Durante la rueda de prensa del Psuv de la semana pasada, su vocera se pronunció en contra de la solicitud de la MUD en favor de la libertad de los presos políticos, del sobreseimiento de la causa a los venezolanos enjuiciados por protestar, y del retorno de los exiliados por razones políticas. Según la vocera del Psuv en esa oportunidad, era imposible apoyar esa solicitud porque, si se aceptaba, se estaría apoyando la impunidad.

Sobre esa posición, queremos empezar diciendo que lo planteado por la MUD tiene como objetivo un propósito de interés nacional dada la grave crisis por la que atraviesa Venezuela en estos momentos, donde el logro de la paz es una necesidad sentida por todos, y para ello es necesario un diálogo serio que permita analizar las causas y consecuencias de la crisis, el cual debe estar precedido por un clima favorable a los acuerdos mínimos necesarios para poder enfrentar con éxito los retos que como país tenemos por delante.

El Psuv parece olvidarse de que el presidente Chávez; el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y el actual ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez Torres, fueron beneficiados con una medida de sobreseimiento dictada por el ex presidente Caldera, después de que ellos cometieron un delito tan grave como lo es el intento de un golpe de Estado, dejando de por medio muertos, heridos y destrucción de bienes públicos. La medida dictada por el Dr. Caldera ha recibido críticas, unas favorables y otras negativas, pero lo que sí es seguro es que no la dictó con la finalidad de apoyar la impunidad, sino como una vía para lograr la pacificación del país y crear un ambiente de entendimiento entre los venezolanos.

Seguramente a la gran mayoría de los ciudadanos les hubiera gustado que esa preocupación apasionada en contra de la impunidad, la hubiese demostrado el Psuv cuando el ministro de Planificación de este gobierno, Jorge Giordani, denunció que a través de Cadivi, entre funcionarios públicos y testaferros le habían robado a todos los venezolanos 20.000 millones de dólares, que en estos momentos son una cifra casi igual a las reservas internacionales. Esa denuncia fue ratificada por Edmeé Betancourt cuando asumió la presidencia del BCV, y ratificada la semana pasada por Ricardo Sanguino, quien actualmente ejerce la presidencia de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

omarbarboza1@cantv.net

Por Omar Barboza

Durante la rueda de prensa del PSUV de la semana pasada, su vocera se pronunció en contra de la solicitud de la MUD en favor de la libertad de los presos políticos, del sobreseimiento de la causa a los venezolanos enjuiciados por protestar

Durante la rueda de prensa del PSUV de la semana pasada, su vocera se pronunció en contra de la solicitud de la MUD en favor de la libertad de los presos políticos, del sobreseimiento de la causa a los venezolanos enjuiciados por protestar, al igual que el retorno de los exiliados por razones políticas. Según la vocera del PSUV en esa oportunidad, era imposible apoyar esa solicitud porque si se aceptaba se estaría apoyando la impunidad.

Sobre esa posición, queremos empezar diciendo que lo planteado por la MUD tiene como objetivo un propósito de interés nacional dada la grave crisis por la que atraviesa Venezuela en estos momentos, donde el logro de la paz es una necesidad sentida por todos, y para ello es necesario un diálogo serio que permita analizar las causas y consecuencias de la crisis, el cual debe estar precedido por un clima favorable a los acuerdos mínimos necesarios para poder enfrentar con éxito los retos que como país tenemos por delante.

El PSUV parece que se olvidara de que el Presidente Chávez, el actual Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, y el actual Ministro de Relaciones Interiores Rodríguez Torres, fueron beneficiados con una medida de sobreseimiento dictada por el ex presidente Caldera, después que ellos habían cometido un delito tan grave como lo es el intento de un golpe de Estado, dejando de por medio muertos, heridos y destrucción de bienes públicos. Esa medida dictada por el Dr. Caldera ha recibido críticas, unas favorables y otras negativas, pero lo que sí es seguro es que no la dictó con la finalidad de apoyar la impunidad sino como una vía para lograr la pacificación del país, y crear un ambiente de entendimiento entre los venezolanos.

Seguramente a la gran mayoría de los ciudadanos les hubiera gustado que esa apasionada preocupación en contra de la impunidad, la hubiese demostrado el PSUV cuando el Ministro de Planificación de este gobierno Jorge Giordani denunció que a través de CADIVI, entre funcionarios públicos y testaferros le habían robado a todos los venezolanos 20.000 millones de dólares, que en estos momentos son una cifra casi igual a las reservas internacionales. Esa denuncia fue ratificada por Edmeé Betancourt cuando asumió la Presidencia del BCV, y ratificada la semana pasada por Ricardo Sanguino quien actualmente ejerce la Presidencia de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Omar Barboza Gutiérrez

Para nosotros, el diálogo no significa dejar de protestar; hay que hacer las dos cosas hasta que consigamos soluciones. La función que cumple la oposición venezolana en la mesa de diálogo, con el testimonio internacional convenido, es exigir respeto a la Constitución como marco de referencia central de ese esfuerzo político, dentro del cual deben garantizarse los derechos humanos, el debido proceso y el derecho a la defensa, exigimos la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, así como una comisión de la verdad imparcial y calificada que investigue y concluya en el castigo de los responsables de la violencia en el país a partir de febrero de este año, que no sea presidida por un dirigente del Gobierno o de la oposición, sino integrada por personalidades confiables para todos. Hemos propuesto una política de seguridad personal seria que sustituya las fracasadas políticas del Gobierno en esa materia.

En materia económica, le hemos solicitado al Gobierno rectificaciones de fondo que impulsen la producción nacional, que combata la escasez, que frene la inflación que genera la emisión escandalosa de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, que es la principal causa de la inflación, y además que enfrente la corrupción creciente y sin control.

Y, por supuesto, la elección con respeto a la Constitución, de los poderes públicos hoy colonizados por el partido de gobierno, especialmente la escogencia de un CNE equilibrado, y garantizar los derechos de todos los venezolanos por igual. Es al Gobierno al que le toca escoger el camino: o escoge la conducta responsable de rectificar y echar las bases para avanzar hacia una solución pacífica de los conflictos políticos, económicos y sociales que vive el país, o empobrece su conducta y pretende convertir el diálogo en una farsa que le permita ganar tiempo para continuar con el proyecto de imponer un régimen totalitario en nuestra patria, ante lo cual la oposición democrática venezolana los denunciará con pruebas para que nuestro pueblo y la comunidad internacional sepan que son los responsables de que Venezuela no consiga una solución pacífica y democrática a sus problemas.

Por ahora le damos el beneficio de la duda, esperamos que tengan la voluntad de rectificar, y demuestren con gestos y hechos su propósito de enmienda.

omarbarboza1@cantv.net

Por Omar Barboza

Lo más preocupante para esta fecha, es que la situación que vivimos el Gobierno pretende superarla con medidas administrativas y con retoques efectistas, pero sin rectificaciones profundas a las causas de este evidente fracaso.

En nuestra opinión, no será posible recuperar la credibilidad en la política económica del Gobierno si no comienza por manejar las finanzas públicas de acuerdo con las normas constitucionales, y continúa en la conducta de administrar buena parte de los ingresos del país a través de mecanismos extraconstitucionales como lo son los fondos parafiscales, entre los cuales destacan el Fondo Chino y el Fonden, en donde hay un manejo de miles de millones de dólares sin estar sometidos al control constitucional, y sin que el pueblo de Venezuela conozca cómo se administran esos recursos, que en muchos casos se han utilizado para financiar proyectos en el exterior, y también con la emisión de dinero sin respaldo con la finalidad de financiar déficit de empresas públicas, en violación del Artículo 320 de la Constitución. A través de este mecanismo se han financiado miles de millones de bolívares para cubrir déficit de Pdvsa, que entrega papeles por los cuales el BCV emite dinero inorgánico, que al entrar en circulación se convierte en uno de los principales factores que impulsan la inflación, o sea, el alto costo de la vida. Es difícil explicarse cómo Pdvsa, que tiene un costo de producción por barril de unos 20 dólares, los vende a 100 dólares, y sin embargo se ve obligada a maniobras monetarias en contra del interés nacional con el fin de cubrir su déficit, lo que nos da una idea de lo que está ocurriendo dentro de tan importante empresa para la economía nacional.

El actual rumbo de la política económica del Gobierno condena al pueblo de Venezuela a que sea quien pague la factura del fracaso de esa política, y esa factura se expresa en escasez, alto costo de la vida, y deterioro progresivo de la capacidad adquisitiva del salario. Lo más común en nuestro país actualmente son las colas y el no hay. Y los productos a precios regulados solo se consiguen en la Gaceta Oficial.

Por Omar Barboza Gutiérrez

En la Venezuela de hoy existen muchas razones para protestar, las cuales se han visto potenciadas por la represión desproporcionada y violatoria de los derechos humanos con las que ha respondido el Gobierno nacional a las expresiones de descontento ciudadano, en muchos casos las fuerzas militares y policiales han actuado en alianza con colectivos armados y delincuentes comunes para agredir a los manifestantes, y a personas que nada han tenido que ver con las protestas. Convirtiéndose esa conducta represiva en un motivo adicional importante para seguir protestando.

Quienes luchamos por un cambio político a través de la vía democrática no proponemos ni apoyamos las acciones violentas en la cual incurren por excepción algunas personas que participan en las manifestaciones. Creemos que se debe protestar con firmeza pacíficamente, pero condenamos ante la opinión nacional e internacional la represión desproporcionada con la cual se han asesinado manifestantes, herido otros, y torturados a muchos, más con ánimo de persecución política que en cumplimiento de su deber de resguardar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Mientras tanto, cada día surgen nuevas razones para seguir protestando, además del irrespeto a la voluntad popular utilizando al Poder Judicial como instrumento de persecución política, como en los casos de los alcaldes Ceballos y Scarano, y de María Corina Machado, cada vez más queda claro que el Gobierno nacional y su partido han colonizado a todos los poderes públicos, y que los ciudadanos comunes que no comulguen con el oficialismo no tienen manera de hacer valer sus derechos ante los órganos del Estado, y a ello se le agrega con mucha fuerza los efectos de la crisis económica para aquellos que pertenecen a los sectores populares de nuestro país. Para febrero de este año, de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), llegamos a una inflación anualizada de un 57,8 por ciento, mientras que el último aumento del salario mínimo fue apenas de un 10 por ciento, y de acuerdo al mismo BCV la escasez en el mes de enero pasado llegó a un 28 por ciento, lo cual hace que las amas de casa tengan que ir a muchos sitios para conseguir algunos alimentos de cualquier marca, o algunas medicinas.

La protesta social seguirá en la calle hasta que se rectifique o se produzca un cambio político en este país.

Por Omar Barboza

En la Venezuela de hoy existen muchas razones para protestar, las cuales se han visto potenciadas por la represión desproporcionada y violatoria de los derechos humanos con las que ha respondido el Gobierno nacional a las expresiones de descontento ciudadano, en muchos casos las fuerzas militares y policiales han actuado en alianza con colectivos armados y delincuentes comunes para agredir a los manifestantes, y a personas que nada han tenido que ver con las protestas. Convirtiéndose esa conducta represiva en un motivo adicional importante para seguir protestando.

Quienes luchamos por un cambio político a través de la vía democrática no proponemos ni apoyamos las acciones violentas en la cual incurren por excepción algunas personas que participan en las manifestaciones. Creemos que se debe protestar con firmeza pacíficamente, pero condenamos ante la opinión nacional e internacional la represión desproporcionada con la cual se han asesinado manifestantes, herido otros y torturados a muchos, más con ánimo de persecución política que en cumplimiento de su deber de resguardar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Mientras tanto, cada día surgen nuevas razones para seguir protestando, además del irrespeto a la voluntad popular utilizando el Poder Judicial como instrumento de persecución política, como en los casos de los alcaldes Ceballos y Scarano, y de María Corina Machado, cada vez más queda claro que el Gobierno nacional y su partido han colonizado todos los poderes públicos, y que los ciudadanos comunes que no comulguen con el oficialismo no tienen manera de hacer valer sus derechos ante los órganos del Estado, y a ello se le agrega con mucha fuerza los efectos de la crisis económica para aquellos que pertenecen a los sectores populares de nuestro país. Para febrero de este año, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV), llegamos a una inflación anualizada de 57,8%, mientras que el último aumento del salario mínimo fue apenas de un 10%, y de acuerdo con el mismo BCV, la escasez en enero pasado llegó a un 28%, lo cual hace que las amas de casa tengan que ir a muchos sitios para conseguir algunos alimentos de cualquier marca o algunas medicinas.

La protesta social seguirá en la calle hasta que se rectifique o se produzca un cambio político en este país.

omarbarboza1@cantv.net

Por Omar Barboza

Sólo hace algunos años no era posible pensar que Venezuela en medio de la más extensa bonanza petrolera que ha tenido en su historia, con el barril de petróleo a 100 dólares, llegaría a los niveles de escasez de alimentos, medicinas y tantos bienes necesarios, que hoy se puede palpar en los supermercados, bodegas, farmacias, o en las ventas de repuestos en todo el territorio nacional.

Causa indignación y tristeza ver a las madres de familia haciendo colas para tratar de comprar los alimentos básicos, y estar muy pendientes del dato de que llegó harina pan, aceite, leche o papel sanitario, para hacer una nueva cola antes de que se termine, lo cual ocurre en muy poco tiempo en vista del racionamiento al que están sometidos esos y otros productos. En general han tenido que olvidarse de las marcas preferidas por cada quien, porque el desabastecimiento las obliga a conformarse con lo que se consiga.

En muchas ocasiones la situación se agrava por el hecho de que después de hacer las colas, el dinero no les alcanza como consecuencia de que la creciente devaluación de nuestra moneda ha destruido el valor adquisitivo de los bolívares que se reciben como ingreso por el trabajo o la actividad que desempeñan los ciudadanos venezolanos en esta etapa de la vida nacional.

Nadie se explica cómo el fracaso del modelo que nos gobierna, a pesar de la inmensa fortuna en ingresos que ha recibido, ha podido llegar al extremo de multiplicar por cuatro veces la deuda externa e interna, y además llevarnos en la realidad económica a una devaluación del bolívar en términos tales que nadie sabe en verdad cuánto vale nuestra moneda en estos días. Las consecuencias las paga el que vive de su trabajo, y no los que manipulan nuestro signo monetario para enriquecerse desde el poder y empobrecer al pueblo.

El Gobierno acusa a los grandes y pequeños empresarios de ser los responsables de la guerra económica, y resulta que en la Venezuela de estos tiempos esa guerra la dirigen desde Miraflores y desde el Banco Central de Venezuela (BCV), quienes decidieron sustituir la producción nacional de bienes y servicios por importaciones, y por la emisión de dinero inorgánico, o sea, billetes sin respaldo, con los cuales se les paga su trabajo a los venezolanos.

El gobierno nacional no entiende que es con producción nacional de bienes y servicios como se resuelve el problema de la escasez.

omarbarboza1@cantv.net

Por Omar Barboza

Siempre seremos partidarios de un diálogo de verdad, pero nunca nos prestaremos a una apariencia de diálogo

El derecho a la protesta pacífica no sólo se justifica porque está establecido en nuestra Constitución nacional, sino porque existen muchas razones que tienen que ver con la calidad de vida de los venezolanos, entre las cuales están el alto costo de la vida que convierte en sal y agua el salario o los ingresos que son recibidos en una moneda cada vez más devaluada, agravada por la escasez de bienes y servicios básicos. Además del crecimiento de la inseguridad, junto con la impunidad que le acompaña de manera denigrante.

A ello hay que agregarle la falta de independencia de los poderes públicos que tiene entre otras consecuencias negativas, una justicia que no es imparcial, y por el contrario se percibe al Poder Judicial como colonizado por el partido de Gobierno.

A esta situación se le suma el drama que vive nuestra juventud, que si consigue trabajo sus ingresos no le alcanzan para casarse y tener acceso a una vivienda, o para comprarse un vehículo modesto, o pagar el costo de un Seguro privado para garantizarse él y su futura familia un buen servicio de salud, ya que la salud pública funciona muy mal. De allí que nuestra juventud ve comprometido su presente y su futuro, y por eso sale a luchar por un país que le garantice un mejor porvenir.

A las razones que ya existían para protestar, hoy día desgraciadamente se le agrega la obligación ética que tenemos de denunciar la brutal represión, y los asesinatos que ha cometido la fuerza pública reprimiendo la protesta de ciudadanos desarmados, para castigarlos por hacer uso de sus derechos.

No compartimos la violencia como método de reclamo de los derechos de cada quien, las protestas que se han realizado en su inmensa mayoría han sido pacíficas; y si se cometió algún exceso, bajo ninguna circunstancia se justifica el asesinato de un ser humano para satisfacer la voluntad de un Gobierno autoritario sin sensibilidad social. A estos hechos se agregan las diferentes torturas físicas y psicológicas ejercidas en contra de los cientos de detenidos que han salido a protestar para defender sus derechos.

Siempre seremos partidarios de un diálogo de verdad, pero nunca nos prestaremos a una apariencia de diálogo, que solo le sirva al Gobierno para dejar impunes los crímenes cometidos y para que sigan presos quienes salieron a defender los derechos de todos.

 Omar Barboza

Escogimos ese camino por varias razones: en primer lugar, porque somos demócratas auténticos y creemos que también lo es la inmensa mayoría de los venezolanos. En segundo lugar, porque nuestra lucha no tiene el único objetivo de cambiar un gobierno por otro, sino porque estamos convencidos de que, por encima de la incapacidad de quienes hoy nos gobiernan, está el fracaso del modelo que representan y que ha fracasado donde quiera que se ha pretendido establecer, el cual vamos a sustituir por el modelo de la democracia social, que representa valores y propuestas programáticas que implican un cambio profundo de la concepción de quienes hoy gobiernan a Venezuela y que la han conducido a la actual crisis política, económica y social que hoy sufre el pueblo venezolano; y tercero, porque queremos un cambio político estable producto de un proceso sustentado en la Constitución, y en ningún caso como consecuencia de una guerra civil entre hermanos venezolanos, trabajamos para que nuestra propuesta sea capaz de consolidar una mayoría política y social que sirva de piso sólido para que nuestra alternativa llegue al poder con una legitimidad que le dé estabilidad al desarrollo de nuestro proyecto de cambio incluyente, democrático de verdad, que conduzca la reconstrucción del país, de sus instituciones, de su economía, en beneficio de todos y con respeto real a la Constitución, que garantice nuestro desarrollo con paz y con vigencia plena de los derechos de todos los ciudadanos sin excepción.

Las fuerzas democráticas, la ciudadanía en general y el movimiento estudiantil, ante la necesidad de manifestar el rechazo a la situación que vive nuestro país, se encuentra formando parte de una olla de presión, que trata de expresarse haciendo uso de la protesta pacífica garantizada en nuestra Constitución, ante lo cual el oficialismo en su conjunto, para evitar esas expresiones legítimas, utiliza a los “colectivos” armados con la complicidad del Gobierno para agredir a quienes protestan.

La paz de nuestro país depende de que el actual régimen, en respeto a los derechos humanos, desarme a esos “colectivos” o se quite la careta.

Por Omar Barboza

El pasado domingo 5 de enero, la Asamblea Nacional instaló el actual período de sesiones parlamentarias.

Me correspondió intervenir en representación de la fracción de la Alternativa Democrática, y empezamos por decir que no postulamos ningún candidato para la junta directiva porque conocíamos de antemano la decisión excluyente y negadora de la voluntad popular que representamos que ya había tomado la bancada del oficialismo.

Destacamos el hecho de que ante un país que vive en crisis de todo tipo, es necesario el diálogo para buscar soluciones, que esa actitud excluyente hacia quienes representamos la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional es una posición contraria al interés nacional. Señalamos entre los graves problemas que vivimos, el hecho de que la inflación del año 2013 haya terminado en 56%, con sus graves consecuencias para un costo de la vida cada día más alto; el crecimiento de la violencia y el incremento de los homicidios a niveles insoportables, y la crisis institucional que significa el hecho de no haber renovado el TSJ ni el CNE porque no ha habido voluntad para el diálogo.

Anunciamos que votaríamos negativamente la ratificación de la junta directiva de la Asamblea Nacional; en primer lugar, porque ha venido aplicando de manera arbitraria el Reglamento Interior y de Debates que impide que prosperen las propuestas de la Alternativa Democrática para dar debates que tengan que ver con el interés nacional, con los problemas del pueblo. En segundo lugar, porque ha permitido el atropello físico a muchos diputados, promoviendo incluso maniobras judiciales para quitarles la inmunidad parlamentaria de manera arbitraria a algunos colegas diputados de esta Asamblea Nacional, y porque se ha torcido la voluntad popular para obtener el voto 99 utilizando nuevamente al Poder Judicial como instrumento político, por lo cual consideramos que no tenía méritos para ser ratificada.

Dos días después de esa sesión, la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de monseñor Diego Padrón, en relación a la necesidad del diálogo, dijo: “Lo contrario fue la instalación de la Asamblea Nacional. Espero que este evento no entre nunca en los libros de textos escolares como de diálogo y parlamentarismo civilizado”.

Ante las sabias palabras de monseñor Padrón, sólo nos queda decir: Amén.

Por Omar Barboza