financiero del banco central.

Como se ve, las rigideces generadas por la dolarización podrían obstaculizar el logro de la diversificación económica, la disminución del rentismo petrolero y el desarrollo sustentable. Por ello creo que una vía mucho más conveniente y efectiva es la que ha sido seguida por otros países de la región, que han abatido severos problemas inflacionarios, han saneado sus economías y están en mejores condiciones de afrontar las adversidades externas, sin caer en las rigideces de la dolarización, de la cual es muy difícil o casi imposible salir, una vez que esta se adopta.

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¿Conviene o no dolarizar la economía venezolana? La respuesta a esa pregunta no es fácil ni puede ser concluyente, ya que su implementación tendría ventajas, pero también acarrearía problemas y dificultades difíciles de manejar o solventar. Empecemos por decir que la dolarización es la sustitución total de la moneda local por una divisa extranjera, el dólar norteamericano en este caso, como moneda de curso legal, sustituyéndola en todas sus funciones, es decir, como unidad de cuenta, como reserva de valor, y como medio de pago de todas las transacciones, tanto públicas como privadas.

Entre las ventajas de la dolarización estarían: la moderación de la inflación en el tiempo, la reducción de la incertidumbre cambiaria y de las expectativas de devaluaciones súbitas, la eliminación de la posibilidad de financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central y la creación de condiciones propicias para el estímulo de la inversión y la generación de confianza. Entre las desventajas se podrían mencionar: la severa limitación para implementar políticas monetarias; la minimización de las posibilidades del Banco Central de actuar como prestamista de última instancia, limitándole la facultad de otorgarle auxilio financiero a la banca; la imposibilidad de aplicar medidas de política cambiaria para afrontar problemas de deterioro de balanza de pagos; y la pérdida del señoraje, es decir, el derecho o la posibilidad del gobernante de emitir dinero, lo cual le genera un ingreso pues le permite a quien lo emite adquirir activos con esos medios de pago. No obstante, para muchos este último perjuicio es más bien una ventaja de la dolarización, pues limita las posibilidades a los gobernantes de crear dinero en cantidades excesivas, lo cual genera inflación.

Los que promueven la dolarización argumentan que ese es el medio más efectivo para evitar el manejo irresponsable de las políticas económicas, pues le impone a los gobernantes una serie de limitaciones y prohibiciones que les impide devaluar la moneda, u obligar a los bancos centrales a financiar gasto público deficitario con fines políticos, clientelares o de enriquecimiento ilícito. Para ellos, la dolarización es la forma más eficiente de acabar con el flagelo de la inflación, la corrupción, y preservar el valor de la moneda, de las remuneraciones y del patrimonio de las personas.

Sin embargo, la dolarización no fuerza ni asegura la disciplina fiscal, pudiéndose generar déficits públicos recurrentes y crecientes, bien sea por la caída de los ingresos, por aumentos de los gastos, o por la combinación de ambos, déficits que son financiados con préstamos locales o externos. Incluso, después de agotarse esa fuente de financiamiento, los gobernantes podrían incurrir en prácticas irresponsables, como la emisión de obligaciones gubernamentales a ser adquiridas por los bancos de forma conminatoria con sus fondos de reserva. Para ello se podrían modificar las reglamentaciones financieras, permitiendo que los encajes bancarios y otros recursos de reserva sean mantenidos indistintamente en dólares o en papeles del Estado.

Otro de los problemas de la dolarización es la total dependencia de la dinámica cambiaria de la moneda norteamericana en los mercados internacionales. El fortalecimiento del dólar, como el que se ha estado produciendo recientemente, implica pérdida de la capacidad competitiva del sector productivo local de bienes transables, limitando sus exportaciones y estimulando las importaciones. Igualmente, en economías altamente dependientes de la exportación de commodities, como es el caso de Venezuela, y en menor grado de otras economías de la región, la dolarización incrementa su vulnerabilidad a caídas en los precios de esos productos, no pudiendo afrontarse estas situaciones a través de ajustes del tipo de cambio.

Por todo lo anterior, es válido que nos preguntemos si le conviene o no la dolarización a Venezuela. Eso lo trataremos de contestar en nuestro próximo artículo.

Pedro Palma

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Una de las razones que ha aducido el gobierno venezolano para justificar el cierre de la frontera con Colombia es eliminar la desviación masiva de productos venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera escasez y desabastecimiento en los mercados locales y presiones alcistas de los precios internos. De allí que sea válido que nos preguntemos si esa acción realmente va a eliminar el llamado contrabando de extracción de lo que aquí se produce hacia Colombia, o no. Realmente, no lo creo.

Lo que siempre se ha producido en esa frontera, particularmente en el Táchira, es un proceso de arbitraje, según el cual los habitantes de ambos lados de la zona se preguntan dónde conviene más adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades, y la respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que en nuestro país el gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar subsidios desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los costos de producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo, los precios de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y muy inferiores a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel planteamiento de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para satisfacer las necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio mucho mayor en el lado colombiano.

Eso no siempre fue así. Hace ya varios años, cuando el bolívar era una moneda fuerte y sobrevaluada, había libertad cambiaria y se mantuvo un tipo de cambio fijo por varias décadas, resultaba muy atractivo pasar a Cúcuta para comprar alimentos, ropa, calzado y otros productos, pues allí eran más baratos que en Venezuela. Recuerdo vívidamente que cuando uno viajaba desde la ciudad fronteriza de San Antonio a San Cristóbal, eran múltiples las alcabalas de la Guardia Nacional que revisaban exhaustivamente los automóviles y transportes de carga para determinar si llevaban mercancía colombiana oculta, que se pretendía introducir a Venezuela sin cumplir los debidos trámites aduanales ni pagar los aranceles respectivos. Ahora la situación es opuesta, y cómo no lo va a ser si muchos productos de consumo masivo tienen en Colombia precios tres y más veces superiores que en Venezuela, para no hablar de la gasolina que aquí se regala, pero que en el otro lado de la frontera se vende a más de un dólar el galón. Con razón no son solo los llamados “pimpineros” los que se llevan el combustible, sino que el mismo se envía en gandolas debidamente custodiadas para cuidar su valioso cargamento.

También es conocido el lucrativo negocio de extracción y ulterior importación de productos, el cual consiste en enviar bienes y semovientes a Colombia que luego se reenvían a Venezuela en forma de exportación, siendo estos pagados con dólares preferenciales artificialmente baratos, divisas cuyo precio en el mercado paralelo de frontera puede llegar a ser hasta cien veces mayoral tipo de cambio oficial al que se adquirieron para realizar la operación.

Recientemente, un alto vocero gubernamental dijo que al cerrarse la frontera se había puesto un torniquete que había parado la hemorragia de productos que se escapaban a Colombia, dando a entender que esa era la gran solución al problema del contrabando de extracción. Nada más alejado de la verdad. Si bien esa absurda acción oficial pudo limitar temporalmente el envío de productos al vecino país, no lo eliminó. Por el contrario, el negocio ha continuado, ahora con extraordinarios sobrecargos de precios, y volverá a florecer con toda fuerza en un futuro inmediato, ya que mientras este siga siendo tan lucrativo, los contrabandistas de siempre, de aquí y de allá, seguirán actuando impunemente. Solo cuando se eliminen las absurdas distorsiones cambiarias y de precios que hoy existen, y que se siguen ensanchando, es que se podrá producir una normalización en las actividades comerciales fronterizas.

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Una serie de circunstancias, muchas de ellas de origen externo, están afectando muy negativamente el desempeño de múltiples economías emergentes, las latinoamericanas entre ellas. En efecto, la desaceleración de la economía china, las expectativas de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y en otras economías industrializadas, y el desplome de los precios de múltiples commodities, el petróleo en particular, han deteriorado las cuentas externas de estos países, han debilitado sus monedas, han generado desequilibrios fiscales y han desacelerado su crecimiento económico, condenando a algunos de ellos a sufrir recesión y repuntes importantes de desempleo.

La declinación de las exportaciones chinas, el debilitamiento de su sector industrial, y la moderación de la actividad de la construcción generaron una desaceleración de esa economía que ha estado inquietando a los inversionistas y a los proveedores de las materias primas que ese país tradicionalmente requiere, ya que aquel menor crecimiento se traduce en una moderación de sus importaciones. La situación se exacerbó por la reciente e inesperada devaluación del yuan, la cual fue interpretada por muchos como el inicio de una guerra cambiaria de sucesivas devaluaciones para apuntalar las exportaciones chinas, generándose una salida masiva de capitales y el consecuente desplome de su mercado bursátil. A su vez, el menor crecimiento de esa economía ha contribuido a una reducción generalizada de los precios de las materias primas, situación que ha deteriorado las cuentas corrientes de múltiples países emergentes exportadores de esos commodities. Eso, además de desequilibrar las cuentas fiscales de estos países debido al menor cobro de impuestos, ha incrementado la necesidad de captar capitales financieros foráneos que compensen el deterioro de sus transacciones corrientes externas, objetivo que no ha sido fácil de lograr debido a la expectativa cada vez más arraigada de aumentos inminentes de las tasas de interés en Estados Unidos, en atención a la finalización de la política monetaria ampliamente expansiva que implementó la Reserva Federal en años recientes con el fin de estimular la actividad económica. Esto se ha traducido en salidas netas de capitales financieros de varias economías emergentes, como Brasil y México, hacia la economía norteamericana, haciendo que sus reservas internacionales bajen y que sus monedas se deprecien de forma acentuada. Como respuesta a esta situación, se han implantado políticas fiscales y monetarias restrictivas en estos países con el consecuente aumento de sus tasas de interés, para así tratar de neutralizar los efectos inflacionarios causados por el encarecimiento de sus importaciones debido a la devaluación de sus monedas. Todo lo anterior se ha traducido en restricción de actividad económica, habiendo casos como el de Brasil, que han caído en recesión.

Las economías regionales exportadoras de petróleo, como México, Colombia, Ecuador y Venezuela han sufrido el desplome de sus precios de exportación desde la segunda mitad del año 2014 a esta parte, debido a una persistente situación de sobreoferta de hidrocarburos creada por la negativa de Arabia Saudita y otros países productores del Medio Oriente a reducir su producción, con el fin de mantener los precios en niveles muy bajos, para así reducir la rentabilidad y competitividad del costoso negocio de extracción de petróleos de esquistos en Estados Unidos. Esto ha reducido significativamente los ingresos de los países exportadores de petróleo, desbalanceado sus cuentas fiscales y depreciado sus monedas. Todo ello se ha traducido en restricciones de actividad económica, depreciaciones acentuadas de sus monedas y en algunos casos mayores presiones inflacionarias, siendo Venezuela el caso extremo, donde se prevé para este año una inflación cercana a 200% y una contracción del PIB próxima a 9%.

@palmapedroa

El tipo de cambio libre que reporta periódicamente el portal Dolar Today recientemente sobrepasó los 700 bolívares por dólar, y parece que no cesará en su carrera ascendente. ¿Por qué se ha disparado esa cotización?, ¿qué relevancia tiene la misma?, ¿es ese el precio realista de un dólar? Veamos.

Lo primero que debemos aclarar es que esa es la tasa de frontera, es decir, la cantidad de bolívares que se necesitan para obtener los pesos colombianos que cobran las casas de cambio en Cúcuta por un dólar, por lo que en ella influye la tasa de cambio del bolívar con respecto al peso, la de este último con respecto a la moneda norteamericana, y las comisiones que cobran esos intermediarios por sus operaciones cambiarias.

En el último año y medio el bolívar se ha depreciado fuertemente con respecto a la moneda colombiana, al punto de que a comienzos de 2014 con un bolívar se obtenían más de 30 pesos, mientras que ahora ni siquiera se adquieren 5. Paralelamente, el precio de un dólar en término de pesos ha aumentado 70% en tan solo un año, por lo que es fácil inferir que la cantidad de bolívares que hay que desembolsar para adquirir los pesos con los que se puede comprar un dólar se ha disparado, máxime si los cambistas en el vecino país cobran en muchos casos jugosas comisiones por esas operaciones.

De lo anterior se desprende que el tipo de cambio de frontera no solo está influido por factores internos de las economías venezolana y norteamericana, sino también por realidades de la economía colombiana. De hecho, durante los últimos dos meses el peso se ha depreciado fuertemente con respecto al dólar, y eso ha influido en el disparatado aumento reciente del tipo de cambio del bolívar. De allí que sea válido que nos preguntemos por qué hay que utilizar una cotización que se fija fuera de nuestras fronteras para determinar el tipo de cambio libre de nuestra moneda con respecto a la divisa norteamericana. La respuesta es porque en Venezuela no existe un mercado cambiario funcional y abierto donde se establezca esa tasa libremente por las fuerzas de oferta y demanda, como existió hasta mayo de 2010 en lo que hasta entonces se conoció como el mercado de permuta de títulos valores. La errada decisión de declarar ilegal ese mercado y establecer una serie de ilícitos cambiarios, hasta llegar al ridículo de prohibir la mención de alguna tasa de cambio diferente a la oficial, coartó y, hasta ahora, ha cohibido el funcionamiento de un mercado de cambio local y realmente libre. Aun cuando los estudiosos de la materia jurídica insisten en que los ilícitos cambiarios de otrora ya fueron derogados, y que no hay un impedimento legal específico para que exista y funcione lícitamente un mercado cambiario paralelo en Venezuela, el hecho es que el mismo no se ha desarrollado, y se utiliza aún como referencia el distorsionado tipo de cambio de frontera, el cual, entre otras cosas, tiene un importante efecto inflacionario, pues esa es la tasa que hoy se usa para calcular los costos esperados de reposición de insumos y productos importados, ante las severas restricciones existentes para obtener localmente dólares preferenciales, y la inexistencia de un mercado paralelo local, lícito y operativo.

De allí la conveniencia de que expresamente se permita y se promueva la creación de un mercado libre funcional, adonde acuda cualquier agente económico que desee adquirir o vender divisas, y en el que se establezca el tipo de cambio por el libre juego de oferta y demanda, pudiendo intervenir en él actores clave, como el BCV y Pdvsa. De esta forma contaríamos con un mercado mucho más realista y eficiente, lo que crearía una de las condiciones de base para que en un futuro próximo se pueda poner en marcha el desmantelamiento progresivo del distorsionado y corrompido control de cambios que tenemos, y nos movamos hacia un sistema de libre convertibilidad, con un tipo de cambio único y flexible.

Pedro Palma

Ya no son solo los productos de consumo masivo los que escasean en Venezuela. Ahora se ha agregado otro que cada vez es más difícil conseguir en las cantidades requeridas, el efectivo, o más específicamente, los billetes de más alta denominación.

¿A qué se debe este fenómeno y qué consecuencias está generando? La primera razón es la alta y creciente inflación que estamos sufriendo, lo cual hace que la cantidad de dinero que hay que disponer para comprar cualquier cosa, por menuda o simple que ella sea, se incremente grandemente, haciendo que los retiros de los bancos sean también crecientes. Eso se exacerba por el hecho de que la autoridad monetaria, o el gobierno, se niega a emitir billetes de más alta denominación, haciendo que el de mayor valía, el de cien bolívares, equivalga a unos quince centavos de dólar si lo convertimos al tipo de cambio libre, o a solo la mitad de un dólar si utilizamos la tasa de cambio oficial de Simadi. Si las posibilidades de poner en circulación los billetes cada vez más demandados son restringidas, por ejemplo, por escasez de papel moneda o limitaciones en la capacidad de producirlos, ello crea un desabastecimiento creciente de estos instrumentos de pago.

Otra razón que genera la escasez de efectivo es el incontrolado contrabando de extracción generado por los absurdos controles de precios y masivos subsidios existentes en Venezuela. En efecto, al ser los precios de muchos productos de consumo masivo muy inferiores a los existentes en otros países vecinos, resulta un excelente negocio adquirir estos bienes en Venezuela, llevarlos al otro lado de la frontera y venderlos a un precio muy superior. Para ello se necesitan bolívares con qué comprar los productos en territorio nacional, razón por la que las personas dedicadas a este tipo de actividad están ávidos de acceder a billetes venezolanos, particularmente los de más alta denominación, estando dispuestos a pagar una prima para adquirirlos. De hecho, es sabido que en Cúcuta y en otras zonas fronterizas colombianas el precio de un billete de cien bolívares es 120 y hasta 140 bolívares en pesos equivalentes. La razón es muy simple. Quien paga esa cantidad normalmente tiene a su servicio a un grupo de personas dispuestas a pasar la frontera con el fin de comprar productos subsidiados en Venezuela y llevarlos al otro país, donde al venderse a un precio mucho mayor se obtienen pingües ganancias que cubren con creces la prima pagada. Eso explica por qué los retiros bancarios en las zonas fronterizas venezolanas han aumentado notablemente, siendo los billetes de más alta denominación los más demandados y, por lo tanto, los que más escasean. Esto ha llevado a la imposición de límites de retiros bancarios en efectivo, particularmente en las zonas fronterizas, generando desagrado y rechazo entre los depositantes, quienes no aceptan la limitación que se le ha impuesto al acceso de fondos de sus cuentas bancarias, y quienes en muchos casos se ven imposibilitados de hacer transacciones que nada tienen que ver con el contrabando de extracción ya explicado, viendo afectada su calidad de vida de forma notoria.

¿Qué hacer ante esta situación? Lo primero es permitir la puesta en circulación de billetes de más alta denominación, lo cual facilitaría las transacciones en el ambiente inflacionario que vivimos, pero no solventaría la extracción de papel moneda hacia países vecinos. Este fenómeno sólo se podrá eliminar con el desmantelamiento de los controles y subsidios absurdos que tenemos, y con el incremento efectivo y eficiente de la oferta de bienes y servicios dentro del país. Estos consejos deberían ser escuchados por quienes gobiernan, entre otras razones por que de continuar la situación que vivimos, y que esta se generalice a todo el país, la molestia y frustración que ello genera podría reflejarse en la intensión de voto en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre, favoreciendo ello a la oposición y no al gobierno.

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