¿Qué pensaron los cancilleres del continente, a dos semanas de su reunión en la OEA, cuando aprobaron un “diálogo” sin condiciones entre la barbarie de Nicolás Maduro y la acosada y mayoritaria oposición venezolana, al ver en los medios del mundo la cara ensangrentada del jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, diputado Julio Borges, mientras era brutalmente agredido por “colectivos chavistas”? Julio tuvo que ser operado de múltiples fracturas en su tabique nasal, pómulos y boca por las feroces agresiones de delincuentes civiles al servicio del gobierno, armados de tubos y explosivos, y bajo las órdenes del general Zavarce, de la GNB. Otros diputados opositores corrieron similar suerte en su intento de llegar al CNE para pedir a sus rectoras chavistas, la fecha de validación de las firmas para realizar el referéndum revocatorio a Maduro, hecho reprimido por cientos de policías y guardias nacionales que arremetieron también contra otra marcha estudiantil pacífica en solicitud del revocatorio. “Lo de ese jueves no fue solo violencia –declaró el diputado de PJ Tomás Guanipa– fue robo, atraco, les robaron los relojes y los teléfonos celulares a los diputados”. Los agresores están identificados y son siempre los mismos grupos armados inscritos en la nómina de la alcaldía del municipio Libertador, cuyo alcalde es el chavista Jorge Rodríguez, el mismo que da órdenes en el CNE a las rectoras y manosea las firmas opositoras, a las que inventa barbaridades y supuestas violaciones.

Si los cancilleres han hecho seguimiento de lo ocurrido en Venezuela desde la reunión de la OEA pedida por la canciller argentina (tan “reconciliada” con el régimen de Maduro que se reunió secretamente con su homóloga venezolana y viajó con ella en un avión de Pdvsa desde New York a Caracas) se habrán dado cuenta de que se han multiplicado las salvajes agresiones oficiales contra la mayoría parlamentaria y las pacíficas marchas de miles de seguidores hasta el CNE en apoyo a un revocatorio que permita a los ciudadanos sacar democráticamente del poder a Nicolás Maduro. El CNE, cumpliendo órdenes oficiales, está retrasando la validación de los casi 2 millones de firmas y poniendo numerosos obstáculos inconstitucionales con el fin de retrasar el revocatorio hasta 2017, cuando perdería toda efectividad porque el régimen seguiría en el poder a través de la figura del vicepresidente, quien continuaría sometiendo al país al hambre extrema y persecución criminal hasta 2019. Maduro propuso tres puntos para la “agenda del diálogo” que él viola cada día: “Una comisión de la verdad, el respeto a las instituciones y el cese de la violencia”. Desde la cita de la OEA, el régimen introdujo un recurso de amparo contra la directiva de la AN, amenazada de despido; la sala (in)constitucional del tsj sigue usurpando las atribuciones de la AN, y la GNB y PNB reprimiendo a los opositores que marchan pacíficamente hasta el CNE y agrediendo también a quienes protestan pidiendo alimentos y medicinas. Ahora, a través de los CLAP venden bolsas de alimentos solo a militantes chavistas, lo que significa una discriminación delictiva que utiliza recursos del Estado con fines de proselitismo político: “Los CLAP son un instrumento para evitar que nos tumben” dice su jefe Bernal y el vicepresidente Istúriz, otro descarado, dice que “con los CLAP no volverá a ocurrir lo del 6-D”. Las protestas en reclamo de alimentos aumentaron 92% en los 3 últimos meses. En un solo día de esta semana la PNB y GNB dispersaron violentamente varias protestas por esa causa: hubo saqueos en Valera; robaron carga de camión en Barquisimeto; saquearon galpón con comida en Carora; saqueos en Boca de Uchire, Guarenas, en la Panamericana, Guárico, Ocumare y La Victoria y protestas por alimentos en Maturín, Margarita, Puerto Cabello, La Guaira (trancaron vías); un grupo de hambrientos robaron y mataron unas reses y otro atracó un camión de gallinas vivas. Muchos expendios de alimentos ya no abren sus puertas. Enfermos hospitalizados se van sin ser operados para no pasar hambre porque los hospitales no tienen comida .Los niños del Hogar San José y otros de acogida tienen desnutrición severa. La falta de comida llegó a los asilos de ancianos: el capítulo de la salud es aún más terrible; mueren niños y adultos de enfermedades curables por falta de fármacos. Amnistía Internacional declara que el régimen sigue violando flagrantemente los derechos humanos.

La MUD sostuvo desde el principio que un “diálogo” que no contemple el revocatorio de Maduro, la liberación de los presos políticos, el respeto a las decisiones democráticas de la AN (acosada por el régimen ) y un puente humanitario internacional inmediato para proveer de alimentos y medicinas a una población cada vez más hambrienta y enferma, solo da tiempo a Maduro para seguir cometiendo tropelías. Digan, señores cancilleres de la OEA, qué “diálogo” puede establecer una oposición democrática y pacífica con un régimen violento y dictatorial, que frente a un pueblo hambriento y enfermo se niega a permitir la entrada al país de la Cruz Roja y Cáritas, y cuyos mediadores, promovidos por Unasur, están a favor de Maduro y se han prestado a ignominias como ésta: el ex presidente Rodríguez Zapatero visitó a Leopoldo López en la cárcel militar donde lo tienen aislado en un espacio de dos por dos, acompañado del alcalde chavista Jorge Rodríguez, el mismo que financia la nómina de los “colectivos” que agreden brutalmente a los opositores. La visita de Zapatero a Leopoldo no fue por razones humanitarias y ni siquiera para hacer la obscena propuesta a favor de Maduro de liberar a los presos políticos a cambio de no realizar el revocatorio, como informó cierta prensa, sino algo peor; suspender el revocatorio a cambio de “mejorar sus condiciones carcelarias”. La digna respuesta de Leopoldo fue la misma sostenida por la MUD: el revocatorio no es negociable.

En las condiciones de crisis humanitaria y represión oficial en Venezuela, la OEA no puede eludir su responsabilidad. Debió priorizar el referendo y no la distracción propuesta por el régimen para ganar tiempo. El texto de Almagro para debatir en la OEA sobre la Carta Democrática es un expediente de las barbaridades que se cometen en Venezuela que no pueden ser ignoradas por los demás países. El Parlamento Europeo insta al gobierno de Maduro a liberar a los presos políticos y respetar el revocatorio. El Parlamento paraguayo aprobó aplicar la Carta Democrática y el canciller uruguayo cree que la única manera de superar la crisis en Venezuela es un referendo. Tras la brutal agresión de la que fue víctima, el diputado Julio Borges lo dijo muy claro: “No hay golpe que nos saque del revocatorio y del cambio”. El presidente de la AN, Henry Ramos, añadió: “Vamos a ir donde sea a denunciar esta desgracia que está acabando con Venezuela”. Y es que la decisión del pueblo venezolano no tiene marcha atrás.

Marta Colomina

@colominam

Cuando la ambiciosa canciller argentina solicitó la reunión de cancilleres de la OEA del 1º de junio con el fin de anular el impacto causado por su secretario general, Luis Almagro, al anunciar el proceso de activación de la Carta Democrática en Venezuela por considerar que su régimen ha violado el orden democrático, existía una enorme presión nacional e internacional para promover un cambio urgente en el país que permitiese rescatar la democracia; reactivar el referéndum revocatorio que sacase a Maduro democráticamente del poder, fueran liberados los presos políticos, respetadas la autonomía y las decisiones del Parlamento de mayoría opositora y se atendiera con rapidez y eficacia la insostenible crisis humanitaria exacerbada por el régimen, al negarse a aceptar ayuda internacional mientras la población clama desesperadamente por alimentos, medicinas y seguridad.

Varios hechos, casi simultáneos, produjeron la tibia decisión de la OEA de ese 1º de junio 1): La invitación oficial a los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Torrijos y la cómplice Unasur, amigos del chavismo y portadores de la fórmula salvadora de un supuesto “diálogo” que ha ayudado a Maduro a “comprar tiempo” sin cambiar ninguna de sus prácticas  dictatoriales. Los 3 ex presidentes no emitieron crítica alguna sobre las muchas violaciones inconstitucionales del régimen, ni mencionaron el referéndum revocatorio, para el que se recogieron cerca de 2 millones de firmas. 2) Paralelamente, la señora Malcorra, canciller argentina, aspira al cargo de secretaria general de la ONU, para el cual el gobierno de Maduro le habría ofrecido el voto y el de sus compañeros del Alba, así que, en apenas días, vimos a Malcorra barriendo el piso con las promesas de su presidente Macri a favor de los presos políticos y de la urgencia de un cambio democrático en Venezuela, y 3) la oposición tropieza con la misma piedra, y viaja a República Dominicana para reunirse con los 3 ex presidentes y, dando así formal inicio, de cara a la opinión pública, del diálogo con el gobierno, aunque declarasen que nunca se sentaron en la misma mesa, ni se vieron las caras. Mucha más perspicacia tuvo la Conferencia Episcopal venezolana al “cuestionar a Unasur como garante del diálogo” porque el “bloque no tiene suficiente fuerza, ni es el actor adecuado, puesto que el chavismo tuvo que ver en su creación y desarrollo”. La CEV sostiene que “se requieren varios organismos internacionales reconocidos por ambas partes (…) porque la situación del país pasó de gravísima a mucho peor”, propuesta muy similar a la de Almagro. La MUD debió exigir que si no se incorporaba a esa mediación el secretario de la OEA, Luis Almagro, ellos no aceptarían ese “diálogo”, y pedir, como condición previa al inicio de tal “diálogo”, la fecha del revocatorio este año; emprender ayuda urgente a través de un canal humanitario administrado por organismos internacionales para impedir así la improvisación y corrupción oficiales; y el respeto a las decisiones de la AN, entre otras. El viernes 3, solo 2 días después de la reunión de la  OEA, el gobierno introdujo recurso de amparo contra la directiva de la AN, con amenazas de disolución y prisión.

Almagro se ha jugado la piel por defender la democracia y las libertades en Venezuela conculcadas por Maduro, y la ambición de Malcorra pretende descabezarlo. Citemos la reprobable conducta del presidente del Consejo Permanente, el embajador argentino, quien le negó la palabra al jefe del gabinete de la OEA en plena reunión, hecho que los veteranos del organismo consideraron insólita, como relata El Tiempo de Bogotá. Aunque en el texto de la resolución de la OEA se expresa el respaldo de los países miembros “a los procedimientos constitucionales”, incluido el revocatorio, solo Paraguay y Colombia hicieron mención específica del referéndum. No se estableció un plazo perentorio, así que puede transcurrir todo 2016 sin que el régimen cambie un ápice su conducta dictatorial y haya logrado pasar el revocatorio hasta 2017 y hasta anular el Parlamento y poner presa a su directiva, como ya contempla el recurso de amparo del viernes 3. Al siguiente día de la reunión de la OEA, al grito de “queremos comida, tenemos hambre”, una multitud fue reprimida en Caracas con bombas lacrimógenas y golpes, porque trataban de impedir que la GNB se llevase los alimentos de varios mercados de la zona para ser repartidos entre chavistas (CLAP). Fueron golpeados ferozmente 19 periodistas que cubrían las protestas, a quienes grupos civiles armados de Maduro (colectivos) les robaron sus equipos bajo la mirada complaciente de la GNB. Ese mismo día el CNE, cumpliendo órdenes oficiales de boicotear el referéndum, dejó plantada a la MUD y no anunció la fecha de validación de las firmas, como había prometido. ¿Ven los señores de la OEA algún propósito de enmienda?

Maduro rechaza la llegada de 100 toneladas de medicamentos donados por varios países y prohíbe la entrada al país de Cáritas y Cruz Roja, mientras niños y adultos mueren por falta de fármacos y crece la desnutrición de manera alarmante. Nadie duda ya en el mundo que en Venezuela “existe una grave alteración del orden constitucional democrático”, que hay presos políticos; que no hay separación de poderes y que el gobierno no tiene capacidad de respuesta para la grave crisis humanitaria”, como expresa Luis Almagro en su documento de 132 páginas. La OEA este 1º de junio ignoró las alarmas mundiales sobre la urgencia de crear las condiciones para una salida democrática a la crisis: 36 ex jefes de Estado y de gobierno reiteran su apoyo categórico a los acuerdos dictados por el Parlamento venezolano y por el secretario general de la OEA. “¡Qué vergüenza! –escribe Andrés Oppenheimer–. La decisión histórica del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de convocar a un debate regional sobre la ruptura del Estado de Derecho por el gobierno de Venezuela pretende ser descarrilada por un grupo de países que dicen respetar la democracia, pero que de hecho están ayudando a comprar tiempo al régimen venezolano”. Critica la capitulación de Argentina porque aspira al voto de Maduro para la Secretaría General de la ONU y la define como “hipocresía política”. La OEA no puede seguir demorando soluciones concretas para la estallante crisis venezolana, sobre la que el canciller español, García Margallo, advierte de “un caos en Venezuela que puede llevar a un conflicto violento”. El 2 de junio, el grito de “queremos comida, tenemos hambre”, fue apagado en Caracas por la bestialidad policial y militar. Ese día vimos  otra muestra del horror frente al cual la OEA no puede seguir escondiendo su cabeza debajo del ala.

Marta Colomina

@colominam

Los medios de comunicación del mundo relatan con asombro y horror las atrocidades que cometen el gobierno venezolano y sus mafias judiciales, militares y grupos irregulares armados, en medio de una gigantesca crisis humanitaria expresada en la atroz escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación que devora los devaluados salarios de los trabajadores, la corrupción desbocada que agrava la crisis, y la criminalidad que, como la inflación, es también la más alta del mundo. Los poderes públicos –con excepción de la AN, sitiada por el Ejecutivo, por la sala inconstitucional del tsj y del sector oficialista de la FANB– están al servicio de los desmanes de Maduro, convertido en un “dictadorzuelo” que, con las “sentencias” del ominoso tsj, ha despojado al Parlamento de sus atribuciones legales.

A esas acciones depredadoras se unen las cuatro jinetas del apocalipsis electoral, al retrasar descaradamente la convocatoria al referéndum revocatorio este año, cuando tendría la eficacia legal de sacar simultáneamente del poder a Maduro y a su régimen y llamar a nuevas elecciones. La última canallada del tsj ha sido la de reconocer, en la práctica, que Maduro no habría nacido en Venezuela, al “legitimar” con su sentencia de esta semana que él puede seguir destruyendo el país a través de la presidencia, a pesar de que la Constitución claramente exige ser venezolano por nacimiento y no tener doble nacionalidad. La “magistrada” responsable de tal traición a la Patria es la misma sobre la que el diario El Mundo de España ha documentado que su “posgrado” y su tesis para poder ser magistrada habrían sido aprobados generosamente por “profesores” del partido Podemos (entre ellos el descalificado Monedero,), todos asesores del chavismo y financiados por Chávez y Maduro con dinero venezolano. Alzaron también su brazo para aprobar tal delito constitucional, los “magistrados express” de la sala inconstitucional y el ponente, ex diputado del PSUV.

La guerra civil de Nigeria, conocida también como Guerra de Biafra, saltó a los medios por la terrible hambruna sufrida en varias de las zonas sitiadas y por las acusaciones de genocidio del mundo entero. Los médicos franceses que estuvieron en Biafra fundaron en 1971 Médicos sin Fronteras, ONG que, con otras muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, muestran hoy su gran preocupación por la enorme crisis humanitaria de Venezuela. A mediados de 2015 ya leíamos en la prensa internacional que “La Venezuela chavista se desliza hacia el abismo”, al referirse a la “cadena de homicidios, linchamientos y batallas a tiro limpio: el hampa toma las calles y eleva la cifra de asesinatos 8%”. En 2011 hubo 19.000 crímenes, equivalentes a 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que ya situaban a nuestro país como el más violento del mundo , al lado de Honduras y El Salvador. Al finalizar 2015 los crímenes llegaron a casi 30.000, así que no sorprende que esta necrología informativa fuese titulada: “Venezuela: más muertes violentas que en la guerra de Afganistán”. Y mientras estos crímenes ocurren, medios y redes sociales muestran a un grupo de la GNB en medio de la autopista a La Guaira, deteniendo taxis y otros vehículos, que suponen con viajeros que van al exterior, obligan a abrir las maletas, roban lo que les gusta, y les quitan los dólares. ¿Acaso el ministro López Padrino no ha visto los videos en Internet con pruebas gráficas sobre estos militares y sus delitos? ¿No ha leído el ministro las quejas de Consecomercio sobre la multiplicación de alcabalas en las carreteras que “encarece traer comida a Caracas porque los transportistas deben pagar en cada una de ellas el monto pedido por los militares de la GNB”? (quejas reportadas por los transportistas de vegetales provenientes del Táchira). La crisis humanitaria en Venezuela ha alcanzado dimensiones dantescas: “En 9 de cada 10 hogares venezolanos no les alcanza para comer”. Apenas 19% de la población no es pobre y la mayoría no consume proteínas de origen animal. Solo 5% tiene acceso a la leche; 12% no hace las 3 comidas y la desnutrición infantil supera 30%. Los daños causados por 5 años de hambre son irreversibles, documenta la prestigiosa fundación Bengoa. Y mientras los venezolanos pasan hambre, Maduro acaba de dilapidar en maniobras militares 26,6 millones de dólares y los recursos para inteligencia militar (¡!) aumentaron 232% en 2016.

“Pensar que en Venezuela la gente iba a pasar hambre era una idea inconcebible hasta hace algunos años. Pero es así. Al otro lado de la frontera se gesta una crisis humanitaria de inmensas proporciones, sin precedentes en el hemisferio americano, y que solo tiene trazas de empeorar” editorializaba El Tiempo de Colombia el pasado domingo. Ningún país petrolero, a pesar de la caída de los precios del crudo, registra el caos y la ruina de Venezuela. “Una enfermedad seria casi equivale a una sentencia de muerte, dada la inoperancia del sistema de salud, sumido en el desabastecimiento” acusa El Tiempo, como acaba de morir el niño Oliver Sánchez y tantos enfermos en los hospitales por falta de insumos mientras Maduro viaja a países del Caricom firmando convenios y cargado de alimentos con el fin de conseguir su voto en la OEA para que no le sea aplicada la Carta Democrática a su dictadura. Maduro responsabiliza de la crisis “a una conspiración del Imperio y hasta de Bogotá”, excusa con la que decretó un estado de excepción: “La razón de desconocer los casi 2 millones de firmas presentadas para el referéndum es obvia, indica el editorial: La impopularidad del gobierno es tan alta que una apabullante derrota es fácil de predecir”. En claro mensaje al silencioso presidente Santos, El Tiempo concluye que “en tales circunstancias, es indudable que Colombia no puede actuar como un espectador más… La comunidad internacional deberá aumentar la presión y ello incluye invocar la Carta Democrática en la OEA (para la que ya habría los 24 votos necesarios) pues la tragedia venezolana no da más espera”.

Así que la crisis de Venezuela es noticia en todo el mudo como lo fue la hambruna en Biafra. Ante las aberraciones de las mafias rojas divulgadas mundialmente, no nos sorprendamos de que los “magistrados express” decidan, a petición del rechazado Maduro, nacionalizar venezolano a Raúl Castro, nombrarlo a dedo presidente de Venezuela y pasar el estatus del país al de colonia cubana. Después de todo el apátrida Maduro hace tiempo que legitimó en la práctica tal traición a la patria.

Desde que asumió el poder sin que cumpliera la promesa oficial de auditar los cuadernos de votación y, según el CNE, haber “ganado” por muy estrecho margen, Maduro ha “desgobernado” el país a punta de leyes habilitantes y decretos violadores de la Carta Magna. Desde que el 16-D perdiera por paliza, ha estado actuando de espaldas a la Constitución, gracias a la pervertida sala (in) constituional del tsj, que ha declarado “constitucional” lo que a todas luces no lo es. No contento con haber renovado ilegalmente 2 veces el Decreto de Emergencia Económica –que en 5 meses de vigencia inconstitucional ha hecho estallar la inflación y la escasez, hasta llegar a la crisis humanitaria de ahora, con desabastecimiennto de medicinas y alimentos superior a 87%; inflación de 700%: caída del poder adquisitivo del salario de 40%; los precios controlados y los del mercado según el Cendas alcanza 1.893% y la canasta básica aumentó entre febrero y marzo a 26.968,50– ahora Maduro nos amenaza con decretar un estado de conmoción con el cual aumentaría la represión y militarización, para acabar con las multitudinarias protestas pacíficas e intentar así impedir el referendo revocatorio que sacaría a Maduro democráticamente del poder.

El DRAE define “conmoción” como “movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo. Tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo. Movimiento sísmico muy perceptible. Estado de aturdimiento o pérdida del conocimiento, producido por un golpe en la cabeza, por una descarga eléctrica o por los efectos de una violenta explosión” y el diccionario de sinónimos y antónimos nos ofrece una larga lista de sinónimos de “conmoción”, perturbaciones todas achacables al catastrófico desgobierno de Maduro que ha convertido a Venezuela en un país empobrecido (Conindustria declara que 8.000 empresas han bajado sus santamarías); desempleo, escasez de alimentos, medicinas y de todo, males insufribles enmarcados en una inseguridad extrema, de la que es reina la delincuencia organizada con armas de guerra que deberían estar en los cuarteles de las FAN.

Mientras el miércoles 18 arreció la represión de la GN y las policías con bombas lacrimógenas y golpes brutales contra las multitudinarias y pacíficas marchas en todo el país que pedían de nuevo al CNE la agilización del referendo revocatorio, para el que Tibisay y el psiquiatra han inventado 5 modos inconstitucionales de validación y una auditoría, con los que podrían invalidar 800.000 firmas, y con cuya trama llevarían el revocatorio hasta 2017, cuando nos dejarían al patético Aristóbulo al frente de la presidencia hasta 2019 –Maduro vociferaba en cadena nacional que “decretaría el estado de conmoción interna” si se presentaban hechos golpistas. Como si no fuera él y su régimen los que han dado golpes sucesivos contra el mayoritario Poder Legislativo, declarando inconstitucionales todas las leyes y resoluciones aprobadas por la AN y han llevado al país a una conmoción interna permanente a través de las humillantes colas, la inflación que exige más de 10 salarios mínimos para la adquisición de la canasta alimentaria, la escasez de medicinas por la que mueren cientos de pacientes y otra interminable lista de desgracias nacionales originadas en la corrupción e incapacidad oficiales. Grita Maduro que “hay amenazas graves sobre la paz del país”. ¿Cuál paz Nicolás, si el pueblo está a merced del hampa y nunca ha sufrido tanta represión, ni ese pueblo ha estado tan empobrecido y desamparado como ahora? (41 manifestantes pacíficos presos en la marcha del miércoles hacia el CNE, 19 fueron maltratados física y psicológicamente por funcionarios de seguridad del Estado, como denuncia el Foro Penal, y el jueves, 12 agentes del Sebin detuvieron al jefe de seguridad del presidente de la AN).  Según anuncio del ministro de la Defensa, este viernes por orden de Maduro, sacarían a 500.000 uniformados a la calle –entre militares, milicianos y paramilitares (colectivos)– con toda su artillería bélica “para prepararse ante una agresión externa”. Aunque su propósito es amedrentar a quienes masivamente salen a reclamar su derecho al revocatorio contra Maduro. Esa patética acción militar no solo demuestra la parcialización política del ministro, si no que el gobierno no ha entendido que ante un pueblo hambriento y harto de que sus derechos sean violados impunemente, no hay represión, ni amedrentamiento que valga. Maduro tiene en mente aumentar sus abusos por vía de una militarización extrema, y con ello está haciendo trizas a la FAN.

La catástrofe económica y política causada por su ineptitud está acelerando la caída de Maduro. Esta semana la AN pidió a la OEA y a su valiente secretario general, Luis Almagro, invocar la Carta Democrática con urgencia. Almagro acusó a Maduro de mentir y de traicionar a Venezuela, a la par que le advirtió  en contra de “jugar con la idea de un golpe de Estado o de atreverse a impedir el referéndum revocatorio que promueve la oposición, so pena de convertirse en un dictadorzuelo”. La respuesta de Almagro fue a causa de los graves insultos proferidos contra él por Maduro. Ningún país latinoamericano se ha desmarcado hasta ahora de la posición crítica de Almagro; por el contrario, la declaración del ex presidente uruguayo Pepe Mujica, de quien el hoy secretario general de la OEA fue canciller, recorrió el mundo: “Maduro está loco como una cabra por decir que Almagro es de la CIA”. También el actual canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novia, sostuvo esta semana que “la única manera de superar la situación crítica de Venezuela es una referéndum revocatorio del mandato presidencial”. El cambio de gobierno en Brasil y Argentina; las críticas a Maduro del gobierno de izquierda uruguayo y, en general, el repudio de muchos gobiernos y dirigentes democráticos mundiales a las prácticas dictatoriales de Maduro y su culpabilidad en la enorme crisis humanitaria, pronostican una derrota en la OEA y un estallido social que no se detendría, a pesar de la represión. El miedo de Maduro aumenta día a día. Suspendió la visita con el canciller de El Vaticano por temor a nuevas críticas, en cambio que recibió a 3 complacientes ex presidentes Zapatero, Torrijos y Leonel, quienes apelaron a la repetida trampa de “el diálogo” para ver si la MUD olvida el Revocatorio, cosa que no ocurrió.

¿Qué puede esperarse de gobierno tan perverso que acaba de excluir de la nómina de “Madres del Barrio” en San Fernando de Apure, a una abuelita firmante de la lista del revocatorio? Al saberse despedida por haber firmado, la abuelita dijo al periodista: “¿Voy a vender mi vida por 9.000 bolívares?” Lo dicho: contra la dignidad y rebeldía de un pueblo, no hay estado de conmoción que valga.

Marta Colomina

Los 17 años de chavismo y su larga lista de promesas incumplidas han sido una gran estafa. Ahora estamos comprobando el engaño de la tan cacareada “democracia participativa y protagónica” que prometía un protagonismo masivo del “soberano” en las decisiones de gobierno, cuando en realidad el autoritarismo de Chávez primero y la ya dictadura de Maduro después, han controlado a su antojo los poderes públicos. Maduro imparte órdenes contrarias a la Constitución sin respeto o consulta alguna a las instituciones democráticas y organizaciones populares. En el modelo de Estado del socialismo del siglo XXI, Chávez señalaba en 2006 que “había asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, la fraternidad, el amor, la libertad y la igualdad”. En 1999 prometía que su proyecto político de la revolución bolivariana estaría basado “en la tercera vía y el bolivarianismo” y en 2007 reformaba en la práctica la Constitución (aunque perdió el referendo) y dio el salto hacia el socialismo del siglo XXI, que no era otra cosa que el socialismo a la cubana. Chávez promovió la “creación de comunas socialistas” con un presunto sistema económico comunal que en realidad era un populismo político financiado desde el Estado con fines electorales, así como el supuesto apoyo a la organización obrera por medio de una inexistente autogestión, consistió en el control férreo de los sindicatos que condujo a la quiebra de las empresas estatizadas, no por culpa de sus trabajadores, sino de la corrupción e impericia de los gerentes rojos, en su mayoría militares, como ocurrió en las hoy improductivas empresas de Guayana. Sidor, por ejemplo, lleva más de un año paralizada.

Mientras fluyeron a borbotones los petrodólares, muchos creyeron que el modelo chavista funcionaba “a favor de los pobres”: misiones abundantes; becas para estudiar en organizaciones educativas creadas por el gobierno para ideologizar; aumento desaforado de la burocracia oficial; discurso populista; destrucción del aparato productivo agrícola e industrial con los “exprópiese”; aumento desaforado del gasto público; regaladera a sus compinches del exterior (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina, etc) que nos restó $ miles de millones, acompañada de un endeudamiento irresponsable y una corrupción desbocada, causantes de la ruina mendicante de la Venezuela de hoy, prueba irrefutable de la gran estafa en que devino el chavismo. Teodoro Petkoff pronto avizoró los dos resaltantes rasgos del chavismo: “el autoritarismo y el militarismo”, al que se le añade el “populismo”. Con indicadores tan dictatoriales, no extraña que Maduro no haya vuelto a nombrar la “democracia participativa y protagónica” y haya convertido en delito el voto del 6-D y las firmas para la solicitud constitucional de revocar su mandato, mientras el pueblo está siendo acosado por el hambre, la inflación, el desabastecimiento, las enfermedades, la falta de agua y electricidad y el crimen organizado, incluido el de los delincuentes financiados por el gobierno. No cita tampoco la “solidaridad, fraternidad, amor, libertad e igualdad del discurso de Chávez, convertidos hoy en su contrario: persecución, presos políticos, violencia, represión, desamparo y desigualdad: la pobreza ha llegado hasta 78% de la población mientras los “boliburgueses” lucen obscenamente su riqueza.

Maduro ha optado por la dictadura ejercida a través de las aberraciones del tsj que anulan las constitucionales decisiones del Parlamento, y la violencia de sus militares contra las manifestaciones ciudadanas pacíficas, como la que esta semana se dirigía hacia el cne (con minúscula) para reclamar su derecho a que se active el referendo revocatorio de un Maduro rechazado por más de 85% de la población. Perdigones y bombas lacrimógenas reprimieron la marcha, acosada por cientos de militares y policías, mientras el hampa anda suelta en el país. Todos vimos en las redes sociales al militar, cargado de rencor, cuando lanzaba el gas pimienta, prohibido internacionalmente, a la cara del gobernador Henrique Capriles, a sabiendas de que días antes había sido atendido médicamente de un problema dérmico en su cara. La prensa internacional narró la brutal represión militar y policial ordenada por Maduro, solo vista en dictaduras, y la valiente llegada al cne del estudiante Diego Hernández y su detención por un militar vergonzante, mientras los soldados aplaudían y se solidarizaban con Diego. El cne y el tsj siguen dando sus últimos estertores a favor del saliente Maduro: El cne retrasando descarada e ilegalmente la verificación de las firmas del revocatorio, amenazando con publicar la lista de firmantes y permitiendo al alcalde rojo Jorge Rodriguez, manosear, copiar y hasta quién sabe si adulterar las firmas recolectadas que deberían ser resguardadas celosamente por el organismo electoral.

¿Como puede sentirse el pueblo al saber que con los $ 5.600 millones de gasto militar en el chavismo pudieron haberse construido 56 hospitales; que sus hijos pierden muchos días de clase porque Maduro los declara no laborables con el fin de que no pueda hacerse su revocatorio este año; que con la terrible crisis humanitaria que vive Venezuela, Maduro sigue regalando a Cuba 100.000 barriles diarios de crudo; transfiere a los Castro $ 1.500 millones para una supuesta agricultura urbana, y le perdone a Nicaragua $ 3.500 millones que nos adeudaba y cargue tal deuda a la quebrada Pdvsa? ¿Sabe Maduro que el pueblo hambriento se está preguntando quién paga la milmillonaria cuenta de la defensa de los presuntos narcosobrinos en Estados Unidos y sabe que los rojos de Podemos de España recibieron millones de dólares del chavismo mientras que 70% de las parturientas venezolanas se contaminan en quirófanos de la Maternidad y que ya no les llega comida porque el gobierno no paga a los proveedores, mientras ven en las redes sociales «las rumbas» de los hijos de los boliburgueses en Miami y sus lujosas propiedades en todo el mundo?) ¿Maduro en verdad cree que con sus delictivos cne, tsj y sus militares rojitos va a contener la avalancha de protestas de un pueblo indignado, hambriento y desamparado?

Marta Colomina

@colominam

 
El término forajido –nos dice el DRAE– es usado como sinónimo de bandido, malhechor, asaltante o bandolero, entre otros. Y nos aclara que, además de personas, existen “países forajidos”, entre los que se cuenta la Venezuela de Maduro, como se puede comprobar en cualquier lugar de búsqueda en Internet. Los “Estados forajidos –transcribimos– son vistos como aquellos que poseen gobiernos fracasados durante su gestión (…) y se caracterizan por no respetar los derechos humanos y convertir las normas éticas y sociales de la comunidad en un comportamiento de bandidos. Un Estado forajido incumple leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial (…) Actualmente Venezuela es el vivo caso de un Estado forajido debido al constante rechazo e incumplimiento de todas las decisiones por parte de los organismos internacionales, especialmente en el caso de la liberación de los presos políticos, del respeto de los derechos humanos”, y el desconocimiento y acoso al recién elegido Poder Legislativo, contra el que actúa un tsj devenido en partido político de Maduro. El chavismo en el poder no ha cumplido ninguna decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de organismos de protección del sistema universal de derechos humanos, a la par que viola constantemente la Constitución.

La última “hazaña” forajida de Maduro es la amenaza de la misión venezolana ante la OEA de “destituir” a su secretario general, Luis Almagro, por anunciar que a fines de abril el Parlamento venezolano solicitaría en ese organismo la invocación de la Carta Democrática, mecanismo de defensa de la democracia aprobado por la OEA en 2001. Para el embajador chavista, Bernardo Álvarez, tal anuncio configuraría “un intento de usurpar la autoridad y soberanía del Estado y en el desconocimiento de su gobierno”. Álvarez tiene el tupé de argumentar que “ni el secretario general ni otro Estado miembro pueden invocar la Carta Democrática sin autorización del gobierno” porque “no se da el requisito que recoge el artículo 20 de que haya una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Álvarez pretende que el mundo crea las mentiras del gobierno más desprestigiado del continente, al jurar que “en Venezuela no hay ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo lo establecido en la Carta, porque no existe una ruptura o alteración del orden constitucional”. Es decir, que para Álvarez un tsj (con varios magistrados con antecedentes penales) al servicio de Maduro, que declara inconstitucionales las leyes aprobadas por la AN elegida por el pueblo, “no significa una ruptura del orden constitucional”. Recientemente, ante la consulta del gobierno de Maduro a la ONU sobre la legalidad de la Ley de Amnistía, la organización reconoció su legalidad y sujeción a los estándares de derechos humanos, de ahí el rechazo de la ONU a la decisión del tsj de declararla inconstitucional. Repulsa también expresada por varios gobiernos y miles de demócratas del mundo.

Al enchufado embajador no le parece que “afecte el orden constitucional” la negativa de Maduro a recibir ayuda humanitaria internacional de medicinas y alimentos para paliar la hambruna y la criminal escasez ocasionada por la desbordada corrupción oficial, mientras los hospitales operan con solo 5% de insumos y equipos”; o que se haya cuadruplicado la mortalidad de recién nacidos; que haya muerto una docente embarazada sin atención médica porque el MPPE le debe una millonada a las aseguradoras; que Barrio Adentro esté en ruinas; y que cientos de venezolanos mueran con enfermedades curables porque no dispusieron de medicamentos, mientras las medicinas que llegan de Cuba y China están vencidas, y cuñados del ex ministro de alimentación habrían cobrado presuntamente 6 millones de dólares de comisión por traer carne descompuesta al país. ¿Piensa Álvarez que tantas muertes y delitos “no alteran el orden constitucional”; mientras Maduro sigue regalando a Cuba 100.000 barriles de crudo al día, recientemente envió a los Castro 1.400 millones de dólares para “agricultura urbana”; le ha cargado a la quebrada Pdvsa 3.500  millones de dólares que adeudaba Nicaragua a nuestro país, o le vende electricidad a Brasil 7 veces más barata que el precio internacional, en tanto que los estados Bolívar y Anzoátegui están a oscuras? Que Venezuela tenga la inflación y escasez más altas del mundo habiendo disfrutado Chávez y Maduro de más del doble de los recursos recibidos por los gobiernos juntos de Betancourt, Leoni, Caldera (1 y 2), Luis Herrera y CAP (1 y 2) y que hoy estemos sin luz ni agua, sin alimentos ni medicinas, por la ineptitud, negligencia y corrupción del régimen ¿no viola los derechos de los ciudadanos y el orden constitucional? Sustituir la propiedad privada por lo que el chavismo ha llamado “propiedad social” ¿no ha sido la causa del derrumbe de la producción y de las criminales colas en las que la violencia y la escasez reinan, hasta el punto de que “en Delta Amacuro acaban de saquear un camión de basura en búsqueda de comida descompuesta”? Que hasta el ministro de la Defensa envíe un comunicado a oficiales y tropa pidiendo extremar sus medidas de seguridad porque la delincuencia ha asesinado a varios militares con armas de guerra provenientes de los cuarteles (a cuyas muertes hay que sumar las casi 30.000 de 2015), ¿no constituye prueba del fracaso rotundo del gobierno militarista de Maduro, y una negación del derecho constitucional a la seguridad personal? Si asesinaron a un escolta de Cilia Flores, ¿qué cabe para los venezolanos de a pie? “Cada 3 horas una madre entierra a su hijo”, titula la prensa internacional para ilustrar la negación del derecho a la vida en la Venezuela de Maduro. Que el fiscal del caso de Leopoldo López dijese que los cargos contra él fueron inventados por el régimen, como ocurre con los demás presos políticos ¿tampoco afecta “el orden democrático”? Que los diputados opositores se vieran obligados a encadenarse a las puertas del CNE para reclamar por enésima vez la planilla para procesar el revocatorio de Maduro y fueran salvajemente desalojados por la guardia nacional (con minúscula), previa agresión de los grupos violentos del gobierno, ¿tampoco afecta “el orden constitucional” y justifica la invocación de la Carta Democrática?

La popularidad de Maduro está en picada: generosamente le otorgan 15%. Opositores y 60% de los chavistas piden a gritos su salida, mientras la AN le reclama oficialmente su muy oculta partida de nacimiento. Solicitud que seguramente al embajador forajido le parecerá un intento de violentar el inexistente orden constitucional.

Marta Colomina

 
El DRAE define “exterminio” como el “acto de acabar del todo con una cosa como si se desterrara, extirpara o descastara”. Y “exterminar” como: “Desolar, devastar por la fuerza de armas”. Eso es lo que Maduro y sus poderes, infectados hasta los tuétanos de corrupción, ilegalidad y violencia, están haciendo en Venezuela: exterminando la institucionalidad democrática y robándole al pueblo su soberanía ejercida masivamente a través del voto. El próximo paso exterminador es la “enmienda de un solo artículo que reduciría el período de los integrantes de la AN a 60 días”, redactada por el patético leguleyo que en vida de Chávez nos pedía “salir a la calle a protestar y no regresar a nuestras casas hasta que el ‘tirano’ no abandonase el poder”. La tal enmienda –añade el “constitucionalista” que se pasa la carta magna por el… bolsillo– pasaría directamente no a la AN, sino al brazo político (por no decir antro) de Maduro, el tsj, donde le darían el mismo plumazo que al robo de la mayoría calificada con la suspensión de los 3 diputados opositores de Amazonas; a la impunidad otorgada a los “enchufados” para seguir delinquiendo al darles la patente de corso de no ser investigados, ni interpelados por la AN; concederle falsa “constitucionalidad” al mamotreto de emergencia económica de Maduro, en el que se multiplican las aberraciones económicas que han quebrado el país; a declarar la nulidad de la Ley del Banco Central aprobada por la AN que impedía al instituto emisor seguir ordenando la impresión de dinero inorgánico que coloca a Venezuela con la mayor inflación del mundo. El domingo, cuando salga este artículo, quizá el tsj ya habrá cumplido la orden de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, que el desmemoriado Nicolás llama despectivamente “ley de amnesia criminal”. Amnesia la de Maduro y su desgobierno, que están batiendo récords de muertes violentas (casi 30.000 en 2015); que él y su ministro de la Defensa (ahora devenido en político activísimo al servicio de la revolución) se hacen los locos sobre las bandas criminales apertrechadas con armas de guerra sacadas de los cuarteles por los caminos verdes, y que lanzan granadas contra instalaciones policiales. La última incursión criminal en El Valle causó la muerte de 3 policías y la fuga de numerosos delincuentes que estaban presos. El día anterior otra banda había hecho operación similar en Maracay. El leguleyo tránsfuga que propone acortar a 60 días la AN también olvida que la enmienda tiene que ser sometida a consulta popular, donde el revolcón electoral sería inminente. Claro que, si las cosas siguen como van, con militares activos dictando normas inconstitucionales para que la “revolución” se eternice en el poder, cabe esperar que cualquier día se presenten con los “argumentos” de sus Kalashnikov en la AN, y saquen a empujones a los diputados opositores y sus más de 8 millones de votos.

Lo decía estos días el presidente de la AN, Ramos Allup: El gobierno está cerrando todas las vías democráticas (…). Están aferrados al poder cuidando el botín y la supervivencia”. Al combo del tsj, se une ahora la FANB –o una parte de ella– al asumir la atribución que no le corresponde de “evaluar la Ley de Amnistía y su impacto en el Estado de Derecho, impunidad y derechos humanos”. Diego Arria analiza con rigor la extralimitación del ministro de la Defensa, López Padrino, contra la Ley de Amnistía, y cita estos insólitos párrafos de la arenga ministerial: “Las FANB no pueden aceptar esta propuesta muy peligrosa de ley que viola la Constitución y atenta contra el Estado de Derecho. Busca el autoperdón y olvidar los crímenes cometidos en 2014 durante las protestas antigubernamentales, que mataron a más de 40 personas. Favorece la violación de los derechos humanos y atenta contra la paz y la democracia del país. Avala a los que cometen delitos comunes y está hecha para nombres específicos. La ley concede impunidad a delitos de lesa humanidad. Provocaría una descomposición institucional y moral en el pueblo; atenta contra la paz con consecuencias nefastas para la democracia y la estabilidad de las instituciones. Y atenta contra el orden militar, el espíritu de cuerpo y la disciplina de las FANB”. Padrino toma esta cita del Libertador: “La impunidad es un germen destructivo de la sociedad”.

A ver, señor Padrino: ¿quiénes fueron los que dispararon, torturaron y asesinaron a los estudiantes en las protestas de 2014? ¿No fueron, en su mayoría, militares activos, hoy a su mando? ¿De quién es la impunidad citada por el Libertador? ¿Quién pone en peligro la estabilidad de las instituciones y atenta contra la paz y la democracia? ¿La Ley de Amnistía que intenta liberar a inocentes –y usted lo sabe– o las bandas delictivas en poder de las armas de guerra que usted debe cuidar, y la mácula de tanto militar y enchufado investigados por narcotráfico y hasta terrorismo, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿Lleva usted la cuenta de los militares incursos en narcotráfico? Tampoco ha respondido a Ramos Allup sobre las muertes de oficiales porque granadas vencidas les estallan en sus prácticas militares, mientras las bandas delictivas y hasta los presidiarios poseen granadas en buen estado. ¿Vio las denuncias sobre militarización y vejámenes de los militares en las minas, a un mes de la masacre de Tumeremo? Rocío San Miguel acaba de publicar un enjundioso estudio de su ONG, Control Ciudadano, en el que demuestra que usted “se insubordina ante el poder civil” y “ejerce funciones de operador político de la revolución”. La Constitución es clarísima, general Padrino: la FANB (no dice chavista ni revolucionaria, ni bolivariana, le recuerda Diego Arria) es una institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, al servicio de la nación. Usted está violando la Constitución y el voto popular. Sepa que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que la Ley de Amnistía reforzará la democracia en Venezuela, y cientos de organizaciones democráticas del mundo la están apoyando y defendiendo. Otra activista del exterminio institucional es Tibisay Lucena, al aludir una “exclusividad” que el CNE no tiene en materia de leyes electorales (como le refuta el rector Rondón), todo para impedir el indetenible revocatorio de Maduro. Y así hasta el infinito.

El golpe está claro: cerrar la AN. “Si aquí gana la derecha –recién dijo Maduro– yo me pondría al frente de la insurrección cívico militar”. Ya no es solo una orden para el tsj, sino para las FAN. Se trata de “desolar, devastar por la fuerza de armas” (incluidas las de sus “colectivos”) lo que queda de institucionalidad, mientras crecen el hambre, la violencia, las enfermedades y la pobreza.

Marta Colomina

Venezuela es un polvorín en manos del gobierno y de su brazo político, el tsj, que puede ser activado por un pueblo desesperado sin alimentos ni medicinas, con pobreza creciente (70%), acosado por la criminalidad y la inflación más alta del mundo y que, además, ve burlada su voluntad soberana expresada masivamente a través del voto del 6-D. Las acciones del régimen de Maduro no se orientan hacia la búsqueda de soluciones concertadas con todos los sectores nacionales para salir de la estallante crisis que nos ha convertido en el país más arruinado del continente a causa de la corrupción y despilfarro oficiales, sino en violar flagrantemente la Constitución para permanecer “como sea” en el poder, a pesar de que 85% de la población clama por la salida pacífica de Maduro y su sustitución por un gobierno de concertación nacional.

El tsj acaba de declarar “inconstitucional” la ley del BCV aprobada por la nueva AN que ponía fin al decreto de Maduro con el cual el instituto emisor se convertía abiertamente en su caja chica, y podía nombrar a dedo a toda su directiva. En cualquier país democrático, su banco central goza de autonomía para así garantizar que el interés nacional quede a salvo de los abusos y corrupción del poder. Con apenas 3 meses de la nueva AN, el tsj al servicio de las aberraciones inconstitucionales de Maduro acabó con  la mayoría calificada opositora, mediante la cual podía remover magistrados, rectores del CNE e integrantes del mal llamado Poder Ciudadano, todos obscenamente politizados a favor del régimen. La sala electoral rojita interrumpió sus vacaciones navideñas para suspender la elección de los 4 diputados de Amazonas (tres de los cuales son opositores) con el peregrino argumento de que “había muchos votos nulos” y la acusación de “compra de votos”, nunca probada, por ser incierta. El caso está engavetado hasta el punto de que tampoco han llamado a nuevas elecciones en Amazonas porque saben que las perderían por paliza. Las “sentencias” de la sala (in)constitucional del tsj son todas anulatorias de las atribuciones del nuevo Parlamento, a saber: declarar “constitucional” el adefesio del Decreto de Emergencia Económica de Maduro que no combate la crisis económica, sino que amplía las políticas erradas que han llevado a Venezuela a la ruina y acabado con la agricultura, la industria, los servicios y la salud de los venezolanos. Maduro “está raspando la olla”: está vendiendo el poco oro monetario que nos queda, entregando la minería a empresas trasnacionales, incluidas parte de las filiales de la hoy arruinada Pdvsa (los crímenes de Tumeremo podrían formar parte de la urgencia de “limpiar la zona” para entregarla a sus nuevos dueños). Ninguna de estas operaciones han sido para paliar las necesidades del pueblo, sino para aumentar el gasto público (acaba de crear 9 nuevos ministerios, hasta llegar a casi a 50 y más de 140 viceministerios). Una mirada a la desolación del país nos muestra un sistema eléctrico destruido, con constantes apagones de los que oficialmente culpan al fenómeno de El Niño: 60 millardos de dólares en plantas, equipos, y turbinas que, en su mayoría, no llegaron al país, o se compraron usados, y nunca funcionaron (solo 28% de las plantas eléctricas compradas a Cuba a precio exorbitante está operativo). Las hidrológicas demuestran la negligencia y corrupción durante los 17 años de gobierno chavista, culpables de la carencia de agua en toda Venezuela, hasta límites de crisis humanitaria (la sarna y los piojos reinan). El Proyecto Tuy IV, que debía haberse concluido en 2007, sigue paralizado en 2016 (con lo dilapidado en la última campaña electoral de Chávez podrían haberse construido 3 represas), pero sí hay millones de dólares para comprar armas a China y Rusia que llegarán a fines de este  año. El chavismo abandonó también la represa Yacambú-Quíbor, en la que se han gastado más de 1 millardo y solo registra 50% de lo programado. Igual ocurre con los hospitales y su mantenimiento: “A los venezolanos nos envían al hospital a morir” relatan medios internacionales. Tampoco han hecho mantenimiento de las infraestructuras y equipos bajo control del gobierno: las refinerías de Pdvsa son una ruina, al igual que el resto de sus instalaciones. La revista Dinero acaba de publicar un reporte sobre el caos de las empresas del Estado y el declive de su producción (Industrias Diana, Mercal Producción, Lácteos Los Andes, etc.). ¿Ustedes han visto en los anaqueles algún paquete de harina de maíz de las 16 plantas que tiene el Estado? Hasta el ministro Faría reconoce que “las empresas expropiadas no producen”. El sector privado hace 4 años que no recibe divisa alguna para insumos y equipos, mientras Cuba sigue recibiendo gratis 100.000 barriles diarios de crudo venezolano. Maduro confiesa desvergonzadamente que la “revolución venezolana mantiene a países del Caribe” mientras los venezolanos mueren de mengua.

El gobierno, que ordenó las muertes y torturas de quienes participaron en las protestas de 2014, dice cínicamente ahora “que los asesinos de las 43 personas durante las protestas no pueden ser amnistiados”, adelantándose así a una nueva sentencia de “inconstitucionalidad” del tsj sobre la Ley de Amnistía. Los mismos que celebraron el perdón a favor de Chávez con sus muchos muertos del 4-F. Las críticas a la AN de algunos demócratas nos parecen injustas, porque nuestros diputados están haciendo lo que pueden   ante un régimen dictatorial apoyado delictivamente por los demás poderes, incluidos sus militares armados. Sin embargo, sería bueno que además del trabajo parlamentario, los dirigentes de los partidos y sus millones de activistas rompieran la censura mediática oficial yendo de casa en casa, informando al pueblo que no habrá comida en los anaqueles, ni medicinas en las farmacias, ni hospitales equipados, ni electricidad, ni agua en nuestros hogares, ni seguridad en las calles, ni tampoco disminuirá la inflación mientras Maduro y sus huestes sigan en el poder. Y que quienes están impidiendo que la soberanía popular sea respetada para producir los cambios pacíficos que los venezolanos reclamamos, son los magistrados del horror que están al servicio de la dictadura de Maduro y dirigentes rojitos tan aberrantes como el dizque abogado constitucionalista que sacraliza en las redes sociales y en la hegemonía mediática oficial la reedición del horror de las Lista Tascón: “Si a Maduro quieres revocar, tu firma y cédula las van a publicar”.

Así que el régimen no se asombre de que cualquier día de estos, con tanta provocación, el pueblo se plante masiva y pacíficamente a las puertas del tsj reclamando sus derechos electorales conculcados por un “poder” secundario, que no puede estar por encima de la carta magna, ni burlarse del voto popular en el que descansa la verdadera soberanía constitucional. Tic, tac, tic, tac.

Marta Colomina

@colominam

La cronista siente una sana envidia al ver en Brasil una clara muestra de la separación de poderes, que es la esencia de la democracia, a diferencia del despreciable Poder Judicial en la Venezuela de Maduro, puesto al servicio del gobierno para aniquilar la autonomía del Parlamento, perseguir a la disidencia y otorgar inmunidad a la corrupción y a los múltiples delitos oficiales. El mundo observa con asombro esta semana el derrumbe del mito del ex presidente Lula da Silva, quien de la lucha contra la pobreza en su primer gobierno, devino en gigantescas chapuzas de corrupción en su segundo mandato, por las que está siendo juzgado ahora. Cientos de miles de ciudadanos tomaron las calles para protestar por el escándalo de un audio grabado por la policía, cuya emisión fue autorizada por el juez, en el que se escucha una llamada de la presidente Rousseff a Lula, en la cual le comunica su nombramiento como ministro de la Presidencia desde el que controlaría todos los resortes del poder y que le otorgaba la inmunidad para  “evitar que vaya preso”. Solo el Tribunal Supremo podría juzgarle, en proceso muy complicado. El expediente sale de las manos del juez Sergio Moro, quien ha llevado el caso de la enorme corrupción de los sobornos de la empresa Odebrecht a altos ejecutivos de la petrolera Petrobras y de algunos políticos, entre ellos Lula. El ex presidente se convierte en “gestor” de los grandes contratos de la entonces gigante Odebrecht, incluidos los leoninos convenios con el Estado venezolano, con costos hasta seis veces superiores al promedio internacional, gracias a la estrecha relación entre Lula y Chávez. La publicista Mónica Moura, esposa y socia del periodista Joao Santana, hoy preso en Brasil por corrupción, hizo con él varios trabajos publicitarios para Chávez. Moura le dijo a la Policía Federal que Odebrecht utilizó fondos reservados, considerados ilegales en Brasil, para pagar parte de la campaña de 2011 de Chávez, según publica O Globo. “Los pagos se realizaron a través de la misma vía utilizada para pagar sobornos a ex directores de Petrobras y no fueron declarados ni en Brasil, ni en Venezuela. Según la Policía Federal esta ha sido la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. Moura y Santana –autores de campañas como la del corazón y otros señuelos propagandísticos usados por Chávez en procesos electorales– habrían recibido 7,5 millones de dólares en sobornos. La campaña de Chávez, según Moura, habría costado 35 millones de dólares, pagada con fondos no declarados.

El gobierno de Maduro acaba de contratar a la empresa brasileña Entrelinhas, según publica la Folha de Sao Paulo, para “rescatar” su muy deteriorada imagen. Las mentiras, pagadas en dólares que Maduro le quita a la compra de medicinas y alimentos para el pueblo, ya están siendo difundidas en el monopolio mediático oficial. Está el video donde una actriz funge de mujer “humilde” que reconoce que “la cosa está muy dura” y que “hay desabastecimiento, todo está muy caro” y culpa de ello a la inexistente “guerra económica”, para luego –sigue Folha–hacer un psicodélica comparación con un “pasado” donde  afirma “que no teníamos qué comer, mi mamá iba al mercado a buscar huesos para hacer sopa, y a veces hasta tuvimos que comer comida de perros”. Monstruosa mentira repetida por Chávez, a sabiendas de que la “perrarina” siempre ha sido mucho más cara que la harina PAN o el arroz, así que mal podían comerla, teniendo acceso a otros alimentos “humanos”, mucho más baratos.

Solo cuatro horas le duró la inmunidad a Lula, porque un magistrado del Tribunal Federal de Brasilia suspendió cautelarmente su nombramiento, mientras en las redes sociales se cumplía el aforismo de que “la lengua es el castigo del cuerpo”. Los brasileños le recuerdan a Lula la frase que tanto repetía cuando estaba en la presidencia: “En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel, cuando un rico roba, se convierte en ministro”. La Corte Suprema de Brasil ya ha recibido varias solicitudes de que siga el enjuiciamiento de Lula y la Cámara de Diputados aprobó una comisión para determinar una apertura de juicio contra Rousseff, que podría ser destituida a fines de abril o principios de mayo, en un proceso revivido estos días con la obscena “inmunidad” otorgada a Lula para evadir la acción de la justicia. La envidia de la cronista se extiende hasta la libertad de prensa y medios de comunicación cariocas, que han contribuido a develar la corrupción que ha minado importantes instituciones de Brasil. Su Parlamento ha sido solidario con la lucha de la oposición venezolana por reconquistar la democracia y liberar a los presos políticos. Un repaso  al artificio chavista del ALBA y comprobaremos que en Venezuela tenemos lo peor, de lo peor: periódicos críticos cerrados por falta de papel (como El  Carabobeño), o sus dueños amenazados con prisión por los tribunales rojos por documentar casos de corrupción de testaferros del poder, como El Correo del Caroní, o el acoso a El Nacional, La Patilla y Tal Cual. Sin olvidar la castrante censura en los medios audiovisuales (Correa en Ecuador también persigue a los medios).

Sin un Parlamento libre y respetado por los demás poderes, una justicia autónoma y justa, y sin libertad de expresión, no tenemos democracia, sino dictadura. Mientras el tsj siga aupando los graves delitos oficiales, el gobierno no entregará a la AN lista alguna de las empresas de maletín y “enchufados” que se apoderaron de las reservas internacionales; ni devolverán fincas y empresas confiscadas a sus legítimos dueños; ni liberarán a los presos políticos; ni castigarán a sus corruptos. Mientras en Brasil los directivos de Petrobras están enjuiciados y presos, quienes desfalcaron a Pdvsa están en embajadas o cargos en los que siguen robando. Chávez nombró ministros de la Defensa a generales acusados de narcotráfico en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: ni uno solo de los acusados por Makled ha sido enjuiciado. El CNE ya está manipulando para retrasar el revocatorio que, de dejarlo para el próximo año, al salir del poder se quedará Aristóbulo hasta 2019.

Algo estamos haciendo mal los venezolanos que no protestamos ni estamos en las calles, y algo más deberá hacer la AN, maniatada por las inmorales prácticas del tsj. Algo distinto hay que hacer urgentemente para salir democráticamente de Maduro y del tsj, tema de una futura entrega.

Marta Colomina

@colominam

Cada día y cada mes que transcurre en Venezuela con Maduro al frente del peor de los gobiernos que ha padecido el país, es un día y un mes más de sufrimiento atroz para todos los venezolanos. El mundo nos tenía por un país rico, con las reservas petroleras mayores del mundo. Y así era hasta que llegó el chavismo al poder, plagado de “enchufados” ambiciosos e ignorantes, que instalaron el castrocomunismo del hambre y la miseria para los demás, y de nuevorriquismo para ellos, los boliburgueses rojitos, a cuyos integrantes, civiles y militares, los vimos pronto en posesión de vehículos y mansiones de lujo (hoy el Country Club es casi todo suyo) y nutridas cuentas en paraísos fiscales, mientras el país se endeudaba y se empobrecía hasta llegar a la indigencia de hoy, sin divisas, sin comida, ni medicinas, ni repuestos para nadie (excepto para ellos). Contra este enorme  engaño, trastocado en hambre, enfermedades y abandono oficial, el pueblo votó masivamente en las elecciones legislativas del 6-D, frente a cuya derrota Maduro, siguiendo su propósito de no abandonar el poder, arremete contra la soberanía popular, a través de su brazo político, el tsj (con minúscula). Cada vez que la AN hace uso de sus potestades constitucionales para restablecer los derechos democráticos en el país, la sala (in)constitucional castra ilegalmente las atribuciones del Poder Legislativo, hasta llegar a la minusvalía de ahora.

Con los poderes Ejecutivo y Judicial alineados contra la voluntad electoral del pueblo y con un delictivo abandono de su obligación de solucionar los insufribles problemas económicos generados por la galopante corrupción e ineptitud oficiales, Maduro juega al desgaste del liderazgo opositor en la AN, a través de las inconstitucionales sentencias de su tsj y de las insultantes campañas difundidas por su masivo aparataje mediático. Ni un solo mea culpa del “liderazgo” rojo sobre las inhumanas colas de los millones de personas que esperan, ante anaqueles vacíos de mercados y farmacias, los alimentos y medicinas que necesitan para no morir. Ni una sola expresión de autocrítica ante el caos nacional: solo falsas acusaciones y hasta burlas repetidas contra la oposición. “Lo que han destruido en 17 años no puede ser reconstruido en 2 meses” replica, con razón, el diputado Enrique Márquez, vicepresidente de la AN, ante expresiones aberrantes como las del oficialista Héctor Rodríguez de que “en estos 3 meses la AN no ha sido útil para los venezolanos, porque no han logrado nada en el tiempo que llevan dirigiendo el Poder Legislativo”, a sabiendas de que el indecente tsj que ellos controlan se ha declarado enemigo de la soberanía popular y de la Constitución, con sus sentencias ajustadas a las órdenes del régimen chavista. Este personaje expresó hace tiempo que no era conveniente sacar al pueblo de la pobreza, porque podían convertirse en “escuálidos”, y no hace mucho culpaba de los problemas del país a la “incultura” e “ignorancia” del pueblo.

Cierto que la oposición está trabajando duro desde la AN para cambiar los instrumentos legales que permitan restablecer la justicia perdida en el país y lograr que Maduro abandone el cargo. Por ejemplo, esta semana fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica de Referendos, para adaptarla a la Constitución y evitar que se repitan ignominias como la “lista Tascón”, que tanta persecución, despidos y miedo causó entre los venezolanos. Esa ley no solo acortará el camino al revocatorio, como afirma el diputado Julio Borges, sino que impedirá al Ejecutivo y al tsj tener acceso a la lista de votantes y otras formas de presión. A causa de la prohibición del tsj de la acción contralora de la AN, el Parlamento está comenzando a recibir críticas opositoras sobre su aparente lentitud y hasta su posible ineficacia. La colega Marianella Salazar se queja de que a casi 3 meses de estar la AN “con abrumadora mayoría” aún no haya “destituido a ese nido de artimañas (tsj)” y pide “exigir a la MUD que apruebe urgentemente la destitución de esos magistrados exprés designados fraudulentamente”, a la par que solicita “la movilización nacional para exigirle la renuncia a Maduro”, petición extendida, que no parece escuchar la dirigencia opositora, dado que no han convocado a manifestación pacífica alguna. Hay quejas también sobre las voces discordantes en la MUD con fórmulas distintas para salir de Maduro (revocatorio, renuncia enmienda, etc.), opciones sin dilucidar aún, que ocurren paralelas a la desesperación popular ante la criminal escasez de medicinas y alimentos y la inflación más alta del mundo, problema cuya solución no descansa en la voluntad de la AN, sino en  la irresponsabilidad de un Maduro incapaz, dilapidador y sectario.

Así las cosas, bueno sería que la AN no se dispersase, a partir de ahora, en actividades que, aunque necesarias, no tengan la urgencia que requieren dos asuntos fundamentales: acabar con el viciado monopolio del chavista tsj y agilizar los mecanismos más seguros para salir rápida y democráticamente de Maduro. Dado que la sala (in)constitucional de 7 miembros (3 de ellos exprés) sentenció que la “AN no tiene competencias para destituir o anular magistrados”, urge la reforma inmediata de la Ley Orgánica del TSJ que aumente el número de magistrados no solo de la tan podrida sala, sino de todas las demás (a 70 en total: un atajo contra los reyes del atajo). A 2 rectores chavistas del CNE se les vence este año su período, así que, con un CNE de 3 independientes contra 2 chavistas, las manipulaciones perversas cesan. Y mucha calle, calle pacífica y más calle. No hemos visto reclamos públicos masivos a favor de la incorporación de los 3 diputados de Amazonas (el horror de Tumeremo puso al pueblo en la calle). Y paciencia: mucha paciencia. El régimen está aislado nacional e internacionalmente, tanto que la AON advierte que invertir en Venezuela es tan peligroso como hacerlo en Siria o Irak, de ahí que Maduro apele al “decreto del arco minero” suspendiendo garantías constitucionales y raspando la olla minera. Nicolás se sostiene entre los alfileres de su sala (in)constitucional y el frágil apoyo de militares y civiles vinculados al narcotráfico y a la corrupción. Signos cada vez más perecederos de un poder que no puede seguir sosteniéndose con la soberanía popular masivamente en contra.

Marta Colomina

@colominam