Con frecuencia escucho a dirigentes políticos vinculados a la revolución afirmar que los EEUU se quieren apoderar del petróleo venezolano. Me temo que están equivocados. EEUU, con una producción que ya superó a las de Rusia y Arabia Saudita, es el principal productor mundial de petróleo. Su producción está creciendo al ritmo más acelerado de los últimos 100 años gracias al desarrollo del fracking, tecnología que les ha permitido explotar inmensas reservas de petróleo de lutitas.

Más interesados estamos los venezolanos en conservar nuestro acceso al mercado de los EEUU que los estadounidenses en apoderarse de nuestro petróleo. Me explico:

El nuestro es un petróleo pesado, con mucho azufre y residuos metálicos que sólo puede ser procesado en refinerías dotadas de procesos de conversión profunda. Hay pocas en el mundo, pero fundamentalmente se encuentran en los EEUU y muchas de ellas pertenecen a CITGO, filial de PDVSA.

CITGO es el principal brazo comercializador de nuestro petróleo. La empresa llegó a ser propietaria total o parcialmente de 8 refinerías en EEUU con capacidad para más de 1,5 millones de barriles diarios, además de 66 terminales, oleoductos que atravesaban a EEUU de sur a norte y más de 15.270 estaciones de servicio abanderadas con la marca CITGO donde vendían gasolina y productos venezolanos. Llegamos a controlar el 10% del mercado de gasolina de los EEUU, país al que exportábamos 1,8 millones de barriles diarios de petróleo en 1998.

Se había logrado una integración vertical perfecta capaz de agregar valor en cada eslabón de la cadena. El petróleo de nuestros yacimientos era entregado en los tanques de gasolina de los automovilistas norteamericanos, después de haber sido extraído en nuestros pozos, procesado en nuestras refinerías, transportado en nuestros oleoductos, embarcado en nuestros súper tanqueros, manejado en nuestros terminales y vendido en nuestras estaciones de servicio CITGO.

En un proceso de inimaginable irresponsabilidad, de aquellas red de refinerías sólo nos quedan tres. Las demás las vendimos o las perdimos. De las más de 15 mil gasolineras quedarán algo más de 5.000 y nos desprendimos de los oleoductos. Ya no controlamos el 10% del mercado estadounidense, pero aún conservamos alrededor del 4%.

Hoy CITGO está 100% hipotecada. El 50,1% de sus acciones se dio en garantía a quienes aceptaron refinanciar hasta el año 2020 unos bonos de la República que vencieron en el 2017 y el restante 49,9% fue dado en garantía a cambio de un préstamos de $ 1.500 millones a la petrolera rusa Rosneft.

Para colmo otros acreedores de la República que nada tienen que ver con petróleo y que han ganado arbitrajes internacionales ante el CIADI del Banco Mundial y juicios en los EEUU están intentando cobrarse con activos de CITGO.

Conservar CITGO es de vital importancia para los intereses de Venezuela. Si la perdemos bien podríamos despedirnos del mercado de los EEUU que es el que mejor nos paga. Además, el valor agregado que se le da a nuestros crudos al procesarlos en nuestras propias refinerías que están diseñadas como un traje a la medida para las características de nuestro petróleo es extraordinario. Otros podrían comprarlo pero pagándolo a precios de gallina flaca.

Estábamos a punto de perderla. Pero ahora la Administración de CITGO ha sido encomendada a una nueva Junta Directiva designada por el presidente (e) Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Debido a las sanciones de los EEUU, no puede mientras tanto procesar petróleo venezolano ni enviar dinero al país. Sin embargo, su misión fundamental es salvar a CITGO para Venezuela. Temporalmente tendrá que operar con crudos pesados de otras procedencias.

Esa misión está a cargo de profesionales de la más alta calificación imaginable. Entre ellos Luisa Palacios, graduada cum laude de la UCAB, con maestría en la Universidad de Columbia y Phd en la Universidad John Hopkins de Washington. Ángel Olmeta, quien en la década de los ochenta negoció la compra de CITGO y fue Director tanto de CITGO como de PDVSA. Luis Urdaneta, quien fue presidente de la propia CITGO y Vicepresidente de PDVSA. Están también Edgar Rincón graduado con honores de la Universidad de Michigan y ex director de McKinsey y Andrés Padilla quien cuenta con un MBA en la escuela de negocios de la Universidad Internacional de Florida. El otro director es Rick Esser con una larguísima experiencia en la propia CITGO.

Sobre sus hombros pesa una inmensa responsabilidad. CITGO está en el ojo del huracán.

@josetorohardy

Conforme a las políticas petroleras previstas en el Plan País, se preservará la propiedad de la nación sobre los yacimientos de hidrocarburos. Sin embargo, puesto que el objetivo es maximizar la producción de petróleo y gas, es evidente que habrá que realizar una cuantiosa inversión.

Basta con señalar que para 1998, cuando Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles por día. Hoy, según fuentes citadas por la OPEP, nuestra producción apenas supera 1,1 millones de barriles diarios. Es decir, habrá que recuperar más de 2.400.000 barriles diarios, además de compensar el declive natural de los yacimientos.

Durante muchos años la política petrolera se basó en la búsqueda de mayores precios descuidando los volúmenes producidos. Ahora es indispensable recuperar la producción.

El ingreso petrolero es el resultado, principalmente, de dos variables: cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende. Pretender equilibrar el gasto público con base en precios resulta imposible, porque se requerirían precios superiores a los 200 dólares por barril. Pretender equilibrarlo sobre la base de producción es una tarea que tomaría muchos años.

Tal afirmación se hace evidente al revisar el estudio realizado por el Grupo Orinoco, presidido por Arnoldo José Gabaldón. Se trata de un extraordinario trabajo coordinado por Francisco Javier Larrañaga, quien sobresale entre los más calificados profesionales de la Pdvsa meritocrática. Allí se constata que en un escenario de crecimiento acelerado le tomaría a Venezuela unos 5 años en alcanzar una producción de 2,5 millones de barriles por día.

Para ello habría que reactivar unos 7.470 pozos cerrados (categoría 2), perforar 3.803 pozos nuevos, realizar 2.700 trabajos de reacondicionamiento, inyectar vapor a 5.209 pozos y aumentar de 26 actuales a 104 el número de taladros operativos.

Proyectando las cifras mencionadas, nos tomaría 9 años alcanzar nuevamente la producción de 3,5 millones de b/d que teníamos en 1998. Casi una década recuperar el nivel de producción que teníamos 20 años atrás. Eso nos habla del nivel de destrucción masiva a que ha sido sometida nuestra industria petrolera.

Conforme a las cifras del Grupo Orinoco, estamos hablando de erogaciones, entre inversiones y gastos, de unos 25.000 millones de dólares por año. Los tiempos podrían acortarse y aspirar a mayores niveles de producción si pudiésemos contar con inversiones más altas que requerirían condiciones jurídicas y fiscales capaces de atraerlas.

El Estado venezolano carece de los recursos para afrontar tal esfuerzo. Si los tuviese, su prioridad debería ser la atención de la crisis humanitaria y un enorme esfuerzo para enfrentar los acuciantes problemas de la educación, la salud, la seguridad y la justicia.

Por tanto le corresponderá al sector privado, nacional y extranjero, un papel vital en la recuperación de nuestra industria petrolera. Tanto más cuanto que la vida útil del petróleo como agente energético se está acortando. Los principales pronosticadores a escala mundial calculan que la participación del petróleo en la matriz energética disminuirá sensiblemente.

La Agencia Internacional de la Energía advierte que la demanda mundial de petróleo seguirá creciendo por unas dos décadas más, pero que a partir de 2040 cederá progresivamente ante otros agentes energéticos menos contaminantes. Tenemos, pues, una “ventana de oportunidades” que nos obliga a actuar de inmediato –para mañana es tarde– a riesgo de que nuestras reservas de hidrocarburos se queden para siempre en el subsuelo.

Visto que ni el precio ni el volumen pueden resolver a corto plazo el problema del ingreso petrolero, la variable que más puede incidir en la recuperación de la economía es el efecto multiplicador de las enormes inversiones que se requieren no solo en petróleo, sino también en los demás sectores de la economía.

Todos los países que disponen de petróleo están también al tanto del tema de la “ventana de oportunidades”. Todos están tratando de atraer inversiones. Sin sacrificar soberanía, tenemos que aplicar una política petrolera que nos permita ser competitivos. Ese es uno de los objetivos del Plan País en materia petrolera.

@josetorohardy

Como estudioso de las ciencias políticas intentaré analizar el caso desde una posición neutral.

El gobierno ha sido percibido como un reivindicador social. A pesar de haber contado con extraordinarios ingresos petroleros que le hubieran permitido propiciar una mayor equidad, se inclinó por la lucha revolucionaria y optó por mecanismos impuestos mediante una marcada ideología marxista.

En lo internacional favoreció un modelo multipolar contra Estados Unidos, intentando revivir el sistema que imperó en los países de la órbita socialista hasta 1989 cuando cae el Muro de Berlín, se desmorona el comunismo en el “otoño de las naciones” y se derrumba la URSS en 1991. Fukuyama lo llamó “el fin de la historia”.

A partir del año 2000 se desata un aumento extraordinario en el precio de todas las materias primas, dotando de ingresos excepcionales a los gobiernos de la región.

Se multiplican los gobernantes de izquierda como Chávez, Lula y Dilma, Lugo en Paraguay, Fernando y Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, Zelaya en Honduras y Ortega en Nicaragua.

Concluido el fenómeno, esos gobiernos se vienen a pique. Quedan algunos como Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, inmersos en acusaciones de corrupción, como los que ya se fueron.

El gobierno venezolano cuenta con el apoyo cubano y el respaldo verbal de Rusia y China. Rusia, con una economía más pequeña que la de Italia y severos problemas geopolíticos en sus fronteras, no tiene la fuerza para ir más allá. El comercio bilateral (sin incluir servicios) entre Estados Unidos y China es del orden de los 650.000 millones de dólares al año. En un análisis costo-beneficio cabe preguntarse, ¿va a arriesgar China eso por defender a Maduro? También organizaciones como Hezbolá y ELN apoyan a Maduro.

Venezuela enfrenta un colapso económico con la destrucción del aparato productivo y la industria petrolera, con la más alta inflación del mundo, severa escasez de alimentos y medicinas y una crisis humanitaria que desató la migración masiva de su población hundida en un empobrecimiento sin precedentes. También una difícil contingencia política. A partir del 23 de enero se han lanzado a las calles centenares de miles de ciudadanos que apoyan como presidente (e) de la República a Juan Guaidó.

La reelección de Nicolás Maduro se produjo el 20 de mayo de 2018 en elecciones no reconocidas por numerosas naciones por no cumplir con estándares democráticos.

Al llamado moralizador de nuestros obispos y la impopularidad del régimen se agrega un vecindario particularmente adverso, en el que destacan los presidentes Duque de Colombia y Bolsonaro de Brasil, además de Macri en Argentina, Piñera en Chile, Vizcarra en Perú, Benítez en Paraguay, Moreno en Ecuador, Alvarado en Costa Rica y los 14 países del Grupo de Lima (excepto México).

Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, Australia y otros ya han reconocido la presidencia interina de Guaidó. Los 28 miembros de la Unión Europea han dado un ultimátum de 8 días para que se anuncie la convocatoria de nuevas elecciones “justas, libres, transparentes y democráticas”. De lo contrario reconocerán la presidencia interina de Guaidó.

En una medida decisiva, Estados Unidos prohibió la compra de petróleo a Venezuela privando a Maduro de unos 11.000 millones de dólares en ingresos y congelando activos de Pdvsa por unos 7.000 millones de dólares. Las consecuencias serán devastadoras.

La ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos agravó la situación.

La posición del gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente fuerte. El presidente Trump manifiesta su intención de mantener sobre la mesa “todas las opciones”, al igual que el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo que viene de encabezar la CIA. Forman parte de ese equipo John Bolton, consejero de Seguridad Nacional; William Brownfield, Elliott Abrams, uno de los “halcones” de la era Reagan-Bush que tuvo a su cargo el caso Noriega en Panamá, además de senadores como Marcos Rubio, Bob Meléndez, Ileana Ros-Lehtinen y otros.

No son enemigos pequeños los que enfrenta Nicolás Maduro. Un análisis objetivo de su situación conduce a la conclusión de que sus debilidades prevalecen marcadamente frente a sus fortalezas.

@josetorohardy

En 1998 había alcanzado el poder en Venezuela, vía electoral, un militar retirado en cuyo récord se encontraba una intentona de golpe de Estado y su desprecio por la democracia.

Aunque sus ideas parecían un ventorrillo de incoherencias y su formación no era la requerida, su elocuencia fue capaz de hipnotizar amplios sectores de la población.

Llegó así a la Presidencia. A la locuacidad del aventurero se le sumó un golpe de suerte excepcional. A partir del año 2000 estalla un “superciclo de commodities”, fenómeno que solo ha ocurrido 4 veces en 200 años. El precio de todas las materias primas, particularmente del petróleo, se disparó a niveles nunca antes soñados por un lapso de tiempo casi 3 veces mayor al de un ciclo económico convencional. Era como un incontenible maná caído del cielo.

Los años de abundancia no fueron aprovechados por el líder para crear una economía sustentable. “Exprópiese, exprópiese” fue su lema. Mediante un populismo exacerbado se concentró en tres objetivos: demoler la institucionalidad (incluyendo la militar), crear un partido político que pudiese garantizar el control del poder indefinidamente y destruir el aparato productivo –ya sea por dogmatismo o incompetencia– quizá para crear una dependencia absoluta con respecto al Estado.

Aquel líder falleció y su sucesor no reúne sus mismas condiciones. Además, el “superciclo de commodities” llegó a su fin, y a la caída de los precios del petróleo se le suma la vertiginosa debacle de la producción resultado de la incapacidad absoluta de quienes han manejado la industria.

El fin del referido ciclo ya se llevó por delante a casi todos los viudos del Foro de São Paulo: Lula, Dilma, Fernando y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Fernando Lugo y Zelaya. Quedan otros que, a juzgar por los acontecimientos, pudieran estar de salida.

Cuatro jinetes del apocalipsis destruyeron a Venezuela en las últimas dos décadas: la corrupción, la incompetencia, el dogmatismo y la ignorancia.

En medio de un autoritarismo creciente, en poco más de 4 años el PIB se ha reducido a la mitad. La hiperinflación es la más alta del mundo. Un déficit fiscal inmanejable cubierto con dinero inorgánico del BCV, que no hace más que arrojar gasolina al devastador fuego de la hiperinflación. La industria petrolera, que aporta 96% de las divisas, aniquilada. El cierre de miles de industrias. La expropiación de más de 6 millones de hectáreas que antes eran productivas y ya no lo son, dando lugar a una brutal escasez de alimentos que sumada a la falta de medicinas y al colapso de los servicio de salud, nos arroja a una profunda crisis humanitaria. El default en el pago de la deuda y sus consecuencias. El colapso de los servicios públicos. El creciente número de arbitrajes perdidos y el riesgo de perder activos vitales como Citgo. El empobrecimiento incontenible de la población y la migración masiva de millones de venezolanos.

A todo ello hay que agregar un aislamiento internacional sin precedentes. Infinidad de países se niegan a reconocer la legitimidad de un presidente surgido de unas elecciones antidemocráticas. Y, además, el inmenso peso moral de las palabras de nuestros obispos que también desconocen la legitimidad del régimen.

Solo faltaba un elemento: el pueblo en la calle. Para el momento en que este artículo sea publicado, ya habrá pasado el 23 de enero. Será un día decisivo a partir del cual, pase lo que pase, la cadena de acontecimientos luce indetenible. El país se está uniendo en torno a la incuestionable legitimidad y autoridad moral de la Asamblea Nacional y de su presidente, Juan Guaidó.

Históricamente la legitimidad ha sido la clave que determina el veredicto final de quienes detentan el uso de las armas. Pérez Jiménez o Fujimori creyeron que esas fuerzas les eran incondicionales. Lo fueron hasta que dejaron de ser legítimos. Desde el Imperio Romano hasta nuestros días hay infinidad de ejemplos.

Ninguno de los elementos antes mencionados, individualmente, parecía capaz de producir el cambio que anhelan las mayorías. Sin embargo, la suma de todos ellos augura finalmente un rumbo.

@josetorohardy

Los años del gobierno de Marcos Pérez Jiménez fueron los de mayor prosperidad material que ha conocido Venezuela. En los cincuenta éramos el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita, superados solo por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El bolívar venezolano y el franco suizo eran las monedas más sólidas del planeta y la inflación inexistente. Fuimos el abastecedor petrolero más seguro y confiable del mundo. Éramos el futuro. Una fuerte corriente migratoria venía a asentarse en Venezuela. Entre 1950 y 1957 fuimos la economía de mayor crecimiento en el planeta. El crecimiento acumulado de nuestro PIB alcanzó 87%, en tanto que la segunda economía que más creció fue la de Alemania Occidental, con 67%.

La Guerra Fría avanzaba. Las dos superpotencias triunfantes en la II Guerra Mundial y sus modelos se enfrentaban en sus áreas de influencia. Había estallado la Guerra de Corea. El comunismo, apoyado por la URSS y China, se quería apoderar del Sudeste asiático. El sha de Irán, que abastecía de petróleo a Estados Unidos y sus aliados en aquel conflicto, fue derrocado en 1952 por su primer ministro Mossadegh, lo que interrumpió la producción petrolera iraní. Se pensó que el comunismo vencería.

El rey Farouk de Egipto fue derrocado en 1952 por Gamal Abdel Nasser, quien en 1956 nacionalizó el Canal de Suez, vital arteria petrolera para el Occidente. Inglaterra, Francia e Israel le declararon la guerra. Nasser contaba con el apoyo de la URSS. Una tercera guerra mundial lucía inminente.

En medio de aquel peligroso panorama geopolítico el petróleo venezolano era vital para el mundo. Eso dotó al gobierno de Pérez Jiménez de inmensos ingresos que bien utilizados fueron la causa de la prosperidad del país, asegurando la estabilidad del régimen.

Pero el gobierno de Pérez Jiménez contaba con una dudosa legitimidad de origen. En 1948 el gobernante había derrocado a Rómulo Gallegos y en 1952 había protagonizado un fraude electoral que lo llevó a gobernar durante los siguientes cinco años. Las libertades políticas brillaron por su ausencia.

Veamos cómo se desenvolvieron aquellos acontecimientos y el paralelismo con muchos de los actuales:

El 1 de mayo de 1957 monseñor Arias Blanco emitió una dramática pastoral contra las injusticias del régimen. El peso moral de las palabras de la Iglesia fue y es determinante. El Colegio de Ingenieros, academias, la Asociación Venezolana de Periodistas, sindicatos, estudiantes y empresarios emitieron, manifiestos en repudio a la dictadura. Muchas personalidades fueron encarceladas o exiliadas y los calabozos se llenaron de presos políticos. Parecido a lo que hoy ocurre.

Al vencimiento del período constitucional, Pérez Jiménez convocó un plebiscito el 15 de diciembre de 1957. Cometió un nuevo fraude electoral al proclamarse vencedor y juramentarse como presidente para un nuevo período de cinco años. Parecía que con el apoyo que se creía incondicional de unas Fuerzas Armadas a las que muchos acusaban de cómplices y corruptas el panorama lucía despejado para el dictador. Sin embargo, había perdido la legitimidad, y sin ella se perdió la autoridad moral para exigir obediencia al mundo militar.

La fuerza, sin el respaldo de la legitimidad, suele volverse contra quien la usa. Así, en la madrugada del 1 de diciembre de 1958 la Fuerza Aérea se alzó al igual que los blindados al mando del teniente coronel Hugo Trejo. En un intento por controlar la situación, Pérez Jiménez reestructuró su tren ejecutivo, excluyó a Pedro Estrada y Vallenilla Lanz y designó numerosos militares incondicionales en su gabinete. Nada logró. El 23 de enero tuvo que huir a bordo de la “Vaca Sagrada”.

La historia tiene una terca tendencia a repetirse. Las analogías son obvias, con la diferencia de que, en lugar de la inmensa prosperidad de aquella época, Venezuela atraviesa hoy la mayor crisis económica de su historia y enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes. Tanto peor sale parado el régimen.

Hoy al igual que en 1958, la oposición se une. El 23 de enero es emblemático. La rueda de la historia está girando. Vale aquí citar una frase de Víctor Hugo: “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Fuenteovejuna es quizá la obra más universal de Lope de Vega. Refiere lo acaecido en un pueblo así llamado en tiempos de los Reyes Católicos. Su Comendador era Fernán Gómez de Guzmán, hombre soberbio y corrupto que abusaba de su pueblo y de su autoridad, robaba las rentas y encarcelaba a los habitantes. Finalmente, el pueblo se subleva ante su tiranía y una noche de abril de 1476 le dan muerte.

Los reyes envían jueces para investigar lo ocurrido y ante la pregunta: “¿Quién mató al Comendador?”, todos contestan: “Fuenteovejuna, señor”. “¿Quién es Fuenteovejuna?”, y por respuesta: “Todo el pueblo, a una”.

Lope de Vega, en su obra inmortal, refiere un fenómeno que se repite a lo largo de la historia: la rebelión de un pueblo ante la opresión de un tirano.

Ese es precisamente el fundamento del artículo 350 de la Constitución:

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Los pobladores de Fuenteovejuna, después de mucho soportar, finalmente se les agota la paciencia y se unen para enfrentar la tiranía. Eso mismo pareciera estar ocurriendo en Venezuela.

El 5 de enero vimos renacer la unidad. Toda la oposición se unió para designar a Juan Guaidó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. En su discurso planteó una meta común: a partir del 10 de enero se desconoce la legitimidad de Maduro.

Esa propuesta, con matices, la respaldan numerosas instituciones. Es la misma que propone la Academia de Ciencias Políticas y Sociales al rechazar la juramentación del presidente prevista para el 10 de enero “por ser electo en un proceso fraudulento” como el que ocurrió el 20 de mayo.

Los argumentos para tal rechazo fueron prolijamente desarrollados por la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, cuyos profesores proponen a la AN que declare como “gobierno de facto” al actual régimen y agregan que el despotismo del 10-E apunta a la “disolución de la República”.

La Conferencia Episcopal Venezolana ha señalado: “Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la asamblea nacional constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo”. Nos viene a la memoria la Pastoral de monseñor Arias Blanco el 1 de mayo de 1957 y sus repercusiones que condujeron al 23 de enero de 1958.

Y más recientemente los 14 miembros del Grupo de Lima (excepto México) advirtieron: “El proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”. Agregan que “no reconocen la legitimidad del nuevo período presidencial”, reafirman su “inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional en Venezuela” y exhortan al presidente Maduro a “transferir a la Asamblea Nacional, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

Por su parte, el embajador de Francia declaró que no asistirá a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero: “Se trata de una posición conjunta de la Unión Europea”; es decir, ninguno de sus embajadores asistirá.

Lo OEA celebrará el mismo 10-E una reunión para considerar el caso de Venezuela. La pérdida de legitimidad y el fin de la democracia es el denominador común de todos los planteamientos.

La oposición deberá compartir la tarea –con el respaldo de la comunidad internacional– que propone el Grupo de Lima. A la Asamblea Nacional y al TSJ designado por ella les corresponderá un papel protagónico. Actuando como equipo, sin necesidad de un líder mesiánico, deberán cumplir con la responsabilidad que les toca –“todos a una”–, tal como recitaba Lope de Vega en su imperecedera obra Fuenteovejuna.

José Toro Hardy

@josetorohardy

La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes, tiene que haber respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

El 10 de enero terminan de caer las máscaras y desaparece cualquier vestigio de legitimidad.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Solo el Poder Legislativo, elegido mediante el voto directo del pueblo, dispone hoy de legitimidad de origen, aunque el régimen le ha arrebatado sus facultades. También el TSJ designado por la AN cuenta con plena legitimidad.

La legitimidad de origen no puede ser el resultado de unas elecciones convocadas al margen de la Constitución y en las cuales se impuso el punto de vista sostenido por Stalin: “Qué importa quién vote. Lo que importa es quién cuenta los votos”.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” –según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española– es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”.

“Le pouvoir arrête le pouvoir”, sostenía Montesquieu (1689-1775). “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704), filósofo inglés del Siglo de las Luces, que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de Estados Unidos, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía: “La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos… puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía». Los padres fundadores de Estados Unidos, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales” cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 300 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA y denunciadas ante la Corte Penal Internacional por varios Estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se cuentan Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, denuncia a la cual se sumaron países como Canadá y Francia.

En estos momentos decisivos de nuestra historia, a la comunidad internacional le corresponderá un papel fundamental en lo que habrá de ocurrir en Venezuela.

Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, la libertad muere y los hombres que se pliegan pasan a ser esclavos.

@josetorohardy

El presidente Maduro acaba de anunciar un nuevo aumento de los salarios y otras medidas similares que calificó como “un regalo del presidente”.

¿Regalo del presidente? Yo te aviso, chirulí. Lo estamos pagando todos los venezolanos con hiperinflación.

Tratemos de analizar algunos de sus recientes anuncios. El primero fue el aumento del salario nominal 4.500 bolívares soberanos. No es el monto lo que llama la atención. Si a ver vamos es insuficiente y refleja la brusca caída del poder adquisitivo de los salarios en el país.

Ricardo Hausmann ha dicho que a dólar libre el salario de 1.800 bolívares soberanos que se decretó a partir del primero de septiembre equivalía a 30 dólares de aquel momento en el mercado libre y que en poco tiempo la pérdida del valor adquisitivo de la moneda lo había reducido a 4,50 dólares. Plantea ahora Hausmann que el nuevo salario decretado de 4.500 bolívares representa apenas 11 dólares en el mismo mercado. Estamos peor que antes.

Lo que se pone en evidencia es que cada vez que se decreta un aumento del salario se desatan mecanismos que erosionan el valor de la moneda, con lo cual el aumento se disuelve rápidamente como sal y agua entre las manos de los trabajadores. No se trata, desde luego, de ninguna guerra económica.

A nadie le importa cuántos bolívares le pagan de salario. Lo que interesa a los trabajadores es cuántas cosas pueden comprar con esos bolívares.

Ese es el secreto. Lo que hay que procurar es un aumento del salario real y no del nominal. Eso se logra con aumentos de la oferta, de la productividad e impidiendo que el Banco Central financie el gasto público.

El salario real es aquel que representa la cantidad de bienes que el trabajador puede adquirir con el volumen de dinero que percibe y, por tanto, representa su poder de compra; es decir, la cantidad de bienes y servicios que puede lograr a partir de su salario.

Por no entender cómo funciona la economía, cada una de las medidas anunciadas por el presidente conspira precisamente contra el poder adquisitivo del salario.

Cuando el beneficio que produce un aumento de salario decretado es menor que el perjuicio inflacionario que acarrea, en lugar de favorecer a los trabajadores los perjudica.

La razón es clara: el presidente no tiene con qué pagar sus regalos, ni el régimen cómo atender los aumentos de sueldo que decreta. Para poder cubrirlos recurren al Banco Central de Venezuela para que este emita más bolívares inorgánicos. Al revisar las cifras del BCV podemos constatar que a partir del primero de septiembre la liquidez monetaria creció 432% y en los últimos 12 meses, 43.000%.

Ese crecimiento desproporcionado en la cantidad de bolívares, que me atrevería a llamar falsos, se incorpora a la masa monetaria y demanda bienes. El primer impacto es el siguiente: muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes inevitablemente conducen a un aumento en el precio de los bienes. Eso es lo que se llama inflación. Este mal, al agudizarse, puede llegar a transformarse en hiperinflación.

Pero hay un segundo impacto. Los excedentes monetarios creados artificialmente por el BCV para satisfacer los decretos del presidente, al no encontrar qué comprar en un país que padece una severa escasez de bienes de todo tipo, al final del día se desvían hacia la adquisición de dólares en el mercado paralelo. El resultado es que el valor de los dólares en ese mercado se dispara vertiginosamente.

He ahí los resultados de esta novísima teoría económica que está inventando el presidente de su propio cacumen y que, en sus propias palabras, no figura en ningún manual ni se ha aplicado en ninguna otra parte del mundo. Hoy se puede vanagloriar de haber sido el padre de la mayor hiperinflación que existe en el planeta. También puede ufanarse de haber provocado la contracción, a menos de la mitad, del tamaño de nuestra economía en poco más de cuatro años.

Esas son dos de las consecuencias inmediatas de los regalos de San Nicolás: hiperinflación e hiperdevaluación. Ambas variables se retroalimentan y conspiran en un mecanismo perverso, una suerte de guerra económica auténtica, para robarle el poder adquisitivo al salario de los trabajadores venezolanos.

@josetorohardy

El FMI anuncia que la inflación para 2018 será de 2.500.000%. La economía venezolana está colapsada. Su principal sector, el petrolero, también lo está. Es de vital importancia entender lo que ocurre.

Quienes hoy gobiernan solían decir antes de llegar al poder que Pdvsa era una caja negra. Lo cierto es que se trataba de la empresa más controlada, auditada y supervisada del país.

Actualmente la mayor parte de esos controles han desaparecido. Para empezar, el presidente de Pdvsa, que debería rendirle cuentas al Ministro de Petróleo, es el propio ministro de Petróleo. Se paga y se da el vuelto. Desde que la oposición pasó a controlar la Asamblea Nacional, Pdvsa se ha negado a rendirle cuentas y antes, cuando era controlada por el oficialismo, la Asamblea solo servía para bloquear cualquier investigación que afectase los intereses del régimen y sus allegados.

Ahora sí es como un hueco negro en el espacio que esconde algunos de los mayores casos de corrupción que ha padecido el continente en toda su historia, tal como con asombro nos enteramos casi a diario por investigaciones abiertas en otros países.

Pdvsa se ha endeudado a niveles impagables. De hecho, se dice que los únicos bonos que está pagando son los llamados 2020, porque provienen de unos bonos vencidos en 2017 y que para poder refinanciarlos hasta el año 2020 se ofreció en garantía 50,1% de las acciones de Citgo. Por cierto, el restante 49% de esas acciones fueron dadas en garantía a la petrolera rusa Rosneft cuyo presidente, Igor Sechin, estuvo esta semana en Caracas –según informa Reuters– reclamando el retraso en los envíos de petróleo con los que Pdvsa se había comprometido a pagarle la deuda. Quizá por eso el viceministro de Finanzas de Rusia, Sergey Storchak, afirmó que no hay nuevos préstamos para Venezuela.

Con China tampoco marcha bien el pago con petróleo de las deudas, dada la dramática caída de nuestra producción. No se ha cumplido el compromiso de enviar 500.000 b/d. Se comenta que los chinos están explorando cobrarse con las empresas básicas de Guayana.

Lo mismo ocurre en todos los entes públicos. No cumplen. Por ejemplo, contrario a lo que es una tendencia mundial, el Estado desde hace varios años no facilita información sobre los indicadores del delito. Tampoco da estadísticas sanitarias vitales para el combate de enfermedades y para abordar los problemas de salud y priorizar el uso de recursos. Enfermedades como la difteria, la malaria, la tuberculosis, el sarampión están retornando con fuerza. Igual ocurre con el BCV, que no publica cifras que está obligado legalmente a suministrar, al extremo que el FMI amenaza con imponer sanciones a Venezuela.

Y por supuesto está el caso de la OPEP que cada mes publica su Monthly Oil Market Report con las estadísticas fundamentales de la actividad petrolera mundial.

Al referirse a las estadísticas de producción la OPEP presenta mensualmente dos cuadros diferentes. El primero contiene los datos oficiales proporcionados por los gobiernos de la organización, y el segundo los mismos datos de producción pero suministrados por “fuentes secundarias”.

El término “fuentes secundarias” se refiere a los obtenidos de seis diferentes. Ellas son S&P Global Platts, Argus Media, Energy Intelligence Group, IHS-Markit, Energy Information Energy (EIA) e International Energy Agency (IEA).

En el caso específico de Venezuela las cifras oficiales difieren sustancialmente de las que ofrecen estas fuentes secundarias. Veamos:

Según “comunicación directa”, el gobierno sostiene que el país produjo en octubre pasado 1.433.000 b/d. Sin embargo citando “fuentes secundarias”, la OPEP informa que la producción fue de 1.171.000 b/d con una caída de 40.000 b/d con respecto al mes anterior. En 10 meses ha disminuido en 739.000 b/d. El precio también cedió marcadamente.

La Agencia Internacional de la Energía dice que nuestra producción está en caída libre. Hoy producimos lo mismo que en 1947 y tenemos la misma producción por habitante que en 1927.

En el tema económico, al igual que en cualquier otra materia, la pérdida de credibilidad del oficialismo es abrumadora.

@josetorohardy

Otra vez se corre el rumor de que se decretará un nuevo aumento del salario. El régimen no aprende. Nada se gana con aumentar el salario cuando el beneficio que aporta tal aumento es menor que el perjuicio inflacionario que acarrea.

A nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se gana. Es decir, lo que cuenta es el salario real.

El primero de septiembre se produjo el último aumento del salario. Lo único que logró fue un cierre masivo de empresas y desató una arremetida en el proceso de hiperinflación que ya se encontraba en fase de aceleración. Según distintas versiones, a estas alturas ya el aumento de los precios diluyó entre 75% y 95% del poder de compra adicional que produjo aquel incremento. Es tal la pérdida del poder adquisitivo que padece nuestra moneda que se calcula que hacia el mes de junio de 2019 ya habrá que eliminarle nuevamente varios ceros a pesar de que apenas en mayo pasado ya se le habían quitado cinco.

La pobreza crece en términos de vértigo. Habría que enfrentar con urgencia el problema al menos por dos vías de choque: la primera es atacar de frente las causas de la inflación y la segunda concentrar los mayores esfuerzos para estimular aumentos en la producción y la productividad.

Quizá habría que empezar por el sector petrolero, dado su potencial de aportar recursos. Pdvsa, después de haber sido la empresa que más bienestar aportaba a los venezolanos, es la que hoy en día genera más empobrecimiento porque es la que más contribuye a la inflación, vía monetización del déficit de su flujo de caja a través de auxilios financieros que recibe del BCV.

Hoy somos absolutamente dependientes del ingreso petrolero que aporta cerca de 96% de las divisas que le ingresan al país. Ahora bien, ese ingreso depende de 2 variables: cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende. En las últimas semanas el precio ha disminuido 20%, en tanto que la producción petrolera cae dramáticamente. En 1998 producíamos 3,5 millones de barriles diarios y nos aprestábamos a incrementar la producción gracias a la Apertura Petrolera. Hoy producimos 1.170.000 b/d y la producción está cayendo a razón de 40.000 barriles por día cada mes.

Lo cierto es que el dogmatismo, la corrupción, la ineficiencia y la incapacidad acabaron con Pdvsa. Si no la hubiesen destruido, Venezuela estaría produciendo unos 5,5 millones de barriles diarios de petróleo y la pavorosa crisis que nos está carcomiendo nunca hubiese estallado.

Pero no se trata solo del sector petrolero. Con igual tenacidad destruyeron y saquearon el resto de la economía venezolana.

“¡Exprópiese, exprópiese, exprópiese!”, proclamaba el presidente Chávez, mientras Rafael Ramírez afirmaba: “Pdvsa es roja rojita”.

Para muestra basta un botón. Esas dos citas sirven para explicar el efecto dominó de devastación que se desencadenó en todo el país. Cada funcionario competía para ser más radical que el otro. Cerca de 8 millones de hectáreas fueron expropiadas o invadidas en el sector agrícola. Miles de industrias y empresas también lo fueron y otras tantas llevadas a la quiebra. Hoy en día el campo venezolano está semiabandonado e improductivo. La escasez nos agobia y el comercio agoniza, el sector industrial apenas sobrevive, el sistema eléctrico y los servicios públicos, incluida la salud, en el acabose. El signo monetario por el suelo. Un exhaustivo sistema de controles de todo orden asfixia la economía y padecemos la mayor hiperinflación del planeta. La población viniéndose a menos aceleradamente y los venezolanos huyen por millones de su país.

Incapaz de aceptar el daño que ha causado, el oficialismo pretende culpar de todo a una supuesta “guerra económica”.

Sin embargo, la triste realidad es que, no sé si por ignorancia o por dogmatismo, en lugar de enfrentar los problemas que padecemos recurriendo a la racionalidad, el régimen insiste en profundizarlos repitiendo una vez tras otra los mismos errores que ahonda en cada giro adicional de este vertiginoso círculo vicioso de empobrecimiento en que nos están hundiendo y que ha llegado a convertirse en una verdadera fábrica de miseria.

@josetorohardy