Bien lo dijo el diputado Omar Barboza en su brillante intervención en la AN cuando fue rechazado categóricamente el golpe de Estado contra el Parlamento, dado por la sala “in-constitucional” del tsj (con minúsculas), devenida en brazo político de Maduro: “El único poder legitimado por el pueblo en estos momentos es el Poder Legislativo, el resto de los poderes (incluido el poder judicial y su ominoso tsj ) están siendo rechazados por el pueblo venezolano, como consecuencia de la crisis que ha generado este gobierno, que se expresa en la escasez de alimentos y medicinas, en el alto costo de la vida, en la inseguridad ciudadana, y en la corrupción con impunidad. El Poder más legítimo que actúa hoy es la AN. La soberanía popular descansa intransferiblemente en el pueblo y la legitimidad de los poderes públicos se deriva de la soberanía popular. Nosotros no vamos a permitir que por razones políticas el poder judicial se inmiscuya en las atribuciones de la Asamblea Nacional y limite su ejercicio…El cambio es indetenible y no lo va a detener la maniobra de un poder judicial controlado por el partido de gobierno”.

“Corrupción con impunidad”: ahí está la clave del golpe judicial del desprestigiado tsj a través de la sentencia Nº 9, detritus judicial emitido al conocer el inminente propósito de la AN de revocar la designación de los “13 magistrados express”, en cuyo proceso se encontraron 17 graves irregularidades. De un plumazo la sala determinó que la AN “no está facultada para revisar o anular las designaciones de magistrados del máximo tribunal del país”. El fallo no solo da al gobierno licencia para que sus “enchufados” sigan protagonizando la corrupción con impunidad, al exceptuar de rendir cuentas ante la AN, como si fuesen dioses impolutos y eternos, a la “fiscal, contralor, defensor, rectores del CNE, a las autoridades de la FANB, gobernadores y alcaldes”, sino a “los mismos magistrados que lo dictaron, pues frena las iniciativas emprendidas por los diputados opositores en el Parlamento, a efectos de renovar las autoridades del Poder Judicial” (El Nacional2-3-2016). Cínicamente justifican tal castración constitucional diciendo que así se garantiza “el equilibrio y la división de poderes”, a sabiendas de que ellos actúan al servicio de Maduro, arrasando con todo vestigio de constitucionalidad que encuentran a su paso. Cuando el Parlamento está en manos de la oposición, los magistrados rojos se percatan de que esas normas son perjudiciales. Así que el tsj blinda el narcotráfico, la adquisición de medicinas vencidas, alimentos podridos, empresas de maletín, bachaqueo y el raspado de olla con absoluta impunidad e inmunidad”. Pero la AN autónoma acudió al archivo para demostrar que en 2007 el Parlamento chavista dejó “sin ningún efecto jurídico” una sentencia del TSJ del 01-03-2007, apelando al artículo 187 de la Constitución en el que se señala que “corresponde a la AN ejercer funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional”. Y ¡oh sorpresa! Entre quienes justificaron la nulidad de la sentencia estuvo el entonces diputado Calixto Ortega, el mismo que hoy ostenta la condición de magistrado express de la sala in-constitucional. La sentencia fue declarada nula y dejada sin efecto. Pero ahora, con tanta prisa en convertir a la AN en un jarrón chino que le permita al régimen seguir con sus trapacerías, la sala cometió el grave error de violar su propio reglamento, tal como reconoció el presidente de la AN, Henry Ramos: “El artículo 40 exige la firma de las dos terceras partes de los magistrados de la sala, es decir, al menos 5 de 7, pero solo firmaron 4, así que la sentencia no es válida, ni vinculante”. La complicidad entre los poderes es tal, que en la misma sentencia el tsj asentó sus criterios sobre las mayorías de la AN. Luego de la desincorporación de 4 diputados de Amazonas (3 de la MUD) el tsj jura que son 109 diputados activos e incorporados a la Cámara, y que con esos la oposición pierde la posibilidad de revocar el mandato de los magistrados del tsj, rectores del CNE y Poder Ciudadano. Un día antes, el CNE había informado al tsj que quedaban sin efecto las impugnaciones del oficialismo porque “los votos nulos no son motivo para suspender una elección”, con lo cual deberían reincorporarse los 3 diputados opositores de Amazonas y así recuperar la MUD sus dos tercios. Pero no será así, porque el único informe que el CNE no remitió al tsj es el de la impugnación de la chavista Nicia Maldonado, que fue el que suspendió a los 3 opositores de Amazonas con el infundio, nunca probado, de “haber comprado votos”. Así que no repetirán las elecciones en Amazonas (que perderían), ni declaran nula la impugnación. Dan asco.

El mundo rechaza categóricamente este “fujimorazo” y la AN ratifica sus atribuciones constitucionales de control e investigación, a la par que solicita la activación de los mecanismos internacionales, incluida la Carta Democrática de la OEA “al haberse cometido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia”. El Senado de Brasil le está pidiendo a su gobierno activar la Carta Democrática tras sentencia golpista del tsj y la Alianza Parlamentaria Democrática de América condena la decisión del tribunal supremo contra la AN. Es vox populi que el tsj viola la Constitución para favorecer ilegalmente a Maduro. Las denuncias son múltiples: la Academia de Ciencias Políticas y Sociales “exige al TSJ cesar en sus intentos por sustituir a la AN”. Numerosos juristas denuncian que “la sala dejó de ser Constitucional y pasó a ser sala constituyente porque está creando su propia constitución. Añaden que la decisión implica el saqueo de las competencias de la AN”. Y recuerdan que en 2002, la AN presidida por William Lara revocó el nombramiento de Frankin Arrieche por irregularidades en su postulación. Y otro botón de muestra: juristas de 20 países consideran nulo el juicio a Leopoldo y a los presos políticos.

A este circo le salen demasiados enanos: el PCV y PPT, socios del régimen, piden investigar al ministro de Alimentación, Carlos Osorio, cosa que impide el tsj. Los trabajadores chavistas llevan denunciando corrupción en abastos Bicentenario desde 2007; la carta que desde Aporrea le envían a Aristóbulo clama para que se investigue el destino de cerca de 500.000 millones de dólares. Y mientras Venezuela lidera la lista de las economías más miserables del mundo, el usuario de las colitas de Pdvsa –Elías Jaua–confiesa cual es su prioridad: “Nuestro único escenario es mantener a Nicolás Maduro en el poder”, por eso lo urgente es dar licencia para delinquir con impunidad a sus enchufados civiles y militares, y olvidarse de atender el clamor del pueblo pidiendo alimentos y medicinas. RIP

Marta Colomina

@colominam

“Los caraqueños parecen hoy zombis en su ciudad, caminando de un lado a otro armados con bolsas vacías. ‘Esto no es lo que el comandante Chávez nos prometió’, farfulla uno tras comprobar desolado los anaqueles vacíos”. Así publica este jueves el diario español El Mundo un excelente reporte de Daniel Lozano titulado: “En busca de la última barra de pan en Caracas”, con entrevistas a dueños de panaderías y a desesperados venezolanos en busca de una “canilla” que no pueden sustituir por una arepa, porque tampoco encuentran harina de maíz. Uno de los panaderos con 30 años en el oficio comenta: “Este modelo no funciona. Y no se puede hablar mucho. Mira al cantante, le quitaron el pasaporte por estar hablando” (refiriéndose a Nacho). Otro indica que el gobierno engaña al pueblo al decir que pronto llegarán miles de toneladas de trigo, mientras Fetrarina, a través de su presidente, asegura que “no hay barcos en tránsito ni órdenes de compra en proceso”. “A la panadería Los Nietos –narra Lozano– el lunes no le quedaba pan y estaba a oscuras. Un enorme apagón había oscurecido esa parte de la ciudad. Al día siguiente le tocó el turno al oeste, en la popular Catia. En Petare, grupos de vecinos se lanzaron a protestar a la calle. Llevan muchos días sin agua”. “Venezuela se asemeja a un enfermo en la sala de cuidados intensivos, al que le van encontrando una enfermedad tras otra y que, para remate, le diagnostican una infección hospitalaria”, anota Lozano .Concluye con una frase del propietario de una de las muchas panaderías ya cerrada por falta de insumos: “Aquí todo el mundo se va, yo tengo dos hijos en Madrid’, mientras sus empleados recogen lo poco que queda en su tienda”. Son cientos los reportes mundiales que narran el caos y la miseria de nuestro país por obra del chavismo. En Venezuela, reza El Nuevo Herald, hospitales carecen de jeringuillas, y mercados no cuentan con productos de primera necesidad. En Barinas avistó “una planta de leche que producía 126.000 litros, que fue estatizada y permanece inactiva. Lo mismo ocurrió con una central azucarera: ahora es una instalación vacía, cuyo único empleado, un vigilante, nos abrió la puerta. Los medidores de las bombas son ilegibles. Dejaron abierto el sistema de refrigeración y se oxidó. Hay murciélagos”.

Como estas verdades hay miles que derrumban el cuento de Nicolás sobre una “guerra económica” del Imperio contra su gobierno. Los hechos están a la vista: mientras Chávez y Maduro despilfarraban los recursos de la bonanza petrolera y nos endeudaban por miles de millones de dólares, otros países productores ahorraron sus excedentes petroleros y han seguido creciendo con baja inflación, aunque los precios del crudo hayan caído. “¿Dónde está el dinero?”, se pregunta BBC Mundo en un formidable trabajo titulado “Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica”, en el que explica cómo el país registró la inflación más alta del mundo y gigantescos niveles de endeudamiento. ¿Dónde está el dinero entonces? El gobierno dice que se gastó en la construcción de viviendas y en políticas sociales que, si fuera verdad, Venezuela no arrojaría 74% pobreza general y 48%, de pobreza crítica, ni tendría los terribles índices de desnutrición infantil reseñados por la Fundación Bengoa. El régimen no habla del dineral dilapidado en clientelismo, en la regaladera de crudo y otros bienes a sus “panas” externos, en sobreprecios de hasta 45% en importaciones dolosas, o en empresas de maletín. Edmée Betancourt, ex presidenta del BCV, denunció que, a través del sistema estatal de control de cambios, de los 59 millardos de dólares otorgados en 2012, 29 millardos habían sido entregados a empresas fantasmas. Los ex ministros Giordani y Navarro denuncian que  más de 300 millardos de dólares habrían sido malversados. Sumemos un desfalco a Pdvsa de  7 millardos de dólares que investiga el nuevo Parlamento, más 200 millardos de dólares por fraude cambiario (Cadivi y Cencoex); y los 60 millardos de dólares en equipos de generación eléctrica que nunca funcionaron (gobierno compró 17 turbinas en 2010 y solo instaló 5 en los últimos 15 meses). Planta Centro no genera electricidad desde diciembre de 2015 y expertos advierten que podríamos quedar sin luz en menos de 40 días. Y no es por El Niño o por sabotajes opositores, como dicen los improvisados de Maduro, sino por impericia y corrupción oficiales. La lista sigue; los miles de millones de dólares en hidrorrepresas, que nunca se construyeron pero sí se pagaron, por eso hoy no tenemos agua. Los hospitales derruidos, sin insumos y con equipos dañados. Ahí están apagones en todo el país, protestas nacionales por la grave escasez de agua, y los anaqueles vacíos de alimentos y medicinas, como pruebas fehacientes de que el chavismo que se nos vendió como el redentor de los pobres ha devenido en el principal enemigo del pueblo. Frente a estos hechos restreguemos en la cara de Maduro que en 2015, en medio de la criminal escasez de alimentos y medicinas, su inmoral gobierno lideró la compra de armas en el continente.

Cumpliendo con el mandato de sus millones de electores, nuestros diputados a la AN están emprendiendo medidas tendentes a reactivar la destruida economía nacional y dar prioridad a la provisión de medicinas y alimentos al pueblo venezolano, ahogado por las mentiras y el abandono oficiales. “No hay comida en Venezuela ‘por culpa del gobierno” , acusa el diputado Julio Borges, en defensa de la Ley de Producción Nacional, boicoteada por Maduro: “Es el gobierno el que decide quién y dónde siembra: el gobierno es dueño de la mayoría de los depósitos y silos; de las tierras cultivables: unas 54 millones de hectáreas que no cultiva y no están produciendo”, como ocurre con las empresas y fincas expropiadas (es decir, robadas) que hoy son peladeros, como la planta de leche y la central azucarera llena de murciélagos en Barinas. Esa Ley de Producción Nacional atiende el clamor de privatizar las empresas y fincas robadas por el gobierno a sus dueños, que hoy están improductivas, generando así empleos y la producción de alimentos e incentivando a los empresarios del campo y de la industria, en vez de perseguirlos, como ha hecho el chavismo.

Maduro dice que no “acepta ninguna imposición de la AN”, al referirse a la Ley de Producción Nacional. Sus diputados votaron contra el envío de la OMS de medicinas a Venezuela, solicitado por la oposición. Y el TSJ apoya y refrenda estas canalladas, convertido en brazo político del gobierno. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exigió a la Sala Constitucional del TSJ cesar sus intentos por sustituir a la legítima AN, calificados como una “contravención directa y frontal de interferir en las competencias del Parlamento” y la instó “a no contrariar, modificar o reformar la carta magna con sus interpretaciones”. Todo el aparato oficial está empeñado en aniquilar a la AN. Este jueves, la barra chavista boicoteó la presentación de la Ley de Producción Nacional: “¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende!”, gritaban los vestidos de rojo (seguramente en la nómina de algún organismo oficial). ¿Cómo que “no se vende”? Maduro está rematando la patria a precio de gallina flaca. Está raspando hasta la olla de quienes gritan. ¿No y que Pdvsa era del pueblo? Pues Maduro acaba de vender por 500 millones de dólares 40% de Petromonagas a la rusa Rosneff y hasta le regaló la competencia para comercializar directamente su producción. Vendió por 5 millardos de dólares a la minera canadiense Gold Reserve un paquete que lo coloca como dueño virtual de las minas. Maduro piensa rematarlo todo sin que el pueblo mejore ni un ápice su miserable situación. Así están las cosas: 90% de los venezolanos no puede comprar ni la mitad de lo que necesitan; 82% responsabiliza a Maduro de los graves problemas del país, y 85% quieren que Maduro se vaya del poder. ¿Así o más claro, Nicolás?

Marta Colomina

@colominam

El régimen está podrido y pudre todo lo que toca. No es que “el Abasto Bicentenario se pudrió”, como dijera Maduro en expresión tan impersonal como si el abasto se hubiera convertido en un muladar por putrefacción espontánea. No. El Bicentenario fue saqueado por la corrupción de los “enchufados” y el “bachaqueo” en contra del pueblo empobrecido y hambriento, como ocurriera con Pdval, llamado Pudreval cuando fue descubierto con miles de toneladas de alimentos putrefactos adquiridos por los “boliburgueses”, que nunca estuvieron presos y siguieron enriqueciéndose con empresas de maletín que arrasaron las reservas internacionales y nos llevaron impunemente a la ruina y al “paquetazo” de esta semana. Tan insensible es la corrupción oficial que hace unos días fueron detectadas en el Sefar compras de medicinas vencidas provenientes de China y Cuba. La pudrición corroe todo cuanto tocan quienes juran trabajar para el bienestar popular: han podrido la educación y la salud públicas y servicios tan vitales como el agua, la electricidad y la seguridad. Han corrompido la justicia, devenida en un TSJ verdugo de la libertad y la democracia, violador de la Constitución y defensor del régimen ya abiertamente dictatorial; han convertido en estercolero las relaciones internacionales, la política carcelaria y otra larga lista de ámbitos destruidos por las devastadoras prácticas oficiales.

Sin atisbo de autocrítica, Maduro sigue culpando de la ruinosa situación venezolana a una inexistente “guerra económica”. ¿Quién puede creerle cuando, como antesala de su infame “paquetazo” del miércoles, dice que su “agenda económica fue hecha para construir el futuro del país, encarar esta guerra económica y crear un modelo productivo”, si Chávez y él acabaron con la producción agrícola e industrial con los “exprópiese”, hasta llegar a la escasez extrema de ahora, y dilapidaron las divisas para importar lo que hoy necesita Venezuela? Miente Maduro al decir que “la oposición y el Imperio vulneraron el sistema de producción del país, la comercialización y el establecimiento de precios en los productos (…) y ahora Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional”. Muestra su ignorancia al culpar al “Imperio” de una “guerra mundial contra el petróleo que ha buscado destruir la OPEP y quitarle autoridad de regular el mercado”. Cuando comenzaron a bajar los precios del crudo, fue Arabia Saudita la que lideró la campaña de aumentar la producción, estimulando así el derrumbe de los precios del petróleo. Otro “pana” negado a bajar su producción es Irán, que incrementó la venta de su crudo en los mercados internacionales cuando le fueron levantadas las sanciones.

Ha sido providencial que el texto “Dios no proveyó” (que todos deben leer y sobre todo los chavistas), escrito por los brillantes venezolanos Ricardo Hausmann y Miguel A. Santos publicado en Prodavinci, haya circulado profusamente en las redes sociales días antes de que Maduro expusiese su “paquetazo” que adobó con falsedades como que la debacle nacional es culpa de “la oposición” y del “Imperio. “Hace solo 3 años –escriben Hausmann y Santos– vivíamos en la abundancia más grande e irresponsable de nuestra historia. En 2012 el precio petrolero promedió $ 103 el barril, exportamos $ 97.340 millones e importamos bienes por $ 75.300 millones. Pero a pesar de esa bonanza el gobierno registró un déficit demencial de 17,5% del PIB, en un país que debería haber ahorrado para cuando su buena suerte se agotara, como hizo Kazajistán, que aprovechó las vacas gordas y creó un fondo de ahorro equivalente a 7 años de contribución fiscal petrolera”. El chavismo, en cambio, en el último año electoral de Chávez, gastó como si el precio del barril fuese de 197 dólares, así que la diferencia fue cubierta con un irresponsable endeudamiento y la impresión de dinero inorgánico. Pero los desvaríos venían desde tiempo atrás. Relatan Hausmann y Santos que entre 2006 y 2014 –en plena bonanza petrolera– lejos de ahorrar, Venezuela multiplicó su deuda externa por 5, y comenzó a declararle la guerra al sector privado con “importaciones baratas, racionándole el acceso a divisas para importar insumos, expropiándolo y ocupándolo, regulándole los precios y márgenes, criminalizando los inventarios y la exportación y sujetándolo a numerosas regulaciones que acabaron por extinguir su rentabilidad”. Esta política suicida se pudo camuflar mientras hubo divisas para importar, creando así una falsa idea de bienestar social y de “éxito” artificial del gobierno. Pero ahora llegamos al llegadero. ¿Cómo hizo Venezuela –se preguntan Hausmann y Santos– para importar 50.000 millones de dólares en bienes y servicios en 2014 si apenas exportamos 37.000 millones de dólares (62% menos que en 2012)? ¿De dónde salieron esos millones extras para las importaciones de 2014, 2015 y la corrupción? Pues salieron de las reservas internacionales, de empeñar nuestro oro, de liquidar acreencias de Petrocaribe a precio de ganga, sacar los derechos de giro en el FMI, endeudamiento de Citgo y venta de la refinería Chalmette. Maduro no solo raspó la olla, sino que dejó miles de millones de dólares sin pagar que hoy están reclamando Brasil, Panamá, Uruguay, Nicaragua, Argentina, China y otros. Maduro debe decirnos cuánto podremos importar en 2016, sin reservas internacionales, sin crédito externo, con deudas que vencen y hay pagar por 10.300 millones de dólares, con anaqueles vacíos, empresarios que saben producir pero no tienen insumos porque el gobierno no les entrega divisas desde hace más de 5 años y el chavismo los llevó a la ruina. El feroz paquetazo neoliberal de Maduro (aumento salarial de 20 % con inflación que podría superar 1.000% con la devaluación) soluciona el déficit de caja del gobierno con el aumento de los impuestos y de la gasolina (sin tocarle un pelo a los 100.000 barriles diarios que envía a Cuba). Pero esos recursos no serán para los pobres, como dice el régimen, sino “para los más avispados asociados al poder”, como señala el gobernador de Lara, quien calcula que con el nuevo salario se pueden comprar 5 kilos de caraotas, 2 paquetes de harina PAN y 1 kilo de queso (si los consigue). Con las medidas cambiarias, los “avispados” podrán recibir dólares a 10 bolívares, que no serán para alimentos y medicinas, sino para que los “bolichicos” sigan con sus “guisos” en el mercado negro.

El estercolero oficial ha acabado con las instituciones democráticas y está intentando aniquilar a la nueva AN, legitimada por el masivo voto popular. La inconstitucional sentencia del TSJ de dejar sin efecto el documentado rechazo de la AN al decreto de Maduro sobre la emergencia económica y los alegatos vergonzantes de la presidenta del TSJ a favor de los magistrados de la Sala Electoral – chavistas confesos y autores de las impugnaciones contra los diputados de Amazonas– son prueba de su obscena parcialización. Tal es la sumisión del TSJ al gobierno que los diputados Carreño y Cabello ya anuncian que la Ley de Amnistía será engavetada, declarada inconstitucional por el máximo tribunal y no será publicada en la Gaceta Oficial. Así las cosas, dentro y fuera de Venezuela existe la convicción de que este régimen, que lo ha envilecido todo, saldrá muy pronto del poder: él y su podredumbre.

Marta Colomina

En la obligada marcha conmemorativa del 4-F, este 2016 Maduro no pudo reeditar ni una sola de las esperanzas suscitadas por Chávez a la luz del sangriento y frustrado golpe militar, mitificado propagandísticamente como el inicio de un “legado” de  felicidad, libertad, prosperidad, redención y seguridad para los más pobres y olvidados del país. Recursos para materializar esos sueños sobraron, pero los despilfarraron en regalos para sus compinches ideológicos externos, chatarra militar para guerras imaginarias contra el Imperio, populismo exacerbado para ganar elecciones, y una gigantesca corrupción, hasta llegar a la catástrofe de ahora. Chávez contó con la más larga bonanza petrolera que aportó más de 1 millón de millones de dólares al presupuesto público (más del doble que lo recibido por todos los gobiernos anteriores juntos), y controló todos los poderes públicos, de modo que no  tuvo  ningún obstáculo que le impidiera cumplir su larga lista de promesas sociales, como aquella de que “con Chávez manda el pueblo” o “Pdvsa ahora es del pueblo”. A 17 años de aquellas encendidas proclamas, la verdad verdadera es que nunca mandó el pueblo, sino el autoritario Chávez, que siempre hizo lo que le dio la gana a espaldas de la Constitución, incluido el derroche que empobreció al país, y Pdvsa nunca fue del pueblo, sino de los corruptos rojitos que la convirtieron en la ruina que ahora es. El brillante periodista español Salvador Sostres escribía este viernes que “la derecha tiene razón, pero la izquierda son los maestros de la propaganda”, refiriéndose a los pupilos de Podemos, financiados por Chávez, otra sangría continuada por Maduro. Todavía hoy –en plena quiebra del país– hay quienes hablan del “legado” de Chávez, y en medio de la hambruna y miseria generalizadas, sostienen que el régimen acabó con la pobreza. El diccionario define “legado” como “un don que se hace en testamento”. Hagamos entonces memoria de los “dones” provenientes del “legado” del  4-F, sacralizado impúdicamente por el chavismo.

Muchos venezolanos creyeron que con un militar al frente del gobierno tendríamos garantizada la seguridad. Craso error: de 3.000 asesinatos anuales en 1998, un año antes de  la llegada de Chávez al poder, a cerca de 30.000 muertes violentas en 2015. Esta semana el oficial de Polichacao Héctor José Herrera, quien me fuera asignado por un tribunal como escolta, a raíz de las medidas cautelares dictadas por la CIDH de la OEA, a causa de las amenazas y atentado de los que fui víctima, fue asesinado vilmente para robarle su arma de fuego, cuando se dirigía al colegio Divino Niño a buscar a sus hijas. Héctor José era un policía ejemplar, cumplidor de su deber y excelente padre. En febrero de 2008 él y su hermano morocho, Héctor Manuel, también polichacao, sobrevivieron a un ataque de disparos, del que Héctor José salió gravemente herido. Su muerte nos afectó como si la de un hijo se tratase. Apenas estamos iniciando febrero y Héctor José es el policía número 15 ultimado este año en Caracas y el primero de este mes. Sus asesinos siguen libres, como tantas veces ha sido liberado “el Buñuelo”, asesino de policías y secuestrador, “quien después de volar con una granada a otro PNB, amenazó con estallarse con las damas que tenía como rehenes… una señora y una niña de 11 años”. Lo que se le ocurrió decir al inepto ministro del Interior sobre este criminal es que “el Buñuelo es miembro de la derecha” y omite que los delincuentes portan armas de guerra que solo deben estar en manos militares. El fracaso del régimen en materia de seguridad es vergonzante: una banda delictiva ordenó toque de queda en Maracay por la muerte de un “pran”, y aterrorizó a la población de tal manera que se paralizaron los comercios, centros educativos y transporte público. El “legado de paz” del 4-F es reseñado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México: Caracas ocupa el número 1 como la ciudad más violenta de América Latina, con una tasa de 119,87 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. En los actos de “celebración” del 4-F Maduro grita en cadena que “impedirá por las buenas o por las malas, que la oposición tome el poder en Venezuela”: totalitarismo golpista, otro “legado” del 4-F.

Pobreza (55%), violencia, desempleo, represión, escasez (80% en fármacos y 75% en alimentos), hambre, inflación (superará 900% este año), endeudamiento, narcotráfico y corrupción son el verdadero legado del 4-F. El gobierno omite cifras sobre los enfermos de zica (unos 400.000) y no hay fármacos para frenarlo; sarna extendida en todo el país, hospitales con sus equipos dañados, sin medicinas y en ruinas, mientras pacientes mueren de mengua. Cuando en 1997 los precios del petróleo llegaron a 8 dólares el barril, ¿los venezolanos teníamos que hacer cola para comprar comida o medicinas? No, porque los anaqueles de mercados y farmacias estaban llenos, y si la batería o los repuestos de nuestro carrito o moto se dañaban, los conseguíamos de inmediato. Este gobierno tiene el petróleo a 28 dólares el barril, las farmacias y mercados vacíos y el  pueblo empobrecido, hambriento e indignado: “El primer mes de 2016 ha pillado al régimen sin recursos para importar lo que se consume en el  país. Después de 17 años en el poder, el chavismo está cosechando los frutos: la desinversión, el gasto dispendioso, el crecimiento descontrolado de la burocracia estatal, el hostigamiento y la expropiación de empresas privadas, que han dejado el país en una ruina inédita”, publica El País de España este 4-F 2016. Maduro, acorralado por la catástrofe de la que es corresponsable, lejos de aceptar la mano tendida por el presidente de Polar, lo llamó ladrón y oligarca y amenazó de nuevo con “tomar medidas contra sus empresas”. Más de 85% de los venezolanos son contrarios a su estatización, convencidos de que si la Polar fuese “expropiada”, en breve pasaría a engrosar el cementerio de empresas arruinadas e improductivas en manos del Estado y moriríamos de hambre.

¿Quién es el ladrón? El veterano periodista Rafael Poleo recordaba esta semana que “el monto de depósitos personales de chavistas en los bancos de Andorra ascienden a 2.000 millones de dólares” y que una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos le informó que “bancos chinos retienen depósitos de altos chavistas aduciendo que son garantía de la deuda con financieras chinas contraída por el régimen”. Los numerosos y millonarios casos de corrupción chavista que nunca fueron investigados por la AN saliente: Corpoelec, Pdvsa,  Cadivi, Cencoex, Pudreval, Fondo Chino y cientos más que comienzan a ser aireados por el nuevo Parlamento, incluidas las denuncias de los ex ministros Giordani y Navarro sobre 300.000 millones estafados con empresas de maletín, confirman que “la revolución solo sirvió para robar en nombre de los pobres”. Por eso está llegando a su fin.

Marta Colomina

La degradación del régimen ha alcanzado niveles extremos como los que niegan la podredumbre carcelaria y silencian que las armas de guerra de las FAN estén en manos de peligrosos delincuentes que controlan las cárceles y calles del país; culpan de la hambruna y escasez a la caída de los precios del crudo (cuando en plena bonanza petrolera ya había escasez, inflación disparada y creciente endeudamiento). Acusan también a una pretendida “guerra económica” y hasta cometen la iniquidad de culpar al “pueblo analfabeta” de la “falta de productividad del país” durante los 16 años de control chavista. Lejos de ahorrar una parte de los enormes recursos petroleros en un fondo de estabilización macroeconómica, como hicieron otros países productores, el régimen los dilapidó en corrupción, chatarra bélica, regalos a sus compinches ideológicos, incluidos millones de barriles de crudo donados a Cuba y casi regalados a Petrocaribe. El despilfarro, la corrupción y la nómina clientelar crecieron tan desaforadamente, que los enormes ingresos les resultaban insuficientes para las costosas aventuras continentales emprendidas por Chávez, así que, como les ocurrió a los indígenas deslumbrados por los espejitos de los conquistadores españoles, al chavismo le pareció que los muchos créditos chinos a cambio de petróleo eran una ganga, y pronto llenaron el país de chatarra: línea blanca para regalar en los procesos electorales, dos satélites (cuyas andanzas se ignoran) cientos de tractores oxidados y abandonados en los campos para los cuales nunca hubo repuestos, y otros cachivaches que incrementaron la deuda externa. En pleno boom petrolero Chávez confiscó, sin pago alguno, hermosas fincas privadas en plena producción, grandes sembradíos de café, azúcar y maíz, Agroisleña, centenares de fábricas agroindustriales, y a las que aún quedaban en pie, las ha sometido a un acoso inmovilizador, con amenazas de confiscación y negándoles las divisas que necesitan para pagar la enorme deuda con sus proveedores internacionales (divisas ya pagadas en bolívares al gobierno y que éste les niega desde hace tiempo).

Chávez siempre consideró a empresarios y productores nacionales como “enemigos” de su revolución totalitaria, así que aniquiló la producción nacional con sus “exprópiese” e inició importaciones masivas de Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua y otros panas “ideológicos” que, agradecidos por la fortuna recibida con sus ventas (con sobreprecios escandalosos que enriquecieron a los nacientes boliburgueses), votaban a favor del régimen en la OEA, y miraban para otro lado cuando Chávez y Maduro violaban los derechos humanos en Venezuela. 75% de los alimentos que consume el país son importados, pero como ya no hay dólares para traerlos, el pueblo venezolano pasa hambre y los enfermos mueren por falta de fármacos (la AN acaba de declarar “crisis humanitaria” por escasez de 80% de los medicamentos). El ministro de economía, empecinado en el mismo modelo económico generador de la crisis, anuncia que “descarta aplicar medidas de austeridad” (¡hay más de 30 ministerios y 128 viceministerios!, a pesar de que Venezuela tiene un gasto público que su economía no puede soportar). Tampoco Maduro muestra intención alguna de rectificar. El presidente de la Federación de Cañicultores expresa preocupación por la desidia de las empresas del Estado: señala que las centrales en manos del gobierno, en esta etapa de zafra, no están procesando la caña, lo que complica aún más la operatividad del sector. Esta semana leemos que la debilitada agroindustria nacional llegó a niveles cercanos al cierre y que la producción de 9 importantes rubros alimenticios, está paralizada (atún, carne enlatada, salsa de tomate, mortadela, avena y otros). Pero no es solo la sangría del gasto público, sino la inmensa corrupción oficial que roba descaradamente los recursos al pueblo. La ONG Transparencia Internacional señala a “Venezuela como el país más corrupto del continente”, calificación que se repite desde hace más de una década.

El Maduro dictatorial de siempre vuelve a desconocer la legitimidad de la AN y llama al país a rebelarse contra la ley aprobada por el Parlamento que otorga el certificado de propiedad a los adjudicatarios de la GMVV, con cuya ley se pone fin al chantaje oficial de quitarles las viviendas si no votan por el PSUV. La corrupción oficial no soporta una AN autónoma que cumpla sus funciones, de ahí que pugne por eliminarla. Con la auditoría de la GMVV, la AN comprobará que el número de viviendas construidas es mucho menor que las afirmadas por el gobierno  y que los sobreprecios de su construcción son escandalosos. En la Comisión de Contraloría de la AN, la oposición acaba de proponer la comparecencia del general Rangel Silva, gobernador de Trujillo, para que explique donde están los “450 millones de dólares que supuestamente recibió por la construcción del acueducto de Valera que nunca se hizo”. Cosa similar ocurre con el proyecto Tuy IV, que debía haberse concluido en 2007. En 2009 Chávez anunció que con esa obra, aún inconclusa, se solucionaría el abastecimiento de agua de Caracas, Vargas, Guarenas, Guatire y otros, y prometió entregarla en mayo de 2013; luego que para 2014. Sigue paralizada en 2016, mientras el país protesta masivamente por la escasez del agua, los pediatras advierten que sin agua y sin champú se agudiza el problema de los piojos; médicos registran el crecimiento de la sarna (escabiosis) y muestran preocupación por el estado insalubre de los embalses y plantas de tratamiento. María Corina recordaba esta semana que “el gobierno se robó más de 840 mil millones de dólares a través de Cadivi y Cencoex”, y ahora pretende que los pague el pueblo.

No se entiende que con un ingreso petrolero milmillonario hasta junio de 2014, el régimen haya degradado a Venezuela moral y económicamente hasta límites tan extremos. Esta semana el foco periodístico se detuvo en la cloaca carcelaria y su vergonzante ministra: “El Chapo venezolano despedido como un héroe”, reza uno de los muchos titulares sobre el asesinato en la isla de Margarita del narcotraficante apodado el Conejo. No hubo medio interno o externo que no acompañase la noticia con la nauseabunda gráfica de la ministra Varela y el Conejo, abrazados y sentados en una cama matrimonial de la celda carcelaria. El video de los “presidiarios” disparando con armas de guerra desde la terraza “rindiéndole honores” a su “pran asesinado”, ha recorrido el mundo como prueba del estercolero en que ha devenido el régimen de Maduro. Mientras los policías en servicio disponen de una humilde Glock, los delincuentes carcelarios  mostraron impunes sus armas de guerra AR15 con silenciador y mira telescópica, AK47, UZI y muchas otras, todas armas letales de guerra de uso exclusivo de la FAN. ¿Cómo entender que la impresentable ministra de prisiones siga en su cargo y que el ministro de la Defensa, –el mismo que calificó de ofensa a la dignidad militar el cambio hecho por la AN del adefesio que pretendía representar la imagen de El Libertador– y sin embargo enmudece ante el grave delito de que armas militares estén en manos de narcos y criminales convictos y confesos?

Marta Colomina

@colominam

“Venezuela en recesión, a la espera de que Maduro anuncie medidas anticrisis”, titulaba el 20 de enero de 2015 la agencia Efe, al referirse a los anuncios con los que el régimen confiaba “en revertir el agravamiento de una crisis que tiene a su país técnicamente en recesión desde 2014”. Por esos días, la calificadora de riesgo Moodys rebajó los bonos venezolanos desde Caa1 a Caa3, y un mes antes la británica Fitch Ratings había rebajado la deuda venezolana de “B” a “CCC”. Esos graves signos exigían al gobierno un cambio de su fracasado modelo económico, a la par que austeridad en el gasto, pero Maduro hizo lo contrario de lo recomendado por los más importantes economistas del país: dilapidó divisas en viajes inútiles, con delegaciones que incluían a decenas de parientes; ordenó la compra de aviones Sukhoi por 500 millones de dólares, y  500 millones de dólares adicionales para mantenimiento de los existentes, más otros despilfarros largos de enumerar, mientras los enfermos carecían de fármacos, los niños de leche y otros alimentos. Pocos días antes de anunciar sus medidas “anticrisis”, Maduro fletó un avión de la Fuerza Aérea hasta Madrid para recoger a 33 invitados traídos a Caracas, con todos los gastos pagados, entre ellos dirigentes de Podemos (financiados durante años por el chavismo); terroristas de ETA y otros de la CUP separatista de Cataluña, tal como acaban de denunciar esta semana los medios españoles. Esas medidas fallidas de enero de 2015 consistieron en un “nuevo” esquema cambiario que, lejos de unificar las tasas, fue otra devaluación facilitadora de la corrupción oficial y no resolvió el ya enorme déficit fiscal. El BCV siguió emitiendo billetes sin respaldo, incrementando escandalosamente la inflación. No se atrevió a aumentar la gasolina y ni siquiera se planteó cesar o reducir el envío de petróleo regalado a Cuba y el casi regalado a Petrocaribe. Su obsesión por congelar los precios ha impedido adecuarlos a los costos y disminuir así la escasez. (Nadie puede producir a pérdida). El acoso de Maduro contra los productores e industriales del país (y los “exprópiese” de Chávez) acabaron con la agricultura e industria nacionales. Ahí están los cadáveres de Agroisleña, devenida en la ruina, también saqueada, de Agropatria, como lo fueron cientos de empresas y fincas robadas a sus propietarios, pasadas a manos del Estado y convertidas en un peladero improductivo. Esa guerra oficial contra la producción nacional perseguía masificar las importaciones que, a través del sobreprecio y la baja calidad de los millones de toneladas de alimentos comprados con la fecha de caducidad vencida y podridos en los puertos, enriquecieron a los boliburgueses, responsables de delitos como los de Pudreval y otros, o como los más recientes de la “infanta del arroz” importado de Argentina con sobreprecio de escándalo.

Hace un año, 47 reputados economistas del país dirigieron al gobierno un documento público (“Crisis cambiaria, petróleo y deterioro económico”) en el que hacen un “análisis de la política económica y petrolera, que luego de varios años de persistentes errores, ha causado los graves problemas que han hecho imposible abastecer el país con mayor producción nacional, estabilizar los precios y contar con un mercado cambiario funcional, causando el desabastecimiento y escasez generalizada de productos alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos para las actividades productivas del país”. Acusan que los desequilibrios fiscales y cambiarios acumulados en la última década “se manifiestan en una tasa de inflación anual de las más altas del mundo, escasez desbordada, un déficit muy alto del sector público, inconstitucional financiamiento monetario del BCV del déficit público y una severa restricción en la entrega de divisas petroleras al BCV por parte de Pdvsa (…) que se administran bajo un régimen de control de cambio propenso a la corrupción, en medio de un amplio diferencial cambiario entre la tasa oficial y la no oficial”. En el texto de 11 páginas se demuestra que los serios problemas económicos de 2014 no fueron coyunturales y se han acumulado y agravado. El capítulo sobre “los problemas de la industria petrolera y su impacto sobre la crisis cambiaria” debe ser leído por quienes deseen conocer la verdad sobre el saqueo y la destrucción de Pdvsa (www.pensarenvenezuela.org.ve). El documento concluye con una exhortación al gobierno a “rectificar su política económica para el bien de Venezuela” ignorada por Maduro, dado que 9 meses después lanza 7 medidas “que generarían más inflación y escasez”.

Perdido ya el control de la AN e imposibilitado de otra Ley Habilitante, Maduro decreta un plan de emergencia para liquidar lo poco que ha quedado a salvo del pillaje oficial. Sus ministros se niegan a exponer en la AN el contenido y alcance de tan peligroso decreto (cometiendo el delito de desacato), acostumbrados como están al secretismo delictivo practicado durante 17 años de latrocinio. Este “decreto de emergencia económica” –acusa Fedecámaras– es prueba de que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar. Conindustria dice tajante que “el mecanismo adecuado no es que se le otorguen más poderes al presidente, sino que se establezcan medidas a corto, mediano y largo plazo”. Los sindicatos rechazan también el decreto. Maduro amenaza a la mayoría opositora de la AN con una confrontación de poderes si no le aprueban por unanimidad su “emergencia”, que amputa las facultades de la AN. El diputado José Guerra tiene  razón al decir que “la crisis no obedece a la caída de los precios petroleros” (como miente el gobierno) porque se comprueba que hasta junio de 2014 los precios estuvieron por encima de 100 dólares y la economía llevaba tiempo cayendo, había enorme escasez, alta inflación y Venezuela se había endeudado aceleradamente. La corrupción y el despilfarro acabaron con la enorme fortuna petrolera. Hoy leemos que la quebrada Pdvsa no puede pagar el diluyente que importa y pide a sus socios que lo paguen por ella.

Con todas las encuestas en contra, el país en quiebra, sin medicinas, ni alimentos, y con récord mundial de homicidios, Maduro anunciaba delirante en octubre: ¡“Si ganamos el 6-D tendremos un año 2016 de prosperidad”! El delirio sigue: esta semana dijo que el “origen de la guerra económica está en Bogotá porque allá me odian”. Digan ustedes si alguien así, ahora que los venezolanos estamos representados por una AN autónoma, puede recibir un cheque en blanco con el que lanzar más gasolina al fuego, al exacerbar las políticas y vicios que llevaron al país a la debacle. El costo de la emergencia económica, como dice María Corina, lo deben pagar quienes lo provocaron, y no los millones de víctimas empobrecidas y acosadas por Maduro y su régimen.

Marta Colomina

@colominam

Personalidades, gobiernos y parlamentos democráticos del mundo, a los que se añade la prensa internacional, observan con horror el golpe de Estado del régimen de Maduro contra la voluntad popular a través de un tsj (con minúscula) abyectamente politizado que, sin recato alguno, viola la Constitución y contradice sentencias reiteradamente aprobadas por quienes hoy las niegan. La más reciente, rechazada por los más prominentes constitucionalistas del país, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro y voceros de numerosos gobiernos democráticos, ha sido la decisión 260 de la sala electoral del tsj (con minúscula) de desincorporar a 4 diputados de Amazonas (3 de ellos opositores) de la nueva AN, sin prueba alguna, pero con la clara idea de quitarle a la MUD su mayoría calificada. Tan urgida estaba la “sala” que interrumpió su asueto navideño para recibir la solicitud de sus jefes del PSUV: abrió del 28 al 30-D, recibió la impugnación oficial el 29 y el 30 dictó la sentencia contra los diputados de Amazonas. Una muestra de la ética del “máximo” tribunal: Fanny Márquez y Christian Zerpa fueron nombrados “magistrados” ilegalmente el 23 de diciembre por la AN chavista (en dicha sesión, el todavía diputado Zerpa votó a favor de sí mismo para ser magistrado).

La ONG Acceso a la Justicia publicó un riguroso informe sobre “Las 7 interrogantes de la sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ” en el que explica que el “fundamento jurídico del recurso contra los diputados de Amazonas es que hubo presuntamente un fraude electoral. Según la recurrente chavista, el fraude se cometió porque hay grabaciones en un audio que circula en los medios, de una conversación entre la secretaria de la Gobernación de Amazonas y un anónimo, en la cual ésta ofrece dinero a cambio de votos a favor de la MUD”. El informe desmonta las falacias legales de la impugnación: 1) La grabación de la supuesta conversación no fue ordenada por tribunal alguno. Es de fuente anónima. 2)Al desconocerse su origen no se tiene certeza de la verdadera identidad de quienes mantienen la conversación (el gobernador y el diputado indígena sostienen que la voz en la grabación no es de la secretaria del gobernador Guarulla) La verdadera secretaria sigue detenida sin que haya prueba del supuesto delito, siendo la presunta prueba inconstitucional. 3) Uno de los que conversa (“agente encubierto”) no se sabe quién es ni su papel en los hechos. 4) Se habla de compra de votos, pero no se mencionan hechos concretos sobre votantes específicos. 5) Si se alude solo a unas poblaciones de Amazonas ¿por qué se afecta a todo el estado? 6) La grabación está editada, es decir, intervenida, de modo que no existe certeza de todo lo supuestamente conversado ni si sufrió otras alteraciones que cambien lo que aparece en ella. Y 7) ¿Por qué el tsj lo admite como prueba cuando carece de sustento? Lo más grave es que se le da carácter probatorio a algo que no es admisible en un juicio y que en realidad no prueba nada y es una “prueba inconstitucional”. Con esta monstruosidad falsificada, la sala electoral arremetió contra sentencias suyas anteriores, creadoras de jurisprudencia: En su fallo Nº.59 de mayo de 2005, la sala estipuló: “La proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así, no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo”.

La nueva AN, cumpliendo con la Constitución, juramentó a los tres diputados suspendidos ilegalmente por la sala electoral. Toda la jauría oficialista se volcó contra esa decisión. En minutos el tsj condenó a la AN por “desacato”, anuló todo lo aprobado y la dejó inmovilizada (“Si la AN está en desacato, amenazó Diosdado, ningún poder está obligado a reconocerla”. Y dicho y hecho). El diario El Mundo de España pone en evidencia los golpes continuados e inconstitucionales del terrorismo judicial contra la soberanía popular: “La oposición venezolana pierde a los tres diputados de Amazonas”, titula al anunciar la desincorporación nada voluntaria de los parlamentarios . Y añade: “La mayoría opositora de la AN ha encontrado una salida temporal, hasta la próxima emboscada, al laberinto político urdido por el chavismo para bloquearla…De momento y hasta la próxima sentencia del Supremo”. Henry Ramos, presidente de la AN, al reconocer que “esta crisis no es superable con este gobierno”, añadió entristecido que “a veces hay que sacrificar algunas cosas para salvar otras”. El viernes Maduro debe haber presentado su memoria y cuentos en la AN, ya levantado el “desacato” por el tsj. La salida (¿temporal?) de los tres diputados del Amazonas ante la paralización sentenciada por los juristas del horror, deja las puertas abiertas a otras impugnaciones del oficialismo que reposan, con fecha atrasada, en su partido judicial (sala electoral); y a incumplimientos aberrantes como el del acuerdo de la AN que beneficia a presos y perseguidos políticos, y en el que se exhorta al gobierno a cumplir con decisiones de organismos de derechos humanos. Ya la bancada oficialista dijo que acudirá a su albacea, el tsj, para que lo anulen, demostrando así la tendencia de ambos a violar los derechos humanos. Este horror se extiende hasta la obscena negación de justicia a los presos políticos: por décima vez ha sido negada la audiencia de Antonio Ledezma. Y a la inmunidad de los grupos violentos armados. O a la rapiña hamponil de los equipos de ANTN puestos al servicio de la minoría del PSUV. O al ominoso silencio sobre la presunta relación de sectores del gobierno con el narcotráfico. El despido precipitado del supersobrino doblemente tesorero –Pdvsa y Tesoro–, se debería a que “Estados Unidos lo estaría investigando por supuesto lavado, según habrían denunciado su primos, presos en ese país por presunto narcotráfico”. Las agencias de riesgo y banca internacional colocan a la Venezuela de Maduro en el tope de la recesión, con la inflación, escasez y corrupción más altas del mundo y una tasa de homicidios que ya alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100.000 habitantes.

Nada de esto habrá sido citado por Maduro en su “memoria y cuentos” . Ni tampoco citará el sincero reconocimiento del ministro Jesús Farías de que “la crisis del país es culpa del modelo económico y en eso los enemigos del chavismo tienen razón”. Subraya también Farías que “el pueblo no compró la tesis de la guerra económica”, tesis sostenida por el nuevo ministro de Economía, el radical Salas, quien jura que no existe la inflación, y quien junto con Maduro terminará de hundir este país de gracia llamado Venezuela.

 Marta Colomina

“Este muchacho no tiene compón”, decían nuestras abuelas para referirse al comportamiento de quien había recibido toda clase de buenos consejos, pero él seguía con una conducta pésima y una vagancia escolar que pronosticaban un negro porvenir. Así es Maduro. Aunque el resultado del 6-D constituyó un indiscutible rechazo del pueblo a su gobierno, tal hecho era una gran oportunidad para que Maduro no solo reconociera el masivo triunfo opositor como hizo ante el anuncio del CNE, sino que aceptase la legalidad, también indiscutible, de la AN surgida de la soberanía popular. Sin embargo él hizo todo lo contrario: le declaró la guerra a la nueva AN, e inventó un inconstitucional “parlamento comunal”, al que le prometió los recursos y funciones solo atribuibles al recién elegido Parlamento. Fueron nombrados inconstitucionalmente 13 magistrados del TSJ, varios de los cuales llegaron a la Sala Electoral, aceptaron la impugnación del PSUV y dejaron al estado Amazonas sin representación parlamentaria. A la nueva AN le quitaron también su canal de TV y robaron los equipos, según denuncian sus trabajadores y muestran gráficas de los estudios arrasados. Y aún hay más: desaparecieron 40 motos de la división de Seguridad y un día antes de la instalación de la nueva AN, la Comisión Delegada del chavismo dejó el presupuesto de 2016 en quiebra, con la aprobación de miles de millones en créditos adicionales.

La respuesta de la comunidad internacional ante tan graves violaciones a la soberanía popular fue inmediata: parlamentos y cancillerías de numerosos países democráticos (Brasil, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Uruguay, OEA, Unión Europea y otros) expresaron su protesta por las acciones del régimen de Maduro y felicitaron a la nueva AN. Desde el día de su instalación el 5-E las agresiones oficiales han sido constantes: el grotesco espectáculo del abandono del hemiciclo de los diputados oficialistas con la invención de haber “violado” el reglamento, marcó la pauta de los desafueros posteriores. ¿Recuerdan las ilegales inhabilitaciones, agresiones físicas a diputados opositores y otros delitos cometidos por la AN chavista?

Ante la decisión de la nueva AN de juramentar a los 3 diputados de Amazonas suspendidos inconstitucionalmente por la Sala Electoral del TSJ, el oficialismo reaccionó como el caporal que se cree dueño de la hacienda Venezuela: gritan que “las leyes que salgan de esa AN serán nulas”, “¿En cual Gaceta vas a publicar tus leyes, Henry?” y prometen que “el gobierno no dará ni un centavo a la nueva AN”. El artículo 200 de la Constitución aclara que los diputados “gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación” (no juramentación), de modo que la AN no cometió desacato alguno al juramentar a los 3 diputados de Amazonas. Lo “inconstitucional es la suspensión de la elección por la Sala Electoral”, sala, por cierto, que desde el año 2000 “ha reiterado que no se pueden suspender proclamaciones mediante medidas cautelares”, según recuerda el jurista José Vicente Haro. La Conferencia Episcopal dice sin miedo que la instalación del Poder Legislativo es una victoria de la voluntad popular expresada el 6-D, que debe ser respetada”, mientras un Maduro dictatorial amenaza a Globovisión y a Televen por transmitir parte de la sesión inaugural de la AN y entrevistar a diputados de ambas partes. El peligro es claro: “Después que no haya arrepentimiento”. El enceguecido Maduro inició una cadena mientras sus grupos violentos impidieron con agresiones durante varias horas la salida de los diputados, trabajadores y asistentes a la sesión de la AN del miércoles. Pero con lo que el aquelarre oficialista se ha rasgado sus vestiduras de marca, es con el retiro de las gigantografías de Chávez y la salida provisional del Bolívar (¿reconstruido o más bien destruido? e impuesto por Chávez) que reemplazó al Bolívar que desde niños vimos en nuestras escuelas y libros de texto, retratado por los más ilustres pintores venezolanos durante más de 150 años: “Nunca hubiéramos pensado que en su desespero la oposición saliera a patear la imagen de Bolívar y la de Chávez”, grita Maduro, a la par que llama a la rebelión popular por la retirada de las imágenes. La histeria es general entre lo que queda del chavismo oficial. El alcalde Jorge Rodríguez “ordenó que haya retratos de Chávez y Bolívar” en todas las calles de Caracas”. ¿Por qué no ordena más bien que en todas las calles haya suficientes policías mejor armados que el hampa para impedir tantos asesinatos de gente del pueblo para robarles una bolsa de comida o un celular?

Padrino López, ratificado ministro de la Defensa, viola la Constitución que prohíbe a los militares parcializarse políticamente, al insultar a los nuevos legisladores diciéndoles que “necesitan una cátedra de moral” por haber retirado del Hemiciclo las imágenes del ex presidente Chávez y la reconstruida y falseada imagen de El Libertador. Y finaliza así su largo panegírico: “Causa profunda indignación porque Bolívar y Chávez personifican la patria”. Usted está equivocado, señor Padrino, usted sí que necesita una cátedra, al menos de historia. Cuando Chávez llegó al poder no encontró en el Parlamento gigantografías de Caldera, el presidente saliente; ni siquiera de Rómulo Betancourt, al que millones de venezolanos llaman el Padre de la Democracia. Tampoco se encontró con el Bolívar reconstruido, falsificado e impuesto por el gobierno de turno, muy distinto al que nuestros más famosos pintores estamparon en sus lienzos. Tampoco se toparon con el caballo del escudo con el pescuezo al revés, porque la hija menor del ¿monarca? así lo pidió. Se encontró con el escudo de siempre, la bandera y la efigie de El Libertador que usted vió y respetó en la Academia Militar y de la que egresó gracias a la Democracia. Lo que ha hecho la nueva AN es retirar, sin irrespeto alguno, la gigantografía de Chávez y la “reconstruida” y falsificada imagen de El Libertador, para restituirla por la institucional. Vaya, señor Padrino, con el falso retrato de El Libertador y lleve también el de nuestros más insignes pintores, y pregúntele al pueblo soberano cuál es el de verdad, el genuino, el que regresará de nuevo al Parlamento democrático, al lado del escudo, y la bandera, únicos símbolos de la Patria. Sorprende que usted, tan preocupado por el respeto a los referentes patrióticos, no haya protestado el irrespetuoso manoseo que el chavismo ha hecho del nombre y de la imagen de El Libertador, al que convirtieron en una mercancía político-electoral de la Revolución, poniéndolo a defender los vicios y el totalitarismo que tanto criticó Bolívar en sus escritos . Chávez, señor Padrino, no es la Patria. Entre él y Maduro la destruyeron. Compruébelo usted en los altísimos índices de inseguridad, endeudamiento, corrupción, escasez de alimentos y medicinas, el hambre del pueblo, la inflación y, en síntesis, en la ruina del país.

Marta Colomina

@colominam

El conato de golpe judicial de la pasada semana sobre la impugnación de 8 diputados opositores introducida en la roja sala electoral del tsj (con minúscula), se materializó esta semana. El lunes dicha sala suspendió sus vacaciones para recibir los recursos de sus compañeros del PSUV contra los resultados de las elecciones del 6-D, avaladas por “el más confiable sistema electoral del mundo”, como nos ha repetido el oficialismo durante más de16 años. Esta vez la impugnación fue contra 8 diputados que, de prosperar, dejaría a la oposición al otro lado de la frontera (112-8 = 104), en la que habría perdido las dos terceras partes que le permitirían liberar a los presos políticos, limpiar los poderes públicos de la indecencia y corrupción que ha caracterizado su gestión y aprobar acciones de carácter económico y social por las que votó masivamente el pueblo. El economista José Guerra, diputado electo el 6-D, lo explicó magistralmente en unos pocos tweets: “Nombrado en forma fraudulenta el tsj se apresta a desconocer la voluntad del pueblo que votó por el cambio (“golpe al voto”). Guerra resalta una aberración digna del “Aunque Usted no lo Crea” de Ripley: “Uno de los magistrados recién nombrado en la Sala Electoral por la AN saliente es Christian Zerpa, quien hasta la semana pasada era diputado del PSUV en la AN y votó a favor de sí mismo para ser elegido magistrado. Zerpa, hoy ilegal magistrado, quien decidirá sobre el recurso que podría dejar a la oposición sin 8 diputados elegidos por el pueblo, fue candidato derrotado del PSUV en las elecciones legislativas del 6-D”. Tan perversamente ha sido calculado el golpe que liquidaría de un plumazo la soberanía popular, que seguramente retardarán la realización de elecciones, tiempo que aprovecharán Maduro y la fenecida AN chavista para continuar tomando decisiones inconstitucionales, dado que el tsj previó políticamente que “de no poder instalarse la nueva AN el 5 de enero de 2016”, continuaría actuando la ya prescrita AN chavista. El País de Madrid cita el rumor circulante de que la AN chavista se propone prolongar los poderes habilitantes de Maduro más allá del 31 de este diciembre, cuando vence la habilitación anterior, lo que le daría poder para acciones legislativas que corresponderían a la nueva AN a partir de 2016. Maduro aprobó el martes vía Habilitante la Ley de Consejos Presidenciales del Poder Popular, prolongó la inamovilidad laboral por 3 años más (aunque Maduro despide a funcionarios públicos “sospechosos” de no haber votado por el PSUV el 6-D). Aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB; la ley que garantiza la permanencia de los supuestos restos de Chávez en el Cuartel de La Montaña, y la “ley de semilla” sobre la que, después de haber arruinado la agricultura nacional, perseguido a los verdaderos productores del campo y de “haber terminado de destruir este año lo hecho en Venezuela” (como denuncia Fedecámaras), Maduro dice ahora que con esta normativa “se inicia un profundo proceso de transformación para tener un modelo productivo agroecológico y agrosocialista”.

“Se da como un hecho que el tsj dará curso a las impugnaciones oficialistas”, relata El País, lo que unido a “las nuevas designaciones express de magistrados, el gobierno ha reforzado su control sobre el máximo tribunal”. Con el golpe judicial, el oficialismo desactivaría la mayoría calificada de la oposición que la habilita para aprobar votos de censura contra el vicepresidente y ministros, convocar referendos y reformar la Constitución, entre otros. Abogados constitucionalistas reconocidos como Jesús María Casal y Carlos Ayala Corao aclaran que, aun sin conocer detalles de los expedientes, se sabe que quienes impugnan pidieron una medida cautelar que podría acelerar cualquier decisión, sin embargo ésta no debería impedir la juramentación de los diputados electos y proclamados por el Poder Electoral. “Tendrían que demostrar una causa legal para anular la votación y apenas se entregaron los recursos”, afirma Casal. “A pesar de la impugnación, la AN debe instalarse el 5 de enero con los 167 diputados electos del 6-D, pues un eventual proceso de nulidad de esas elecciones tiene lapsos y términos probatorios que sobrepasan esa fecha” sostiene Ayala. Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, añade que el tsj debe solicitar al CNE los expedientes administrativos de cada caso, pero el CNE está de vacaciones hasta el 11 de enero”. Ya imaginamos en qué “bolsillo” se meterán Maduro y sus rojos “magistrados” los razonamientos legales y constitucionales de Casal, Ayala y el amigo Chúo, partiendo de que si la sala electoral rojita cortó sus vacaciones para recibir las impugnaciones oficialistas contra la oposición, el CNE rojito podría hacer lo mismo. El propio Torrealba denunció que “personal psuvista del CNE y dactiloscopistas analizaron data electoral de Amazonas”, una de las zonas impugnadas. Vaya usted a saber qué marramucias habrán hecho en esa data.

Los atajos leguleyos del tsj son un golpe judicial rechazado por la comunidad internacional: la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana denuncia que “Maduro comete fraude poselectoral al limitar inconstitucionalmente a la nueva Asamblea”. Numerosos ex jefes de Estado y de gobierno están exigiendo a la OEA y a la UE rechazar la impugnación de diputados; varios congresistas del mundo (Estados Unidos, Europa y otros) denuncian que la impugnación de diputados y aprobación irregular de magistrados oficialistas viola la voluntad del pueblo, a la par que critican la creación poselectoral del parlamento comunal.

Maduro, alienado con su obsesión por el poder que sabe perdido, se olvida de la explosiva bomba del descontento popular originada en la corrupción, torpeza y erradas políticas oficiales que han sumergido al país en la peor crisis de su historia. Maduro debería leer la profusión de críticas a su gobierno en Aporrea, el que fuera el “santa-sanctorum”del chavismo y reconocer que el resultado electoral del 6-D prueba que perdió hasta el chavismo genuino. Lo que le queda a Maduro son grupos de delincuentes armados por el propio gobierno, como aquellos que, siguiendo las prácticas golpistas de quienes los financian, están convocando a “tomar la AN el 5 de enero” y gritan que “es constitucional la toma del Parlamento por parte del pueblo legislador en acción para la calle”. Propósito que se convierte en prueba palpable de que Maduro se quedó sin pueblo de verdad y lo que le queda, mientras los pague, son mercenarios violentos que desfilan por los ministerios los 15 y 30.

PD: A pesar de los estertores golpistas de corta vida, y las dificultades económicas y sociales que viviremos todos en 2016 por culpa de quienes se aferran inconstitucionalmente al poder ¡Feliz año 2016 para todos! Y a seguir luchando por la libertad de los presos políticos y por una democracia plena para todos los venezolanos.

Marata Colomina

@colominam

Es inútil que Maduro intente ponerle un barniz seudojurídico a su golpe de Estado (sin militares, por ahora) puesto en marcha a través de sus títeres del tsj (con minúsculas y nada supremo), quienes decidieron desconocer la voluntad del pueblo soberano expresada el 6-D. La sala constitucional “blindó” las decisiones ilegales tomadas por la AN saliente al avalar la designación fuera de tiempo de 13 magistrados, a pesar de la multitud de vicios de inconstitucionalidad de dicho proceso. Por si fuera poco, la también chavista sala electoral aceptó la impugnación de 22 diputados opositores a través de “un recurso contencioso electoral con medida cautelar” introducido por el PSUV, es decir, por Maduro, para inhabilitar e impedir la juramentación de esos 22 de los 112 diputados obtenidos por la MUD. Nicolás pretende “resolver” con un golpe lo que no pudo lograr democráticamente el 6-D. De esquilmar inconstitucionalmente esos 22 diputados, la MUD quedaría con solo 90, lo que aniquilaría la potestad otorgada por el pueblo de revocar las decisiones inconstitucionales de la legislatura saliente, tales como la designación de magistrados del tsj, rectores del CNE y miembros del Poder Ciudadano, como tampoco aprobar votos de censura al vicepresidente y a los ministros. Es decir, la nueva AN quedaría como un jarrón chino. No hace falta ser avezado jurista para suponer que el tsj, nombrado en segundo grado por la AN, no puede estar políticamente por encima de la nueva AN elegida  con mayoría calificada por el voto directo y secreto del pueblo soberano. La Constitución vigente es muy clara al respecto: “La soberanía reside instransferiblemente en el pueblo”, representado en los diputados elegidos el 6-D. En esa Constitución y en esa nueva AN residen tanto el poder constituyente como el poder constitucional. Lo demás es golpismo, por muchos adornos leguleyos que pretendan ponerle los metastásicos poderes de Maduro.

Estos arrebatones contra la soberanía popular no solo han sido protestados por la oposición, sino que han surgido muchas voces disidentes dentro del chavismo. El viraje golpista de Maduro al desconocer los resultados electorales y acusar a la MUD de “fraude y trampa electoral”, luego de haber aceptado su derrota, ha desconcertado a destacadas figuras del oficialismo partidarias de pasar la página, hacer un análisis objetivo de la responsabilidad oficial en esa derrota e iniciar con urgencia un cambio de las políticas que condujeron a la enorme crisis social y económica, expresada en escasez extrema de alimentos y fármacos (de país en guerra), inflación más alta del mundo (FMI y BM) e inseguridad que en 2015 sobrepasará las 30.000 muertes violentas, según organismos especializados. El historiador y simpatizante del oficialismo Vladimir Acosta, figura frecuente en VTV, sostiene que “el chavismo debe reconocer que perdió la AN por paliza”, a la par que apuntó sus críticas a los medios de comunicación oficiales y a la “regaladera que no resultó en nada”. Otra destacada docente y simpatizante del chavismo, Maryclen Stelling, afirma que “es peligroso decir que hubo fraude después de que el presidente reconoció al CNE” y recomienda al chavismo “desnudar” lo que pasó el 6-D: “Vivimos con una población que votó nulo o en contra y no hablo del voto traición”. Hasta Schemel, encuestador oficial, señaló que “el principal adversario del chavismo fue el propio gobierno”. Es grotesco entonces que Maduro, para justificar su derrota, denuncie un “fraude opositor”, dado que al menos 5 veces, del 1° al 7 de este mes, expresó su total confianza en el CNE. Los días previos al 6-D leíamos que Transparencia Internacional denunciaba 401 abusos electorales oficiales, de los cuales 23 correspondían a la Gobernación de Aragua y 18 a Miraflores. No hubo encuesta alguna (incluidas las del gobierno) que no arrojasen una intención de voto a favor de la MUD que más que duplicaba a la del oficialismo.

Destacados juristas y personalidades políticas del mundo califican también de “golpe de Estado” el viraje oficial y citan como pruebas de ese golpe: 1) ignorar a la AN elegida por el pueblo y sustituirla por un inventado “parlamento comunal”; 2) el nombramiento inconstitucional y “fuera de plazo” de 12 magistrados chavistas del tsj, “legitimado” por la muy politizada sala constitucional, y 3) la aceptación de la sala electoral de la solicitud de impugnación hecha por el gobierno de 22 diputados opositores que, de prosperar, la MUD se quedaría con 90 diputados de manos atadas, que no podrían revocar las inconstitucionales designaciones y aberrantes leyes aprobadas con anterioridad. Tan entregada al oficialismo está la sala electoral que en su web se indica “que tuvo despacho hasta el 10 de diciembre”, sin embargo, abrió sus puertas el 22 para recibir la impugnación contra 22 diputados opositores, cumpliendo así la orden del gobierno.

Los chavistas críticos apuntan hacia las erradas políticas de Maduro y su dirigencia, a la falta de democracia interna, la violencia y la corrupción, como causantes de la debacle electoral y económica. Los ex ministros Alí Rodriguez Araque (petróleo y economía), y Víctor Álvarez, entre otros, claman por activar “un plan de emergencia económica que pasa por correcciones cambiarias; suspensión de la emisión de dinero sin respaldo del BCV; consenso con el sector privado para evitar que la crisis se agrave en 2016; aumento de la gasolina; disminución del gasto militar y priorizar inversiones en educación, salud, vivienda, seguridad y reactivación económica; y sustituir las ruinosas importaciones gubernamentales con dólares a 6,30 bolívares por programa de compras a favor de la agricultura y la industria venezolanas”. Maduro, pertinaz en el error, no hará caso: seguirá con “el cuánto hay pa’ eso” de las empresas de maletín a 6,30; las quebradas empresas del Estado (Sidor no tiene repuestos, no paga a proveedores, no hay insumos, no produce cabillas, ni planchones, ni alambrón); con la espantosa corrupción en Pdvsa, que hoy le debe 145.000 millones de dólares al también arruinado BCV y uno de sus asaltantes, Roberto Rincón, “pana” de Rafael Ramírez, fue apresado en Estados Unidos acusado de “sobornos por 1.000 millones de dólares a la petrolera Pdvsa”. Maduro seguirá hostigando a Lorenzo Mendoza y demás empresarios; aumentará los controles en una economía en ruinas, como le aconsejan sus radicales; tendrá inflación cercana a 400%, anaqueles vacíos y el pueblo en las calles harto de pasar hambre y ser acosado por el hampa, mientras los “enchufados” rojos pasean con sus escoltas, lujosas camionetas y vida ostentosa. La metástasis del régimen es, como todas las metástasis, mortal.

Marta Colomina

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