Debemos lograr la concienciación de la población en el desarme con aportes de organizaciones expertas

Leonor tenía una ruta cómoda para llegar a su trabajo. Día tras día, compraba el periódico y caminaba dos cuadras a modo de «hacer ejercicio». Su oficina se encontraba cercana a su casa. Algunas veces, Leonor almorzaba con sus hijos y hasta tiempo le quedaba para prepararles la merienda.

Un día, Leonor compraba el periódico como siempre y al sacar el dinero de su bolso, dejó visible su celular. Un motorizado apareció de la nada y la apuntó con un arma. Leonor sin entender lo que el hombre le pedía, gritó y corrió al mismo tiempo en que el sujeto accionaba el arma y una bala dejó a Leonor tirada en el pavimento.

Leonor tuvo la suerte que todo esto ocurriera cerca de su casa y de su lugar de trabajo, porque inmediatamente fue trasladada a un centro de atención y se salvó de morir por un balazo. El proyectil se alojó entre el cuello y su brazo derecho. Hoy Leonor asiste a terapia física pero quedó sin empleo, ya que sufre de pánico al intentar rehacer su rutina laboral.

En febrero del año 2012, Juan David fue herido de bala en la frente mientras transitaba en su vehículo por la ciudad de Caracas. Un grupo de maleantes lo atacó para robarle su ve- hículo. La bala impactó en su cabeza e hizo que perdiera el control del automóvil, para luego estrellarse contra el muro de un edificio de una conocida zona de la capital.

El escándalo en los distintos medios de comunicación, Onechot habría sido víctima de la inseguridad. El conocido cantante de reggae que habría estrenado días antes un polémico video que fue censurado por estar considerado cargado de «imágenes amarillistas de violencia e inseguridad», se convirtió en el protagonista de esta historia.

Onechot se salvó y además utiliza su música para concientizar a las personas y entiendan que las armas no es el mejor camino. El cantante apoya la campaña de Amnistía Internacional «Basta de balas» y recibió el nombramiento por parte de la organización de derechos humanos de «Emisario de conciencia» por alzar su voz y unirse al clamor del desarme urgente en el país.

Casos como estos abundan en los medios de comunicación y no sólo cuando se ven envueltas celebridades como Onechot o la terrible historia de la muerte de Mónica Spear y su esposo, levantan el repudio de la opinión pública. Las señoras de la panadería, el hombre que reparte volantes, la joven estudiante, el zapatero, todas y todos nos vemos afectados por la cantidad de armas que hay en cada rincón. No nos sentimos seguros.

Contamos con la «Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones», publicada en la Gaceta Oficial N° 40.190 de fecha 17 de junio de 2013. Mucho se comentó y se visibilizaron los avances que se realizaron para desarmar a la población. Sin embargo, no fue suficiente y pareciera que la efectividad de la aplicación de esta normativa se quedó en la lista de espera de las prioridades que necesitan solución.

Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir que se cumpla la Ley y lograr la concienciación de la población en el desarme con los aportes de organizaciones expertas en materia de derechos humanos.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Gabriela Buada

@gabybuada

El Estado debe tomar acciones y eliminar por completo estas terribles prácticas

Retomando la prevención de la tortura en Venezuela, debemos recordar que tenemos una ley que sanciona tratos crueles e inhumanos. También que se hacen esfuerzos para que no existan más casos de violencia de derechos humanos. Pero no podemos olvidar que se siguen contabilizando episodios contra la dignidad humana.

El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana expresa que «Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». La Asamblea Nacional aprobó el 22 de julio de 2013 la «Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes». Contamos con un instrumento jurídico que fortalece la lucha contra este flagelo. Sin embargo, existen denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos que demuestran que en Venezuela se sigue torturando, utilizando el miedo, el dolor, para obtener una confesión o mantener el orden.

Esta ley establece en el artículo 10 que el Estado debe indemnizar a las víctimas de estos delitos, a través de la asistencia médica, psicológica y social, hasta su total rehabilitación. El artículo 17 establece una pena de 15 a 28 años de prisión a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones cometan ese delito. En el caso del delito de trato cruel, este instrumento señala que «son actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar, la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico». La pena por este delito es de 13 a 23 años de prisión.

En este sentido, es importante recordar al Estado, a las y los ciudadanos, que existen normativas legales que favorecen la erradicación de la tortura en Venezuela. La denuncia es importante para obtener justicia, reparación y rehabilitación a la víctima de estos delitos. No se puede tapar el sol con un dedo y practicar la negación en tan lamentable situación. La ley fue creada para respetarla e implementarla y sancionar a los responsables de aplicar tortura. El Estado debe tomar acciones y eliminar por completo estas terribles prácticas.

Históricamente estos delitos se denunciaban en el país, pero no existía una ley que sancionaran estos delitos de tortura. Resulta inaceptable que aún se den a conocer testimonios de víctimas a las que al ser detenidas, se les inmovilizan de manera forzada con esposas, les aplican posiciones por largos periodos para mantenerlas inmóvil, les propinan descargas eléctricas, golpizas, con puños o distintas herramientas. Las ahogan, les aplican fármacos que causen efectos en el cuerpo como taquicardia, las priven del sueño por más de 4 días en cuartos blancos.

También es injusto conocer personas que han estado en celdas con temperaturas muy bajas y a las que se les niegan sus alimentos por largos periodos o se les entregan en estados de descomposición. Respetemos la ley y hagamos que se cumpla. ¡No más tortura!

Red de Apoyo por la Justicia y Paz

@gabybuada

Volvamos a querer y a sentir nuestro país, trabajando todos los días por tener ese lugar soñado

Luego de los sucesos vividos en el mes de febrero de 2014, el tiempo pasó y transcurrido un año siguen latentes los recuerdos de una marcha que se tornó violenta el Día de la Juventud y que al menos tres personas perdieron la vida. Hoy los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia a las autoridades venezolanas.

No solo un día de violencia tomó al país, fueron semanas y hasta meses. El tiempo pasaba y aumentaban las cifras de las víctimas en un lugar donde la incertidumbre era parte de la vida de la ciudadanía. Todo era confuso pero fueron días violentos y en algunos lugares nada era normal.

Una crisis que conmovió a muchas organizaciones de carácter social en el mundo y que aún consideran que se debe alzar la voz a favor del respeto de los derechos humanos en Venezuela. Algunas cosas por enderezar, para que exista un verdadero compromiso de todas las partes y que ponga fin a las molestias o al sentimiento de soledad en el que se encuentran algunos familiares de víctimas.

Todas y todos estamos de acuerdo en que la no violencia en las protestas y en los actos políticos es la mejor fórmula para lograr una sociedad pacífica, haciendo uso del derecho a manifestar.

Lo cierto es que la pelota de quien es culpable de la violencia es lanzada en ambos sectores políticos del país, la culpa recae en quienes menos nos imaginamos, todo desde la posición de quien la observe. Nadie admite su responsabilidad, ni mucho menos da su brazo a torcer, así existan reuniones donde el diálogo nunca tendrá un alcance o no logrará cumplir con el objetivo. El objetivo que necesitamos es lograr la paz.

Hoy siguen las averiguaciones y las investigaciones están más que adelantadas, unas más que otras tal vez, pero pareciera que los familiares de las víctimas no dan con la esperada justicia. No se puede olvidar las vidas perdidas, la violencia de las fuerzas policiales y militares, las protestas violentas y el desfile de armas entre civiles y uniformados. Lo que sí podemos hacer es construir, alzar la voz y reclamar nuestros derechos, apoyar a quienes lo necesitan para que obtengan justicia. Seguimos coincidiendo en que la razón la tiene la paz.

Un año ha pasado y solo queremos la paz. Que no existan más muertes en protestas, no más casos de tortura, no más tratos inhumanos, no más privados de libertad por alzar la voz ante una violación de un derecho, no más juicios aplazados, ni expedientes olvidados porque los familiares de las víctimas también piensan que la razón solo la tiene la paz.

Hoy el llamado es de conciencia, de concilio y hasta de esperanza en un país en el que anteriormente el mayor enfrentamiento entre fanáticos ocurría por un juego de pelota. Volvamos a ser hermanas, hermanos, amigas y amigos. Volvamos a querer y a sentir nuestro país, trabajando todos los días por las posibilidades, por tener ese lugar soñado para que nuestras generaciones crezcan, por esa convivencia donde la educación y los valores sean las características principales de cada venezolana o venezolano. Traigamos de vuelta a ese país donde solo la razón la tenga la paz.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Gabriela Buada Blondell

@gabybuada