La reciente celebración del bicentenario de nuestra independencia nos llenó de legítima emoción. Sentimos el orgullo compartido de ser argentinos, lo que supone apreciar que tenemos una identidad propia y rica, que se edifica sobre nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros valores comunes. Una identidad que se pretendió manipular para tratar de reemplazarla por una presunta identidad regional, como si para integrarnos debiéramos dejar de ser lo que somos, cuando lo cierto es que son precisamente las diferentes identidades nacionales de nuestra América latina las que nos fecundan y enriquecen a todos, y las que nos hacen comprender el valor de la diversidad y la importancia de vivir en paz, con respeto y tolerancia.

Es momento de recordar que a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la Argentina había comenzado a transitar un camino opaco que conducía a ser como Cuba o Venezuela. Fue hecho con disimulo, para no generar resistencias en aquellos que comprendíamos que ésa es la vía que irremediablemente lleva a la pérdida de las libertades civiles y políticas más importantes. Paso a paso, nos acercamos a la ideología que impulsó Hugo Chávez en Venezuela a partir de 1998 y que contagió visiblemente a Bolivia, Ecuador y Nicaragua e infectó a algunos otros países de nuestra región. El modelo económico y social se fue haciendo autoritario y hasta nuestra política exterior, no exenta de negociados, estuvo insensatamente alineada con las directivas que generalmente llegaban desde Caracas.

El sabio cambio de rumbo político votado por nuestra ciudadanía en noviembre pasado evitó que el tránsito hacia el autoritarismo se consumara. Por eso, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo lo correcto cuando recientemente señaló que “la Argentina pudo evitar ser Venezuela”.

Mientras tanto, un inepto Nicolás Maduro y su modelo colectivista llevaron al pueblo venezolano a vivir diariamente en la penuria derivada de la escasez de los bienes más elementales, como son los alimentos y los medicamentos. Maduro demolió a Venezuela y su democracia, las destrozó no sólo en el plano político, sino también en el económico. Como consecuencia, el nivel de vida de los venezolanos comenzó a hundirse en un proceso que parece no haber tocado fondo aún.

Cabe entonces imaginarse qué hubiera pasado en nuestro país si la artera deriva en dirección a Venezuela hubiera tenido éxito. Primero, habríamos sido testigos de la desarticulación de las instituciones de la democracia. Tendríamos un Poder Judicial completamente sumiso al Poder Ejecutivo y autoridades electorales no independientes. También, patotas armadas para enfrentar y suprimir las disidencias. Estaríamos en un paraíso del narcotráfico y del crimen organizado.

Prevalecería una sensación generalizada de vivir en un universo corrupto y oprimente, al tiempo que la libertad de opinión y la libertad de prensa serían sólo una farsa. Habría total intolerancia política y la cultura del insulto hubiera aumentado exponencialmente. Viviríamos bajo la intimidación y el miedo, empujados por las amenazas. Haríamos de la mentira un auténtico culto; de la descortesía, una constante; del odio y los resentimientos, un veneno cotidiano. Habríamos provocado el éxodo de nuestra clase dirigente y centenares de miles de nuestros ciudadanos podrían haberse transformado en exiliados.

La economía estaría totalmente paralizada por la ignorancia, la arbitrariedad, el capricho y las confiscaciones. El país, sin inversión, habría sido condenado a achicarse, sumiéndose en el aislamiento, el atraso y la postergación. El sector privado habría disminuido sensiblemente su participación relativa en nuestra economía y la estatización de casi todo lo habría reemplazado. El campo, que fue objeto de castigo, se habría achicado aún más.

El desempleo habría crecido ferozmente y la inflación sería la más alta del mundo. Como Venezuela hoy, podríamos tener 76% de nuestra población viviendo por debajo de la línea de pobreza, con el clima de inseguridad personal también más alto del mundo.

En materia de política exterior, estaríamos alineados detrás de Cuba y nuestro país tendría en sus servicios secretos y de seguridad una invasión de presuntos especialistas cubanos. La Organización de Estados Americanos nos habría aplicado la Carta Democrática Interamericana. Entre nuestros países más amigos se destacarían Irán y Corea del Norte.

La sabiduría de la Constitución de 1853, particularmente en materia de protección de nuestros derechos y garantías individuales, habría sido dejada de lado y sustituida por un autoritarismo verticalista, cuyo objetivo central hubiera sido la instalación de un discurso único.

Tendríamos, entonces, un país bien distinto, no democrático. Felizmente, la fachada democrática del chavismo se ha derrumbado. Y gracias a Dios, pese a que estuvimos cerca de transformarnos en un país como el edificado por Chávez y Maduro, eso no sucedió.

Editorial de la Nación Argentina

Un proyecto del gobernador Capitanich propició la obligatoriedad de que los hombres de prensa hagan público su patrimonio

Sería injusto decir que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ha sido un perseguidor implacable del periodismo o que ha estado vinculado como el que más con la izquierda burocrática enquistada en el poder durante la era kirchnerista.

Capitanich ha actuado en estos años con las oscilaciones propias de la mayoría de los gobernadores de provincia, con fastidios íntimos por los desvíos más temerarios de la Casa Rosada, y hasta en algún momento, con la convicción anticipada de que el ciclo de los Kirchner se encontraba definitivamente agotado.

No se entendió bien, por lo tanto, que a estas alturas hubiera salido con el anuncio de que propiciaría un proyecto de ley por el cual se ordenaría un código de ética para el periodismo , con la obligación de hacer público el patrimonio de los oficiantes alcanzados por esa norma eventual. Pasaron apenas unos días antes de que el gobernador chaqueño pusiera paños fríos en su declaración.

Acaso ésta había fermentado en el contexto impaciente de la conducción del Partido Justicialista, reunido para emitir un comunicado con la denuncia de supuestas acciones «destituyentes» en el país. Lo último que ha dicho Capitanich es que no pretendió introducir «ningún (nuevo) apriete» y que, de no encontrar consenso, retiraría la controvertida iniciativa.

Como era inevitable, el gobernador ha debido atajar una catarata de fundadas críticas a la propuesta inicial. Las declaraciones patrimoniales públicas impuestas por ley conciernen a quienes de un modo u otro -gobernantes, funcionarios de diverso orden, legisladores- toman decisiones relativas a los negocios públicos del país, por las que se juegan los recursos fiscales extraídos del trabajo y esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

Ni los médicos, ni los plomeros, ni los periodistas como tales tienen nada que hacer en ese mundo regido por la política y en representación del interés tantas veces violentado de la ciudadanía.

El mismo código de ética sobre el que habló Capitanich no es más que un retorno a proposiciones similares hechas en el pasado desde el ámbito oficial cuando la crítica por escándalos públicos alteraba más de la cuenta el nervio de los gobernantes. Ocurrió con la actual presidenta Cristina Kirchner, dos años atrás, y antes que con ella, con el presidente Carlos Menem.

Se ha olvidado de que los periodistas enfrentan todos los días el juicio más implacable con el que puedan encontrarse, que es el de los lectores, los oyentes, los televidentes, que los premian o abandonan. Están además alcanzados por las leyes ordinarias, tanto en el ejercicio de la actividad que realizan como en cualquier otro aspecto de su desenvolvimiento personal.

No hay un fuero especial que proteja a la prensa y a sus miembros, y nadie lo reclama, pues mal podría haberlo en una democracia republicana, por más que la Justicia parezca en muchas ocasiones mirar hacia otro lado frente a las tropelías de sujetos gravitantes del poder político. No se trata de deficiencias eternas.

La experiencia enseña que tan pronto se advierten resquebrajaduras de importancia bajo el piso político de los gobernantes, los jueces y fiscales que nada oyen y nada ven comienzan a recuperar las facultades disminuidas y actúan como si nunca hubieran padecido de patologías físicas o morales.

Comprenderá, pues, Capitanich que no hay maridaje posible entre la Justicia y la prensa independiente, contrariamente a lo que en primera instancia se atrevió a sugerir como uno de los fundamentos de su propuesta.

En todo caso, tanto en ese punto como en otros, la confusión del gobernador tal vez haya provenido de las fortunas que la Casa Rosada dilapida, como nunca había sucedido con otros gobiernos, en propaganda para el ego inagotable de sus figuras. Así se acrecientan día tras día las arcas de la prensa complaciente. Pero ese asunto se resuelve de otras maneras, si es ello lo que preocupa al gobernador.

La frase del mismo funcionario, de que convendría aplicar «un control popular de los periodistas», proviene de la matriz de los antiguos maoístas y stalinistas aupados al kirchnerismo, y más atrás aun, de los ya borrosos vestigios del nacionalismo fascista, que surgen del estudio arqueológico del peronismo.

El gobernador de Chaco debería librarse de tan nefasta emulación y concentrarse en la modernización de su provincia y en la defensa de sus intereses agropecuarios, respecto de los cuales ha hecho contribuciones innegables.

No son tiempos para enredarse alegremente con una política nacional a la deriva, sin otro rumbo preciso que el de anular la división de poderes, amputar la imparcialidad de la Justicia, según la propia condena de la Organización de las Naciones Unidas, y asfixiar a la prensa libre.

La voluntad de unos pocos de obtener la perpetuación en el poder está percibiendo que, tarde o temprano, las mentiras oficiales empiezan a ser embestidas, tanto en el país como en el mundo, con la fuerza incontenible de las corrientes adversas crecientes, mientras se abre paso una respuesta cultural al falso relato que prevaleció por demasiado tiempo en desmedro de los intereses permanentes de la sociedad.

Es hora de que el Gobierno comprenda que no hay un lugar en la historia asegurado a perpetuidad para los que «van por todo» y de que es inexcusable repensar el país con humildad. Es de esperar que se decida a hacerlo así, junto con quienes desde antes han buscado la conciliación, el consenso y el genuino desarrollo social.

Esto significará afirmar la República sobre las bases perdurables de la Constitución Nacional y seguir las huellas del nuevo tiempo que se ha abierto para América latina, no por casualidad, desde la unción del papa Francisco.

Editorial La Nacion