Militares prestan guardia en el supermercado Unimark, destruido tras las protestas por la desigualdad social, este domingo en Valparaíso (Chile). EFE

El aumento del precio de los billetes de metro ha sido el detonante que ha provocado el incendio que hoy asuela Chile, a estas horas un Estado fuera de control con una explosión de violencia y desobediencia pública inéditas en los casi 30 años de vida democrática. Pero la gravísima crisis de orden que padece el país andino se viene larvando desde hace tiempo. Bajo una apariencia de normalidad, las enormes desigualdades sociales persisten pese al esfuerzo económico de las últimas décadas: la economía chilena ha registrado en los últimos meses el menor crecimiento de los últimos 20 años y el 70% de la población vive con menos de 700 euros al mes.

Factores que junto a un largo etcétera de causas han sido el calvo de cultivo de un descontento que ha paralizado el país y convertido regiones como Santiago de Chile en auténticas zonas apocalípticas. A los autobuses calcinados y a las estaciones inutilizadas -el coste de los daños en el transporte supera los 260 millones de euros-, se unen la destrucción del mobiliario urbano y saqueos de comercios que han dejado, incluso, dos muertos. Desde el sábado rige el Estado de excepción, que restringe la libertad de movimiento y de reunión durante 15 días. Pero ni la militarización del país, con casi 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados, ni los toques de queda han conseguido sofocar el caos.

Se vanagloriaba Sebastián Piñeira hace escasos días de que Chile era una especie de osasis en la convulsa América latina. Una suerte de estabilizador de una región dominada por los populismos. Hoy el oasis está en llamas, con más de 700 detenidos y otros cientos de heridos.

Editorial de El Mundo.es

La inhabilitación contra el presidente de la Asamblea Nacional no es más que una burda maniobra sin ninguna credibilidad

El intento del régimen de Nicolás Maduro de apartar de la política al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, constituye un nuevo paso en la dirección equivocada a la hora de encontrar una salida viable a la crisis institucional y política —y a la catástrofe económica— que vive el país sudamericano.

La inhabilitación emitida por la Contraloría General de Venezuela —organismo dirigido por el chavismo encargado de fiscalizar las instituciones públicas— no es más que una burda maniobra sin ninguna credibilidad cuya finalidad es preparar una futura acción pseudolegal contra Guaidó, lo que sin duda empeorará aún más —si es que ello es posible— la situación.

En primer lugar, Guaidó es el presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Ha sido elegido de manera absolutamente legal por el órgano que encarna la soberanía nacional venezolana. Una institución que —en flagrante incumplimiento de la Constitución— Maduro lleva largo tiempo intentando menoscabar y despojar tanto de su representación como de sus competencias. Pero además Guaidó es el presidente encargado de Venezuela tal y como le han reconocido tanto un importante sector de la sociedad venezolana como los Gobiernos más importantes de la comunidad democrática internacional. Es la persona legitimada para pilotar la transición de Venezuela a la democracia, su vuelta a la comunidad internacional y a la normalidad en la vida de sus ciudadanos.

Mientras Maduro y las instituciones chavistas siguen perdiendo el tiempo en argucias legales que disfracen su nula voluntad de diálogo para poner fin a una peligrosa situación político-social, Venezuela sigue hundiéndose en la pobreza material, la inseguridad ciudadana y el desprestigio internacional. Ante esta situación es importante que el presidente encargado y sus colaboradores mantengan la cabeza fría y continúen insistiendo en las vías pacíficas para revertir la situación que vive su país. No cabe duda de que una de las estrategias del chavismo consiste en forzar a la oposición a reclamar medidas drásticas —como una inaceptable intervención militar extranjera— que los presente como agresores de su propio país que únicamente persiguen el poder. No puede ser así. Guaidó goza de un amplio respaldo en el mundo democrático y es importante tanto hacérselo sentir como que él mismo sea consciente de ello.

Maduro está causando un gravísimo daño a Venezuela y cualquier nuevo paso contra Guaidó no haría sino empeorarlo. En su mano está todavía hacer un servicio a su país apartándose de su cargo y permitiendo la transición hacia una verdadera democracia.

Editorial de El País de España

La obsesión de los mandatarios comunistas por metamorfosearse en reyes -absolutos- es digna de profundo estudio. A Xi Jinping no le basta con dirigir China con puño de hierro y haber impulsado profundas reformas económicas y militares, además de una agresiva agenda diplomática, destinadas a disputarle a EEUU la hegemonía mundial. Xi Jinping no ha parado hasta que el XIX Congreso del Partido Comunista chino le ha coronado como nuevo ‘emperador’. Desde ahora, su nombre será incorporado al mismo estatuto de la formación, lo que le equipara nada menos que a Mao. Ante semejante restauración del culto a la personalidad, los chinos tienen pocos motivos para augurar nada bueno de la recién inaugurada era Xi.

El nuevo Gran Timonelha aplastado todo cuestionamiento sobre su liderazgo, suponiendo que alguno de los 2.270 delegados comunistas tuviera tentación de abrir la boca. Xi Jinping ya no será apeado de la Presidencia antes de 2022. Para entonces, Pekín espera haber ganado capacidad bélica e influencia exterior suficientes para tratar de tú a tú a Washington. Con un Trump parapetado en un aislacionismo infantil, será más fácil.

Editorial de El Mundo.es

Podemos le ampara la libertad de expresión para poner a circular un autobús con imágenes de las figuras de los que ahora denominan la «trama», el vocablo que ha sustituido en las últimas semanas al muy manoseado la «casta». Desde luego, este tipo de actuación no es un método tradicional de propaganda usado en la política española, pero suponemos que hay que encuadrar la iniciativa en esa nueva forma de hacer política que dicen que han venido a instaurar en España. Ya tenemos bastantes ejemplos de ello desde que están en el Parlamento, camisetas, amenazas e insultos incluidos.

No hay nada que oponer legalmente a que el autobús circule libremente por España. Pero la puesta en marcha de esta iniciativa sí merece una reflexión sobre los métodos de propaganda que suele utilizar el partido liderado por Pablo Iglesias. El tramabús, como lo han bautizado, aparece, además, cuando todavía no se han apagado los ecos de otra campaña similar, la del autobús de Hazte Oír, que nadie puede decir que no haya sido efectiva a la hora de posicionar los postulados de esta asociación en la sociedad. Pero no podemos calificar de la misma forma la campaña organizada por un grupo privado residual que la desarrollada por un partido político con representación parlamentaria.

El autobús de Podemos es infantil. Engloba en la «trama» a todos los que no están en su bando por el mero hecho de no estar en él. Y los presentan ante la opinión pública como enemigos del pueblo. Da igual qué lugar ocupen en la sociedad, sus responsabilidades y, en su caso, su situación procesal. Podemos no ha iniciado una campaña con argumentos racionales para situar a cada cual según sus responsabilidades en las tramas de corrupción, ni tampoco denuncia nuevos casos. Sólo junta sin solución de continuidad a empresarios, políticos y periodistas como causantes de todos los males de España.

Podemos mete en el mismo saco a presidentes del Gobierno sin causas penales con empresarios condenados por corrupción, políticos que se encuentran procesados o periodistas críticos con el partido. Todo un intento de hacer ver a los ciudadanos -a los que parece que trata como menores de edad- lo perjudiciales que son para el país los integrantes de esa «trama» imaginaria.

Criticar el autobús de Podemos no supone en absoluto justificar las actuaciones de quienes aparecen retratados en él. Este periódico no es sospechoso de ello. Nos hemos distinguido por denunciar la corrupción de los políticos y los empresarios. Por ejemplo, nuestras informaciones sobre el caso Bárcenas han sido clave en el devenir de los procesos judiciales contra el ex tesorero del PP. Y estos días estamos publicando noticias sobre Rodrigo Rato que sacan a la luz una conducta a todas luces inmoral al aprovecharse de sus cargos públicos para su lucro personal. Nos hemos hecho eco también de la necesidad de asumir responsabilidades políticas de altos cargos que, sin haber cometido delitos, no cumplieron con su obligación de vigilar a sus subordinados.

Pero a partir de ahí es la Justicia la que tiene que delimitar la responsabilidad de cada uno por sus actuaciones. Y el hecho de que entre los rostros señalados por el partido de Pablo Iglesias se encuentren personajes que están procesadas o ya han sido condenados muestra que la Justicia funciona y nuestro sistema democrático tiene resortes para expulsar a quienes se aprovechan de él.

Es una irresponsabilidad impropia de políticos serios empeñarse en ensuciar más un sistema que ya necesita una limpieza a fondo con el único propósito de confundir a la sociedad y ganar así votos. En este caso, Podemos ha aplicado a rajatabla en su estrategia de propaganda política el concepto de posverdad que tan de moda está ahora, entendida como la formación de la opinión pública a través de factores emocionales y de las creencias antes que la apelación a los hechos objetivos.

Da igual que una determinada persona esté implicada o no en un caso de corrupción. Es lo mismo que, incluso, haya denunciado la misma. El partido de Iglesias decide que todos deben estar en el mismo saco y así se lo hacen saber a los españoles. No es esto lo que necesitamos. La regeneración de la política española se hace legislando en el Parlamento y no con ocurrencias que se disiparán, aunque ahora hagan ruido.

Editorial de El mundo.es

Sergio González

24/11/2016 03:10La muerte de Rita Barberá por un infarto causó ayer una lógica conmoción en la clase política y en buena parte de la sociedad porque se trata de una dirigente que en las últimas tres décadas ha ejercido importantes responsabilidades, siempre en primera línea política. Su gestión tiene, como es obvio, algunas sombras, pero también muchas luces que sería tan injusto como cicatero no reconocer. De hecho, algunos de sus principales adversarios en Valencia, donde ha sido alcaldesa nada menos que 24 años, destacaron su labor para modernizar la capital del Turia, hoy una de las ciudades más pujantes del Mediterráneo. Entre ellos, el ex presidente valenciano del PSOE Joan Lerma subrayó su «entrega absoluta» al Consistorio.

Es la incuestionable importancia política de Rita Barberá la que justificaba ayer actos como el minuto de silencio que se guardó en el Congreso en señal de duelo. Por ello, que los diputados de Podemos abandonaran el Hemiciclo para no «homenajear a personajes corruptos», como dijo Pablo Iglesias, fue una indecencia. La formación morada volvió a demostrar un sectarismo y una falta de la mínima cortesía política que, sumado en este caso a la ausencia de humanidad, produce escalofrío. La muerte de cualquier persona causa tristeza, no digamos ya cuando se trata de alguien relativamente joven como Rita Barberá, de 68 años. Y aunque su trayectoria se haya visto manchada en los últimos años por los casos de corrupción que afectan al PP valenciano, no pesaba sobre ella ninguna condena, por lo que merece ser tratada con presunción de inocencia y respeto.

Dicho lo anterior, tampoco es admisible la politización que muchos dirigentes del Partido Popular han hecho de la muerte de Barberá. El lógico dolor por la pérdida de quien ha sido una de las figuras más destacadas de esta formación no justifica que ayer se repitiera que su fallecimiento es la consecuencia de una «cacería injusta». Algunas declaraciones fueron tan extemporáneas como las de Celia Villalobos, quien acusó a los medios y los tuiteros de haberla «condenado a muerte».

En un régimen democrático, los medios ejercen su responsabilidad cuando informan, de modo contrastado, sobre hechos de innegable relevancia como los que salpicaban a la ex alcaldesa. No es verdad que estuviera siendo investigada sólo por «una donación de 1.000 euros», como ayer repitieron a modo de argumentario muchos líderes del PP. Eso es una simplificación falaz. Barberá tuvo que declarar el lunes ante el Supremo -en calidad de aforada- por un presunto blanqueo de capitales. Es una pieza separada del caso Taula, uno de los grandes escándalos de corrupción de esta Comunidad, en la que hay medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica y casi todo el equipo de Barberá de su etapa como alcaldesa. La Fiscalía pide penas muy altas porque la trama de financiación irregular empleó la llamada técnica del pitufeo para blanquear dinero -que presuntamente procedía de mordidas al adjudicar contratos-, propia de mafias.

Por ello, siempre hemos defendido que, independientemente de que Barberá tuviera o no alguna responsabilidad penal, cosa que debía dirimir la Justicia, sí debía asumir su responsabilidad política renunciando al escaño de senadora que ocupaba desde 2015.

Su resistencia a dar ese paso atrás cuando el Supremo decidió investigarla llevó a su partido a obligarla a darse de baja. Pero ayer no faltaron voces en el PP que traslucían una mala conciencia y criticaron la dureza con la que se le ha tratado estos meses. Y figuras como Aznar lamentaron su «exclusión» y que se le hubiera dejado sola. Ello enseguida abrió un debate sobre la injusticia de la pena del Telediario sin esperar a las sentencias. Se equivocarían los populares si tras este golpe emocional pretendieran desandar lo que se ha avanzado en fijar el listón de las responsabilidades políticas. En un país donde la lacra de la corrupción ha dañado tanto la credibilidad del sistema, los dirigentes están obligados a tener comportamientos ejemplares y a dejar la primera línea cuando hay sólidas sospechas de comportamiento irregular. Sin que ello prejuzgue su inocencia.

 Editorial de El Mundo.es

ACTUALIZADO 05/10/201502:37Alemania ha celebrado los 25 años de su reunificación con el orgullo de lo que ha sido uno de los mayores éxitos políticos en el mundo de las últimas décadas. No por anhelada resultó sencilla la soldadura de la RFA y la RDA. Pero tras la caída del Muro se hicieron todos los esfuerzos de solidaridad y cohesión hasta lograr que alemanes del Este y del Oeste volvieran a sentirse un único pueblo.

Desde 1990 y hasta el próximo 2019, los sucesivos Pactos para la reconstrucción de los antiguos estados socialistas supondrán una inversión de más de 250.000 millones de euros. Una cifra muy elevada que, sin embargo, ha hecho de Berlín el motor económico de la UE y a la República Federal, el país protagonista entre los Veintiocho. Si cabe poner un pero a la reunificación es que todavía queda mucho trabajo para lograr acabar con las desigualdades en materias como la laboral entre los estados del Este y el Oeste, con una renta per cápita casi 10.000 euros inferior.

El proceso de reunificación ha servido en muchos momentos como inspiración y acicate para las sucesivas ampliaciones de la UE, como ejemplo de lo que se puede hacer superando los muros nacionales. Y ahora que la Unión se enfrenta a retos tan complejos como el del drama de los refugiados, vuelve a ser necesario recordar que la construcción comunitaria, igual que la reunificación alemana, se basa en la solidaridad y cooperación imprescindible entre todos y cada uno de los miembros.

Editorial de El mundo.es

Monedero se va porque hasta para estar en un partido político de extrema izquierda ha demostrado ser poco inteligente, y su rabia es incompatible con el grupo y su inspiración maligna le ha vuelto insoportable para los demás.

Monedero se va porque no vale para la política. Para ser bueno en cualquier cosa hay que amarla apasionadamente, y Monedero sólo odia y en lugar de esperanza tiene complejos, de inferioridad naturalmente.

El proyecto de Podemos es un proyecto perverso como cualquier idealismo, y si sus líderes pudieran aplicarlo sin ninguna limitación, correría la sangre porque su raíz es totalitaria y no se basa en la compresión de la realidad sino en la ensoñación de hacerla cuadrar en unos determinados parámetros, y hemos aprendido de la Historia, que estos sueños suelen dejar una interminable hilera de cadáveres.

Monedero es muy poco inteligente, incluso menos inteligente -que ya es decir- que sus compañeros Errejón e Iglesias. Los dos que todavía sobreviven no son menos idealistas que el defenestrado, ni menos totalitarios, ni hay menos maldad en sus planteamientos, ni en su horizonte menos charcos de sangre. Pero saben que las elecciones se ganan desde el centro y que éste va a ser combate muy largo, y que hay que pelearlo a dos velocidades. Errejón lee bien el mapa cuando intenta centrar a Podemos, cuando huye como las ratas del extremo para intentar frenar el bajón electoral y presentar a su partido y a su líder no como a unos excéntricos que quieren escandalizar sino como un proyecto de éxito.

Así peleó Chávez en Venezuela la primera parte de su combate, para ir poco a poco asfixiando a los venezolanos una vez los hubo timado y obtuvo el poder.

Monedero es tan vulgar que ni esto ha sido capaz de entender. Los que creen que es más auténtico que Íñigo y Pablo tendrían que revisar su concepto de autenticidad, o no hacer nunca inversiones en arte.

Podemos no pretende centrarse, quiere ganar. Y como son perfectamente conscientes de que a muy pocos les votarían si realmente supieran lo que piensan hacer, se hacen los centrados para engañarnos y hacer con nosotros lo que quieran cuando manden.

Monedero ha demostrado ser un pobre hombre, resentido e incapaz, concentrado en su rabia que muy extraño sería que no proviniera de alguna tara, y ha hecho estrepitosamente el ridículo delante de su partido, y del público en su conjunto, dando una prueba más de que el odio siempre vuelve y conduce a la derrota y a la deslealtad.

Los que a continuación serán puestos a prueba no serán Errejón e Iglesias, sino los españoles en general, que tendrán que demostrar si son una tribu de consentidos histéricos que se dejan llevar por el primer vendedor de pócimas milagreras, o una sociedad madura y sólida, consciente de lo mucho que ha conseguido, de lo mucho que podría perder, del valor supremo de la libertad, y que sabe modular su ímpetu para que su deseo de mejorar sea fértil y no acabe produciéndole mucha más miseria de la que la llevó a indignarse y a protestar.

Fuente: el Mundo.es

A veces los deseos de cambio no se corresponden con la realidad y las esperanzas se convierten en espejismos en los que lo aparente esconde una verdad bien distinta. Por eso, aunque es lícito interpretar la imagen del saludo entreRaúl Castro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas como un gesto «histórico», lo cierto es que estamos aún muy lejos de que las buenas intenciones se materialicen en cambios que realmente lo sean. Porque la «emoción» que dice sentir el dictador cubano cada vez que evoca una «Revolución» que ha convertido la isla en una prisión para los opositores y obliga a vivir al resto sin libertad y al borde de la pobreza extrema, hacen albergar pocas dudas sobre las verdaderas intenciones del castrismo.

El escepticismo que mostraba en este periódico Leonardo Padurahace apenas un mes sobre los beneficios que para los cubanos tendrá el espíritu de reconciliación iniciado el pasado 17 de diciembre -hay que recordar que los cubanos no pueden todavía tener acceso a internet-, se vio ayer confirmado. El apretón de manos entre los dos dignatarios políticos es, de momento, uno más de los muchos gestos que se han sucedido desde entonces, pero que aún no se han traducido en decisiones concretas. Y mientras eso no ocurra, obligando al régimen cubano a iniciar una transición a la democracia, Raúl Castro podrá presumir con razón de estar ganando la partida. EEUU no debe consentir, por más que Obama diga sentirse liberado del peso de la «ideología», que la dictadura comunista se beneficie de los efectos económicos que producirá este nuevo momento político y mantenga intactos los resortes de poder que concentra desde hace 50 años.

Lo visto en Panamá nos obliga por tanto a hacer un balance muy prudente y estar preparados para unas conversaciones que se presumen largas y difíciles y en las que ambas partes tendrán que aplicar sus mejores dotes negociadoras. Desde este punto de vista, aún no hay acuerdo sobre cuándo y en qué condiciones se llevará a cabo la reapertura de embajadas en ambos países, paso indispensable para poder hablar de normalización diplomática. En el terreno internacional, Obama no ha explicado cómo piensa justificar la más que probable salida de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando hay Estados como España con peticiones de extradición de miembros de ETA que viven en la isla.

Y en cuestiones de política doméstica, nadie sabe si será capaz de convencer a los republicanos para que voten a favor de la retirada del bloqueo en el Congreso, circunstancia sin la que no podrá avanzarse demasiado. Al menos, y esto sí hace posible albergar ciertas esperanzas, Hillary Clinton, que ha sido muy crítica con Obama en muchas decisiones de política exterior y que ayer anunció su decisión de presentarse a las primarias del Partido Demócrata que se celebrarán el próximo año, se ha mostrado favorable al proceso iniciado con Cuba, aunque sea sólo por cuestiones electorales.

En el otro punto caliente de la Cumbre, quedó evidenciado el peligro que el régimen venezolano representa para América Latina, como señala hoy en nuestras páginas Miguel Henrique Otero, editor del único periódico independiente del país. Sin embargo, el frente bolivariano, aunque debilitado por su cada vez mayor fragilidad económica, se mantiene aún bastante cohesionado y no parece dispuesto a renunciar a su poder. De hecho, el enfrentamiento entre estos países y EEUU fue lo que impidió una resolución conjunta de una Cumbre que se recordará por la foto de un saludo.

Editorial de El Mundo.es

 
LOS CIUDADANOS de Israel, único Estado en el mundo cuyo derecho a existir está cuestionado por sus propios vecinos, optaron el martes por apuntalar en el poder a Benjamin Netanyahu, el político que mejor ha sabido identificar su figura con las garantías de seguridad que el país demanda. Su posición frente a Obama, sus promesas de no ceder ante las presiones internacionales, el explícito apoyo dado a los colonos así como su determinación de no abandonar la política de asentamientos y de oponerse al reconocimiento de un Estado palestino en manos de Hamas son las claves para entender el vuelco electoral conseguido por el primer ministro y líder del Likud. Porque el viernes, los pronósticos daban a su partido una desventaja de cuatro escaños. Y si bien es cierto que Netanyahu venció a las encuestas gracias a la intensa actividad mediática de esos cuatro frenéticos días -con declaraciones explosivas como la de desterrar la solución de dos Estados-, el acoso que sufre el país de un entorno cada vez más radicalizado por la expansión del yihadismo y el rebrote del antisemitismo en Europa han llevado a los israelíes a anteponer la defensa de su proyecto nacional a la demanda de mejoras sociales y económicas.

Con su victoria, Netanyahu podrá formar un gobierno de coalición (inevitable en Israel debido a un sistema electoral muy representativo) más sólido y homogéneo que el que encabezaba hasta ahora y que tuvo que disolver anticipadamente por divergencias con varios ministros. Pero si bien el nuevo bloque de derechas aportará estabilidad interna, en el terreno exterior tendrá que hacer frente a nuevos retos políticos.

Escenificadas en el Congreso estadounidense, donde Netanyahu fue invitado por los republicanos sin tener en cuenta a la Casa Blanca, las discrepancias de fondo con Obama pueden dificultar el entendimiento entre los dos históricos aliados. En aquella intervención, Netanyahu dejó claro al presidente norteamericano que un Irán nuclear representa «una amenaza para la supervivencia de Israel» y que no está dispuesto a tolerar un acuerdo con el régimen de los ayatolás. Una exigencia comprensible que Netanyahu espera ver cumplida con la salida de Obama de la presidencia y una hipotética victoria de los republicanos en 2016 que modifique la estrategia de EEUU en Oriente Próximo.

Hasta entonces, es muy probable que queden aparcadas las negociaciones de paz, rotas en abril de 2014, y continúe el combate a Hamas, organización terrorista que ha conseguido fagocitar a Al Fatah y radicalizar la lucha palestina. En este sentido, a Netanyahu le ha salido otro grupo opositor, la Lista Conjunta de los árabes israelíes, convertida en la tercera fuerza parlamentaria, que defiende la creación de un Estado Palestino.

Editorial de El mundo.es